Swissinfo.ch El Parlamento suizo ratifica una ley que facilitará el bloqueo y la restitución de los patrimonios ilícitos pertenecientes a potentados extranjeros caídos en desgracia. Las tentativas para edulcorar el proyecto de ley fracasaron en la cámara baja.
La nueva ley fue el primer expediente con el que el nuevo Parlamento, salido de las elecciones de octubre 2015, abrió la 50ª legislatura. Un tema de gran alcance simbólico: Desde Ferdinand Marcos en 1986, Suiza se ha visto confrontada a un número importante de casos de patrimonios de potentados que han empañado su imagen y su plaza financiera. Cerca 1 000 millones de francos congelados a raíz de las revueltas árabes permanecen aún bloqueados en cajas fuertes helvéticas.
La nueva ley sobre valores patrimoniales de origen ilícito (LVR) que el Parlamento aprobó, debería tener un efecto disuasivo sobre todos los dictadores que consideren aún que Suiza es un lugar seguro para guardar el dinero que han robado a sus pueblos. “Este texto responde, tanto a una necesidad jurídica y moral, como a los intereses de Suiza”, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, quien defendió el proyecto ante el Parlamento.
La derecha, que tiene mayoría en el Consejo Nacional (cámara baja), intentó suavizar el texto, sin mucho éxito, porque la versión aceptada por el pleno no difiere mucho de la que pretendía el Gobierno.
En junio 2015 pasado, la cámara baja proponía, en primera lectura, introducir la prescripción penal –generalmente de 15 años a partir del momento en que se cometieron los actos ilícitos – para la confiscación del patrimonio. Durante el debate de más de cuatro horas, los representantes de los principales partidos de la derecha evocaban un principio del Estado de derecho para justificar el recurso a la prescripción penal.
Maniobra del ‘lobby’ de los abogados
Varios medios y ONG suizas denunciaban que se trataba de una maniobra del grupo de interés de los abogados. De hecho, la prescripción penal hubiera permitido a los abogados de los potentados multiplicar los recursos hasta llegar al plazo de la prescripción, una actividad que, dicho sea de paso, es más que rentable. “Los mandatos sobre fortunas de potentados se han convertido en una mina de oro para algunos bufetes”, declaraba Olivier Longchamp, experto en cuestiones financieras de la ONG Declaración de Berna, al diario ‘Der Bund’.
Para Didier Burkhalter, la prescripción penal hubiera supuesto un retroceso, ya que los procedimientos de restitución suelen ser largos y complicados. Y el Consejo de los Estados (cámara alta) suprimió esta enmienda durante la sesión de otoño. En la segunda lectura, los diputados se sumaron finalmente a la posición del Gobierno y de la cámara alta. Solo la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora) se opuso desde el inicio a la ley y no se movió un ápice de su posición.
El Consejo Nacional dio marcha atrás también en otro punto: restringir el círculo de familiares y vecinos de los potentados prevista en el derecho internacional. Inicialmente, los diputados querían que la ley se aplicara solamente a las personas que ayudaron o fueron utilizadas para desviar fondos. Una definición demasiado restrictiva que hubiera planteado enormes problemas de aplicación y “hubiera cortado las garras” a la ley, subrayó el jefe de la diplomacia suiza.
Estrechar la colaboración
La nueva ley, que los expertos del Banco Mundial califican de modélica, formaliza, consolida y agrupa en un único texto las medidas que ha adoptado el Gobierno en los últimos años en materia de bloqueo y restitución de patrimonios. De este modo, en el futuro no habrá que recurrir al derecho de urgencia para congelar cuentas de dictadores depuestos o cuyo derrocamiento parece “inexorable”.
Entre los puntos importantes del texto figura también la inversión de la carga de la prueba. No corresponderá a Suiza ni a los países en cuestión, por ejemplo Egipto o Túnez, demostrar que el patrimonio de sus exmandatarios proviene de actividades ilícitas. Serán los antiguos potentados quienes tendrán que demostrar el origen legal de sus bienes.
Otro elemento crucial: con base en las nuevas normas, en el futuro Suiza colaborará más estrechamente en la investigación con las autoridades de los países expoliados. En particular, podrá proporcionar información sobre las cuentas bancarias de los potentados antes de recibir una solicitud de asistencia judicial.
En el caso de que los fondos provengan de un Estado fallido (‘Failing States’), el Gobierno podrá ordenar que se congele el dinero. El texto retoma las disposiciones legales en materia de restitución de haberes ilícitos (Lex Duvalier), en vigor desde 2011 e inspirada en el caso de Haití. Finalmente, la nueva ley prevé explícitamente que el dinero restituido se destine a mejorar las condiciones de vida de la población y a reforzar el Estado de derecho.
El problema principal no está regulado
Sin embargo, las voces críticas afirman que esta ley no regula el problema principal, o sea, la aceptación o la gestión de estos patrimonios por bancos suizos. “¿Por qué es tan difícil decir que no queremos dinero de potentados en nuestros bancos?
Una plaza financiera limpia no necesita dinero de origen dudoso. Un miembro de un gobierno serio no conserva su fortuna en Suiza”, puntualizó el senador independiente Thomas Minder durante el debate en la cámara alta.
“Los instrumentos para actuar de forma previsora existen y funcionan”, respondió Didier Burkhalter, en alusión a la ley contra el blanqueo de dinero y a la debida diligencia que deben respetar los bancos cuando hacen negocios con personas políticamente expuestas (PEP).
“Tal vez no funcione aún los suficientemente bien y es por ello que se necesita una legislación sobre los fondos ilícitos, incluso si estos patrimonios nunca desaparecerán y jamás podremos evitarlos completamente”, reconoció el Ministro de Exteriores.
