Por Iván Díaz Mateus.-Ninguna sorpresa ha causado el entierro de tercera que la Corte Constitucional le ha hecho a la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, la razón muy alarmante y cruda: La justicia en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las Altas Cortes es sencillamente irreformable e intangible, y lamentablemente la opinión ya está tan acostumbrada a ello que no se inmuta ni se preocupa porque esto suceda.
Uno de los pilares de esta Reforma Constitucional consistía en eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes encargada de investigar y pedir el llamamiento a juicio de determinados y específicos servidores públicos: Presidente de la República, Magistrados de las Altas Cortes y Fiscal General. Sobre la inoperancia de la comisión no hay duda alguna y sobre la posibilidad de que una de las Cortes actuara contra sus propios jueces, si así lo deseaba o lo veía necesario o justo, tampoco había duda alguna. Durante su larga existencia la Comisión nunca llegó más allá de lo que hasta ahora ha llegado en el caso del Magistrado Jorge Prettel.
Con ese panorama se decidió crear un Tribunal de Aforados conformado por Magistrados independientes, con amplia formación jurídica, y elegidos por partes iguales entre el Congreso, el Presidente y la misma Judicatura. Con ello se buscaba, entre otras cosas, independencia y autonomía, solvencia para investigar a los aforados sin temor a retaliaciones o presiones políticas, solidez jurídica para que obrara más el derecho que la misma política, y valoración de hechos y circunstancias con mayor seriedad y cuidado. Sin embargo, eso no fue posible, la Corte Constitucional que es la encargada de velar por la primacía de la Carta Política, en lo relativo a los vicios de forma, acaba de anunciar que la creación del Tribunal de aforados no se ajustó a la norma superior por tanto su creación ha quedado invalidada.
Esa decisión tiene una gran trascendencia Jurídica y política, tal vez la más grave es que al Congreso de Colombia no le quedó claro -cuando actúa como constituyente delegado reformando la carta, cosa que ha hecho muchas veces-, que puede y que no puede tocar ya que la Corte ha dicho que en ciertas decisiones sustituye la Constitución, es decir la cambia en lo sustancial y que eso no se puede hacer. ¡Se ha podido pero en este caso no se puede!
Una segunda consecuencia es que, muerta la reforma, las cosas vuelven a su statu quo, es decir sigue vigente la muy desprestigiada e ineficaz Comisión de Acusaciones, y esto favorece claramente a quienes están bajo su órbita judicial que saben a ciencia cierta, porque la experiencia se lo ha demostrado, que allá no pasa nada con las denuncias que se presenten en su contra. En otras palabras son y seguirán siendo un minúsculo grupo de colombianos a quienes es casi imposible aplicarles justicia, y lo que es más singular, cuando se trata de crear un organismo que lo haga, ellos mismos deciden que eso no es válido con argumentos un tanto traídos de los cabellos. Solo para que permanezca en su cabeza un privilegio que envidiaría cualquier gobernante o ciudadano: no tener juez.
Sigue consolidada una élite muy reducida de colombianos que se saben, Jurídicamente intocables y están habilitados para impedir que eso cambie.
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