Opinión

Por Amylkar D. Acosta M *.- Como es bien sabido el entonces Presidente de la República Cesar Gaviria Trujillo, luego de declarar turbado el orden público y apelar al Estado de Sitio, expidió el Decreto 1926 fechado el 24 de agosto de 1990, mediante el cual ordenó en su artículo 1º a la Organización Electoral para que procediera  “a adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se emitan el 9 de diciembre de 1990, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea Constitucional”.

Dicha convocatoria tuvo su origen primigenio en la célebre séptima papeleta, promovida por un Movimiento estudiantil que tuvo su cuna en la Universidad del Rosario, acaudillado, entre otros, por el hoy Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, demandando una reforma de fondo de la centenaria Constitución heredada de la Regeneración prohijada por Rafael Núñez, expedida1886, pero sancionada por el entonces designado samario José María Campo Serrano. En efecto, en las elecciones del 17 de marzo de 1990, en las que se elegían, mediante el sistema de papeletas, porque para entonces no se utilizaba el tarjetón, a los senadores, representantes, diputados, los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL), concejales y alcaldes, se depositó por parte de los ciudadanos la citada séptima papeleta.

Pero como dice José Manuel Marroquín en su poema La perrilla, “es flaca sobre manera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”. Y así fue, elegidos los delegatarios de la Asamblea Constitucional, estos se declararon omnímodos y gracias a la aquiescencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ellos se erigieron en constituyentes y procedieron no a reformar la Constitución sino a expedir una nueva. Y no era para menos, dado el extenso y ambicioso temario del cual debía ocuparse la Asamblea Constitucional contenido en el Decreto de su convocatoria.

La Constitución de 1991 consagró en su Preámbulo como premisa de la misma un “marco jurídico democrático y participativo” y en su artículo 1º dejó claramente establecido que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”. De este modo, la democracia representativa había quedado atrás, como cosa del pasado, para dar paso a la democracia participativa. En el artículo 103 de la Carta se lee que “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”, al tiempo que remite al legislativo su reglamentación. La Ley 134 de mayo 31 de 1994, modificada por la Ley 1757 de 2015 dicta las normas “sobre mecanismos de participación ciudadana”, pero se quedó corta. Se impone la necesidad de que, como se lo ha exhortado la Corte Constitucional al Congreso de la República, este expida una Ley que vaya más allá, que responda a los requerimientos para encausar de la mejor manera la participación ciudadana a través de los mecanismos previstos en la Carta.

En los últimos años se han suscitado muchos conflictos sociales en los territorios, los cuales obedecen fundamentalmente a la falta de un ordenamiento de los mismos, ello ha dado lugar a una sumatoria de conflictos no resueltos por el uso y por la ocupación del territorio, amén del conflicto de connotación ambiental a consecuencia de la actividad de las empresas que operan en los mismos y el impacto de la misma. Con el Acuerdo Final que se suscribió con las FARC, que le puso fin a un conflicto armado de más de cincuenta años, se ha exacerbado dicha conflictividad, entendible porque, como lo pronosticó el Padre Fernán Enrique González, “puede ser, incluso, que los conflictos sociales emerjan con más fuerza, porque la lucha armada ha neutralizado muchas formas de protesta, que pueden emerger ahora”. Sus palabras resultaron premonitorias.

Mientras el Congreso cumple con su tarea de reglamentar cuanto antes el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, el Gobierno Nacional debe activar cuanto antes el Consejo interinstitucional para el postconflicto y el Sistema integral de prevención y gestión de conflictos, creados por la Ley 1753 de 2015, los cuales pueden coadyuvar en el propósito de prevenir, gestionar y tramitar los conflictos sociales que emerjan en las regiones. Estos dos pasos no se pueden aplazar por más tiempo sin poner en riesgo la estabilidad social y política del país. 

Riohacha, noviembre 10 de 2018 

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía 

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Por Juan Caros Restrepo Salazar.- La antigua Corpoica, ahora denominada Agrosavia, ha indicado por boca de su director el Dr. Juan Lucas Restrepo, que en 4 a 6 años estará entregando a los productores de café las primeras semillas de café robusta, que podrían entrar en producción en unos 8 años. ”El objetivo es tener una diversidad en materiales de trabajo serio que nos permite llegar a un nivel de alta competitividad”, agregó.

Aunque del tema ya venía hablándose hace algún tiempo, ahora con el aval y compromiso de nuestra corporación agropecuaria en nuevas variedades adquiere una especial trascendencia.

Las primeras veces que este tema se agitó en Colombia recibió un airado rechazo de parte de los comités de cafeteros de los departamentos tradicionalmente productores de café arábico. Consideraban que era un anatema hablar siquiera de la posibilidad de cultivar café robusta en tierra colombiana.

Sin embargo, con el correr de los días, esta percepción recalcitrante frente a la posibilidad de que una parte del café producido en Colombia sea de calidad robusta ha comenzado a cambiar. Y hay tres razones principales para que así sea.

Hace algunos años las calidades robustas eran severamente castigadas en el precio y en los diferenciales por los tostadores internacionales. Con las nuevas tecnologías que hoy en día aplica la industria de la tostión a nivel internacional, dónde la diferenciación entre café arábicas y robustas, o en sus mezclas, se hace cada vez más imperceptible, la condición del café robusta ha comenzado a cambiar sensiblemente en los mercados internacionales. Y el país que no lo produzca, simplemente queda marginado de esta posibilidad comercial.

La segunda razón la proporciona el ejemplo de Brasil. Allí, desde hacer ya varias décadas, conviven pacíficamente las producciones de café suaves arábicas y las robustas. Allí existen reglamentaciones comerciales y tributarias por virtud de las cuales y sin ningún problema se distingue entre unas y otras variedades. Es el mercado y los productores quienes dicen la última palabra. Cerca de un tercio de la producción del Brasil proviene de variedades robustas.

Una última razón en pro de la producción de café robusta en Colombia es la de que éstas se dan muy bien, no en la ladera andina como los cafés arábicos sino en las llanuras cálidas como son nuestros llanos orientales y los valles interandinos del Magdalena y el Cauca. Con lo cual el cultivo de robustas puede perfilarse como una actividad muy adecuada para el posconflicto, que requiere de proyectos productivos en las regiones mencionadas.

Por todas estas razones: ¡Bienvenido el café robusta a Colombia!

Bogotá, D. C, noviembre 11 de 2018

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por  Jose Félix Lafaurie.-  Estoy siendo reiterativo, pero la grave crisis por la reinfección de aftosa lo amerita. No es un asunto de ganaderos o del ministro de Agricultura, sino del país todo. Es una crisis asociada a otro problema estructural: el contrabando de animales y carne desde Venezuela, que es imperativo enfrentar en forma coordinada, pues tenemos normas, instituciones y autoridades para todo, pero no se inspecciona, ni se vigila, ni se controla como debe ser.

Hay una gran dispersión de competencias, en la que se diluyen las responsabilidades y se pierden esfuerzos, por lo que me atrevo a una sugerencia algo “castrense”: un “Centro de Mando Unificado” para conjurar la crisis, liderado por el MADR. No es descabellado, porque el contrabando es un monstruo de muchas cabezas que amenaza a la ganadería y la salud humana, y aunque tiene muchos “vigilantes”, ninguno cumple a cabalidad su función y, peor aún, ni se hablan; son compartimientos estancos. Veamos:

1.- Empezando por el extremo que toca al consumidor, si las secretarías de salud cumplieran su obligación de vigilancia los expendios; si exigieran en las “famas” la Guía de Transporte y decomisaran carne ilegal, el problema empezaría a solucionarse.

2.- La autoridad de inocuidad –INVIMA– vigila las plantas de sacrificio, algunas cerradas o a media marcha, porque el contrabando prefiere el sacrificio clandestino, que no es tan clandestino y debería ser perseguido con la Policía. Cúcuta se come al día la carne de 450 animales, pero solo sacrifica 50 legalmente.

3.- ¡El Ministerio de Transporte! tiene la competencia sobre la inspección, vigilancia y control al transporte de ganado: un canto a la bandera.

4.- El control de ingreso de mercancías y, por ende, la detección del contrabando, es función de la DIAN en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA. Incrementando los retenes móviles aumentarían las confiscaciones de carne.

5.- Desde las competencias de la Policía, el contrabando no debería entrar, pero lo hace a un ritmo frenético, por el desastre monetario de Venezuela y el negocio para los criminales a lado y lado de la frontera: Allá la Guardia Nacional; acá el ELN, los Pelusos, las disidencias, el Clan del Golfo. Se necesita vigilancia, pero sobre todo más inteligencia.

6.- Para el MADR y el ICA como autoridad sanitaria, el contrabando explica pero no justifica la reinfección de aftosa, pues la “Zona de Alta Vigilancia” debía estar sujeta a vacunación rigurosa, control a Guías Sanitarias de Movilización, trazabilidad total y retenes móviles. Entre burocracia y corrupción, ese control sanitario se erosionó, y pasó lo que pasó.

Bogotá, D. C, 11 de noviembre de 2018

* Presidente de Fedegan

Por Gabriel Ortiz *.- POCAS veces se había registrado polémica y protesta general de tan alto calibre contra una reforma tributaria como la de hoy en torno a la Ley de Financiamiento que amenaza a las clases media y baja, mientras beneficia a los poderosos.

Aquello de fustigar al 80% de la canasta familiar con un IVA del 18%, es brutal. Condena a media Colombia al hambre y a la desnutrición. Y nada se diga de la cuchilla que va tras el resto. Empleados, desempleados y pensionados son víctimas del rastrillo impositivo. Los pensionados serán otras de las víctimas. Ya Uribe los esquilmó aplicándoles el 8% de sus mesadas para salud, que le correspondían al Estado o a los patrones. La proyectada reforma les quitará a quienes ganen más de $4.100.000 un 19% más y en la medida en que la jubilación sea superior, el impuesto subirá.

La razón fundamental  de esta Ley de Financiamiento es un faltante de $14 billones que dejó, según anuncian sin mayores pruebas, el gobierno Santos. Uribe le dejó un hueco de $21 billones a su “pupilo” Juan Manuel, pero éste tomó un tiempo prudencial para tramitar una reforma tributaria.

A Duque, sus cercanos consejeros lo hicieron precipitar para auscultar y explotar los bolsillos de pudientes y menesterosos. De todos es sabido que para acertar, economía, técnica y política deben ir de la mano. Este no era el momento para aplicar castigo tan oneroso. Tradicionalmente las reformas tributarias, llámense estructurales o no, captaban entre $2 y tres billones, no $14 billones de un golpe.

Don Esteban Jaramillo, el mejor ministro de hacienda que haya tenido Colombia, actuaba aplicándole política a la economía y a la naciente técnica. Igual lo hicieron sus más destacados sucesores: Carlos Lleras, Joaquín Vallejo, Rodrigo Llorente, José Antonio Ocampo, Juan Manuel Santos, Cesar Gaviria, Rudolf Hommes, Abdón Espinosa y tantos otros, muy brillantes, que ruego me perdonen por no citarlos.

Pues bien: los jóvenes técnicos que asesoran al Presidente Duque, pocón de política… y la experiencia aún los desampara. Otros de sus patrocinadores, que saben de política, de técnica y economía, maliciosamente lo han dejado solo y por el contrario presentan, como torpedos,  proyectos inexplicables.  El titular de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está achantado y oculto reponiéndose de un arduo debate sobre sus bonos de agua. El de poner ha sido el vice Luis Alberto Rodríguez, a quién mandaron a la caldera. Su preparación y traje de asbesto lo han salvado, aunque hay explicaciones que no convencen, porque la misma reforma no persuade.

El Presidente Duque debe rodearse de jóvenes experimentados, que combinen técnica, economía y política. La experiencia genera sabiduría, pericia, destreza. La juventud adquiere madurez, la madurez aporta maestría y la maestría habilidad, veteranía y preparación para aconsejar y acompañar a quienes deben conducir los destinos de la comunidad.

BLANCO: El rechazo a las propuestas de Odebrecht.

NEGRO: La censura que aplicó el Presidente Trump al periodista de la CNN Jim Acosta, por hacerle una pregunta.   

Bogotá, 9 de noviembre de 2018.

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper

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Por José G Hernández *.- Cuando esta columna sea publicada, ya sabremos cuál fue la primera actitud de los congresistas ante el lamentable proyecto de reforma tributaria que -bajo el disfraz de “ley de financiamiento”-  ha presentado el Gobierno. Un gobierno que, si fuera fiel a sus compromisos de campaña (de hace apenas cuatro meses) -los cuales, nos imaginamos, estaban sustentados en un programa serio, sobre bases económicas y jurídicas-, no debería estar proponiendo aumentar los impuestos, ni disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos de clase media y baja.

Si el candidato a la presidencia, como resultado de los estudios previos que ha debido efectuar antes de planear sus discursos y lemas de campaña, hubiera concluido en la absoluta necesidad de aumentar los gravámenes -se supone que tenía unos programas de carácter social y conocía el monto de los mismos y el estado de las finanzas estatales para adelantarlos-, estaba en la obligación moral de advertirlo, o al menos -si por estrategia política no le convenía anunciar tributos-, no ha debido prometer que durante su administración habría “menos impuestos y más salario mínimo, para un país solidario”. Hacer lo contrario, como se está haciendo, no es leal con el votante. Solamente por cuanto se consideran engañados, muchos de quienes escogieron esa opción en las pasadas elecciones están desilusionados y arrepentidos. Incumplimiento. Pérdida de credibilidad.

En lo que respecta a la proyectada extensión del IVA a los productos de la canasta familiar, no sobra recordar a los congresistas que, en 2003, ya la Corte Constitucional la declaró inexequible (Sentencia C-776/03), aunque la tarifa era del 2% (hoy se propone 18%). El fallo más reciente al respecto (C-039/18), a propósito de la Ley 1819 de 2016, fue inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda.

En la Sentencia C-209/16, la Corte recordó limitaciones constitucionales a la legislación tributaria, tales como los postulados del Estado Social de Derecho, la exigibilidad de los derechos sociales y económicos, la prohibición de regresividad, los derechos a la alimentación y al mínimo vital, los principios del sistema tributario (igualdad, equidad, progresividad y justicia), los cuales  comprometen al ordenamiento fiscal en su integridad y son parámetros para determinar la legitimidad del poder impositivo estatal, que no puede obedecer únicamente a los ciegos e indolentes cálculos de asesores económicos.

A propósito, han confiado la defensa del proyecto tributario a un tecnócrata, en cuya mente no caben consideraciones distintas a las cifras aprendidas de memoria, y por tanto allí no existen ni la Constitución, ni los derechos, ni el Estado Social, ni la jurisprudencia, ni el equitativo reparto de las cargas tributarias, ni la realidad de la clase media, ni los principios superiores de equidad, eficiencia, igualdad (real y material), proporcionalidad, razonabilidad…, ni nada. Solamente porcentajes incomprensibles para la mayoría. Se atrevió a proclamar que un trabajador con salario mínimo, cuando le fueran a consignar los famosos cincuenta mil pesos de “devolución del IVA”, bien podía decir: “No me consignen tanto. Basta con veinte mil pesos”. Queda claro que el funcionario ignora por completo la dura realidad de esas familias. Esa afirmación es burla, cruel e indolente, contra los más pobres.

El Congreso, que no representa ni se debe al Gobierno sino al pueblo, tiene la palabra.  

Bogotá, D. C, 7 de noviembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Jairo Gómez * .- No es serio que el Congreso reforme la Constitución para modificar el acuerdo final de paz, Acuerdo que además fue avalado por la Corte Constitucional y blindado por tres periodos presidenciales.

El Senado, en su Comisión Primera, a sabiendas de que cualquier acto legislativo que pretenda enmendar el acuerdo de paz es abiertamente inconstitucional, decidió modificar la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del pacto que firmaron el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las Farc.

Se deben hacer unas necesarísimas reformas a la política y la justicia, son urgentes, pero no se pueden llevar de calle un compromiso entre el Estado colombiano y la antigua organización guerrillera; con otro agravante y este sí de sentido común, de gallardía política y democrática: cómo modificar la JEP sin invitar a la contraparte. Arropados en impedimentos legales le impidieron participar en los debates de la comisión. Es decir, utilizaron argucias parlamentarias para cambiar el acuerdo unilateralmente.

Qué falta de seriedad la de estos políticos que imponen a rajatabla su visión de Estado sin apartarse de un debate ausente de intereses. Así lo corroboró la senadora Paloma Valencia: “El 2 de octubre ganó el no ¡Ganó, el no!”, lo repitió una y otra vez, para notificarle al resto de la audiencia que “los colombianos (el pasado 17 de junio) habíamos elegido al presidente del ¡nooo!”.

La oposición al proyecto inicial del Centro Democrático (CD) fue férrea y desde luego del lado de las fuerzas alternativas, comprometidas con la paz, se logró hundir. Sin embargo, negada la iniciativa del CD, el partido Liberal sacó de la manga un inesperado salvavidas matizado de acuerdo político y, en apariencia, menos nocivo que el proyecto que le hundieron al uribismo. Nada cambió, se inventaron el de un “histórico acuerdo político”, modificaron la JEP y le metieron mano al Acuerdo de Paz.

Repito, nada se toman en serio estos congresistas anclados en el pasado. No se les ocurrió pensar que con la modificación que le hicieron a la JEP, insisto, abiertamente inconstitucional, estamos asistiendo al prólogo que le dará argumentos a la Corte Penal Internacional (CPI) para intervenir en Colombia y al cúmulo de investigaciones contra los miembros de las Fuerzas Armadas implicados en el conflicto armado, a agentes del Estado no uniformados y, por supuesto, a terceros civiles financiadores y determinadores de ésta feroz guerra.

La reciente visita del fiscal adjunto de la CPI a nuestro país no fue inocua, se trató de una presencia con alcances judiciales llenos de advertencias; sabemos que en el radar de esa instancia internacional ya no solo reposan los expedientes de los violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes de lesa humanidad africanos, también de varios países de América Latina, entre ellos Colombia.

“Dejen trabajar a la JEP”, dijo el fiscal adjunto de la CPI antes de abandonar el país. Más claro no canta un gallo.

Bogotá, D. C, 7 de noviembre de 2018.

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi 

Por Guillermo García Realpe *.- Frente al proyecto de Ley de Financiamiento que tramita el gobierno nacional en el Congreso de la República, quiero decirle a la gente del sur del país y de Colombia que, ni el Partido Liberal, ni menos Guillermo García Realpe, vamos apoyar que se grave de manera muy onerosa a la clase trabajadora, a la gente vulnerable de Colombia y por supuesto a la clase media con el 18% a la canasta familiar, a la canasta básica de consumo a los colombianos.

No al IVA ni del 18, ni del 10, ni del 5, ni del 1%, a los huevos, a la panela, a la leche, al arroz, a la papa, al plátano, definitivamente al plato básico de los colombianos.

De una vez por todas hay que decirle al país, al gobierno y a nosotros mismos que esto no es una Ley de Financiamiento, el gobierno no está planteando que se va a cubrir el hueco o déficit fiscal del año 2019 del próximo presupuesto general de la nación, porque hasta aquí no nos han dicho que esos impuestos van a tener vigencia de un año, tanto el impuesto al consumo, el IVA a la canasta familiar y otro tipo de gravámenes a los ingresos o la extensión de la base tributaria para poner a presentar declaración de renta a cientos de miles de colombianos más, eso no lo ha dicho que va a tener vigencia de un año, eso nos recuerda al 4x1000 que se planteó de tener vigencia inicialmente 2x1000 por dos años, y hoy tenemos 4x1000 por tiempo indefinido, entonces no es una Ley de Financiamiento, ese nombre es un eufemismo, no se está llamando como se debe llamar esa propuesta del gobierno nacional que no es más que una reforma tributaria.

Es una reforma tributaria honda y lironda y así hay que llamarla, la reforma tributaria NO la apoyaremos, no le conviene al país, no le conviene a los colombianos, ni a la clase de los estratos bajos, porque lo que va a gastar un 18 o 20% equivale a $200 mil mensuales más de su canasta básica familiar y la propuesta de devolverle $51 mil, que es una propuesta complicada, irrealizable, el pueblo no está bancarizado, la gente vive en una situación no solo de informalidad en materia de trabajo, sino de informalidad en el manejo de sus bajos ingresos, porque la gente prácticamente vive es del rebusque y con ingresos muy temporales y no existe hoy por hoy ni siquiera un canal básico para pagar el subsidio del gas propano de GLP que tiene la gente del Macizo Colombiano que no les llega a todos porque no está bien registradas la gente del Sisbén o los mecanismos de identificación de la gente beneficiaria de los “subsidios” del Estado, no se puede atender a 200 mil familias que hoy tienen subsidio al gas GLP porque hay dificultades para llegarles a todas con el subsidio del gas, menos le van a llegar a millones de familias en Colombia, es decir, que esos $51 mil ni corresponden a 200 mil de mayores gastos, ni se va a poder pagar fácilmente, es decir, que eso es una entelequia, es un mecanismo más de dispersión de la atención a la gente.

Y segundo a la clase media que sí va a ser golpeada en esta circunstancia, porque se va a gravar mucho más su demanda, su consumo diario, mensual y anual por supuesto y no va a tener ningún reembolso de esos recursos, así que la clase media va a ser la más golpeada, la gente del estrato 3 y 4 que es la gran mayoría de los colombianos.

Esto es una reforma tributaria como lo hemos manifestado, una reforma tributaria con letra MAYÚSCULA que va a beneficiar a los ricos, que va a reducir impuestos para ciertos empresarios, no va a beneficiar a pequeños empresarios o pequeñas empresas familiares, pero para ellos sí va a haber reducción de los impuestos y va a haber trepada para las clases populares.

Esto es una reforma tributaria con ganadores que son los empresarios ricos y una reforma tributaria con perdedores para la clase media y para los estratos 1 y 2.

¿Será entonces que lo que traduce la economía naranja es exprimir a los trabajadores y a las clases populares de nuestro país? 

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2018 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D. Acosta M *.- Con el deceso del ilustre hijo de Santander y gran pensador Abdón Espinosa Valderrama, en la cima de sus 96 años, la economía como profesión y el periodismo económico han perdido uno de sus más valiosos exponentes. Se graduó como abogado en la Universidad Nacional, pero la economía que cursó como asignatura electiva en el mismo claustro fue su amor a primera vista y se dejó cautivar por ella.

A la edad de 25 años fundó, junto con el ex presidente Alberto Lleras Camargo, la revista Semana en 1946 y desde 1970 cumplió durante 48 años seguidos religiosamente con su leída columna Espuma de los acontecimientos en el diario El Tiempo, del cual fue también su Subdirector.

En el año de 1982 Abdón Espinosa hizo parte de los cofundadores de nuestra Academia Colombiana de Ciencias Económicas impulsada por Raúl Alameda, su alma y nervio, la cual preside actualmente nuestro colega el profesor Beethoven Herrera. Fue, además, Presidente de la misma. Él se convirtió, gracias a sus aportes a la ciencia económica en un obligado referente, consciente como era él que, al decir del ex presidente de Francia Francois Mitterrand, “la responsabilidad del intelectual es mayor que la del financiero o que del empresario, porque influye sobre demasiadas personas”.

Es el único colombiano que se ha dado el lujo de ocupar dos veces la cartera de Hacienda, la primera vez con el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y la segunda con el ex presidente Alfonso López Michelsen. Es memorable la batalla que libró contra la imposición de la férula del FMI, cuando su agente Raymond Frost se quedó con un palmo de narices ante su rotunda negativa a acceder a decretar una devaluación masiva, como la que tiene en estos momentos tiene a Argentina sumida en su peor crisis.

Enfrentó con arrojo y decisión la amenaza del bloqueo de los créditos externos por parte del FMI y se salió con la suya. A contrapelo de las pretensiones del FMI, dio el paso más audaz que ministro de Hacienda alguno haya dado, como fue decretar el control de cambios y la devaluación gradual, “gota a gota” que fue como se le bautizó, para sortear la crisis externa que amenazaba la estabilidad de la economía.

Con fundamento en las facultades conferidas por el Congreso de la República mediante la Ley 6ª de 1967 expidió el Decreto 444 del mismo año, a través del cual se estableció el Régimen cambiario y de comercio exterior, el cual sobrevivió hasta 1991. Este sirvió de instrumento para proteger la industria nacional, así como también para promover y diversificar las exportaciones, muy en línea con el pensamiento de Raúl Prebish, quien se desempeñó como Secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL). Se impuso, entonces, además de la devaluación gradual, la licencia previa para las importaciones e incentivos a las exportaciones, tales como el Certificado de Abono Tributario (CAT) entre otras medidas.

Como es bien sabido el pensamiento de Presbish estaba muy imbuido por el denostado keynesianismo, al igual que Abdón Espinosa, antagonista del fracasado Modelo económico Neoliberal que se inspiró en el Consenso de Washington, que tiene más de Washington que de consenso. Él defendió la intervención del Estado en la economía, tal como quedó consagrado en la Constitución de 1991, que no se puede confundir con el intervencionismo de Estado, defendió con todas sus fuerzas su papel regulador y detestaba el capitalismo salvaje. En una de sus diatribas contra el endriago neoliberal dijo que “el resonante fracaso de sus políticas lo ha desconceptuado y convertido en temible bacilo a los ojos de la opinión pública”.

Así de claro y contundente era Abdón Espinosa y de él podemos afirmar con la frase de John Maynard Keynes que “los hombres prácticos, que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de algún economista difunto”. La influencia de su pensamiento económico entre “los hombres prácticos” será su mejor legado! 

Santa Marta, noviembre 3 de 2018

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Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- Ha hecho bien la ministra de Minas y Energía al anunciar que se ha constituido una comisión de científicos que debe dar un veredicto técnico sobre las conveniencias y riesgos del fracking.

Sobre esto no hay ni debe haber dogmas. Y debe ser un juicio eminentemente técnico -como el que se supone dará la comisión de técnicos anunciada por la ministra- que diga la última palabra.

Es cierto que el fracking puede entrañar algunos riesgos, sobre todo ecológicos y ambientales. Pero son precisamente las cautelas técnicas que habrán de rodear su utilización las que moderarán o eliminarán dichos riesgos.

Lo que viene sucediendo en Estados Unidos, tal como lo ilustró un reciente editorial del The Economist, es bastante aleccionador. Este país sobrepasa actualmente a Arabia Saudita y a Rusia como productor de crudos. Y ya ocupa el primer lugar en el mundo, gracias en buena parte al apoyo que a la producción de crudos le ha dado el fracking durante la última década. En el pasado mes de junio los Estados Unidos produjeron el 13% del crudo mundial, lo que equivale al doble de lo que producían hace una década.

De otra parte, el fracking, junto con la producción de energías renovables puede ser una respuesta inteligente al agotamiento de las reservas que tanto en petróleo como en gas comienzan a hacerse extremadamente preocupantes en Colombia. Según recientes declaraciones del vicepresidente de desarrollo y producción de Ecopetrol “los yacimientos no convencionales tendrían la capacidad de aportar entre 2.4 y 7 billones de barriles de petróleo. Esto significaría que en petrolero pudiéramos estar triplicando las reservas del país y de esta forma, estaríamos pasando de 5.7 años a más de 15 años de reservas en petróleo. En gas pasaríamos de 3,8 a más de 10 trillones de pies cúbicos, garantizando reservas por más de 30 años”.

Lo que está en juego, pues, con el desarrollo de las fuentes no convencionales, incluido el fracking en nuestro país, no es asunto de menor cuantía. Quizás allí esté la clave para definir si en los años venideros vamos a ser autosuficientes o nuevamente dependientes de las importaciones, como lo fuimos en menesterosa circunstancia a comienzo de los años 70 del siglo pasado.

El decaimiento de Venezuela como productor de crudos debido a la incuria con que el gobierno de Maduro ha manejado a Pdvsa, la incertidumbre sobre la producción en Irán cuando próximamente entren en aplicación las sanciones que le ha impuesto el gobierno americano, y en general, la difícil situación geopolítica del Medio Oriente y de algunos países africanos productores del crudo, no debe hacernos olvidar la importancia estratégica que tiene no volver a caer en la dependencia de crudos importados.

De otra parte, las estimulantes noticias que se recibieron esta semana sobre la recuperación de las utilidades de Ecopetrol que, entre otras cosas, constituyen un bálsamo providencial para las finanzas públicas, se han logrado gracias a que por virtud de los buenos precios prevalecientes y a la política petrolera del país tenemos excedentes de exportación. Todo esto desaparecería en un escenario de altos precios donde tuviéramos que jugar en el mercado petrolero ya no como exportadores sino como importadores netos de hidrocarburo.

De manera que si vamos a hacer fracking o no en Colombia no debe volverse un beligerante eslogan de los ambientalistas. Debe ser el resultado de un examen técnico y científico cuidadoso, como el que habrá de proferir la misión de científicos que se ha creado. Y si su recomendación es positiva sobre las cautelas ambientales que deban tomarse para que pueda hacerse compatible el fracking con buenas prácticas ambientales y de protección de aguas.

Bogotá,D. C, 4 de noviembre de 2018

*Abogado, Economista y Exministro de Hacienda

Por Mauricio Cabrera Galvis *.- ¿Cómo pudo haber ganado la presidencia de Brasil un personaje como Bolsonaro? Entre las muchas respuestas que se han dado a esta pregunta, llama la atención la autocrítica que se está haciendo en sectores progresistas que reconocen la responsabilidad de los partidos de centro-izquierda que llegaron al poder y no cumplieron sus promesas, frustrando así las expectativas de las mayorías populares que esperaban salir de siglos de pobreza y abandono.

Una muestra de esta autocrítica es el texto que recibí de un viejo amigo (que no es lo mismo que un amigo viejo), quién así reconocía la derrota: “El triunfo de Bolsonaro consagra el fin del período progresista que fue mayoritario en América Latina en los últimos quince años. Como en otras latitudes, se imponen ahora en la región fuerzas ultraconservadoras y autoritarias, dispuestas a arrasar con las conquistas democráticas, con las políticas incluyentes y hasta con diversos sectores de la población.”

Y la explicaba así: “Es cierto que la derecha ha utilizado armas mezquinas y discursos cargados de falsedad y engaño. Pero también es verdad que los sectores progresistas –de izquierda, centro izquierda o liberalismo de centro– tienen responsabilidad de su derrota: cuando accedieron al poder no estuvieron a la altura: desatendieron prioridades de construcción democrática, se distanciaron con arrogancia de las clases medias y cayeron en espirales de corrupción que decepcionaron a sus electores de base. Esta desilusión llevó a muchos a votar por la extrema derecha.”

La autocrítica es cierta en el caso del Brasil, pero hay que recordar que ese triunfo de la ultraderecha tiene mucho en común con otros sorpresivos resultados electorales como el triunfo del Brexit en Inglaterra, el del No en el referendo por la Paz, o la victoria de Trump. En esos casos no existían los antecedentes de errores de gobiernos progresistas, de manera que no cabe la explicación autocrítica; se lograron por toda una estrategia de desinformación y mentiras diseñada para provocar la indignación de la gente para que “saliera a votar verraca”, como lo reconocieron aquí. En Brasil constataron que de las 50 imágenes que volvieron virales en la campaña los partidarios de Bolsonaro, solo 4 eran verdaderas; las demás montajes para desprestigiar a los contrincantes.

Cali, 4 de noviembre de 2018

*Filósofo, Economista y Consultor.