Economía
Por Felicia Saturno Hartt. Foto EFE.- Emma Siliprandi, experta de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es una observadora calificada de dos aspectos que retratan la realidad del entorno, la seguridad agroalimentaria y el rol de las mujeres para superar la subalimentación.
Las mujeres campesinas de América Latina y el Caribe sufren múltiples formas de violencia, entre ellas por parte de las instituciones del Estado, al ignorarles como sujeto de derecho, dijo enfáticamente Siliprandi, al participar esta semana, en la ciudad de Asunción, en el Primer Congreso Internacional de Comercio Justo y Soberanía Alimentaria, organizado por la Universidad Nacional de Asunción y Universidad de Córdoba de España, con el apoyo de FAO y de ONU Mujeres.
La experta, Coordinadora de un Proyecto de Apoyo a Políticas de Seguridad Alimentaria de la FAO en América Latina y el Caribe, explicó que, en ocasiones, las instituciones públicas no reconocen a las mujeres campesinas como sujetas de derechos y dueñas de sus propias vidas, lo que supone una forma de "violencia estatal".
"Es necesario que los Estados otorguen a las mujeres rurales la posibilidad de tener tierras a su nombre, que dirijan a ellas los programas de asistencia técnica, que les concedan a ellas la financiación y les ofrezcan sus propios canales de comercialización de productos", expuso Siliprandi.
Según expresó, las mujeres campesinas tienen menor acceso a tierras y apoyo para la producción agrícola, por lo que son "las más pobres entre los pobres", en un contexto mayoritariamente femenino.
Se convierten además en víctimas de la subalimentación, así como de la obesidad y el sobrepeso, la otra cara de la malnutrición en la región, que evidencia su falta de acceso a alimentos de calidad como frutas y verduras.
Siliprandi manifestó que es necesario que las campesinas sean vistas como "emprendedoras agrícolas", y no simplemente como las esposas de los productores. "Las mujeres, por los roles de género tradicionales, que se les asignan en la sociedad, son expertas en las tareas de alimentación y salud, como la preparación de alimentos o el cuidado de las personas enfermas".
Esto hace que sepan cómo trabajar la tierra para producir los alimentos necesarios para sostener a sus familias, y que lo hagan de una manera más sostenible, porque son conscientes de los riesgos que implica para la salud el uso de químicos agrícolas.
"Las mujeres cuidan a los enfermos y tienen mucha más conciencia de cómo están relacionados el uso de químicos con los problemas de salud, por lo que son más reacias a utilizarlos. En cambio, los varones buscan el beneficio económico inmediato, están más preocupados por aumentar su productividad", apuntó Siliprandi.
Agregó que las mujeres rurales "piensan más hacia el futuro", y se resisten a modelos productivos "que pretenden mejoras pero ponen en riesgo la supervivencia de la familia y de todo el campesinado".
Además, al haber estado excluidas durante mucho tiempo de los sistemas agrícolas comerciales, conservan las semillas nativas y son depositarias de los saberes tradicionales que permiten lograr cultivos más sostenibles.
Al margen de la violencia institucional y la marginación de los sistemas productivos, Siliprandi insistió en la necesidad de proteger a las mujeres rurales contra la violencia machista en sus hogares, que en las áreas rurales queda más escondida, debido a que las mujeres están aisladas unas de otras.
Las campesinas padecen además violencia económica, ya que se ven privadas del acceso a dinero, a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades y pueden disponer de ingresos propios gracias a sus empleos en el sector informal, y gozar así de mayor autonomía con respecto a los hombres.
"La violencia contra las mujeres genera una pérdida de capital humano (...). Es hora de que los estados dejen de reforzar la imagen de la mujer como un adorno, con un papel subalterno, y empiecen a asumirla como protagonista", concluyó Siliprandi.
Foto APEC Perú.- La segunda ciudad más grande del Perú, Arequipa, es, a partir de hoy, el foco de atención de la Reunión de Ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará hasta el 19 de mayo.
El Coordinador General del Foro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro, Fortunato Quesada Seminario y el Director de Prensa, Embajador Carlos Chávez-Tafur; acompañados de la Gobernadora Regional de Arequipa, Abog. Yamila Osorio Delgado y el Alcalde Provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, informaron a los medios que este evento internacional convocó a más de 2 mil delegados de 21 economías de la Cuenca del Pacífico.
Dichos países participantes representan el 58% del PBI mundial, el 38% del comercio mundial y son las más influyentes del planeta.
El tema central es “Crecimiento de calidad y desarrollo humano” y uno de los objetivos de la reunión es promover el diálogo y la cooperación conjunta, para atender desafíos económicos y comerciales de la región Asia-Pacífico, informó la dependencia en un comunicado.
La reunión ministerial abordará cuatro temas prioritarios: 1.- Mejorar la integración económica regional; 2.- Apoyar al sistema multilateral de comercio; 3) Evaluar los avances hacia el cumplimiento de las Metas de Bogor, referentes a la liberalización del comercio y de las inversiones, y 4) Promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en los mercados regionales y globales.
Las prioridades incluyen la integración en aumento de la economía regional y el movimiento eficiente y seguro de personas, bienes, servicios, datos y capitales transfronterizos, el desarrollo de pequeños negocios y la participación dentro de la cadena de suministro regional. También seguridad alimentaria, gestión sostenible de los océanos y pesqueras y crecimiento verde.
Existe una creencia compartida en APEC en el potencial para que las personas y mercados apoyen una nueva fase de productividad y estándares de vida mientras se fomenta sostenibilidad en maneras viables.
Foto Dinero&Mercados.- El Presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, expresó, esta semana, en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Sistema Monetario Internacional en Zúrich, que vería bien que aumentara el número de monedas que consiguieran la condición de divisa de reserva, porque cuantos más países cumplan los requisitos, más protegido estará el sistema financiero de las fugas desestabilizadoras de capital.
En su intervención, Dudley señaló que “cuanto mayor sea el número de países que tengan estos atributos, más estable y sólido será probablemente el sistema financiero mundial”.
El Presidente de la Reserva de EEUU agregó que las percepciones sobre las monedas de reserva están evolucionando, en la actualidad, pero “hay que ganarse” el prestigio. También comentó que ha habido costes asociados al hecho de que el dólar sea la divisa de reserva dominante --más del 60% de las reservas en moneda extranjera están denominadas en dólares, según explicó-- y añadió que los cambios de valoración están cada vez más relacionados con lo que ocurre en el extranjero.
“Que haya más países que logren el prestigio de tener una divisa de reserva” sería deseable, porque daría a los inversores más opciones para ayudar a garantizar unos mercados de capital más líquidos en todo el mundo, afirmó Dudley.
Entre las ventajas de que aumenten las monedas de reserva, el funcionario norteamericano destacó que “ninguna moneda de reserva en particular tendría necesariamente que soportar el grueso de un ajuste”.
Foto Prensa AP.- Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, expresaron su beneplácito por la entrada en vigor hoy del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que permite que el intercambio del 92 % de sus productos se realice sin aranceles.
Este protocolo constituye un instrumento comercial fundamental para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los cuatro países, indicó el bloque en un comunicado conjunto difundido por Perú en su calidad de presidente pro tempore.
El 8% restante de sus productos circulará sin aranceles en el corto y mediano plazo, hasta el 2030 en que quedarán totalmente liberados.
El protocolo cuenta con 19 capítulos que facilitan el comercio en la región, eliminan obstáculos al comercio y establecen disciplinas modernas relacionadas con servicios profesionales, financieros, marítimos, telecomunicaciones y comercio electrónico.
Uno de los objetivos de esta nueva etapa, indicó el comunicado, será insertarse en las cadenas regionales y globales de valor, a través de un libre flujo de insumos entre los cuatro países, que permita agregar valor, incrementar la calidad de los bienes y servicios y exportar productos más competitivos al Asia-Pacífico, según la nota.
Al concentrar 44.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de América Latina, 54.9 por ciento del comercio y 42.3 por ciento toda la población de la zona, la Alianza del Pacífico (AP) aspira a convertirse tanto en el bloque económico más exitoso de la región que libere la circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra, como en una plataforma de exportación para que sus empresas locales vendan sus productos fuera de la zona, particularmente para Asia-Pacífico.
Con la entrada en vigor del protocolo, indica el comunicado, también se incrementarán las oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en un mercado ampliado y logren internacionalizarse de manera competitiva.
Los socios de la Alianza del Pacífico están convencidos en profundizar el comercio extra e intrarregional sobre la base de este protocolo, a fin de impulsar el desarrollo económico y contribuir a generar mayor bienestar de sus ciudadanos, puntualizó el bloque.
Aun cuando este es un poderoso paso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió que “la sola eliminación de aranceles” entre los países que conforman la Alianza del Pacífico (México, Chile, Perú y Colombia) no alcanza para explotar al máximo el potencial de integración del bloque”, ni para incrementar el comercio intrarregional”.
Sin embargo, el BID sostuvo que uno de los de los mayores obstáculos para que dicho acuerdo sea aprovechado radica en “los prohibitivos costos” que prevalecen en el transporte de la región, al que calificó como “disfuncional”, y también en los “engorrosos trámites aduaneros”.
Ambos factores obstaculizan el comercio y propician que éste solamente llegue “a un puñado de regiones y municipios ricos y bien conectados” de la Alianza del Pacífico, puntualizó el BID en un estudio sobre la infraestructura y el desempeño de las exportaciones entre los cuatro países asociados.
Aseguró que Chile es el país mejor calificado de la AP en cuando a calidad de infraestructura, desempeño logístico y eficiencia de las aduanas, enseguida ubicó a México y por debajo de éste, a Colombia y Perú.
No obstante, el banco regional reconoció que a diferencia de otros intentos de integración regional y comercial, la Alianza del Pacífico, impulsada desde 2011, cuenta con expectativas más pragmáticas y una arquitectura más funcional para que pueda convertirse en realidad.
También apuntó el BID que hace falta información detallada sobre los problemas y costos de infraestructura de los países asociados que sirvan para orientar las políticas públicas en la materia así como la asignación de recursos de manera eficiente “para abordar el mal estado de la infraestructura de transporte de la región”.
“Los resultados confirman la hipótesis de que los flujos comerciales de la Alianza del Pacífico son muy sensibles a los costos de transporte. Sugieren, por ejemplo, que un 10 por ciento de reducción de estos costos incrementaría las exportaciones por municipio en niveles que van desde un 13 por ciento en México a un 45 por ciento en Chile”, según el estudio.
El BID subrayó que si bien las exportaciones de los cuatro países de la Alianza han estado impulsadas, principalmente, por destinos fuera de la región de América Latina, las exportaciones entre los asociados (intra-AP) “pueden aumentar mucho más si se alcanzan mejoras en este campo”.
Por Felicia Saturno Hartt. Fotos Mining Press*.- En medio de la crisis de los combustibles fósiles, que ha frustrado a toda la industria minera mundial, hay un punto brillante y esperanzador en el horizonte de los mercados: el del litio, el oro blanco.
Este 2016 parece ser clave para la apertura de la producción de ese metal, imprescindible para el funcionamiento de baterías de autos eléctricos, celulares, máquinas y otros artefactos de alta tecnología.
Por eso, mientras los países monoproductores petroleros negocian su producción y pelean sin acuerdo en Qatar y las empresas mineras intentan sobrevivir al desastre de los mercados, el sector minero del litio aplaude su bonanza y promete traer grandes beneficios a varios países sudamericanos, encabezados por Argentina, Chile y Bolivia.
Los precios del litio importado a China se duplicaron en cuestión de dos meses, entre noviembre y diciembre de 2015, llegando a US$13.000 por tonelada, según reportó The Economist.
El interés por el litio es tal que el banco de inversión Goldman Sachs lo bautizó como "la nueva gasolina", según reporte de la BBC.
Un informe de la Consultora Allied Market Research estima que el mercado mundial de las baterías de litio podría acercarse a US$46.000 millones en 2022.
Parte de la euforia tiene que ver con el anuncio del empresario Elon Musk, Ceo de Tesla, a comienzos de este mes, acerca de sus deseos por expandir la producción de los autos eléctricos, una alternativa ecológica frente a otras opciones menos manejables.
Cientos de miles de personas han encargado con anticipación su nuevo Modelo 3 y Tesla está construyendo una gigantesca fábrica de baterías para esos autos en el desierto de Nevada, en EEUU.
"Para producir 500.000 vehículos al año, básicamente necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo", dijo a los medios, el CEO de Tesla, Elon Musk.
Y ese es apenas uno de los competidores en el mercado de los autos eléctricos, sin mencionar a productores de baterías de computadoras y de otros artefactos electrónicos, igualmente necesitados de asegurar buenas fuentes de litio.
En América Latina hay razones para mirar con mucho interés estos desarrollos: tres naciones ubicadas en una especie de "triángulo de oro" del litio concentran reservas importantes del metal.
Argentina, Bolivia y Chile están en la mira de la industria. Entre los tres países, agrupan cerca de 60% de las reservas conocidas de litio, según estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Ello llevó a la revista estadounidense Forbes a declarar hace unos años que la zona es la "Arabia Saudita del litio".
Bolivia tiene entre el vistoso paisaje de su Salar de Uyuni el que es, tal vez, el mayor yacimiento del mineral. Pero como asegura el experto boliviano en litio Oscar Ballivián Chávez, el gran problema que tiene Bolivia es que el litio de su salar está muy mezclado con magnesio y se necesitan insumos caros para poder separarlos.
El gobierno del residente boliviano Evo Morales ha buscado establecer condiciones a las multinacionales interesadas que permitan al país sudamericano retener un control importante de la industria.
Asegura que busca no repetir la historia minera del país, en la que por siglos entidades extranjeras explotaron sus recursos sin dejar grandes beneficios a las comunidades locales. La producción a gran escala de litio en Bolivia todavía no ha comenzado. Pero el mismo estado boliviano ensaya con una planta experimental de producción de carbonato de litio en el área.
En Argentina y Chile, por su parte, varias empresas privadas están extrayendo el mineral, aunque, al igual que en Bolivia, algunos aseguran que los esfuerzos de esas naciones deberían concentrarse en la producción de las baterías, de mayor valor agregado, más que en la simple extracción del metal.
Chile ha venido liderando la producción de litio, con cerca del 33% de la oferta mundial.
Pero muchos creen que la reciente llegada al poder en Argentina de un presidente con abierta simpatía por la inversión extranjera, como es el caso de Mauricio Macri, dinamizará la llegada de capitales foráneos al sector de explotación en litio en esa nación.
Empresas japonesas, estadounidenses, australianas y de varias naciones europeas, entre otras, participan ya con planes o proyectos en marcha en esta fiebre por asegurarse a fuentes de litio.
No obstante, al igual que pasa con muchos otros sectores mineros en América Latina, hay quienes advierten de las posibles consecuencias sociales y ambientales de esta bonanza en ciernes.
Los paisajes dramáticos y hoy casi intactos de los grandes salares andinos pueden estar condenados a desaparecer para satisfacer la demanda extranjera por baterías. Falta ver si las comunidades que viven a su alrededor recibirán los beneficios de ser el epicentro mundial de la producción de la "nueva gasolina".
*Collage de la autora by Pizap.
Por Felicia Saturno Hartt- El Presidente Ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Enrique García, y el Presidente del New Development Bank (NDB), K. V. Kamath, se reunieron en Washington, acompañados por sus equipos directivos, con el fin de establecer una alianza estratégica para explorar nuevas avenidas de cooperación. Así lo dio a conocer la CAF por medio de una nota de prensa.
El encuentro respondió al interés de CAF y del NDB, brazo financiero del grupo de potencias emergentes BRICS, por profundizar las relaciones entre el llamado Sur Global, una alianza de países en desarrollo que refleja la creciente influencia del mundo emergente en el nuevo orden global, donde los países BRICS están llamados a ocupar un rol de relevancia.
“Los bancos de desarrollo tienen un rol vital en la promoción del desarrollo con inclusión social y sostenibilidad”, dijo García. “Como instituciones del Sur Global, CAF y el NDB tienen razones de ser e intereses coincidentes. Explorar posibilidades de cooperación entre nosotros es fundamental”.
Durante la reunión, celebrada en el histórico Hotel Mayflower de Washington D.C., en el marco de los encuentros de primavera del FMI y el Banco Mundial, se acordó promover intercambios de información y mejores prácticas entre ambas instituciones, dados los avances que ha realizado el NDB y los desafíos que enfrenta CAF para financiar proyectos en América Latina.
La reunión se inscribe dentro del marco de la cooperación Sur-Sur, una iniciativa que promueve una amplia agenda de colaboración entre los países emergentes en el campo político, económico, social, cultural y ambiental, con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y recursos. La profundización de esta cooperación en los últimos años se ha visto reflejada en un aumento en el comercio Sur-Sur y en los flujos de inversiones y de transferencia tecnológica.
El New Development Bank, anteriormente conocido como el banco de desarrollo de los países BRICS, es un banco multilateral operado por los Estados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como una alternativa al actual sistema dominado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La misión del NDB es impulsar una mayor cooperación financiera para el desarrollo entre estas cinco potencias emergentes y financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible.
Los cuatro países que originalmente conformaron el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) dan vida a un mercado de más de 3.000 millones de personas, equivalente al 41,4 por ciento de la población mundial, y representan más de un 25 por ciento del Producto Interno Bruto global.
El banco tiene su sede en la ciudad china de Shanghái y en su estructura cada país miembro tiene un voto y ningún Estado posee poder de veto.
Hasta el momento, sus miembros son los países BRICS, pero hay un grupo de 11 países que podrían sumarse, en vista de su potencial de convertirse en grandes economías durante este siglo, como Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Turquía, Corea del Sur y Vietnam.
Por Felicia Saturno Hartt.- Los países del G-20 o Grupo de los 20 alertaron que adoptarán “medidas defensivas” contra los países que no se unan al programa de intercambio automático de información fiscal.
La cumbre de Washington estuvo marcada por la filtración masiva de datos de cuentas opacas radicadas en Panamá para evitar el pago de impuestos y por la constatación de lo frágil que es la reactivación económica global. Lo hecho hasta ahora no ha bastado para consolidar la recuperación o erradicar las malas artes tributarias.
El G20 reafirmó hoy la importancia de "una efectiva y extensa implementación" de los "estándares internacionales acordados sobre transparencia" y abogó por considerar sanciones "contra las jurisdicciones que no cumplan".
El G20 hizo esa declaración en el comunicado emitido por China, que ocupa este año la presidencia de turno del grupo, al término de su cumbre ministerial celebrada en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Reiteramos la alta prioridad que otorgamos a la transparencia financiera y la efectiva implementación de los estándares de transparencia por todas las partes", subrayó la nota.
Asimismo, el G20 pidió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentar "criterios objetivos" en la reunión que el grupo celebrará en julio en China "para identificar las jurisdicciones que no cooperan respecto a la transparencia internacional".
En este sentido, subrayó que se tomarían "medidas defensivas" contra los países que no colaboren "si no realizan progresos", aunque no ofreció detalles sobre estas sanciones.
El comunicado del G20 no comentó expresamente los papeles de Panamá, la masiva filtración de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, que afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo.
Durante la semana, no obstante, la directora del FMI, Christine Lagarde, calificó la revelación de los papeles de Panamá como "una llamada de alerta" ante el problema global de la evasión fiscal.
De los cinco ministros que presentaron una iniciativa para conocer quién está detrás de las empresas, y evitar malas artes tributarias, dos, el británico George Osborne y el español Luis de Guindos, tenían a miembros de su Gobiernos salpicados por los Papeles de Panamá.
El primer ministro, David Cameron, admitió haberse beneficiado del fondo de inversión que dirigía su padre en un paraíso fiscal, mientras que el ministro español de Industria, José Manuel Soria, dimitió este viernes tras conocerse que fue administrador de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey.
El Grupo de los Veinte (G-20) es un espacio para la reflexión y un foro para la cooperación (www.G20.org), donde los países miembro tratan temas relacionados con el sistema financiero internacional, la estabilidad y el crecimiento económicos. Participan países industrializados y economías emergentes.
Por Felicia Saturno Hartt.- Las peores consecuencias del cambio climático, como los eventos climáticos extremos, podrían amenazar hasta 24.2 billones de dólares en activos financieros globales (el 17 % del total) poniendo en un brete la economía mundial, según un estudio publicado en la revista científica Nature Climate Change, importante publicación dedicada a reportar los impactos de los cambios climáticos y sociales.
El estudio, realizado por investigadores de la London School of Economics y del Centro Grantham de Investigación del Cambio Climático, ambos en el Reino Unido, alerta de que el impacto del calentamiento "destruirá directamente parte de los bienes de capital".
Investigaciones anteriores habían advertido del riesgo de los activos financieros relacionados con las actividades que provocan el cambio climático, como es el caso de las inversiones en reservas de petróleo, carbón y gas, ya que las políticas para combatir este fenómeno podrían hacer que estos activos no puedan utilizarse y pierdan su valor.
Sin embargo, hasta hoy, apenas había estudios sobre los activos en riesgo a causa de los daños que se prevéen que cause el calentamiento global.
Los investigadores Simon Dietz, Alex Bowen, Charlie Dixon y Philip Gradwell han realizado este novedoso análisis y detectado que si los países mantienen la trayectoria de emisiones de CO2 actual el 1.8 % del valor de mercado actual de los activos financieros está en riesgo, lo que equivale a 2.5 billones de dólares.
Si además de no actuar contra el calentamiento se tienen en cuenta las predicciones científicas (de los informes del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC) sobre cuáles serán sus efectos, cerca de 24.2 billones de dólares en activos financieros están en riesgo (el 17 % del valor de mercado total), según este estudio.
Las pérdidas se deberían a la destrucción directa de los activos por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, incendios, o sequías), y a la reducción de ganancias por el impacto que tendría en las actividades económicas el aumento de temperatura.
El estudio concluye que la aplicación de políticas para evitar que las temperaturas suban más de 2 grados centígrados a finales de siglo, respecto a niveles preindustriales, reduciría significativamente este riesgo.
"Los inversores a largo plazo saldrían ganando claramente en un mundo bajo en carbono", subraya el director del estudio y profesor de la London School of Economics, Simon Dietz, quien cree que los poseedores de planes de pensiones deben "reflexionar seriamente sobre esta cuestión".
El pasado enero 2016 el Foro Económico Mundial de Davos ya alertó de que una catástrofe causada por el cambio climático es la mayor amenaza potencial para la economía mundial en el año 2016.
Por Felicia Saturno Hartt.- La Tecnología ha capitalizado el mundo. Desde ser uno de los mejores aliados de la biomedicina a propiciar el fabuloso mundo de las interacciones. Hoy por hoy, las posibilidades de la Era Digital son infinitas y todas las organizaciones, desde las más pequeñitas hasta las más globales, en productos y servicios, tienen una conexión con la tecnología.
Por lo expuesto, es muy interesante explorar los planteamientos que Betsy Burton, Vicepresidenta y CEO de Gartner, empresa de consultoría e investigación en TIC, expone, porque esa avanzada nos va a influenciar, aun no creyendo en su impacto, en nuestras vidas y labor, interacciones y vínculos.
En este sentido, Burton señala que, en la era de los negocios digitales, las empresas deben construir su arquitectura digital como organización, donde tienen un papel cada persona, los bienes, los negocios, los socios, los clientes, el entorno y la tecnología.
En otras palabras, armar un diseño de las conexiones, a los fines de estructurar sus inversiones de forma que puedan capitalizar las oportunidades de una economía digital y tener estrategias que lo hagan un negocio digital progresista, seguro y ético.
Llega un momento, expresa Burton, en que “el cliente puede ser desde socio a competidor”.
Por ello, la CEO de Gartner afirma que "el negocio digital requiere una arquitectura de organización, que se adapte a la perfección a los agentes económicos, en diferentes roles, dependiendo del contexto, con capacidad para hacer frente al aumento exponencial de las interacciones que se van a dar entre cosas, personas y clientes".
Gartner, como consultora de TIC, ha definido a estos nuevos modelos económicos, que surgen del negocio digital, la "Economía de Conexiones" y se basa en la Ley de Metcalfe, utilizada originalmente para describir las redes de telecomunicaciones y que establece que el valor de un agente dentro de una red aumenta exponencialmente a medida que lo hace el número de conexiones.
"El negocio digital está cambiando significativamente el cálculo del valor que guía las decisiones de inversión. En primer lugar, tendremos decenas de miles de millones de cosas conectadas que unirán a miles de millones de personas con millones de negocios online. En segundo lugar, cualquier agente podrá tener varios roles: cliente, socio, proveedor, competidor, o una combinación de ellos”, afirma Burton.
Otra consecuencia que se deriva del aumento de las conexiones y de los diferentes papeles que un agente puede tener en una red es que "personas, procesos, información y tecnología” ahora están más integrados. Y eso, según Gartner, impacta concisamente en las arquitecturas empresariales, que tendrán que diseñarse para poder soportar las conexiones.
Además, las arquitecturas empresariales deben crear estrategias que ayuden a las empresas y líderes de TIC a conectar con los distintos agentes, más allá de la transacción inicial.
En este sentido, un buen punto de partida podría ser contactar con los responsables de los departamentos de marketing digital y experiencia del cliente, pero el alcance de la oportunidad que genera la economía de las conexiones debe incluir también a socios, empleados, suministradores, clientes, fans, etc.
Por ello, Burton concluye que "las arquitecturas empresariales necesitan empezar a desarrollar soluciones unificadas que hagan seguimiento de la información contextual dinámica, sobre los agentes en sus diferentes roles, así como de lo que motiva su comportamiento”.
“Con este ecosistema, pueden identificarse los agentes críticos y cuantificar su valor, en términos de dinero, bienes, influencia y reputación" señala la experta de Gartner.
En Ecos estamos ya pensando en generar nuestra propia arquitectura de conexiones y, por eso, buscamos la interacción con nuestros lectores.
Swissinfo.ch El Parlamento suizo ratifica una ley que facilitará el bloqueo y la restitución de los patrimonios ilícitos pertenecientes a potentados extranjeros caídos en desgracia. Las tentativas para edulcorar el proyecto de ley fracasaron en la cámara baja.
La nueva ley fue el primer expediente con el que el nuevo Parlamento, salido de las elecciones de octubre 2015, abrió la 50ª legislatura. Un tema de gran alcance simbólico: Desde Ferdinand Marcos en 1986, Suiza se ha visto confrontada a un número importante de casos de patrimonios de potentados que han empañado su imagen y su plaza financiera. Cerca 1 000 millones de francos congelados a raíz de las revueltas árabes permanecen aún bloqueados en cajas fuertes helvéticas.
La nueva ley sobre valores patrimoniales de origen ilícito (LVR) que el Parlamento aprobó, debería tener un efecto disuasivo sobre todos los dictadores que consideren aún que Suiza es un lugar seguro para guardar el dinero que han robado a sus pueblos. “Este texto responde, tanto a una necesidad jurídica y moral, como a los intereses de Suiza”, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, quien defendió el proyecto ante el Parlamento.
La derecha, que tiene mayoría en el Consejo Nacional (cámara baja), intentó suavizar el texto, sin mucho éxito, porque la versión aceptada por el pleno no difiere mucho de la que pretendía el Gobierno.
En junio 2015 pasado, la cámara baja proponía, en primera lectura, introducir la prescripción penal –generalmente de 15 años a partir del momento en que se cometieron los actos ilícitos – para la confiscación del patrimonio. Durante el debate de más de cuatro horas, los representantes de los principales partidos de la derecha evocaban un principio del Estado de derecho para justificar el recurso a la prescripción penal.
Maniobra del ‘lobby’ de los abogados
Varios medios y ONG suizas denunciaban que se trataba de una maniobra del grupo de interés de los abogados. De hecho, la prescripción penal hubiera permitido a los abogados de los potentados multiplicar los recursos hasta llegar al plazo de la prescripción, una actividad que, dicho sea de paso, es más que rentable. “Los mandatos sobre fortunas de potentados se han convertido en una mina de oro para algunos bufetes”, declaraba Olivier Longchamp, experto en cuestiones financieras de la ONG Declaración de Berna, al diario ‘Der Bund’.
Para Didier Burkhalter, la prescripción penal hubiera supuesto un retroceso, ya que los procedimientos de restitución suelen ser largos y complicados. Y el Consejo de los Estados (cámara alta) suprimió esta enmienda durante la sesión de otoño. En la segunda lectura, los diputados se sumaron finalmente a la posición del Gobierno y de la cámara alta. Solo la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) se opuso desde el inicio a la ley y no se movió un ápice de su posición.
El Consejo Nacional dio marcha atrás también en otro punto: restringir el círculo de familiares y vecinos de los potentados prevista en el derecho internacional. Inicialmente, los diputados querían que la ley se aplicara solamente a las personas que ayudaron o fueron utilizadas para desviar fondos. Una definición demasiado restrictiva que hubiera planteado enormes problemas de aplicación y “hubiera cortado las garras” a la ley, subrayó el jefe de la diplomacia suiza.
Estrechar la colaboración
La nueva ley, que los expertos del Banco Mundial califican de modélica, formaliza, consolida y agrupa en un único texto las medidas que ha adoptado el Gobierno en los últimos años en materia de bloqueo y restitución de patrimonios. De este modo, en el futuro no habrá que recurrir al derecho de urgencia para congelar cuentas de dictadores depuestos o cuyo derrocamiento parece “inexorable”.
Entre los puntos importantes del texto figura también la inversión de la carga de la prueba. No corresponderá a Suiza ni a los países en cuestión, por ejemplo Egipto o Túnez, demostrar que el patrimonio de sus exmandatarios proviene de actividades ilícitas. Serán los antiguos potentados quienes tendrán que demostrar el origen legal de sus bienes.
Otro elemento crucial: con base en las nuevas normas, en el futuro Suiza colaborará más estrechamente en la investigación con las autoridades de los países expoliados. En particular, podrá proporcionar información sobre las cuentas bancarias de los potentados antes de recibir una solicitud de asistencia judicial.
En el caso de que los fondos provengan de un Estado fallido (‘Failing States’), el Gobierno podrá ordenar que se congele el dinero. El texto retoma las disposiciones legales en materia de restitución de haberes ilícitos (Lex Duvalier), en vigor desde 2011 e inspirada en el caso de Haití. Finalmente, la nueva ley prevé explícitamente que el dinero restituido se destine a mejorar las condiciones de vida de la población y a reforzar el Estado de derecho.
El problema principal no está regulado
Sin embargo, las voces críticas afirman que esta ley no regula el problema principal, o sea, la aceptación o la gestión de estos patrimonios por bancos suizos. “¿Por qué es tan difícil decir que no queremos dinero de potentados en nuestros bancos?
Una plaza financiera limpia no necesita dinero de origen dudoso. Un miembro de un gobierno serio no conserva su fortuna en Suiza”, puntualizó el senador independiente Thomas Minder durante el debate en la cámara alta.
“Los instrumentos para actuar de forma previsora existen y funcionan”, respondió Didier Burkhalter, en alusión a la ley contra el blanqueo de dinero y a la debida diligencia que deben respetar los bancos cuando hacen negocios con personas políticamente expuestas (PEP).
“Tal vez no funcione aún los suficientemente bien y es por ello que se necesita una legislación sobre los fondos ilícitos, incluso si estos patrimonios nunca desaparecerán y jamás podremos evitarlos completamente”, reconoció el Ministro de Exteriores.