Opinión

Por Jairo Gómez*.-Dos procesos electorales en países vecinos revelan que los partidos o movimientos de izquierda vuelven a ser alternativa de poder y que la gente, cansada de tanta mentira e incumplimiento de promesas, mira con desdén a la derecha conservadora y comienza a recuperar confianza en las fuerzas progresistas que tuvieron su época dorada en la primera década del siglo XXI.

En Ecuador el triunfo del conservador Lasso, no obedeció a un respaldo partidista consolidado desde la derecha, se dio por dos razones: porque los ecuatorianos votaron por el menos malo de los dos candidatos y la revancha del voto en blanco indígena contra lo que llamaron el fraude en primera vuelta, que, sin duda, fue determinante en el resultado final.

En Perú la situación es bien distinta, aunque sorpresiva. El país Inca ha sido conservador y su fuente electoral está concentrada mayoritariamente en Lima, su capital, enclave que le ha permitido imponer su voluntad política. En ese contexto apareció de la nada Pedro Castillo, un profesor radical de izquierda con una propuesta incluyente: “¡Nunca más un pobre en un país rico!”. Desconocido logró dar la sorpresa en primera vuelta y por ende imponerse en la variopinta propuesta electoral. Su caudal de votantes, que no está en Lima, lo construyó en el otro Perú, el que ha padecido el desafecto del centralismo limeño.

Del otro lado, aparece Keiko Fujimori, con una investigación a cuestas por corrupción sobre el caso Odebrecht. Hija del autócrata que esterilizó a más de 250 mil mujeres, Alberto Fujimori, es poco apreciada en la misma clase política tradicional peruana, pero se da por descontado que logrará sumar a los nostálgicos del fujimorismo los otros votos conservadores concentrados en Lima. Se viene la segunda vuelta y el dilema es: izquierda o derecha. Seguramente la derecha se unirá pese a la sub júdice Keiko, y derrotarán a Pedro Castillo, un desclasado profesor sin pedigrí; porque allá, como en Colombia, la lucha de clases cuenta y también prevalecen los negocios y contratos.

Ese es el panorama en dos países vecinos que eventualmente puede incidir en el péndulo político colombiano de cara a las elecciones del 2022. No porque tengan un impacto sobre nuestra realidad política, sino porque en Colombia en el próximo debate electoral se puede presentar el mismo escenario que de alguna manera ya lo experimentamos en el año 2018.   

En ambos casos, tanto en Perú como en Ecuador, se expresó un cansancio de la ciudadanía con los poderes decididamente neoliberales con poco compromiso social y con un denominador común: la corrupción. Dos asuntos medulares que desnudó en toda su dimensión la pandemia y que los puso a patinar. Ese fantasma recorre a América Latina sin distingo ideológico y en el caso de Colombia también se repite, con un punto adicional, por cierto macabro y peligroso, el asesinato sistemático de líderes sociales, firmantes de la paz, indígenas y afrodescendientes, fenómeno que gravita en la espesa atmósfera de una violencia generada por las bandas de narcotráfico y organizaciones armadas ilegales que buscan el control territorial para garantizar la producción de cocaína y marihuana.

Ahora, volviendo a los resultados, lo que ocurrió en esos países el pasado domingo se puede replicar claramente en Colombia el próximo año si las fuerzas progresistas no toman la decisión de unirse. Sólo así es posible desbancar del poder a esta clase política tradicional corrupta. Desmontar los privilegios de las élites que han hecho gala de su poder económico para controlar la institucionalidad del país, acaparar la contratación pública y montar clanes familiares en las regiones que se apoderan de los dineros públicos para consolidar sus proyectos particulares.

La unidad es el camino, no hay de otra.  

Bogotá, D. C, 14 de abril de 2021

*Periodista. Analista Político

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*.- En momentos en que la violencia se vuelve a recrudecer en varias regiones colombianas, esta llega acompañada de otros graves fenómenos sociales como el desplazamiento, que no sólo afecta a grandes poblaciones de personas, sino que de por medio están nuestros niños, quienes son los que más sufren los rigores del conflicto.

Comunidades confinadas, a merced de los violentos, es el pan de cada día en Colombia. Las confrontaciones bélicas entre uno y otros actores armados, dejan como saldo, no sólo muertos, sangre y desolación, sino que deja una estela de miedo y zozobra que termina finalmente en el desplazamiento masivo de sus pobladores.

Ese desplazamiento los arroja a una dimensión desconocida, a explorar una nueva vida en lugares distintos a los de su origen, bajo unas condiciones absolutamente deplorables, que en la mayoría de los casos raya en la pobreza absoluta.

Y quienes pagan los platos rotos de ese conflicto absurdo, son tristemente nuestros niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables dentro de sus núcleos familiares. Es sin duda, una situación que genera mucha impotencia, pues es evidente que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados y ¡de qué forma!

El desplazamiento no es un juego, a veces, como sociedad somos indiferentes, este no sólo es un delito de lesa humanidad que afecta a las poblaciones más vulnerables como campesinos, indígenas, afros, sino que de paso marca para siempre a nuestros niños, que son el futuro del país. El desplazamiento forzado es un fenómeno masivo, sistemático y de larga duración que se origina por la confrontación armada entre grupos criminales al margen de la ley que se disputan a sangre y fuego territorios estratégicos para el control de las rutas del narcotráfico, afectando en esas circunstancias de guerra a la población civil.

Nuestro país, según ACNUR, ocupó el primer lugar en el mundo en desplazamiento interno con más de ocho millones de personas en esa penosa condición. Cifras más recientes como las que indica la Defensoría del Pueblo, aseguran que durante el primer bimestre del año pasado, se registraron 18 eventos que afectaron a dos mil 426 familias, y en todo el 2020 se registraron un total de 28 mil 509 víctimas de este flagelo, lo que representa, en promedio 78 personas desplazadas al día, mientras que en igual fecha de 2021, la cifra alcanzó los 31 casos con un impacto de 4 mil 157 hogares, asimismo, ese Ministerio Público, confirma que diariamente son desplazadas 168 personas en promedio y ocurren cuatro eventos de desplazamientos masivos por semana.

Departamentos como el Cauca, Nariño, Antioquia, Valle, Norte de Santander, Chocó y regiones como el Bajo Cauca, el Urabá y el Catatumbo son las más críticas.

Es por esto, que, para garantizar los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos radicado un PROYECTO DE LEY de nuestra autoría, el cual cuenta con el respaldo de varios congresistas, para proteger a nuestros menores en condición de desplazamiento en Colombia.

La idea de la iniciativa es que haya una protección y un reconocimiento jurídico diferencial de interés superior, haciendo un énfasis en los menores de cero a seis años no acompañados.

Además del enfoque diferencial, el proyecto busca establecer otros factores complementarios al desplazamiento que puedan afectar el sano crecimiento y desarrollo de los menores, como problemas de hambre, desnutrición, deficiencias en el acceso a salud, adaptabilidad al sistema de educación, entre otros. Pretendemos también garantizar el acceso obligatorio sin limitantes, a las ayudas, programas y subsidios que establece el Estado para los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento. Ellos, nuestros menores en condición de desplazamiento forzado tendrán derecho a acceder a verdad, justicia y reparación y el Estado deberá combatir la impunidad de estas graves violaciones contra nuestros niños.

No es justo que sean nuestros niños quienes lleven la peor parte de la guerra, no hay derecho a que sean revictimizados usándolos en trata de personas, o en trabajos de cultivos ilícitos, explotación sexual, mendicidad y en el peor de los casos en reclutamiento forzado.

Bogotá, D. C, 13 de abril de 2021

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La semana pasada cité un texto muy progresista sobre la intervención del Estado a favor de los más pobres y las políticas públicas para combatir la desigualdad, y pregunte cuál sería el autor del mismo dando algunas pistas de posibles respuestas. Varios amables lectores tuvieron la paciencia de darme sus opiniones y ninguno acertó; solo el ex ministro José Antonio Ocampo estuvo cerca.

La verdad no me sorprendió el resultado de la mini encuesta, porque las pistas eran despistadoras, y porque es muy inesperada la autoría. Antes de decir quién es, quiero citar otros textos de varios años de la misma fuente, que confirman esa posición que se puede calificar como social-demócrata:

“Tenemos una obligación con los sectores pobres y los más vulnerables; los que enfrentan inseguridad financiera y problemas de salud; los que quedan atrás con escasas oportunidades, como las mujeres y las niñas; las generaciones futuras. (...) Como dijera una vez Franklin D. Roosevelt, “la prueba de nuestro progreso no es que aquellos que tienen mucho, tengan más, sino que aquellos que tienen demasiado poco tengan más”. Esto es lo correcto no solo desde el punto de vista ético, también lo es desde el punto de vista económico” (2017).

La contribución que las políticas fiscales pueden hacer al logro de objetivos redistributivos: las tasas impositivas aplicadas al estrato más alto de la distribución del ingreso, la adopción de un régimen de ingreso básico universal (IBU) y la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud. (2017)

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que nada, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva. En el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico¨ (2020).

Aunque usted no lo crea, todas estas citas son de documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y no se trata de artículos de funcionarios jóvenes contaminados en la universidad de las ideas de Piketty.

La primera cita es de Cristine Lagarde, directora del FMI en 2017. La siguiente es la introducción de un extenso informe de ese año dedicado a plantear políticas para reducir la desigualdad y a definir una estrategia para que los programas del FMI impulsen el gasto social redistributivo.

La última cita es de un discurso de la actual directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el que plantea una inversión de la lógica del asistencialismo oficial: para ella es necesario reducir primero la desigualdad para generar oportunidades.

Quienes en los años 80 del siglo pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en esa entidad y después de padecerla como promotor de la austeridad y el control del déficit fiscal como principal objetivo de su condicionalidad, es una inesperada sorpresa ver que una de las nuevas prioridades del FMI sea impulsar el gasto social para reducir la desigualdad.

Cali, 11 de abril de 2021

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Juan Manuel Galán*.- La imputación a Sergio Fajardo por parte del Fiscal General Francisco Barbosa, deja un sinsabor y desconcierto para todo el país. Así, quien se había comprometido a no politizar este híper poderoso ente acusador que carece de control, pesos y contrapesos; lleva una cadena de decisiones que hacen inevitable concluir que más que la justicia, su motivación es política.

Según un informe de Naciones Unidas de 2019, la impunidad en Colombia oscila entre el 84% y el 96%. En lo que va corrido de 2021, el país ha tenido más de 26 masacres y 95 personas asesinadas. 2020 fue el año con mayor número de masacres desde 2014; 76 y 292 asesinados. ¿Esclarecer estos gravísimos crímenes, no debería ser la prioridad de la Fiscalía? No lo es. En lugar de enfrentar esta dolorosa y vergonzosa realidad, se ha empeñado en construir casos totalmente subjetivos contra dirigentes de la oposición. El último, es una clara maniobra de asesinato judicial contra el centro político e ideológico, con el propósito de impedir su consolidación que es lo que necesita y quiere la mayoría del país.

En Colombia, el estado de ánimo de la gente se puede resumir hoy en dos palabras: angustia y desconfianza. A este explosivo ambiente emocional, se suman las elecciones de 2022, en dónde el elector debe aprender a diferenciar, con argumentos, con verificaciones, este tipo de hechos que crean una absurda percepción de presunción instantánea y automática de culpabilidad. Es necesario buscar mecanismos internacionales, objetivos, imparciales y garantes en la verificación de transparencia para estas elecciones. El populismo engendra autoritarismo, abuso de poder y violencia. El país, si no actuamos en defensa de la democracia, puede terminar indefinidamente atrapado en esa troika oscura y criminal. La misma que tiene sometida a Venezuela.

El problema más grave que tiene la justicia es su falta de independencia. No es independiente en lo presupuestal, está clientelizada y carece de profesionalización. Cuando la justicia no puede o no quiere garantizar el Estado social de derecho, proclamado en la constitución de 1991, prosperan las vías de hecho, la justicia por propia mano y crece la desconfianza ciudadana en el poder judicial; la inversión (sobre todo la extranjera) se espanta. Alguien dirá: hemos tocado fondo; otro responderá sí, pero hace rato estamos escarbándolo.

Este desafío a la democracia y al Estado social de derecho, debe convocar a todas las fuerzas políticas. No solo se trata de unirnos en el rechazo a la falta de independencia, el abuso de poder y la politización de la justicia; hablamos de una urgente y estructural reforma que evite alcanzar un punto de no retorno. Hoy es Sergio Fajardo, pero mañana puede ser cualquiera.

Bogotá, D. C, 11 de abril de 2021

* Exsenador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según ha trascendido profusamente en los medios, un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de imputar el cargo de peculado en beneficio de terceros al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo por haber contraído un crédito en dólares por US $77 millones, primero por que supuestamente “no se hicieron los estudios para sustentar la necesidad de avanzar en esa operación en una moneda extranjera y no en pesos”. Y segundo, lo más inverosímil, “en la operación tampoco se realizó una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera, ni se acudió a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”.

Al margen de la connotación y la interpretación política de esta determinación, me permito disentir de la misma desde el terreno de la Academia. Los argumentos esgrimidos por el Fiscal delegado son demasiado deleznables y carentes de toda lógica a la luz del comportamiento de las variables macroeconómicas, particularmente en lo que hace relación a la tasa de cambio. Como es bien sabido, desde que, hace veinte años, bajo la presión del FMI, se eliminó la banda cambiaria en Colombia, que mantenía en cintura la tasa de cambio, se optó por el tipo de cambio flexible o también de cambio flotante.

De manera que el Banco de la República, que es la autoridad cambiaria, dejó de controlar y de fijar la tasa de cambio y sólo se limita, ocasionalmente, cuando las condiciones del mercado lo ameritan, a intervenir en el mismo, ya sea comprando o vendiendo divisas, según el caso. Nadie, entonces, puede prever el comportamiento de la tasa de cambio del peso con respecto al dólar, ello es imprevisible, dada su volatilidad, la cual está determinada por factores endógenos o exógenos, estos últimos fuera de control por parte de las autoridades nacionales. Ni el más avezado analista económico o financiero sería capaz de prever o predecir el curso que pueda tomar la tasa de cambio hacia el futuro. Siempre se está expuesto a la devaluación o a la revaluación del peso con respecto al dólar, según la coyuntura y los choques externos, por parte de los agentes del mercado.

Dicho esto, es fácil colegir que  quien contrae un crédito en dólares, sea un particular o sea una entidad oficial, queda expuesto a las viceversas de los ciclos devaluacionistas o revaluacionistas del mercado con todas sus consecuencias, pues a nadie le es dado escoger las dos mitades buenas de dos mundos diferentes. Esas son las reglas. Y si de ello se deriva el “aumento de la deuda” contratada, no se puede imputar cargo de peculado a favor de terceros, que sería el Banco CorpBanca S. A. Ello es un exabrupto, puesto que a nadie se le puede pedir lo imposible, en este caso “una proyección sobre la posible volatilidad de la moneda extranjera”. Ello no tiene ni pies ni cabeza y de prosperar semejante despropósito se estaría sentando un pésimo precedente.

Si esa imputación llegara a ser acogida por la Corte Suprema de Justicia, irían a parar a la cárcel todos los miembros de la Junta del Banco de la República y los ministros de Hacienda que la presiden, porque el Banco Emisor a diario está realizando operaciones cambiarias con cargo a las reservas internacionales que maneja, unas veces ganando y otras perdiendo, según el caprichoso comportamiento de la tasa de cambio.

Cabe preguntarse, también, si el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla va a tener que responder por el mayor costo de la deuda externa de Colombia, denominada en dólares, que se ha elevado en los últimos años por cuenta de la devaluación. Solo en lo corrido del último año (al corte de marzo de este año) la deuda externa de Colombia, que supera el 54.8% del PIB, se ha encarecido el  22.26% por cuenta de la devaluación del peso frente al dólar, la mayor en la región. Según el economista jefe de Corficolombiana Julio Cesar Romero, por cada punto porcentual de devaluación del peso frente al dólar la deuda bruta del Gobierno central se incrementa 0.17 puntos del PIB, esto es $2.897´476.430 (¡!).

Además, reprocharle al ex gobernador el “no haber acudido a un seguro de riesgo cambiario que permitiera proteger al Departamento de los efectos del cambio de la moneda durante el tiempo que estuviera vigente el crédito”, no tiene en cuenta que las coberturas cambiarias (contrato forward) que ofrece el sector financiero son costosas. Según la ex secretaria de Hacienda del Departamento de la época María Eugenia Escobar, ello “encarecía el crédito. Hubiera pasado de una tasa de 6.3% a 10%. Y volvemos a lo mismo, al igual que cuando se toma un seguro, puede que no se materialice la contingencia que se busca conjurar y entonces se diría que se incurrió en un gasto innecesario e injustificado, el cual también podría dar lugar a una investigación, esta vez por parte de la Contraloría General. Cómo quien dice, palo porque bogas y palo porque no bogas.

Como lo afirmó el profesor y ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, “los economistas serios no hacen pronósticos. Algunos analizan escenarios futuros utilizando diversos supuestos”, frente a los cuales no hay certezas sino incógnitas. Por ello, como dijo el economista estadounidense Galbraith, “la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable”.

Santa Marta, abril 10 de 2021

*Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo*.- Con un juego de palabras (que se parece a los cambios de nombre que recibieron las reformas anteriores), el Presidente Duque ha dicho que la que aterriza en el Congreso “no es una reforma tributaria sino una ley para financiar los gastos que demanda la pandemia”.

¿Mero juego de palabras para amortiguar la fuerte reacción de la opinión pública que ya anticipa? ¿O una declaración que parece una cortina de humo precautelativa?

Pues de lo que no cabe duda es que estamos frente a una de las más duras leyes de reforma tributaria que en muchas décadas se haya propuesto. ¿Cómo no va a ser “reforma tributaria” una iniciativa que pretende recoger más de $30 billones? Por supuesto, gran parte de los gastos que se van a atender con estos recaudos están asociados con la pandemia y con plausibles extensiones de programas sociales. Pero esto no le quita su condición de “dura” reforma tributaria.

En vez de juegos verbales más nos valiera encarar las cosas como son. Y responder algunas preguntas cruciales:

¿Es el momento oportuno para descargar semejante llovizna alcabalera sobre los hombros de los famélicos contribuyentes? ¿O hubiera sido más prudente esperar hasta cuando la salud empresarial y de los hogares estuviese convaleciente, toda vez que hoy está en los huesos por cuenta de la pandemia?

Estamos frente a una paradoja: se necesita una profunda reforma fiscal pero estamos en el momento más inoportuno para hacerla. El mal inicio en términos de imagen que está rodeando esta reforma sugiere que el gobierno dejó pasar el momento oportuno para plantearla. Mientras más temprano se presenten las reformas fiscales, más posibilidades tienen los gobiernos de sacarlas adelante. Fijémonos en lo que está haciendo Biden. No lleva tres meses y ya está proponiendo una profunda reforma fiscal que da marcha atrás a la de Trump.

¿Está bien equilibrado en términos de equidad el proyecto cuando (así se mantenga el impuesto al patrimonio y el de los dividendos) el 90% del esfuerzo fiscal va a recaer sobre la clase media? Si es que de “clase media” se puede seguir hablando aún en Colombia.

¿Si el propósito revelado del gobierno es que los dientes del recaudo no muerdan sino hasta el 2022, cómo va a manejar los cambios del IVA que normalmente son de aplicación inmediata, a diferencia de las modificaciones al impuesto a la renta que sí pueden modularse en el tiempo?

¿Con la pobreza agobiante que exhiben hoy las familias golpeadas por el coronavirus y con 10 millones de colombianos que según el DANE no están percibiendo ingresos suficientes ni siquiera para adquirir las tres comidas diarias, qué justificación se va a dar para bajar la vara a partir de la cual empiezan las obligaciones como contribuyentes de las personas naturales?

¿Cuál es realmente el propósito del gobierno con las recomendaciones de la misión de expertos en privilegios tributarios que convocó? ¿Las va a seguir? Hasta el momento da la impresión de que no es así y que más bien las está utilizando para hacer un ejercicio de tiro al blanco en una especie de polígono fiscal. Así al menos lo demuestra lo que está sucediendo en materia de zonas francas y con los días sin IVA. El decreto que ya dictó sobre zonas francas y el anuncio de continuidad de la figura de los días sin IVA van claramente a contrapelo de las recomendaciones de los expertos. Y estos son apenas dos ejemplos.

El gobierno debe entender que en materia tributaria no se le puede dar gusto a todo el mundo. La pedagogía con que se ha intentado aclimatar esta reforma ha sido pésima. Marchas y contramarchas han abundado. Desconcertando a la opinión pública y molestándola innecesariamente. El último episodio fue el del IVA a la sal, al café y al chocolate. En el estrecho arco de tiempo de ocho días se dijo que no se gravarían, luego que sí y finalmente que no. Este tipo de bandazos le quita credibilidad a cualquier reforma.

Y, por último: no es cambiándole piadosamente el nombre a las reformas o inventándose el retruécano de que no se trata de una reforma tributaria sino de una inocente ley para financiar las necesidades de la pandemia, como la va a aceptar de buen grado la ciudadanía.

Bogotá, D. C, 11 de abril de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- En medio de la debacle económica por la pandemia, el ministro de Comercio dio cuenta de la importancia de las exportaciones no tradicionales en la recuperación, con la carne bovina en un destacado lugar “de podio”.

Esa tendencia consolida un buen momento ganadero, no como un “cuarto de hora”, sino como oportunidad con vocación de futuro, a la cual debemos sumar, con el apoyo del Gobierno, la recuperación del sector lácteo, “mal encadenado” a una industria que persiste en importaciones masivas, innecesarias y perjudiciales para los ganaderos.

¿Por qué nuestra confianza en el futuro de la carne bovina? Veamos:

1.- El consumo por habitante/año disminuyó 1,5 kilos en 2020, equivalente a no sacrificar 437 261 bovinos. Semejante sobreoferta habría derrumbado el precio al ganadero, como sucedió en 2009, cuando cayó por el cierre del mercado venezolano, pero el menor precio no se trasladó al consumidor, sino que enriqueció a los especuladores.

2.- ¿Qué pasó en 2020? Que las ventas externas salvaron a la ganadería, pues además de 267.107 animales exportados, se vendió en carne el equivalente a 198 207 adicionales. Es decir, que lo que dejó de sacrificarse para el mercado local fue exportado a más de 25 países y, como consecuencia, el precio al ganadero recuperó su tendencia de crecimiento.

3.- Ahora bien, en cifras constantes, con base enero de 2006, el precio del novillo gordo/kilo en pie en 2008, año pico en ventas a Venezuela, era de $2.105 y en febrero de 2021 de apenas $2.101; es decir, que con lo que hoy recibe un ganadero compra menos de lo que compraba 12 años atrás. Y si en marzo de 2021 el precio repuntó hasta $2.238, no es que el ganadero se esté enriqueciendo, sino recuperando lo perdido en más de una década.

4.- En cifras nominales, el precio al ganadero, por supuesto, sube con la inflación. En junio de 2018, antes de perderse del estatus sanitario, el kilo en pie promedió $4.844. Durante la suspensión, hasta enero de 2020, cayó a $4.347, y en septiembre apenas igualaba al de 2018. Una vez más, el tiempo se detuvo para el ganadero, y el repunte hasta $5.535 en marzo de 2021, es una recuperación a partir de la cual, eso sí, se despeja el horizonte ganadero.

5.- Es optimismo justificado, porque el mundo demanda carne de animales alimentados con pasturas, como la nuestra, y porque somos competitivos en precio. En febrero de 2021 el de nuestro kilo en pie fue de 1,45 dólares, en Brasil de 1,75; Uruguay 1,82; Argentina 2,01; México 2,14; Estados Unidos 2,51, y en Australia 2,92 dólares, ¡el doble de nuestro precio! Las cifras lo dicen todo.

6.- Finalmente, la tasa de extracción -porcentaje de animales sacrificados-, estuvo por el 17% hasta 2012, entre 19 y 20 % en el lapso 2012 – 2015, y cayó a 14,4 % en 2020, pero no por menos sacrificio, sino por el crecimiento del hato con más de cinco millones de animales de contrabando, que ocasionaron la pérdida del estatus y habrían impactado el precio, de no ser porque, durante la última década, fortalecimos también el proyecto exportador que, junto con el énfasis en ganadería sostenible, hoy es el futuro de la ganadería colombiana.

Nota Bene. Que un vocero del actual gobierno fue a decirles a los elenos que no firmaran cese al fuego con Santos sino con Duque, y que “el ELN creyó ese mensaje”, es una desvergonzada mentira que ni el mismo Santos se la cree…y que fue desmentida por el propio ELN.

Y dizque FarcSantos irá a la “Comisión de la Verdad”.

Bogotá, D. C, 10 de abril de 2021

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Jorge Enrique Robledo*.- Mal empezó el trámite de la reforma tributaria, la tercera de este gobierno en tres años. Porque no satisfechos con engañar llamándola “Ley de solidaridad sostenible”, el propio Iván Duque afirmó: “Lo primero, es que aquí esto no se trata de una reforma tributaria”, falsedad que además conlleva la idea corruptora y desmoralizante de que mentir sí paga.

La otra falacia oficial es que el recaudo será de 25,4 billones de pesos, cuando es muy superior, según las cifras conocidas. Ante los gremios, incluida la parte que disimuló, el gobierno reconoció 30,3 billones: 10,5 de IVA, 16,8 de personas naturales y 3,0 de personas jurídicas. Pero Aurelio Suárez encontró otros cuatro billones tras el rótulo de “redistribución de externalidades ambientales”, es decir, pintados de “verdes” pero también regresivos: una sobretasa al consumo de electricidad –entre 1,2 y 1,8 billones–, un impuesto a todo tipo de vehículos, incluidas las motos –2,14 billones–, y 100 mil millones a los plaguicidas, para un gran total de 34 billones de pesos, 33 por ciento más de lo publicitado. Y lo regresivo de la reforma no permite dudas: porque casi toda la pagan los pobres y las clases medias.

Tampoco es cierto que esta reforma tributaria se origine solo en los costos fiscales de la pandemia. Porque busca tapar el hueco de la de 2019, que les disminuyó los impuestos a las súper trasnacionales y se los aumentó a pobres y clases medias, disminuyendo el recaudo en 9,4 billones de pesos en 2021 y en 10,7 billones en 2022. Y este gobierno derrochón malbaratará 14 billones en aviones de guerra internacional que Colombia no necesita.

Debatir en serio sobre impuestos en Colombia –e igual pasa con lo demás– es cada vez más difícil. Porque aumentan las fake news, las mentiras descaradas. Suelen afirmar que mil empresas pagan todos los impuestos de Colombia. Pero la verdad es que el IVA y los demás impuestos indirectos, incluidos los llamados “verdes” también contra las gentes del común, aportan el 53,17% del total del recaudo nacional, en tanto el aporte del impuesto de renta se reparte así: grandes contribuyentes: 28,56%, otras empresas: 7,56% y personas naturales: 9,03%, incluidas las asalariadas (Dian).

Los impuestos indirectos no son solo regresivos porque gravan igual a quien tiene mucho y al que no tiene nada o poco, quitándoles el pan de la boca, sino porque, al reducir la capacidad de compra de la población, también estrangulan la capacidad de venta y de generar empleo y riqueza de la economía. El duquismo hace entonces demagogia posando de gran defensor de la economía de mercado, a la par que debilita el mercado que agricultores, industriales y los demás necesitan para vender. Capitalismo próspero sin compradores es una burla cruel. Y es regresivo que las empresas mayores paguen la misma tasa de renta que las menores, ilegalidad que demandamos ante la Corte Constitucional y que entraba el progreso del país.

Analizar con seriedad los impuestos en Colombia presenta otra gran dificultad. Porque sobre las tasas de renta de las empresas y las personas –exceptuando las de retención en la fuente que son pagos que no tienen voladero– no hay cifras iguales para ser usadas por todos, dado que las nominales y las reales son diferentes y el que quiera puede inventarse la suya. Inclusive, se presentan como impuestos los aportes a las pensiones, que son costos laborales, y se suman los de los prediales con los de renta y el 4 por mil, revoltijos que entorpecen los análisis. Es tan diseñado para confundir el sistema tributario, que se clasifican como de igual calidad, como impuesto de renta, los pagos originados en las ganancias y los sueldos y los de las personas naturales y las jurídicas.

Si a este país lo gobernaran con seriedad, el Estado, con la supervisión de especialistas de todos los sectores, publicaría un cuadro que desglosara la verdad tributaria para que, todos con las mismas cifras, pudiéramos debatir con rigor qué impuesto sube y cuál baja, dependiendo del interés nacional. Porque el desarrollo del país requiere de un Estado lo mejor financiado posible, capaz de respaldar el progreso –educación, salud, infraestructura y la propia actividad económica–, sin lo cual no pueden crecer las economías y el empleo de todos los tipos. Y los impuestos no deben ser tan altos que estrangulen los negocios o la capacidad de compra de las personas. Otro tema para incluir en el gran pacto nacional.

Una buena estructura tributaria y de gasto público debe incluir además que no se roben la plata del Estado, incluidos los impuestos que ordena la ley y que en mucho se evaden por la alcahuetería de la Dian. Y es determinante crear más trabajo y riqueza. Porque nunca será igual lo que puede recaudar una tasa impositiva sobre los 30 mil y más dólares por habitante de los países desarrollados, que sobre los escasos seis mil del capitalismo subdesarrollado de Colombia, otra verdad que los mismos con las mismas han ocultado.

Manizales 9 de abril de 2021

*Senador de Colombia

@JERobledo

Por Lorena Rubiano*.- Amigo: No olvidaremos lo que dijo, no olvidaremos lo que hizo, nunca lo olvidaremos porque en nuestras mentes y corazón vivirás.

De Hugo Artunduaga Salas solo tengo excelentes recuerdos, gratitud, respeto y admiración. Durante mis incursiones en la política siempre obtuve de él los mejores consejos, recomendaciones y en muchas ocasiones advertencias, sobre lo sucia que es la política. Jocoso, alegre, intelectual, buen amigo de sus amigos, de gran experiencia en el manejo de la política, gran conservador, exsecretario general de su colectividad, trabajo en pro del crecimiento del partido y del país. Por eso siempre tuvo amigos en todos los partidos y grupos políticos.

Pará mí fue un gran privilegio haber contado con su valiosa amistad y haberlo tenido entre uno de mis asiduos lectores y críticos.

Siempre lo sentí como mi protector. Por eso me duele su temprana partida, sobre todo cuando estaba en ciernes la publicación de un libro con sus anécdotas políticas.

Recuerdo la primera vez que me invitó a Guasca en la celebración de los 160 años del partido y me propuso ser la maestra de ceremonias de tan magno evento. Siempre creyó en mí y en mis ideas, también recuerdo su amor por Cundinamarca el Llano y Boyacá. En varias ocasiones visitó mi bello Togüí, un paraíso cerca a su patria chica Villa de Leyva.

 Es muy importante que su obra y su visión permanezcan en el grupo de intelectuales de su creación, "pensar para el siglo XXV" y lleve también de ahora en adelante su nombre.

En ese portal debemos seguir participando como él lo quiso, en un amplio diálogo de opinión creativa, sin sectarismo, sin odios y sobre todo con la verdad. Allí podríamos expresar nuestras experiencias nuestras creencias, nuestros saberes y sobre todo reconocer la diversidad de pensamiento, como él lo hacía en las tertulias, en las cuales participaba, respetando la idea contraria, porque la consideraba enriquecedora y por eso las escuchaba sin restricciones.

En uno de sus últimos artículos para varios medios de información expresó: “Todo se nos conjuga para enfrentar los desastres que nos ha traído y nos causará la pandemia. Gobierno, gremios, sector privado en general y nuestra colectividad, deben olvidar de una vez por todas, los escollos y enfrentamientos, para que como una sola fuerza podamos salir adelante. Con grandeza de espíritu, humildad y generosidad, unidos, podremos lograrlo!

“Cuando estamos despertando de la pesadilla del “covid-19 “y sabiendo que nos acompañará por tiempo indefinido (visita nada agradable), nos obliga poner los pies sobre la tierra y pensar como afrontamos el nuevo mundo, que arranco en el año 20 del siglo que vivimos hoy”

Para recibir el nuevo año 2021 escribió: Con positivismo y acción, recibamos el 2021 y que nuestro Dios nos brinde: ¡Salud, Salud, Salud, fortaleza y prosperidad!

Su partida le deja un enorme vacío a su familia, al Partido Conservador, a sus amigos quienes lo llamaban " el gordo”, el “mono” o el Dr. Artunduaga".

Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021

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Por Gabriel Ortiz*.- Se reabrió la puerta del terror. Se acabó la tranquilidad. Entre la pandemia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el narcotráfico, la ausencia de un experimentado gobierno, que no se deje acariciar por la zalamería y que ponga los pies sobre la tierra, nos quedamos a merced del crimen, la violencia, los refugiados, los desplazados, el pillaje, la miseria, el hambre, la politiquería y la corrupción.

Regresamos a los 50, durante los cuales reinaron el desconcierto y la violencia absoluta.

En los medios se impone la afirmación sobre la información, cuando se trata de las excelencias del gobierno. Desde Duque, Barbosa, “segundo hombre” más importante y el guerrero Molano, hasta el más efímero empleado, montan estrafalarias “bodegas” y estrambóticas organizaciones para que les manejen sus precarias y engañosas imágenes. En las vespertinas charlas diarias y el “noticiero oficial”, imperan el elogio, el incienso, la adulación y el servilismo para opacar la verdad y la independencia, sin importar los altísimos costos que los contribuyentres pagamos por ellos y que se suman al despilfarro, la politiquería y la corrupción, que obligan al gobierno a improvisar reformas tributarias, sin justicia, sin equidad y sin objetivos sociales ciertos.

Importan “expertos” que llenan sus alforjas en Colombia, porque los nuestros, están muy ocupados creando bonos, mitos y quimeras para arruinar municipios y departamentos.

Así las cosas, las reformas pagadas a altísimos costos, se convierten en colchas de retazos, que un día gravan la sal y al día siguiente la exoneran; hoy crean impuestos y mañana los desechan. La compra de aviones aún está incluida en los altísimos costos del Estado, junto con los miles de asesores, consejeros y secretarios, “libros”, mermeladas electorales, servicios de “ñeñes” y “cayitas”.  

Con dudosas cifras, se disfraza la pobreza extrema, para justificar falsos subsidios, devoluciones, ilusiones y “regalos” que obligan una reforma tributaria.

Increíble que cuando parecía listo el costoso texto de la reforma, dos jóvenes emprendedores llegaron a la Casa de Nariño, hablaron con Duque y le “aconsejaron” u ¿ordenaron? eliminar IVA a la sal, el azúcar, el café y el cacao. Eran los “expertos” que nadie había consultado… y ellos, son los dueños del “bolígrafo ordenador”.

Colombia necesita un Estado que se preocupe por toda la gente, haya votado en favor o en contra. Que no trabaje solo para aquellos, a los que sacaron a votar enverracados.

Seguramente el Presidente Duque, tiene otras intenciones, otras metas, otros anhelos heredados de su progenitor, Iván Duque Escobar, quien siempre quería lo mejor para su pueblo, para su gente, y sin funestas intervenciones.

Él y la generalidad de los colombianos, queremos una patria con esperanza y vida amable, como la que nos dibujó el Presidente Biden en su mensaje orientado a acabar con el narcotráfico. Una Colombia en la que florezcan la paz, la convivencia y los Derechos Humanos.

BLANCO: La renuncia que le solicitó Daniel Samper al Fiscal.

NEGRO: El fallecimiento del gran amigo Hugo Artunduaga, hombre justo, cabal y con sentido social.

Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.