Opinión
Por Diego González.-El derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo y además implica una incorporación automática del mismo al ordenamiento interno nacional, es así, como el bloque de constitucionalidad está constituido por todas las normas que sin figurar explícitamente en el texto constitucional, son utilizadas como medida del control de constitucionalidad de las leyes, toda vez que han sido normativamente integrados a la Constitución por diferentes vías y mandato expreso de la misma.
Un ejemplo de ello es el Estatuto de Roma, que señala expresamente que ninguna de sus disposiciones sobre el ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional impide la concesión de amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos por parte del Estado Colombiano, siempre y cuando dicha concesión se efectué de conformidad con la Constitución Política y los principios y normas de derecho internacional aceptados por Colombia.
La Corte Constitucional ha señalado que la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente, por tal razón no le compete al Estado social de derecho negar la presencia de los conflictos que se suscitan de la vida en sociedad, y en relación con los conflictos armados, el deber del Estado es prevenir su ocurrencia, estableciendo mecanismos que permitan que los diferentes conflictos tengan espacios institucionales para su pacífica resolución, es allí en donde se configura el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica.
lo acordado será incluido en la Constitución política colombiana, pues “se impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”.
“Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”, acordaron las partes.
lo acordado será incluido en la Constitución política colombiana, pues “se impulsará inmediatamente un Acto Legislativo en el que se incorporará íntegramente a la Constitución Política el Acuerdo Final en un artículo transitorio”.
“Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final”, acordaron las partes.
Este tema cobra la mayor importancia en la actualidad, toda vez que para poder brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final firmado entre el Gobierno y las FARC, se adelantaran los diferentes mecanismos institucionales y democráticos para introducir dichos acuerdos al ordenamiento jurídico Colombiano, conforme al derecho interno e internacional.
Lo anterior significa que si el próximo 02 de octubre el voto por el SI al Plebiscito supera el umbral esperado, el acuerdo ingresará automáticamente y en estricto sentido al bloque de constitucionalidad y este será tenido en cuenta por el Congreso de Colombia durante el periodo de implementación del mismo, como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.
Por Jairo Gómez.- Sí, fue muy emocionante escuchar desde la sabana del Yarí a la cúpula de las FARC decir: “¡se acabó la guerra!”. Y, desde Cartagena, ofrecer “perdón por el dolor causado a las víctimas del conflicto”.
FARC anunciaron que para ello se instituirán en una fuerza partidista. Pero mirado el anuncio desde la profundidad de los llanos del Yarí, la incertidumbre embarga. La incertidumbre, dicen las gentes que los habitan, está implícita en la necesidad de construir un nuevo pensamiento e incorporar otras formas de vida.
En efecto, en esas regiones apartadas de los centros de poder hay evidencia de que la sociedad colombiana aún vive una crisis cultural, política y económica que se ha acentuado con el paso de los años y en medio del conflicto. No se vislumbra solución alguna a los problemas locales pese a los múltiples intentos por parte del Estado para solucionarlos, como la pretendida descentralización del manejo de recursos. Las buenas intenciones las absorbe el hueco oscuro de la corrupción.
Desde ésa realidad territorial aflora un gran debate a propósito de los Acuerdos de paz suscritos en La Habana: por un lado, se necesita más Estado en el posconflicto para apuntalar una “paz estable y duradera” de manera tal que la llegada del aparato estatal implique superar la actual crisis institucional, y por el otro se deben armonizar los compromisos con el Plan Nacional de Desarrollo que impone una incuestionable estrategia neoliberal contraria a los objetivos del acuerdo de cara a la paz territorial.
Parece una sutileza política de fondo, pero no lo es. Esas dos posiciones antagónicas ponen en aprietos al gobierno ante la evidente precariedad institucional que subyace en los desequilibrios regionales y sociales. ¿Cómo definir las prioridades? Ése es el reto de quienes deben orientar el postacuerdo.
¿Cómo adaptarnos a estos retos que trae la paz? Es importante tenerlo claro porque vamos a experimentar un país peligroso, inestable y explosivo. Así lo evidencian la mayoría de los procesos de paz en el mundo, pues la correlación de fuerzas emergentes dará pie a que, por un lado, algunos grupos busquen mantener sus privilegios mientras, por el otro, distintas fuerzas presionarán los cambios que Colombia necesita para consolidar la paz y no dar un paso al cadalso.
Eso esperan los habitantes de regiones olvidadas, casi vírgenes de la llegada del Estado, que aún viven de lo que provee el nuevo amanecer. También lo esperan los guerrilleros desde sus cambuches del Yarí en donde a diario se paran a deshojar la margarita mientras sus fusiles, ya silenciados, penden de los arbustos que mantienen en pie sus refugios.
La verdadera paz comenzará el próximo 2 de octubre cuando los colombianos digamos Sí, y con ella cobren vida los genuinos retos que impliquen cambios esperanzadores.
Por Diego Fonseca. Tomado del New York Times en Español.- En julio, poco antes de la Convención Nacional Demócrata, uno de los explicadores oficiales de Donald Trump, Newt Gingrich, se sentó con CNN a discutir las estadísticas de crimen en Estados Unidos. La presentadora recordó que las cifras mostraban una tendencia a la baja pero Gingrich defendió su idea de que, en realidad, las personas se sienten más amenazadas. “Lo que yo digo es igualmente verdadero”, dijo, con la misma porfía de su jefe político. “Yo voy con lo que la gente siente; usted vaya con los teóricos”.
Gingrich es un sofista pero tiene razón: Trump ha demostrado que la realidad es una ficción que solo precisa de la fe de sus seguidores para convertirse en verdadera. Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad, definió al realismo mágico como un hecho rigurosamente cierto que parece fantástico. La campaña de Trump funciona al revés: su “magia realista” consiste en fantasías que parecen ciertas a ojos de sus creyentes. Tal vez por eso las frases que Trump más reitera sean llamados a la fe. “Confíen en mí”. “Créanme”.
Como si alguna vez hubiera leído a Kant, Trump crea una realidad con su palabra, pero es una realidad turbia. En la doctrina trumpiana no hay revelación sino ocultamiento, abunda la manipulación, escasea el sentido común. Predomina la forma sobre el fondo.
La campaña de Trump es un ejercicio de credulidad carismática, una estafa masiva. Está dirigida a las emociones de sus creyentes, no a la razón. Por eso cada vez que la prensa y Hillary Clinton procuran comprender la lógica de su juego de timo, Trump se ríe en sus caras: “They still don’t get it”.
Las ideas de Trump parecen provenir del universo bizarre. En su campaña no hay espacio para fórmulas, métodos, políticas: solo la promesa de un fin sin importar los medios. Allí está la idea de repatriar casi 5 billones de dólares de ganancias corporativas y hacer crecer el país a casi 4 por ciento cada año para crear 25 millones de nuevos empleos, algo si no imposible al menos improbable. Es un proyecto mesiánico donde el líder todo lo sabe y no se discute. “No me pidan que les diga cómo los llevaré allí”, dijo recientemente. “Nada más déjenme llevarlos”.
Y el engaño funciona. Al decir de Gingrich, los seguidores sienten a Trump y él sabe cómo hablarles: simple, al nervio y a la sangre.
Pero si la ausencia de razón puede ser audaz, el delirio suele ser fatal. “Yo soy su voz”, dijo Trump en la Convención Republicana, ante el rugido de la masa. “Yo puedo arreglar esto solo”.
Trump no es un político bondadoso sino un demagogo brutal, adorado por la derecha más retrógrada del país. ¿Qué puede pasar cuando el mayor ejército del mundo quede al mando de un mesías inestable que se cree infalible?
América Latina tiene una larga tradición de líderes portadores de verdades reveladas. Vengo de un país, Argentina, que en 2016 cumple setenta años marcado por una fe política, el peronismo, que parece inagotable. Desde el primer gobierno de Juan Perón, en 1946, su movimiento se erigió como una fuerza mística que resistió persecuciones y perduró estirando sus fronteras ideológicas. Ya cadáveres, Perón y Evita se volvieron figuras de culto. Algo similar sucedió en la última reencarnación peronista, el kirchnerismo. Cuando murió Néstor Kirchner en 2010, sus sucesores montaron a su alrededor una religión de consumo rápido, bautizaron calles y escuelas con su nombre y hablaron de él como un ánima presente.
Es común en América Latina afirmar que nuestros dirigentes pueden hacer de cada nación un lugar más iconoclasta que Macondo pero Trump ha demostrado que también hay caudillos en la Quinta Avenida de Manhattan.
“Los gringos nos han ganado”, me dijo hace unos días Alberto Trejos, el ministro de Costa Rica que negoció el último tratado de libre comercio latinoamericano con Estados Unidos. “En Cien años de soledad, García Márquez inventó diecisiete Aurelianos Buendía con una cruz de ceniza en la frente, pero Trump supera toda ridiculez”.
En algún punto, no somos tan distintos los americanos y los latinoamericanos. Mientras en América Latina los nacionalismos de izquierda movilizan a los crédulos con una pasión patriótica sobreactuada —una cierta fe—, en Estados Unidos, todavía una sociedad puritana, la credulidad religiosa es consubstancial a la política. De hecho, la Constitución misma postula que los hombres son iguales porque “el Creador” lo dispuso, así que en tiempos desesperados la sociedad estadounidense suele ver a su presidente como un mesías capaz de salvar la integridad nacional. Sin ir muy lejos, Oprah Winfrey, sacerdotisa de la iglesia catódica, dijo que Barack Obama era “the one”.
El peligro de Trump es su egolatría descontrolada que no reconoce dogma, institución o límite. Los valores son secundarios: Trump pide que no crean en ideas sino en él, como si fuera la síntesis de la sabiduría, rey o dios. En América Latina sabemos cómo es dejar en manos de caudillos incontrolables el destino colectivo. Y lo sabían también los Padres Fundadores de Estados Unidos cuando decidieron eliminar la figura del derecho divino de los reyes de la Constitución. “Virtud o moralidad son resortes necesarios del gobierno popular”, escribió en esos años George Washington. El problema: ni virtud ni moralidad habitan la fe de Donald Trump.
Por Baltazar Garzón. Tomado de El Pais.- El día 26 de septiembre en Cartagena (Colombia) es uno de esos días en los que uno se encuentra con sensaciones contradictorias. La paz se firma en unas horas y sin embargo la alegría no es plena entre la ciudadanía colombiana. No hay unidad política ni unidad frente a un evento que debería unir a todos en el esfuerzo común de construir un país que es de todos y a cuyo fin todos deberían contribuir.
Cincuenta y dos años de violencia sostenida en el conflicto armado interno más antiguo de Latinoamérica deberían ser suficiente argumento para que nadie apostara por su mantenimiento ni un segundo más. Sin embargo las discrepancias existen y quien defiende la negación de la evidencia del nuevo futuro que se abre agarrándose a postulados neoconservadores, se equivoca.
Los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano, con el Presidente Juan Manuel Santos a su cabeza y las FARC distan mucho de ser lo que las víctimas, la ciudadanía y los juristas, hubiéramos querido. La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no se conseguirán en su plenitud, ni siquiera en una parte suficientemente satisfactoria, pero se ha logrado un acuerdo que parecía imposible y que muchos oscuros augúres pronosticaban imposible de alcanzar. Es decir, se ha llegado precisamente hasta donde ha sido posible, y, este mínimo es inclaudicable; se ha obtenido ese punto de equilibrio necesario, presente en todo proceso de justicia transicional.
Los retos que esta decisión compartida supone han de conseguirse a partir del día 2 de octubre con el apoyo afirmativo al proceso abierto. Es seguro que no es el mejor acuerdo, pero ha sido el único real hasta la fecha. Después de décadas de intentos frustrados, de dolor y sufrimiento de las víctimas, quienes han firmado con seguridad han tenido en cuenta esa renuncia de aquellas y por ello no pueden permitirse el incumplimiento de una sola línea de ese acuerdo que ayuda a avizorar un final de paz sostenible y justa.
No estoy de acuerdo con quienes afirman que este acuerdo sacrifica la justicia en favor de la paz, como tampoco con los que sostienen que la justicia tradicional retributiva (una determinada cantidad de años de cárcel) sea la única alternativa posible. Si fuera así, jamás acabaría el conflicto y eso se debe decir alto y claro por quienes defienden el no.
Por el contrario, la justicia restaurativa, en la que tampoco está ausente la retribución a las víctimas a través de la verdad y las garantías de no repetición, garantizará la responsabilidad de los perpetradores y su sanción. Por ello la verdad es imprescindible y, la condena a quienes no contribuyan a la misma, cierta y definitiva.
La justicia, desde la perspectiva de las víctimas no solo se define por el número de años a imponer a los perpetradores, sino por la certeza de que estos reconozcan sus crímenes, sufran una sanción que, al ser proactiva, será más gravosa para quien la sufra que mantenerse simplemente en una celda a la espera de que se cumplan los años de reclusión. Tendrán que reconocer sus acciones delictivas, mirar a las víctimas y aceptar el reproche de los inocentes, deberán contribuir a construir la paz, trabajarán en favor de la comunidad... y si no lo hacen, que cumplan pena en una cárcel ordinaria.
Pero además, este acuerdo debe servir para lograr conquistas sociales en Colombia. Tanta desigualdad en esta sociedad no puede soportarse por más tiempo. Las élites no deben decidir por la ciudadanía. Es decir, la paz no puede ser para el pueblo, pero sin el pueblo, a modo de paz ilustrada. A la gente se nos llena la boca de buenas palabras, pero quienes han sufrido tanto y que tienen la generosidad del perdón deberían ver el resultado de la paz en la igualdad, en un sistema de impuestos redistribuido, en las mismas oportunidades para los sectores del campo que para los industriales, para los ricos de la city y los pobres y abandonados campesinos e indígenas, con un sistema de salud universal, una educación asegurada, una renta mejorada, con inversiones que repercutan en el bienestar general... y que ese hermoso anfiteatro de paz que se ha visto en Cartagena se funda con las miles de velas prendidas anoche en esta ciudad caribeña por las victimas caídas, y que no quede reducida a un reparto de posiciones políticas y económicas que traicionarían la fe de un pueblo que lucha por esa felicidad que nace de las entrañas de cada uno de nosotros.
Por todo ello, es posible una paz justa para Colombia, y como presidente de FIBGAR, seguiremos trabajando para que la paz no sea la historia de una ilusión desvanecida.
Por Jaime Enrique Durán Barrera. Este lunes 26 de septiembre comienza un nuevo tiempo para Colombia, porque el logro de un consenso entre dispares, implicó trabajar las diferencias y asumir el reto de mirar al futuro y edificar un mejor destino para los colombianos.
La firma de la Paz es uno de los acontecimientos que cambiará la cara de la Política en el país, no sólo porque la insurgencia reemplazó las armas por la participación política directa en los escenarios públicos, sino, porque su expresión concreta y real, hacer la paz, enfrentará a todos los problemas supeditados a la prioridad de la guerra. Es decir, que la gran excusa para postergar la solución a los necesidades sociales, ya no serán de las guerrillas y sus actos.
A partir de este 26S se abre la posibilidad de construir nuevos espacios y escenarios sociopolíticos, pero desde la Colombia Profunda, donde están aún las causas de más de 50 años de conflicto, latentes y urgentes, exigiendo la iniciativa y la presencia del estado colombiano, de la sociedad civil y de la academia, para superar, en mediano plazo, las necesidades y exigencias de un país diverso y plural, que merece progresar.
Indudablemente que viviremos en una nuevo tiempo. Y tendremos que aprender a vivir en paz, con todo lo que requiere esta convivencia, con otras reglas de juego: respeto, consulta, iniciativa, tolerancia y evaluación, porque el valor de la paz, requiere del consenso y eso sólo es posible con el diálogo permanente.
También será un proceso de decisiones contundentes, por ingente necesidad de construir la equidad, para vencer las profundas diferencias sociales y económicas que viven los colombianos, sobre todo de las regiones y lograr la igualdad de derechos, para superar las consecuencias de la guerra e integrar a todos en un proyecto de país realmente democrático, donde quepamos todos.
Y definitivamente, será el momento de las regiones, de esa geografía humana y territorial, intrincada y diversa, que describe a Colombia y es un desafío para la clase política. Porque la Paz exige participación, diálogo, consensos, negociación y evaluación, prácticas realmente que forman parte del desarrollo de la democracia.
Para la construcción de una Colombia en Paz requerimos una verdadera democracia. Para ello, tendremos los retos de superar los vicios presentes en las instituciones y organizaciones del estado, como el uso abusivo de la burocracia, el nepotismo, la corrupción, etc. y la integración de la sociedad civil y del sector privado, a través de la responsabilidad social. Sin ello, no habrá paz duradera.
Por Amylkar Acosta.-A quienes se aterran y tratan de aterrar a los demás por el nuevo apretón de manos entre el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenco, para sellar el Acuerdo final y así ponerle fin a una confrontación armada de más de 52 años, queremos recordarle uno de los episodios poco conocidos de la gesta de nuestra independencia, cuando Bolívar el Libertador se dio la mano y se abrazó con Pablo Morillo el pacificador, ni siquiera para terminar la guerra sino para “regularizarla”, el 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana de Trujillo, territorio ocupado por las tropas realistas. Y posteriormente, en una ceremonia parecida a la que tiene lugar este lunes 26 de septiembre en la Ciudad Heroica para ratificar el Acuerdo final al que se arribó, Bolívar y Morillo ofrecieron solemnemente un “brindis por la paz”. Y, con ocasión de este, Bolívar, alzando la copa, en presencia de Morillo, exclamó: “Odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente”.
Este evento tiene lugar en momentos en los que ya estamos en la ruta crítica de la refrendación del Acuerdo final, para dar paso a su implementación. Se trata nada más ni nada menos de decidir si le damos o no un giro de 180 grados al rumbo de nuestra Nación, para enrutarla hacia un nuevo país en el que quepamos todos, en el que el que el sol brille para todos y no para unos pocos. Sin hipérboles, podemos afirmar con el ex presidente español Felipe González que el paso que está a punto de dar Colombia es “comparable con la caída del muro de Berlín y la capacidad que tuvo la reunificación alemana para aunar a todo un país frente a un proyecto común”.
Este es al Acuerdo Final al que los negacionistas invitan a votar NO el próximo 2 de octubre, cuando usted, yo y todo(a)s lo(a)s colombiano(a)s tendremos la oportunidad, que no nos dieron antes (como sucedió con los acuerdos con los paramilitares) para expresar ya sea nuestro asentimiento o disentimiento con el mismo. Este es, como lo ha repetido hasta la saciedad el Jefe del equipo negociador por el Estado Colombiano Humberto De la Calle, “el mejor Acuerdo posible”, al que se le quiere contraponer otro “mejor” acuerdo, que no pasa de ser una utopía. Con la entelequia de la “paz” como mascarón de proa (“votar por el NO en el Plebiscito para defender la paz”), el Centro Democrático pretende embaucar a lo(a)s colombiano(a)s con la treta de que si se impone el NO, al día siguiente el Gobierno estaría sentado con las FARC, que ya desparecieron como grupo armado, renegociando lo acordado, corrigiéndole la plana a quienes se tomaron casi cuatro años para llegar a este Acuerdo final.
La pregunta que tenemos que hacernos es si serán ellos, que por no ser Gobierno sino oposición al mismo, los que se sentarían a renegociar lo acordado. Y, la otra pregunta es con quién se va a renegociar, porque para ello se requieren dos y lo acaba de decir con todas sus palabras Carlos Antonio Lozada, uno de los negociadores de las FARC, en el marco de la X Conferencia de esta: “no existe la más mínima posibilidad de que lo acordado con el Gobierno sea renegociado. Lo acordado, acordado está y no existe esa posibilidad”. Este es sólo el garlito, a través del cual se trata, de engatusar a los sufragantes que ingenuamente creen en su genuino interés por la paz.
La verdad verdadera es que el Centro Democrático y su Jefe, el ex presidente Uribe, no sólo no están de acuerdo con lo negociado sino con la negociación misma. Para llegar a esta conclusión basta con recordar que ellos nunca han aceptado que en este país existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista y, por consiguiente con las FARC no se puede negociar porque son una organización terrorista. Ellos no se han retractado, no han cambiado de opinión, para ellos es un imposible moral sentarse con las FARC para negociar o renegociar una salida a este conflicto armado que se niegan a reconocer que existe. O acaso estará dispuesto el ex presidente Uribe y el Centro Democrático a sentarse con los voceros de las FARC, catalogados ellos como vulgares narcotraficantes y su organización insurgente como el “cartel más grande del mundo”. Será que se atreven o están cañando.
No vayamos nosotros a caer en esa trampa, atraído por los cantos de sirena de quienes le prometen que votar NO “es iluminar el camino del progreso social a través de la seguridad”, lo cual no pasa de ser un espejismo más.
Bogotá, septiembre 25 de 2016
www.fnd.org.co
Por Jorge Enrique Robledo.-A días del plebiscito del 2 de octubre, esta columna busca contribuir con el debate ilustrado para que la decisión de cada uno de los ciudadanos sea la más objetiva, aunque sé que no es fácil porque los dramas de medio siglo pueden complicar, aunque no hacer imposible, pensar con cabeza fría.
Tras analizar las críticas a los acuerdos de La Habana –incluidas las que he expresado–, no me da que todas ellas sumadas pesen más que la inmensa ganancia que significa el inmediato fin de una violencia que nada bueno nos produjo a los colombianos. Si no fuera cierto, parecería mentira que cuando está por cumplirse el sueño de toda la vida de acabar con este conflicto armado, se nos pida que no lo terminemos inmediatamente porque dicen tener una idea “mejor”, idea que no pueden demostrar como realizable ni para cuándo, pero que con certeza sí crea un riesgo enorme de volver a tiempos ya superados.
Lo que se votará no es si nos gusta el gobierno de Juan Manuel Santos, porque si así fuera este senador y los polistas seríamos los líderes del No. La verdadera pregunta es si queremos desarmar, inmediatamente, a las Farc, que están a semanas de entregarle sus armas a la ONU para destruirlas. Se equivocan quienes proponen castigar a Santos con el triunfo del No, pues en realidad se castigarían a sí mismos y a los demás colombianos, que de lejos seremos los principales ganadores con el fin de este conflicto.
También debe saberse que Santos presentará una reforma tributaria regresiva gane el Sí o gane el No, porque a eso se sometió ante la OCDE, que los acuerdos no modifican negativamente los derechos de los pensionados a favor de las Farc y que en ellos el gobierno se reservó el derecho a fumigar desde aviones los cultivos ilícitos.
Que las Farc se tomaron el poder, dicen. Y pueden decirlo, pero no probarlo. Porque, primero, si son ellas las que abandonan sus prácticas originales, en tanto en el acuerdo reconocen al Estado con su Constitución, leyes e instituciones y su monopolio sobre las armas, ¿cómo creer que fueron las Farc las que quedaron al mando? Segundo, aunque no es el caso del Polo, puede estarse en desacuerdo con darles representación en el Congreso. Pero lo que no se puede demostrar es que se aprobarán las leyes que se les antojen, en razón de que nadie con menos del cuatro por ciento de las curules tiene poder suficiente para decidir en el Congreso.
Asimismo afirman –aunque tampoco lo demuestran– que se acabará o reducirá a poco la propiedad privada sobre la tierra rural. Porque hoy existen, con respaldo constitucional, cada una de las fuentes del fondo de tierras y porque la expropiación por interés público con indemnización aparece en la Constitución desde antes de este acuerdo. Es más, según lo pactado en La Habana, “la Reforma Rural Integral –que no la Reforma Agraria– se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado…”.
Que en el acuerdo aparece un cuerpo para, señalan, perseguir a los partidarios del No. Pero si se leen los apartes 3.4.4 y 3.4.5 queda claro que es “un cuerpo élite en la Policía Nacional”, como parte de una Unidad Especial de Investigación, “por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz” y dentro de “la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía”, con el objetivo de enfrentar las organizaciones criminales “que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.
Tampoco resiste análisis usar como prueba reina contra los acuerdos sindicar a Santos de Castro-Chavista. ¡Si Santos fue ministro de Gaviria, Pastrana y Uribe y gobierna con el programa económico, social y político que el último le dictó en 2010 para elegirlo presidente, programa que, exceptuando el proceso de paz, viene cumpliendo a pie juntillas. ¿Sí será que Estados Unidos, con el Pentágono, la CIA y sus dos mayores partidos, las potencias europeas y asiáticas y los gobiernos de América Latina, más los banqueros del mundo y las trasnacionales, todos los cuales respaldan el proceso de paz, ignoran quién es el “verdadero” Santos, cosa que solo saben poquísimos? ¡Por favor! Si se trata de clasificarlo por su posición frente a los poderes extranjeros, la verdad verdadera la expresó él mismo: “Yo soy proestadounidense”, le confesó a la revista Semana el 12 de febrero de 2011.
Bogotá, 23 de septiembre de 2016.
Reflexiones sobre el Sí y el No
Por: senador @JERobledo http://bit.ly/2cN8M1A
En Twitter https://twitter.com/JERobledo/status/779380070204997634
Por Diego Gonzalez.- El jurista alemán Gustav Radbruch consideró que los actos realizados en Alemania durante el régimen de Hitler no podían quedar sin sanción aunque estuvieran autorizados por leyes impuestas durante la dictadura del nacionalsocialismo. Luego de la caída del régimen nazi en Alemania, Radbruch afirmó que el positivismo jurídico había permitido la aplicación de un derecho injusto que no conocía restricción alguna. En el texto “Arbitrariedad legal y derecho supralegal” manifestó que cuando el derecho positivo entra en contradicción con la justicia, y esta contradicción alcanza un nivel insoportable, el derecho debe ceder el paso a la justicia porque este derecho insoportablemente injusto no es derecho. Lo anterior, fue conocido por el Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Constitucional Federal Alemán como la fórmula de Radbruch.
Esta fórmula ha sido utilizada para argumentar la responsabilidad penal de autores de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los tribunales alemanes de la posguerra, el caso de los centinelas del muro de Berlín y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida que otorgaban amnistías a los responsables de la dictadura militar en Argentina.
Radbruch consideraba que el derecho era insoportablemente injusto cuando no se pretendía la justicia y se negaba la igualdad, la cual a la vez era parte fundamental de la justicia, la utilización de los derechos humanos que si bien tienen un componente moral importante al ser positivizados, han entrado a constituir derecho y a ser obligatorios para los Estados.
Buen ejemplo de lo anterior, son los juicios de Nuremberg, en los cuales se vio un intento por parte de los juristas de realizar juicios conforme al derecho positivo para no violar el principio de legalidad. Algunos tipos penales como los crímenes contra la humanidad no se encontraban tipificados en el ordenamiento internacional para el momento en que sucedieron los hechos. Sin embargo, ante la necesidad de las naciones aliadas de lograr condenas para los nazis capturados se argumentó que los nacionalsocialistas habían violado principios fundamentales de derecho reconocidos por todos los pueblos. Principios que ya existían al momento en que se habían cometido las conductas delictivas, por lo cual no se vulneraba el principio de irretroactividad de la ley.
Para el caso Colombiano, luego de la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, muchos consideran que la negociación carece de mano dura para castigar a los autores de crímenes de lesa humanidad y que esto produce impunidad y mal ejemplo para la sociedad.
Con posterioridad a la votación del plebiscito para la paz serán radicadas en el Congreso alrededor de 12 iniciativas, como por ejemplo, el proyecto de ley para que todo lo pactado en La Habana se incorpore al bloque de constitucionalidad y blinde jurídicamente el texto final conforme a los protocolos de Ginebra, la reglamentación de la amnistía en donde se discutirá si el narcotráfico puede ser considerado como delito conexo al político, el secuestro y la extorsión, la participación política y el otorgamiento de curules.
De acuerdo a la reflexión que nos deja la Formula de Radbruch, el gran reto para el Gobierno, el Congreso y la Administración de Justicia, será delimitar en todo este paquete legislativo, cuando el derecho deja de ser válido por ser insoportablemente o extremadamente injusto y que la creación de leyes y la posterior aplicación del derecho debe tener como fin último la consecución de la justicia.
Por Ángel Melguizo Esteso. Tomado de El País.- Hace apenas cinco años Latinoamérica estaba celebrando su fortaleza ante la crisis económica internacional que abatía a Europa y a EE UU. Ahora sufre dos años de recesión consecutiva, algo que no se observaba desde los años ochenta.
Tras una década de crecimiento sobresaliente, surfeando las olas favorables de las materias primas y la entrada de inversiones extranjeras, la región se contraerá en torno a -0,6% en 2016, un mal dato que se añade al estancamiento de 2015 (-0,2%). Incluso si se excluye a las economías en recesión —Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela—, el crecimiento será modesto en la mayoría de países, entre el 2% y el 3%. Esta incertidumbre económica coincide con el inicio de un nuevo ciclo de elecciones presidenciales, más de 15 entre 2016 y 2018, elecciones que históricamente han añadido inestabilidad económica.
Este cambio de tono llega, además, en un momento en el que muchos ciudadanos vislumbran, por primera vez, la posibilidad de incorporarse a las clases medias, pero sienten que estas perspectivas podrían verse truncadas. Desde 2008 hay ya más latinoamericanos que disponen de entre 10 y 50 dólares al día, la renta considerada clase media a nivel internacional, que ciudadanos por debajo de la línea de pobreza moderada (cuatro dólares). Más allá del ingreso, esencial, los aspirantes a ingresar en las clases medias ansían un mayor bienestar, un empleo formal, una vivienda adecuada y buenos servicios, como educación, salud o seguridad.
Es por tanto el momento de que Latinoamérica aborde con decisión sus retos, y, en ausencia de previsión de vientos favorables, se prepare para el futuro. Son tres los elementos que pueden, si se sincronizan de forma virtuosa, ayudar a Latinoamérica a escapar del estancamiento. No son novedosos, pero sí más urgentes.
El primero es la productividad. Latinoamérica debe entrar en la era de la productividad y evitar caer en la trampa del ingreso medio que atenaza a aquellos países que tras un rápido crecimiento luego se muestran incapaces de seguir progresando. No hay recetas mágicas, pero la experiencia de otros países que han logrado dar ese salto al alto ingreso —desde España, Polonia o Portugal, hasta Corea del Sur, Irlanda o Israel— muestran que innovar, mejorar las infraestructuras, la educación, la formación para el empleo y la integración regional funcionan. Ello exige en muchos casos pagar más impuestos y asegurarse de que se gastan correctamente.
Sin embargo, hoy por hoy, la recaudación en Latinoamérica no alcanza más que el 22% del PIB, cinco puntos por debajo de considerado necesario para dar ese salto.
El segundo es la inclusión. Reforzar la lucha contra la pobreza y la desigualdad es esencial. No se puede dejar por el camino a la clase media vulnerable (el 35% de los ciudadanos de Latinoamérica que ganan entre 4 y 10 dólares), esos ciudadanos, en su gran mayoría en el sector informal, que dejaron de ser pobres recientemente pero que podrían volver a serlo si pierden su trabajo o enferman.
Además, si como sabemos, más de cuatro de cada diez jóvenes en hogares de clase media vulnerable o no estudia ni trabaja, o si trabaja, lo hace en el sector informal, la vulnerabilidad se está trasmitiendo de generación en generación, lo que constituye un nuevo tipo de trampa. La inclusión, además de un mayor cumplimiento de las leyes, requiere reforzar los incentivos y la información para facilitar que la ciudadanía transite desde el sector informal hasta el formal.
El tercer elemento tiene que ver con las instituciones. Todas estas medidas exigen instituciones que diseñen, implementen y evalúen las políticas. Hay que canalizar toda la energía social en mejores instituciones. Solo así se logrará traducir las protestas de los ciudadanos en cambio real. Y solo así se podrá convencer a familias y empresas de que el esfuerzo que realizan al pagar los impuestos y cumplir con todos los requisitos que requiere la formalidad merecen la pena.
La crisis ha dejado a Latinoamérica flotando sobre su tabla. Pero la región no puede conformarse con flotar a la deriva. El pasado no va a regresar, ni las olas fáciles a las que subirse van a aparecer en el horizonte. Es imperativo apostar por construir las instituciones, políticas, económicas y sociales que puedan garantizar un futuro con sociedades prósperas, inclusivas y bien gobernadas.
Por Gabriel Ortiz.- Durante este debate por el Sí y el no, se conjugan intereses, vanidades, orgullos y arrogancias que generan una lucha con ribetes, que bordean la procacidad.
Desde hace cuatro años, cuando se vislumbró la posibilidad de iniciar unas conversaciones de paz, llovieron rayos y centellas que, incluso, golpearon inmisericordemente a Enrique Santos Calderón, a quien el Presidente le encomendó las primeras gestiones. El Uribismo no perdona que haya alguien que lo eclipse y supere, para bien o para mal. Desde ese entonces el gobierno invitó a Uribe a participar en el proceso. Rotundamente se negó y con sus acostumbradas mentiras, combatió cualquier negociación que nos llevara a eliminar un conflicto de más de medio siglo.
Día a día, los ideólogos uribistas se convirtieron en voceros de terratenientes, militares retirados y demás grupos poblacionales, que seguramente tendrán que devolver o perder lo que no haya sido correctamente adquirido, porque lo bien habido, no tendrá problema.
Han sido cuatro años de lucha para lograr esta paz que, desde luego, no satisface a los tradicionales contradictores. No les gusta que los guerrilleros confiesen y purguen sus penas en unas colonias productivas, pero defienden a sus partidarios en lujosas casas por cárcel, o fugados del país. No quieren que excombatientes lleguen al Parlamento o a cargos de elección popular, pero tienen guerrilleros en el senado, y llevaron paramilitares a hablar en el Congreso. Ven impunidad en nuestra paz, pero defienden la impunidad de ellos.
Cada acuerdo que atacan, lo ofrecieron durante esos cansados y tediosos ocho años. Desconocen el punto relativo a la entrega de armas, compromiso que será monitoreado por las Naciones Unidas. Serán armas reales, no las pistolas y fusiles de madera que entregaron los paramilitares durante el gobierno Uribe.
Con su “todo vale”, han querido torpedear el respaldo universal que se ha dado a nuestra paz, pidiendo la inasistencia de los líderes del mundo y de los que la están elogiando en la Asamblea de la ONU.
En esa actitud, hay insensatez, envidia y mentira. No se resiste la inatajable proyección que toman las negociaciones y sus actores. Mientras el Papa Francisco ha dicho que el Mundo tiene sed de paz, ellos quieren guerra, más víctimas y horrores de parte y parte.
BLANCO: La ovación de las Naciones Unidas a la Paz de Colombia y a su Presidente.
NEGRO: Presos de casa por cárcel invaden a Cartagena.
