Opinión

"Este no es un cuento imaginario; es la realidad de cerca de 300.000 colombianos, pues nuestra producción de leche es, en su mayoría, de pequeños ganaderos minifundistas que hacen parte, muchos de ellos, de la pobreza rural". 

Por José Félix Lafaurie River. -Volvieron las lluvias. Con ellas el pasto se tornó verde y abundante, y las 10 vacas de un pequeño productor lechero del altiplano recobraron su condición y las cinco en ordeño produjeron más leche. 

Entonces compró abono para aprovechar las lluvias, a pesar de que todavía está caro, pero vale la pena recuperarse de los meses alimentando sus animales con silo de maíz a 20 mil pesos bulto, y también del menor precio que paga la pasteurizadora desde hace meses. 

Nunca entendió por qué bajaron el precio en verano, pues si no hay pasto hay menos leche y el precio mejora, como siempre. Por ahí oyó que era por la leche que traen de Estados Unidos; entonces se preguntó: ¿Para qué la traen?, si aquí tenemos “hasta pa’ botar pa’ lo alto”. 

Cuando baja al pueblo a mercar piensa que, si a él le pagan menos por la leche que vende, también le deberían cobrar menos por la que compra, la de las cajas azules. Pero no es así; esa siempre sube, por la inflación, dicen. 

Cuando llegan las lluvias vuelve algo de optimismo al campo, aunque el agua destruya las vías y todo se complique. Pero, en fin, venderá más leche. No pensaba que sus cuentas fueran “las de la lechera”, hasta que anunciaron otra disminución del precio, dizque para no tener que recibir menos leche o no todos los días, pero las vacas todos los días dan leche y, si no se ordeñan, les da mastitis. 

¿Las razones? Que la gente toma menos leche, que los niños en vacaciones, que hay mucha por el invierno, que las importaciones, que lo uno y lo otro; pero con ninguna de esas explicaciones paga en el almacén de insumos, ni la costosa energía…, ninguna paga el mercado y nunca recuperará las pérdidas del verano. 

Este no es un cuento imaginario; es la realidad de cerca de 300.000 colombianos, pues nuestra producción de leche es, en su mayoría, de pequeños ganaderos minifundistas que hacen parte, muchos de ellos, de la pobreza rural. 

Desde hace años hemos puesto propuestas de solución sobre la mesa…, y ahí siguen. Podemos hacer más seminarios para un problema sobrediagnosticado, pero es urgente pasar a las soluciones. 

Hemos propuesto que las compras públicas nos ayuden, que la leche sea obligatoria en los menús de guarniciones militares y, sobre todo, por su importancia para el crecimiento, en los hogares infantiles del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que tanto se roban. 

Hemos propuesto una alianza entre el Estado, los ganaderos y la industria, para producir leche para segmentos populares, con un subconsumo que hace parte de los problemas de desnutrición. 

Se trata de leche pasteurizada, porque la “ultrapasteurización”, la “larga vida”, el envase “tetrapack” y la multimillonaria publicidad de la industria convierte a la leche en un lujo. En países desarrollados y lecheros, como Holanda y Australia, es más apetecida la leche fresca y de corta duración en bidones de plástico reciclable. Además, ¿para que un ama de casa de estrato uno querría comprar leche costosa para seis meses? 

Hemos propuesto alianzas para ampliar la capacidad de pulverización y acercarnos siquiera a una condición de garantía de compra, como la tienen los cafeteros, para que el pequeño productor de nuestra historia no tenga que “llorar sobre su leche derramada”, porque nadie se la compra o la debe regalar en la informalidad a precios que no cubren los costos. 

No quiero pensar en 2026, cuando la industria pueda traer de Estados Unidos toda la leche en polvo que quiera sin arancel… ¿Qué será de nuestro pequeño productor campesino?

Bogotá, D. C, 22 de junio 2024

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Los debates no pueden ser eludidos. Están previstos para que los proyectos sean discutidos de manera razonada y se vote con fundamento”.

Por José G. Hernández*. -Durante los últimos meses, por causa de la polarización política existente, han prevalecido las vías de hecho sobre las reglas de juego y el efecto no ha sido otro que la pérdida de tiempo, el desgaste de la institución legislativa y la expedición irregular de las leyes o el hundimiento de importantes iniciativas sin haber sido objeto de trámite ni discusión.

Se han abierto paso prácticas contrarias a la Constitución, en cuanto han obstaculizado al extremo la función legislativa: reiterada ruptura del quórum para impedir los debates, abruptas salidas de los recintos con el mismo propósito, inexplicable levantamiento de sesiones y presentación de cientos de proposiciones sin sentido alguno. En fin, bloqueo a la función legislativa. Como respuesta, aprobación de importantes estatutos en bloque y sin previa discusión, lo que según la jurisprudencia es inconstitucional.

En el Estado de Derecho, todo poder -inclusive el de expedir las leyes- está sujeto a reglas previamente trazadas. De su genuino acatamiento y debida aplicación depende la validez de los actos correspondientes, que, en nuestro sistema jurídico, debe establecer la Corte Constitucional, bien sea a partir del ejercicio de la acción pública por cualquier ciudadano o de manera oficiosa, en los casos en que hay lugar a ella.

Lo cierto es que las normas no pueden quedarse escritas. Para que un proyecto llegue a ser ley, el artículo 157 de la Constitución exige que, tras la publicación de la iniciativa, ella haya sido aprobada en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara, y que haya sido aprobada en cada plenaria en segundo debate. En cuanto a los proyectos de acto legislativo, para reformar la Constitución, se requieren ocho debates, en dos legislaturas ordinarias y consecutivas, según dispone el artículo 375 de la Carta Política.

Los debates no pueden ser eludidos. Están previstos para que los proyectos sean discutidos de manera razonada y se vote con fundamento. Para que se enfrenten los argumentos en pro y en contra, con responsabilidad y con miras al objetivo superior del interés general y el orden justo.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-222 de 1997, advirtió sobre la necesidad de los debates en comisiones y cámaras para la aprobación de leyes y reformas constitucionales: “…el concepto "debate" en manera alguna equivale a votación, bien que ésta se produzca por el conocido "pupitrazo" o por medio electrónico, o en cualquiera de las formas convencionales admitidas para establecer cuál es la voluntad de los congresistas en torno a determinado asunto. La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión -esencial a él- y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la respectiva comisión o cámara. Es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio. El debate exige deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella…”.

Cabe reflexionar: ¿lo cumple al actual Congreso?

Bogotá, D. C. 21 de junio 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Amylkar D. Acosta M*.- Por experiencia personal lo digo, que la palanca de primer grado para escapar de la pobreza es la educación, que pese a ser un derecho fundamental en Colombia sigue siendo un privilegio. La educación es la clave. De allí la importancia de la ampliación de la cobertura de la educación y lo que es más importante la calidad de la misma. Como lo dijo Nelson Mandela, el Ganhi del siglo XXI, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el gran  motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede llegar a ser médica, como el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, como el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser Presidente de una gran Nación”.

Ahora bien, como lo afirmó William Butler Yeats, “la educación no es un cántaro que se llena sino un fuego que se enciende”. Y más en nuestros tiempos, los de la cuarta revolución industrial, que nos ha compelido a pasar sin hacer escala de la era analógica a la era digital. La Big data, la internet de las cosas (IoT) y sobre todo la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos cambiaron para siempre nuestras vidas. Antiguamente se decía que la humanidad se dividía entre los que tenían y los que no tenían, posteriormente entre los que sabían y los que no sabían, el conocimiento era el bien supremo. Hoy en día la humanidad se divide entre quienes están conectados a la red de internet y quienes no lo están, el conocimiento está disponible en la red.

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos y prósperos del mundo acuñó esta frase: “cuando la marea baja es cuando se sabe quienes estaban nadando desnudos. Pues la pandemia del COVID 19, con su pesadilla, se encargó de desnudar y visibilizar muchas de nuestras dolamas, de nuestras falencias, entre ellas la escasa conectividad en Colombia. Según el DANE la pandemia nos sorprendió con sólo el 51.9% de hogares en Colombia con conexión a internet, ocupando el último lugar entre los países que integran la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE).

Como decían nuestro mayores, no hay mal que por bien no venga. La crisis pandémica forzó la necesidad de ampliar la conectividad e impuso la virtualidad en muchas de nuestras actividades cotidianas entre ellas la educación. En regiones como La guajira y Chocó, los estudiantes perdieron prácticamente dos años lectivos por falta de conectividad. Por ello, venimos planteando que a los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) se sume el 18º , el del cierre de la brecha digital.

Pero el impacto de la 4ª revolución, que es digital, va mucho más allá, está propiciando cambios hace poco impensables e inimaginables en la educación y en el ejercicio de las profesiones. Como lo afirma el gran pensador Israelí Yuval Noah Harari, “si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales  sólidos, como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez”. Este es el gran reto, contar con la flexibilidad y la adaptabilidad para poder sobrevivir a este tsunami tecnológico. Como bien dijo el escritor y teólogo inglés William George, “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie de dirección, el realista justa las velas”. De ello es de lo que se trata, para evitar que la tecnología nos atropelle, se trata de ajustar las velas!

Ya estamos advertidos de los que el futuro, en el que ya estamos, nos ha de deparar. Según el estudio adelantado por la Universidad de Oxford, a poco andar, a la vuelta de muy pocos años el 47% de las profesiones tradicionales habrán de desaparecer sin remedio. Además, no menos del 90% del tipo de trabajos que sobrevivan  a esta nueva ola se transformarán ineluctablemente, se reconvertirán y harán menester nuevas competencias y destrezas laborales. Claro está, que estos cambios, al tiempo que pondrán en riesgo la estabilidad laboral y la empleabilidad para quienes no se ajusten a los mismos, abrirán nuevas y mayores oportunidades, tales como la transformación y creación de nuevos perfiles profesionales que se acoplen  a la demanda venidera del mercado laboral.

Los tiempos han cambiado, ahora el conocimiento, la información y las estadísticas están a sólo un clic de distancia, ya no sufrimos tanto por la falta de información o de conocimiento, sino que estos nos abruman. Y de contera, el conocimiento jamás podrá agotar la realidad, que es cambiante, pues, como bien dijo Heráclito, “nadie es capaz de bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren sobre ti”. Por ello, nos debemos reinventar constantemente. De allí la importancia del aserto del gran científico colombiano, el neurólogo Rodolfo Llinás, cuando resalta y enfatiza en que “más importante que saber es entender y para entender es fundamental contextualizar el conocimiento”, así como expandir nuestra capacidad de discernimiento, facultades estas que, por ahora, todavía nos están reservada, no están al alcance de los robots y los humanoides, que ya se encuentran por doquier!

Bogotá, junio 15 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

"Invocar el poder constituyente es una jugada sobre un tablero de ajedrez donde el presidente Petro mueve las fichas con rapidez, sin que tenga al otro lado a una oposición con imaginación para anticipar las jugadas y proponer salidas". 

Por Hubert Ariza*. -El presidente Gustavo Petro, experto en tácticas de guerras, en emboscadas y contraemboscadas, ha encendido las alarmas y ha dicho que siente que a su Gobierno lo están acorralando. Son palabras mayores viniendo de un líder de izquierda que ha impuesto la agenda política en los últimos meses y ha mantenido la iniciativa para poner al país a hablar de lo que a él, literalmente, se le ha dado la gana.

Sentirse acorralado, en términos políticos, es sentirse maniatado, sin capacidad de maniobra ni iniciativa, para cumplir los objetivos propuestos. Y el gran objetivo de Petro es dejar una profunda huella en la historia de Colombia, transformando la sociedad, impulsando reformas aplazadas por décadas y cumpliendo el más importante sueño de los colombianos: el fin de la guerra y el inicio de un largo período de paz total. Acorralado, en este caso, podría entenderse como una luz amarilla para evitar el fracaso total de un ideal de país.

Por ese proyecto político, Petro se fue a la guerra de guerrillas con el M-19 en la década de los ochenta, participó en el proceso de paz exitoso del Gobierno Barco en 1990, impulsó la Constituyente de 1991 que promulgó la Constitución el 4 de julio de ese año, que allanó el camino de la reconciliación en Colombia. Desde entonces, ha sido protagonista de la política, jugándose la vida y la libertad, en un desafío permanente de las dinámicas propias de un país polarizado e incapaz de silenciar los fusiles, derrotar la corrupción, vencer el narcotráfico y superar los vergonzosos indicadores de pobreza y marginalidad que condenan a la miseria a más de la mitad de la población, en un país hipercentralizado.

Que el presidente Petro se sienta acorralado y continúe con su denuncia pública de que lo van a tumbar, con un golpe blando o un golpe duro, suena a un grito desesperado de auxilio del mandatario para que el pueblo salga en su defensa. Quien llama a la movilización en masa es un gobernante de izquierda, que tiene la mira puesta en las elecciones de 2026 y desea reelegir su programa, pero no ha encontrado el camino para sintonizarse con la opinión pública. Las encuestas lo mantienen atado a la baja popularidad.

Se ha estrellado, además, contra un muro infranqueable de liderazgos que no comparten una propuesta audaz e inoportuna, que puso patas arriba la política: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Obligado por el peso de la oposición de juristas, académicos, expresidentes, partidos políticos, líderes de opinión y firmantes de la paz de las Farc, ha mutado a una narrativa de convocatoria al poder constituyente del pueblo, que haga posible las reformas aplazadas y bloqueadas en el Congreso.

La verdad es que Colombia ha gastado los últimos meses en tratar de entender el trabalenguas jurídico y político que el presidente puso en marcha cuando habló por primera vez de una Constituyente, saltándose los cauces constitucionales, sin pasar por una ley por el Congreso, donde no hay ambiente para una iniciativa de esa dimensión; ni por la Corte Constitucional, donde los magistrados actúan con absoluto respeto a la Carta.

Bogotá. D. C, 15 de junio de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País América

@HubertAriza

“La Constitución en vigor -democrática, participativa, pluralista- contiene todos los elementos esenciales para hacer realidad los principios y fundamentos políticos, sociales y económicos entonces proclamados y plasmados en un trascendental acuerdo de todos los partidos y sectores”.

Por José G. Hernández*. -Las especulaciones no terminan. Siguen hablando acerca de si el presidente Gustavo Petro busca su reelección y sobre si, cuando alude a la posible convocatoria de una asamblea constituyente, lo hace con ese específico propósito.

El presidente, por su parte -le creemos, aunque muchos insisten en no hacerlo-, ha afirmado, en todos los tonos, que la reelección no está entre sus planes, aunque él quisiera que, al culminar su mandato, el siguiente gobierno siguiera adelante con sus propuestas y programas, así como con las finalidades de alcanzar la paz y de realizar un Estado social y democrático de Derecho. Como acaba de ocurrir en México, en donde, si bien no fue reelegido Andrés Manuel López Obrador, lo consiguió -con gran apoyo popular- alguien que dará continuidad a su política de izquierda. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a profundizar esa política, en busca de los objetivos en que ha venido trabajando el mandatario saliente.

En Colombia, opositores políticos y periodistas no dejan de afirmar -no sabemos con cuáles fundamentos- que una asamblea constituyente será convocada y en que su finalidad será la reelección presidencial, algunos dicen que “para perpetuarse en el poder”. Otros se atrevieron a difundir la especie según la cual el próximo 20 de julio el presidente no cumpliría su función constitucional de instalar el Congreso y, en cambio, llamaría a una constituyente. Eso carece de fundamento, y, de ocurrir no sería nada diferente de un golpe de Estado, muy difícil de entender en un gobernante elegido democráticamente.

Ahora bien, desde la primera alusión del presidente Petro a una asamblea constituyente, manifesté mi desacuerdo, por cuanto no la veo necesaria, conveniente ni oportuna.

Si se refieren al ejercicio del poder constituyente originario, para que, en ejercicio de su soberanía, el pueblo soberano busque una Constitución distinta, se equivocan, pues ese reclamo popular no existe y la situación actual del país es muy diferente de la que dio lugar al proceso constituyente de 1990 y 1991. La Constitución en vigor -democrática, participativa, pluralista- contiene todos los elementos esenciales para hacer realidad los principios y fundamentos políticos, sociales y económicos entonces proclamados y plasmados en un trascendental acuerdo de todos los partidos y sectores.

No se ve la necesidad de replantear la estructura política ni el ordenamiento jurídico vigente, en busca de una esencia distinta o como base de una institucionalidad diferente, ni para derogarla o sustituirla por otra. Téngase en cuenta que la Carta Política del 91 ha sido reformada ya en sesenta oportunidades, no siempre con acierto.

Lo que deben hacer, tanto el Ejecutivo como las cámaras legislativas, los partidos y los altos tribunales y órganos de control independientes consiste en buscar consensos -sin perjuicio de las diferencias ideológicas- para cristalizar y desarrollar muchos de los cometidos de la Constitución, en beneficio del interés general, que están consagrados en sus disposiciones, pero distan mucho de convertirse en realidad.

Una asamblea constituyente, para ejercer el poder de reforma -secundario, constituido- está prevista en la actual normatividad, y se puede proponer y convocar, siempre que se cumplan los trámites y requisitos previstos. Pero -repito- tampoco se ve necesaria.

Bogotá, D. C, 12 de junio 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“¡Universidad que no goza de autonomía no es Universidad!”

Por Amylkar D. Acosta M*. - Este 8 de junio el movimiento estudiantil en Colombia conmemora el Día del estudiante caído, que tuvo su origen en el asesinato a mansalva del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Pérez, quien participaba de una marcha de protesta por la masacre de las bananeras y el nombramiento como Jefe de Policía de Bogotá, nada menos que al Teniente Carlos Cortés Vargas, el mismo que ordenó disparar contra los huelguistas de la United Fruit Company ese aciago 6 de diciembre de 1928. 25 años después, en el curso de una movilización conmemorativa de esta fecha luctuosa, el 8 de junio, fue asesinado alevemente el estudiante de Medicina, también de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez y al día siguiente 11 más fueron víctimas fatales de la represión por parte de la fuerza pública.

Esta fecha es la ocasión propicia para volver sobre la Autonomía universitaria, hoy en grave predicamento, como una de las conquistas más preciadas  del Movimiento estudiantil colombiano que alcanzó su clímax en la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual  en un Encuentro nacional que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo, con la participación de 30 universidades aprobó el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos, el cual contempló como primer punto la Autonomía de la Universidad y el cogobierno, integrando los consejos superiores única y exclusivamente con representantes de los estamentos universitarios.

Y lo logramos, cuando el entonces Ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento expidió el Decreto 2070, con lo cual se logró derrocar la autocracia que había impuesto el denominado “Ducado” (en referencia a los rectores Luis Fernando Duque y Luis Duque Gómez de las universidades de Antioquia y Nacional, respectivamente).

Ello le desbrozó el camino a la Autonomía de las universidades, consagrada en su artículo 69 que a la letra reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Podemos afirmar, entonces, que la Autonomía universitaria, lejos de ser una concesión graciosa por parte del Estado, fue una conquista del Movimiento estudiantil!

Cuando afirmamos que la Autonomía está en grave predicamento, nos referimos a los deplorables acontecimientos que se vienen dando en la Universidad Nacional a propósito de la decisión tomada por el Consejo Superior designando como Rector al profesor José Ismael Peña, la cual fue cuestionada por la Ministra de Educación Aurora Vergara, al punto de negarse a dar curso a su posesión, que terminó dándose ante el Notario 14 de Bogotá.

La razón esgrimida por la Ministra, quien presidió la sesión del CSU  y por otros miembros del mismo fue su desacuerdo con el procedimiento seguido para su elección, basado en la teoría de juegos, el cual llevó a que el profesor Leopoldo Múnera, quien se había impuesto en la consulta previa entre los estamentos de la Universidad no fuera el favorecido en la votación. Esta confrontación llevó a la parálisis de las actividades académicas de la Universidad y a un conflicto interno no resuelto hasta la fecha.

Sin pretender tomar partido por ninguna de las dos partes contendientes, es claro que, de acuerdo con los Estatutos vigentes, el resultado de dicha consulta no es vinculante, aunque a mi juicio, consecuente como mi defensa de la autonomía universitaria y la democracia, esa es parte de las reglas de juego, las que no se pueden cambiar después de terminado el partido si el resultado del mismo no me favorece. Lo dice muy claro y lo admite el profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional, quien ha disentido de la decisión tomada por el Consejo Superior Rodrigo Uprimny: “la autonomía universitaria consiste en que las autoridades y los estamentos universitarios son quienes deciden, conforme los Estatutos internos, sobre los asuntos administrativos, académicos y presupuestales de la institución”.

Este fue el mismo argumento que llevó al Juzgado 37 administrativo a admitir una acción de tutela interpuesta por el Rector electo, dejando en firme su nombramiento y “sin efectos jurídicos la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, que ordenaba designar un Rector” encargado, expedida por el Ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, designado para el efecto al declararse impedida la titular, Y fue más lejos al advertir que dicha determinación “vulneró el derecho al debido proceso y la autonomía universitaria” y ordenó al Gobierno “que se abstuviera de violar la autonomía universitaria” y evitar así su intromisión e interferencia en los asuntos internos de la Universidad imponiendo su omnímoda voluntad.

En medio de semejante trifulca, la actitud y las desatinadas decisiones tomadas por parte del Gobierno han terminado atizando la conflictividad interna y ahora el embrollo es mayor, después que se convocara nuevamente al Consejo Superior procediendo a dejar sin efecto la elección del profesor Peña y a designar en su lugar al Profesor Múnera, contencioso este que queda en manos del Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra. El riesgo mayor es que el Gobierno Nacional se salga con la suya, porque de prosperar su intento de intervenir y controlar la Universidad Nacional, llevándose de calle su autonomía, iría por más y sólo faltaría tiempo para que hiciera lo propio con las demás universidades, tanto públicas como privadas.

Cota, junio 8 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

“SÍ SE PUEDE transformar a la Colombia rural olvidada”.

Por José Félix Lafaurie*. -Después de reunirme con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, salí con la percepción de haber conversado con una mandataria con claridad sobre la necesidad de emprender, con voluntad política, proyectos efectivamente transformadores de la realidad de su departamento; una vasta región de cultura ganadera que puede diversificarse hacia otras opciones de desarrollo, para continuar un exitoso proceso de incorporación económica y social de sus gentes.

En la reunión, a la que asistí con el empresario Carlos Patiño, le presentamos a la gobernadora un proyecto transformador de la realidad social y económica del departamento; una verdadera sumatoria productiva que, a partir de la ganadería silvopastoril, incorpore el Cacay como fuente adicional de ingresos. La propuesta no es solo para invitar a ganaderos a invertir, sino también para desarrollar un proyecto con claro acento social que sea referente a nivel nacional.

Se preguntarán los lectores qué es el Cacay. Es un árbol endémico de la Amazonía, de cuyo fruto se extrae un aceite utilizado en cosmetología y dermatología, competencia directa de un exótico producto marroquí, el aceite de argán, conocido como el “oro líquido” por su alto precio internacional.

La propuesta de asociar ganadería sostenible con árboles de Cacay, este último con propiedades superiores a las del cotizado producto marroquí, y también con mayor utilidad por hectárea/año, encontró eco en la gobernadora, no solo para emprender transformaciones efectivas de carácter social que beneficien a víctimas de la violencia, madres cabeza de familia, indígenas y población campesina, sino como alternativa de diversificación con potencial para dinamizar la economía departamental sin perder su vocación ganadera, a partir de un verdadero cluster que desarrolle esta asociación productiva y, a mediano plazo, incursione como agroindustria en el campo de la cosmetología, con Tasa Interna de Retorno, TIR, del 20%.

La propuesta que presentamos con Carlos Patiño, CEO de Arlés SAS, empresa dedicada al cultivo y transformación del Cacay, podría ser piloto de transformación en los territorios que hoy son reino de la coca y podrían serlo del Cacay.

Las cartas quedaron sobre la mesa. La primera: tierra. Carlos Patiño donaría un terreno de 600 hectáreas para desarrollar un proyecto asociativo, proceso en el que deberá intervenir la Agencia Nacional de Tierras.

La segunda: tecnología. En el componente silvopastoril Fedegán pone a disposición su acreditación como Empresa Prestadora del Servicio de Extensión Agropecuaria, su conocimiento técnico de 20 años y su reconocimiento internacional en producción ganadera sostenible. En el componente agrícola, participarpia la Agencia de Desarrollo Rural como acompañamiento a la entrega de tierras.

La tercera: “financiación social” a través de Finagro, que consulte el objetivo transformador del proyecto y sus tiempos productivos, dando por descontado que, si al liderazgo de la Gobernación del Meta se suma el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y demás instancias orientadas al logro de la paz, será viable acceder a cooperación internacional.

Marruecos, donde tres millones de personas dependen del argán, logró financiación del Fondo Verde del Clima de 49 millones de dólares para 10.000 hectáreas de argán, y la FAO reconoció el sistema agrosilvopastoril basado en el argán en una región marroquí, como “Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial”.

Colombia puede hacer lo propio con el “combo” ganadería silvopastoril + Cacay, como opción transformadora para generar una clase media rural que empuje la paz del desarrollo de los territorios desde la legalidad.

Las cartas están sobre la mesa, pero el as bajo la manga es la voluntad política. La gobernadora del Meta la tiene y ella convocará la del Gobierno Nacional para enviar ese mensaje necesario: SÍ SE PUEDE transformar a la Colombia rural olvidada.

Bogotá, D. C, 9 de junio 2024

Presidente de Fedegan

@jflafaurie

“A pesar de gastar en salud cerca del 8% del PIB, Colombia no tiene la cantidad suficiente de ninguno de esos recursos para garantizar el derecho universal a la salud”.

Por Mauricio Cabreara Galvis*. -En medio del candente debate político sobre la reforma a la salud, se presta poca atención al principal problema del sistema de salud en Colombia: no hay recursos suficientes para atender todas las solicitudes de salud de la población. ¡No hay cama pa’ tanta gente!, cantaba el Gran Combo de Puerto Rico.

Cuando se habla de recursos para la salud, la plata es el principal faltante, pero no el único; se necesitan más médicos, enfermeras, personal auxiliar, puestos de salud, camas de hospital, equipos de cirugía y de diagnóstico, insumos hospitalarios, medicamentos, etc.

A pesar de gastar en salud cerca del 8% del PIB, Colombia no tiene la cantidad suficiente de ninguno de esos recursos para garantizar el derecho universal a la salud.

Cuando la demanda de cualquier bien o servicio es mayor que la oferta disponible, se produce algún tipo de racionamiento y asignación de los recursos escasos. En el caso de la salud se da de varias formas; la más brutal es la del capitalismo salvaje: tienen acceso a los servicios los que pueden pagar por ellos.

Cuando el Estado es quien financia, como sucede en los países europeos, la forma de racionamiento son las colas y los tiempos de espera. Por eso, según datos de la Ocde, en España un paciente debe esperar 129 días para un reemplazo de cadera y 142 días para un reemplazo de rodilla; mejor que en Portugal donde son 241 y 300 días respectivamente. En Chile, el 90% de los pacientes tuvieron que esperar más de tres meses para estas cirugías.

Dos tendencias agravan el déficit financiero del sistema de salud: el primero, que cada día hay tecnologías y medicamentos nuevos que son más eficaces, pero que son más costosos que los anteriores. El segundo, que la demanda de servicios ha crecido mucho más rápido que el aumento del PIB, por factores como el envejecimiento de la población, la ampliación de procedimientos cubiertos por el sistema o los abusos de los usuarios. Así, en lo corrido del siglo la demanda de servicios per cápita ha crecido cerca del 40%.

Entre 2019 y 2022, el número de atenciones tramitadas por las EPS (desde medicamentos y consultas médicas hasta trasplantes de corazón) pasó de 714 millones a 784 millones, lo que ha llevado a que los cerca de $90 billones que reciben sean insuficientes para los pagos que tiene que hacer a las IPS, y tengan pérdidas que para los últimos años se estiman en $8.2 billones.

El debate sobre las EPS no resuelve el problema. Se equivoca el Gobierno cuando piensa que acabándolas va a ahorrar plata para disminuir el déficit; se equivocan quienes las defienden, pensando que manteniéndolas como están, el sistema de salud va a funcionar mejor. Mientras no se destinen nuevos recursos para el sistema y se haga un esfuerzo por controlar los excesos y los abusos del gasto, la alternativa para muchos pacientes será la que cantaba el gran Combo: Pa’ fuera, pa’ la calle.

Cali 9 de junio 2024

*Filósofo y economista. Consultor.

“No aceptaremos, ni acompañaremos nada contra las instituciones democráticas…Colombia no puede caer en las dictaduras, ni en las vías de hecho, vengan de donde vengan”.

Por José G. Hernández*. - A raíz de intervenciones públicas del presidente Gustavo Petro se sigue hablando de la posible convocatoria de una asamblea constituyente. Muchos, desde la oposición, han deducido -sin fundamento- que esa convocatoria está dirigida a la reelección, incluso indefinida en el tiempo, del actual jefe de Estado. Se ha llegado a asegurar -también sin fundamento- que el presidente cerrará el Congreso, que lo hará el 20 de julio -cuando debe instalarlo- y que acabará con el actual orden constitucional.

En recientes declaraciones, el presidente ha sostenido que nada de eso es verdad. Que no piensa convocar una asamblea constituyente, menos por decreto, y que no está empeñado en buscar su reelección, como sí lo hicieron otros antes, y que respeta, cumplirá y hará cumplir la Constitución, como lo juró al posesionarse.

Desde la otra orilla se ha llegado a decir que la oposición viene orquestando la ruptura del orden institucional, con miras a dar un golpe de Estado y a interrumpir el período previsto en la Constitución. A difundir esa especie -también sin fundamento- han contribuido palabras y actitudes de algunos miembros de la oposición. Una senadora hablaba de no permitir que el presidente cumpla los cuatro años del período para el cual fue elegido, y en una marcha opositora hubo manifestantes que cargaron ataúdes, proclamando consignas contra el presidente. Y, desde un foro universitario, un expresidente de la República dijo algo sobre desobediencia militar. Pero creemos -y esperamos que así sea- que no hay un plan diseñado contra las instituciones.

Ahora bien, el presidente sí ha sostenido que contra él se planea un “golpe blando”, o una forma de lo que se conoce en el mundo como “lawfare”, es decir, la instrumentalización de las leyes y la justicia con fines políticos.

Si cualquiera de esas cosas estuviera siendo pensada o planeada -de uno u otro lado-, los demócratas estamos en la obligación de rechazarlas de plano y en forma contundente. No aceptaremos, ni acompañaremos nada contra las instituciones democráticas, ni opuesto a las prescripciones de nuestro sistema jurídico. Colombia no puede caer en las dictaduras, ni en las vías de hecho, vengan de donde vengan.

Una cosa es el desacuerdo, la controversia, la libertad de compartir o no las decisiones, los proyectos o las políticas del Ejecutivo, y otra muy diferente las vías de hecho y las propuestas inconstitucionales.

En nuestro sistema jurídico están garantizados los derechos de la oposición. Como dice el artículo 112, los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Es diferente eso a cualquier llamado a golpes de Estado.

En cuanto a la asamblea constituyente, aunque está autorizada en la Constitución para introducirle ajustes o reformas, creemos que no es necesaria, ni oportuna. Y, si se la quisiera convocar, no podría hacerse ello sin cumplir la totalidad de los requisitos constitucionales; sin la ley del Congreso; sin el control constitucional previo; sin los trámites previstos. Con todo respeto por opiniones diferentes, tampoco puede fundarse en el Acuerdo de Paz firmado en 2016, ni en decisiones de la ONU.

Bogotá, D. C, 6 de junio 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Colombia, entonces, afana más que el dueño de la olla y está siendo más papista que el Papa, apresurándose a darle la espalda a los combustibles fósiles…”

Por Amylkar D. Acosta M*. -Según el Informe de la Agencia internacional de energía, con corte a diciembre de 2023, se estima que la producción de Colombia bajará ligeramente en 2024 frente a la del año anterior, situándose alrededor de los 770.000 barriles y acordes con sus proyecciones para el 2025 la producción será de 710.000 barriles/día, para el 2026 680.000, para el 2027 650.000 y para el 2028 de 620.000, para una caída del 20.5% con respecto al 2023. Como es obvio, la única manera de revertir esa tendencia es incorporándole barriles a las reservas. La ex ministra Irene Vélez lo apostó todo al mejoramiento del recobro, mediante técnicas que permitan producir más con menos, en defensa de “la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. Pero las cifras no le han dado la razón.

Ahora, en momentos en los que el número de taladros activos en el país (110), la cifra más baja desde 2021, está cayendo, según la Cámara de servicios petroleros (CAMPETROL), un 26.2%, migrando a otros países como Guyana o Brasil, atraído por la febril actividad petrolera en esos países, se intenta con la estrategia de que ECOPETROL entre a suplir la “inactividad” de las empresas adjudicatarias, contrarrestar la caída en la producción. 

En mi concepto, ello puede llegar a amortiguar la caída en la producción pero no a su incremento significativo, de manera que mientras no se firmen nuevos contratos de exploración y producción, como lo están haciendo todos los demás países que cuentan con reservas probables o prospectivas, a Colombia, dadas sus precarias reservas , que solo le alcanzan  para 7 años, la va seguir rondando el fantasma de la importación de hidrocarburos, así sea cierto que, como lo afirma el Ministro “ni más contratos garantizan más reservas, ni los mismos menos reservas”.

Lo cierto es que el éxito de la actividad exploratoria es aleatorio, pues se rige por la lógica binaria de cero o uno. Nadie se puede llegar a ganar el baloto si no le apuesta. De manera que mientras más contratos se firmen la probabilidad de un hallazgo es mucho mayor que si no se firman. El Gobierno, en lugar de dar tantas vueltas, debería reconsiderar su negativa a firmarlos. Todo por el bien del país, al fin y al cabo el petróleo sigue siendo el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas y de financiamiento tanto de la Nación como de las entidades territoriales.

Huelga decir que el petróleo que no produzca y exporte Colombia no lo dejarán de consumir en el resto del mundo, otros países lo producirán y exportarán en su lugar. De hecho el año anterior, según cifras de la Agencia internacional de energía (AIE), el consumo de crudo en el mundo alcanzó un nuevo récord de 101 millones de barriles/día y según su más reciente reporte “se pronostica que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo alcanzará un promedio de 1.2 millones de barriles/día”. Es más, contrariamente a las previsiones de la AIE el punto de inflexión y de aplanamiento de la curva de demanda de crudo se está corriendo más allá del 2030. Con razón afirma la columnista de Oilprice.com Tsvetana Paraskova que “una y otra vez el petróleo ha desafiado las expectativas con respecto a los picos. La lógica y la historia sugieren que lo seguirá haciendo”.

De manera que las buenas intenciones del gobierno de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI para competir el Cambio climático se ven neutralizadas por la contribución a las mismas por parte de otros países. ¡Terminamos quedando con el pecado y sin la gracia! Colombia no debe asumir el papel de polizón climático, cruzándose de brazos sin asumir su propia responsabilidad e incumpliendo su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el año 2030, aduciendo que su contribución a las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) no superan el 0.5%, pero tampoco puede pretender asumir el papel de atlas climático con la falsa creencia de que vamos a salvar a la humanidad de los estragos del Cambio climático.

Sabiamente en la 26 Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 26), que tuvo lugar en 2021 se ratificó el principio de responsabilidad común diferenciada (PRCD) que data desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y la propia Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático (CMNUCC) que tuvieron lugar en 1992. Según este principio, “los países  que han sido los responsables históricos del calentamiento global deben asumir los costos mayores de la mitigación, adaptación y reparación”.

Colombia, entonces, afana más que el dueño de la olla y está siendo más papista que el Papa, apresurándose a darle la espalda a los combustibles fósiles cuando en la más reciente COP 27, que se realizó en noviembre del año pasado se resolvió alejarse de ellos, pero no darle la espalda prematuramente, que es en lo que está empecinado el actual Gobierno, sin reparar en los costos en los que está incurriendo. Bien dice el adagio: ¡No por mucho madrugar amanece más temprano!    

Guadalajara, junio 1 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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