Opinión

“Ni Olmedo, ni Pinilla revelaron a los periodistas de BluRadio, Semana y RCN, quienes los entrevistaron, dónde está el dinero que robaron y si estarían dispuestos a regresarlo”.

Por Gabriel Ortiz*. - Se repite y con toda resonancia el robo de la “Custodia de Badillo” que debiera, como lo plasmó Rafael Escalona, poner a requisa del Cura pa’abajo.

En nuestro país, desde hace tiempo nada es raro, mucho menos aquello de echarle mano a dineros públicos, compras oficiales o bienes de la comunidad.

Iniciado el actual gobierno, estalló el escándalo del saqueo de los fondos que maneja la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd). Esa misma de la que robaron los dineros de las ollas comunitarias y los alimentos de los niños escolares.

Lo más grave ha sido que quienes diezmaron esos fondos, fueron los funcionarios que, con toda pompa designó el actual jefe de Estado. Aquellos que durante tanto tiempo lo han acompañado en sus andanzas políticas. Quienes -con él- han criticado y condenado la corrupción durante mandatos anteriores.

Los primeros acusados fueron la consejera para las regiones, Sandra Ortiz y el hombre de la transparencia Andrés Idárraga.

Pero ahí no terminó la utilización de la Ungrd para malversar la plata de los colombianos, ya que los propios encargados de cuidar y manejar -o usurpar, malversar y depredar esos recursos- Olmedo López y Sneyder Pinilla, querían demostrar ante la opinión pública su valentía y destreza para saquear las arcas del estado y mantener ocultos bajo chantaje a sus compinches. Se abstuvieron sí, de llegar al verdadero fondo, es decir: a quienes les ordenaron el saqueo.

Inculparon al Mininterior Velasco, a otros ministros y altos funcionarios del gobierno, cuyos nombres guardan en secreto, de esas fechorías, que inclusive se cometieron y ventilaron durante sesiones plenas de Consejos de Ministros. El presidente Petro, sin embargo, no se enteró de cuanto pasaba en esos consistorios, que calificaban de cónclaves.

López y Pinilla han incriminado a funcionarios y políticos de todos los partidos, de todos los movimientos, de muchos municipios y departamentos, pero a nadie de su reducto político o de la izquierda a la que ellos siempre han pertenecido.

Como “rateros honrados” o miembros del “039”, amenazan y dan supuestas pistas y nombres de quienes los acompañaron en los “cónclaves”, mientras logran hacerse acreedores a principios de oportunidad que la justicia les otorgue. Dicen haberle fallado a Colombia y a su gente, mientras repiten una y otra vez que el Presidente no sabía nada… ¡nada!

Ni Olmedo, ni Pinilla revelaron a los periodistas de BluRadio, Semana y RCN, quienes los entrevistaron, dónde está el dinero que robaron y si estarían dispuestos a regresarlo.

“Habrá sorpresas”, repitió muchas veces Olmedo, el “ratero honrado”, cuando se le preguntaba por nombres concretos de los implicados en los conclaves para saquear las arcas del Estado.

Cuando pensó en revelar nombres de algunos de sus más íntimos cómplices, temeroso por su seguridad, se limitó a exclamar: “es gente de mucho, de mucho poder”. Así terminaron las entrevistas de Olmedo, mientras el país entero espera que, del “cura pa’abajo se pongan a requisar”.

NEGRO: Sura también desaparece, como desaparecerá toda la salud de los colombianos, porque el gobierno destruyó lo poco que había.

NEGRO: Ante tanta insistencia del gobierno por aumentar el límite de endeudamiento muchos piensan en el despilfarro.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2024

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“Aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Con la firma del Acuerdo 28 sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad, concluyó otra ronda de diálogos con el ELN y también el punto 1 de la Agenda, cuyo objetivo era el “diseño” de dicho proceso por parte del Comité Nacional de Participación, un tema que amerita un breve recuento para desentrañar los “claroscuros” del acuerdo firmado.

Debo precisar mi papel en la Mesa, como una voz que sacude la inercia de una negociación entre un gobierno de izquierda y una guerrilla comunista, ambos con una visión de “pueblo” donde solo están las minorías, sectores populares, campesinos y sindicatos, entre otros; pero no parece caber toda la clase media, el empresariado y otros sectores no afines a los que siento estar representando.

En ese contexto, estuve en desacuerdo con que, para las tareas instrumentales del diseño del Modelo se consultara a la sociedad a través de una compleja instancia corporativa, pero ante la presión del ELN, al menos logré que se incorporarán al Comité varios miembros de Consejo Gremial y organizaciones como ACORE y el Instituto de Ciencia Política, los cuales, aun siendo minoría, protestaron frente al desbordamiento del Comité.

Mi posición, planteada en una carta a la jefe de la delegación gubernamental, y la protesta de los sectores que rompieron la homogeneidad del Comité tuvo resultados, pues una cosa fue el Modelo de Participación del Acuerdo 28 y otra la propuesta desbordada del CNP, sobre todo en la pretensión de imponer agenda temática y la interpretación sobre una “condición vinculante automática” a partir de la participación de “8.000 voces”, con lo cual, prácticamente, se “defenestraba” a la Mesa y se desconocía la misión constitucional del Congreso en la discusión y aprobación de políticas públicas

En cuanto al Acuerdo 28, señalaré sus “claroscuros” frente a los dos aspectos mencionados. El Acuerdo no incluye la pretendida condición vinculante a partir de “la toma de decisiones de las y los participantes…”, dejando claro que las comunidades proponen, pero solo la Mesa dispone; tal como propuse y quedó desde el Acuerdo 9 de Participación.

Así las cosas, aunque no se señale expresamente -una de sus penumbras- es claro que ni el Comité de Participación sustituye a la Mesa de Diálogos, ni la Mesa puede sustituir a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución, el Congreso en primer lugar. Por tanto, si bien los acuerdos de la Mesa son de obligatorio cumplimiento y deben convertirse en políticas públicas, esa obligatoriedad está supeditada a las competencias del Congreso para discutir, aprobar, modificar o improbar las propuestas de política pública o de modificaciones institucionales surgidas de la Mesa.

En cuanto a la pretensión de imponer una agenda, el Acuerdo 28 dio luz al eliminar temas como la democracia directa, la política de seguridad y la referencia al Acuerdo de Escazú, y al apelar a la formula menos controversial de apenas proponer temas de diálogo, pero dejó en la penumbra el desbordamiento de Comité en su limitado objetivo de definir métodos y procedimientos.

El último y gran claroscuro: Aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito.

El claroscuro, que inmortalizó a Rembrandt en Holanda y a Caravaggio en Italia, deja en la penumbra, a conveniencia del artista, lo que no se considera importante para darle peso a lo que se quiere iluminar y resaltar.

Algo así sucedió con el Acuerdo 28, el cual, sin embargo, con sus claros y sus oscuros, logró reafirmar la condición suprema de la Mesa y, con ella, la continuidad del proceso.

Bogotá, D. C, 2 de junio 2024

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“La insistencia en la Constituyente popular solo siembra incertidumbre en la mente de las clases medias, que se sienten desnudas de liderazgo”

Por Hubert Ariza*. En Colombia las modas políticas del continente no pegan. Aquí nos inventamos nuestras propias tendencias. Tal vez por eso, en el siglo pasado, mientras América Latina era gobernada por dictaduras, que fracturaron el orden democrático durante décadas, en Colombia mandaban los apellidos tradicionales y algunos militares conspiraban sin éxito en los cuarteles, aunque una minoría tuvo un enorme poder, como en los tiempos de Turbay Ayala. De ese Gobierno aún es famoso el chiste de la vez que le preguntaron al general Camacho Leyva, su ministro de Defensa, que si habría un golpe de Estado. Y muy solemne y con cara adusta respondió: “No creo que Turbay se atreva”.

En este siglo, por ejemplo, mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros países, se sintonizaban con el socialismo del siglo XXI, que financiaba con los recursos del petróleo el extinto presidente Hugo Chávez, en Colombia la política de seguridad democrática embrujó a la opinión pública que eligió a Álvaro Uribe, quien en nombre de la seguridad profundizó la guerra, cerró las puertas a la solución negociada del conflicto armado, dejó un trágico saldo de violaciones a los derechos humanos, cambió un articulitode la Constitución para reelegirse y, si no hubiera sido por el valor de la Corte Constitucional que lo frenó, seguramente habría intentado reelegirse indefinidamente. El impacto negativo de esa aventura populista de extrema derecha aún la siguen pagando millones de víctimas de ese periodo en el que se prohibió pronunciar las palabras paz y derechos humanos.

Ahora, mientras en Argentina eligieron a un Milei, que rompió los manuales de ciencia política, ha enfrentado a madrazos y con medidas económicas radicales el populismo de izquierda que dejó el kirchnerismo, o en El Salvador convirtieron en leyenda de la extrema derecha a un Bukele, que se ha apoderado de la democracia, cambiando la Constitución y derrotando a las otrora temibles maras, obteniendo una popularidad del 90% que le permitió reelegirse, en Colombia estamos viviendo el más grande incendio político de los últimos meses, generado por el ímpetu gubernamental por convocar una Constituyente popular, y la iniciativa de sectores políticos de la izquierda afecta al Gobierno de buscar la reelección presidencial.

Todo comenzó como un globo de ensayo que, poco a poco, ha ido tomando forma y se ha convertido en el detonante de una confrontación total del Gobierno contra la oposición, el establecimiento, los partidos políticos independientes y la prensa, que ha provocado, incluso, un pronunciamiento del Gobierno de los Estados Unidos.

Los discursos del presidente lo muestran radicalizado, en campaña, argumentando y contraatacando con fuerza a sus rivales, que temen que, en su afán de transformar a Colombia y hacer aprobar sus reformas bloqueadas por el Congreso, termine validando la convocatoria de la Constituyente por decreto, como lo propuso el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, que autorice su reelección. Al fin y cabo ya dijo que mientras la derecha lleva 200 años en el poder, la izquierda solo lleva cuatro. Y no va a permitir que llegue un gobierno de derecha a acabar su legado.

Convocar la Constituyente por decreto es una amenaza muy fuerte al ordenamiento constitucional, que provocaría un choque de trenes, incluso con las Fuerzas Armadas, como señaló el expresidente Santos, y metería al país en una profunda crisis de gobernabilidad y una confrontación inexplorada.

Bien lo sabe el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que ha salido a negar cualquier pretensión oficial al respecto. Pero en política remar de espaldas para llegar a la otra orilla es un arte, y ya sabemos que hay muchas mentes petristas, como la del excanciller Álvaro Leyva, pensando en cómo saltarse a un Congreso que no le marcha al cambio que lidera Petro, donde una propuesta de Constituyente no tendría mucho futuro. Y hacerle el quite a una Corte Constitucional, que ha demostrado que actúa con independencia.

La contundencia de las declaraciones del ministro Osuna no significan, sin embargo, que Petro no esté dispuesto a inmolarse, rodeado de lo que llama su pueblo, antes que rendirse ante las adversidades, o echar reversa en sus ideas de profundas reformas aplazadas que se ven imposibles de tramitar en un Congreso acosado por los escándalos de corrupción y la ineficiencia. Aquí el tema es la forma, no el fondo. A Petro no le importan las formas y el objetivo sigue claro para él: transformar profundamente a Colombia, y en esa tarea a penas le quedan dos años, antes de que Colombia cumpla el calendario electoral y se deba elegir, pacíficamente, a su sucesor en 2026.

De ahí el afán de sectores afectos al primer mandatario por promover su reelección, así públicamente digan que lo hacen a sus espaldas. En esa propuesta se esconde, quizá, el miedo por no tener un candidato de la cantera petrista capaz de reemplazarlo, cerrándole, además, la posibilidad a otros líderes de la izquierda que vienen luchando por alcanzar esa designación.

El petrismo radical quiere reelegir a su jefe, como lo lograron Uribe y Santos. Uno se quedó otros cuatro años en el poder modificando la Constitución, con el argumento de que necesitaba más tiempo para ganar la guerra a las FARC, y el otro con la promesa cumplida de alcanzar la paz con esa desaparecida guerrilla y acabar 60 años de estéril confrontación armada.

Petro ha dicho que quiere reelegir su proyecto político para profundizar la transformación de Colombia. Ese cambio incluye reemplazar la Constitución de 1991, que fue posible gracias a un amplio consenso político y social promovido por los estudiantes en la década de 1990, al que se sumaron los partidos políticos y el establecimiento. Pero es ese consenso, que incluyó al M-19 y las demás guerrillas desmovilizadas que firmaron la Carta, lo que hoy no existe, y se ve casi imposible de alcanzar. El tema de la reelección enturbia aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo nacional, en el que participen las élites y logre el apoyo de las clases medias y la opinión pública.

Petro ha dicho que no le interesa la reelección, pero la palabra de los caudillos cambia dependiendo de las estrategias, las posibilidades de éxito y el cambio del viento. Lo cierto es que la insistencia en la Constituyente popular, que cuenta con el apoyo del ELN y la Segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez, solo siembra incertidumbre en la mente de las clases medias, que se sienten desnudas de liderazgo, ante una derecha incapaz de responder con iniciativas viables la arremetida del Gobierno nacional, que ha copado la agenda política y tiene la iniciativa.

Promulgada la Constitución de 1991, reformarla ha sido una obsesión de muchos sectores políticos. A la derecha les gustaba la Constituyente que promovían en tiempos de Uribe y Duque, pero ahora rechazan la de Petro, tal vez por la forma, más que por el fondo, porque siembran la tesis de que ganarían la mayoría de los asambleístas si hubiera elecciones, debido a la favorabilidad de apenas el 35% del mandatario. Eso explicaría por qué el jefe de Estado ha rechazado el apoyo de los partidos tradicionales, a su iniciativa.

La derecha también apoyó la reelección de Uribe y Santos, pero les amarga la eventual de Petro, porque cuatro eventuales años más de petrismo en el poder sería su hecatombe. Lo evidente es que insistir en una Constituyente sin consensos, y una reelección sacada del cubilete solo agudizaría la crisis política y llevaría al caos, lo que es, además, una encrucijada sin salida a la vista, que aumenta la desconfianza en la democracia y alienta las salidas autoritarias.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Es un capitalismo enfermo y decadente que crea ídolos de barro y descuida sus verdaderos cimientos”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Quién cumple un papel más importante en la sociedad, las estrellas del fútbol que tienen millones de hinchas que los idolatran o los maestros que día tras día dedican lo mejor de sus vidas a sus alumnos a quienes guían, educan y forman como ciudadanos?

Algunos dirán que se trata de una pregunta capciosa, mal formulada y poco relevante, pues no son comparables las funciones discretas de los maestros en su labor educativa, así sea fundamental para la sociedad, con el espectáculo de los ídolos deportivos convertidos en estrellas de un negocio multimillonario.

Sin embargo, en esta sociedad en a la que todo tiene un precio, y la mayoría de las actividades humanas una retribución monetaria, sí cobra mucho sentido la pregunta desde la perspectiva de cuál es la remuneración de cada una de esas actividades, es decir, cómo tasa la sociedad la compensación que debe recibir un deportista frente a lo que se le ofrece a un maestro, lo que refleja el valor que le reconoce la sociedad a cada uno de ellos.

Las diferencias son abismales. Según el portal deportivo Sportico, los 100 deportistas mejor pagados del mundo tienen ingresos anuales cercanos a $5.400 millones de dólares, es decir, un promedio de 54 millones por cabeza. El ranking lo encabeza un futbolista Cristiano Ronaldo, con ingresos de USD 275 millones, seguido por un golfista John Rahm que recoge USD 203 millones, y en un lejano tercer lugar Lionel Messi con la mitad de lo que recibe Ronaldo.

Un monstruo del ciclismo como Pogacar, capaz de pedalear 2.400 km para ganar el Giro de Italia, no clasifica entre los 100 mejores pagados, pues solo recibe 6 millones de euros por temporada. No hay correspondencia entre el esfuerzo físico y los ingresos, ni equidad de género pues ninguna mujer llegó al top 100.

Por su parte, un maestro bien pagado en Colombia puede ganar unos 2.000 dólares mensuales, es decir 24.000 anuales. Cristiano se gana USD 30.000 por hora; es decir que cada hora, dormido o despierto, se gana mucho más de lo que recibe un maestro en todo un año.

Son varias las explicaciones financieras de los ingresos astronómicos de esos deportistas: que son los mejores en su campo, que es el valor que generan a sus clubes, que es lo que los aficionados están dispuestos a pagar por verlos o por comprar los artículos que promocionan, que son las reglas de juego del negocios del deporte en la era de la televisión y los patrocinios etc.

Pero las razones financieras no pueden ocultar que estos precios reflejan una enorme distorsión en los valores de una sociedad que privilegia el espectáculo y reconoce tan poco a quienes construyen el tejido social; lo mismo se podría decir de los médicos y tantas profesiones indispensables para el diario vivir. En resumen, es un capitalismo enfermo y decadente que crea ídolos de barro y descuida sus verdaderos cimientos.

Cali, 26 de mayo 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“En materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro”

Por Amylkar D. Acosta M*. -El panorama del sector de los hidrocarburos es sombrío, Se acaba de revelar el reporte anual por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se titula el reporte del Balance reservas/producción, el cual muestra un panorama sombrío, comprometiendo seriamente el autoabastecimiento del país.

En el encabezado del Boletín expedido por la ANH con motivo de su presentación se dice que “Colombia mantiene un nivel de reservas/producción de petróleo por encima de 7 años”. Lo primero que llama la atención es que se afirme que se “mantiene” el nivel de las R/P de petróleo “por encima de 7 años”, cuando lo relevante es que pasó de 7.5 años en 2023, de por si  preocupante, a solo 7.1 en 2024, al pasar sus reservas probadas de 2.073 millones de barriles a 2019, cifra esta que no es para celebrar sino para lamentar. Y si eso ocurre con el petróleo, las cifras del gas natural son peores, pues muestran una mayor caída, al pasar su relación reservas/ producción de 7.2 el año anterior a 6.1 en 2024, pasando sus reservas de 2.82 TPC el año anterior a 2.37 TPC ahora, registrando 0.45 TPC menos!

Las cifras no mienten, lo que muestra este informe de la ANH es que en materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro y ello mientras nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural. La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, y así detener la caída de las reservas es incorporándole más barriles a las de petróleo y más gigapies a las de gas y ello solo es posible con más exploración y es lo que vienen haciendo en el resto del mundo todos los países que cuentan con prospectos importantes de hidrocarburos.

Según afirmó el Director de la ANH Orlando Velandia, sin restarle importancia a la caída de las reservas de gas natural, “el comportamiento más crítico fue el del gas. Venimos con un decrecimiento de las reservas desde 2017”. Cabe advertir que en este Informe se hace demasiado hincapié en los incrementos entre el anterior reporte y este de los recursos contingentes, en las reservas probables y posibles, como ya lo había hecho la ex ministra Irene Vélez al momento de revelarse un reporte similar a este por parte de la ANH hace un año. Pero, la verdad sea dicha, lo que cuenta a la hora de la verdad son sólo las reservas probadas, pues como dice el adagio popular más vale pájaro en mano que cien volando!

La reacción del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ante estas cifras que muestran una clara tendencia de declinación de las reservas de hidrocarburos, saliéndose por la tangente manifestó que de lo que se trata es de “acelerar y sacar adelante una transición energética justa, que permita aprovechar las oportunidades del país para transformar la energía en desarrollo económico”. Y a renglón seguido anunció que se pondría en marcha un plan de “reactivación” del sector de los hidrocarburos mediante la implementación de 15 medidas que se resumen en tres estrategias: la coordinación interinstitucional, la regulación y modernización normativa y la optimización contractual operacional.

A propósito de esta última ya se había anunciado por parte del Ministro en relación con los que identificó como “contratos perezosos”, adelantar la “identificación y clasificación de recursos descubiertos no desarrollados, así como campos sin operación, de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes, para diseñar estrategias que permitan su recuperación y comercialidad”, para lo cual planteó que en tales casos ECOPETROL los asumiría para su desarrollo.

Se parte de la premisa de que las empresas titulares de los contratos han sido negligentes a la hora de desarrollar los yacimientos a su cargo, lo que llevó en su momento a la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez a decir que “actualmente hay 117 contratos en exploración cuya viabilidad es posible que satisfagan las necesidades a corto plazo del país”. Concluyó diciendo que “los que hay son suficientes”, para justificar su posición de descartar la firma de nuevos contratos.

Atribuyo la motivación del proyecto de Resolución como una forma de activar bloques ya contratados por la ANH asumiendo ECOPETROL la operación de los mismos, en el afán del Ministro Camacho de detener la caída de la producción de crudo en el país y lo que es más importante para él encaminarse a su ambiciosa meta de volver al millón de barriles, sin dar pie atrás a la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Dicho de otra manera, su reemplazo en el cargo asumió como propia la narrativa de la ex ministra Vélez.

La ex ministra Irene Vélez lo apostó todo al mejoramiento del recobro, mediante técnicas que permitan producir más con menos, en defensa de “la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. Pero las cifras no le han dado la razón.

Lo cierto es que el éxito de la actividad exploratoria es aleatorio, pues se rige por la lógica binaria de cero o uno. Nadie se puede llegar a ganar el baloto si no le apuesta. De manera que mientras más contratos se firmen la probabilidad de un hallazgo es mucho mayor que si no se firman. Los hechos son tozudos y deberían llevar al Gobierno a recapacitar y reconsiderar su decisión de no firmar más contratos. El Gobierno, en lugar de dar tantas vueltas, debería reconsiderar su negativa a firmarlos. Todo por el bien del país, al fin y al cabo el petróleo sigue siendo el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas y de financiamiento tanto de la Nación como de las entidades territoriales.

Cota, mayo 25 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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“El ELN deberá entender que la voluntad de paz no es apenas un discurso desconectado de la realidad del país, de la que está lejos si continúa hostigando a la población”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, les enseñaba Ignacio de Loyola a sus pupilos jesuitas, para señalar que en momentos de crisis es mejor no tomar decisiones irreversibles, trascendentales, como califiqué en mi anterior columna las que pudiera tomar la Mesa de Diálogos con el ELN en la ronda que hoy avanza en Caracas.

Ahora bien, pareciera que la crisis es el estado natural de estas negociaciones, que hoy se debaten entre el inaceptable anuncio de la reanudación de las retenciones con fines económicos, que no son otra cosa que secuestro extorsivo puro y duro, y la no menos inaceptable propuesta de Modelo de Participación presentada por el Comité Nacional de Participación a la Mesa de Diálogos, plagada de equívocos y desbordamientos a los que ya me referí ampliamente y hacen parte de una carta que le envié a Vera Grabe, jefe de la delegación gubernamental de la cual hago parte, en la que, entre otras cosas, expresé mi recomendación de aplazar cualquier decisión sobre el particular.

La crisis fue también una constante en las negociaciones entre un gobierno claudicante y unas Farc extorsivas que pregonaban tener unidad de mando y no la tenían, pero Santos, perdónenme la expresión, “se hizo el pendejo” y el resultado lo estamos viendo en Cauca y en todas las zonas de control territorial y violencia narcoterrorista de unas disidencias que hacen la guerra mientras dicen querer la paz.

Hoy, sin embargo, la situación está enmarcada por una consideración legal y dos situaciones sobrevinientes: La primera se refiere a que la Delegación no puede ir más allá de las atribuciones que reciba del Gobierno como delegante, y este, a su vez, no puede sobrepasar sus propias atribuciones dentro de la separación de poderes del Estado de Derecho. Así las cosas, cualquier Acuerdo suscrito por la Delegación con el ELN, que requiera de un soporte legal o constitucional inclusive, exceden las atribuciones de la delegación y de su delegante, el Gobierno, que no puede invadir las competencias del Congreso de la República.

De ahí la necesaria prudencia, esa “que hace verdaderos sabios”, frente a la firma de Acuerdos que no son “vinculantes” automáticamente, sino supeditados al trámite democrático en el Congreso, pero sí pueden generar expectativas en una sociedad que, aupada por el Gobierno mismo, empieza a pensar que su participación directa ya es ley para las partes.

La primera situación nueva se refiere a que hoy el ELN se quedó solo como la última guerrilla comunista, pues, mal que bien, las Farc negociaron y, se supone, desaparecieron. En ese sentido, las tales disidencias deberían ser tratadas como lo que son: grupos armados narcoterroristas que podrían negociar sometimiento a la justicia, pero nunca propuestas de transformaciones de paz, oportunidad que ya tuvieron y desperdiciaron.

La segunda es pragmática: Hoy tenemos presidente de izquierda y miembro amnistiado de otra guerrilla comunista, es decir, un gobierno con mayor afinidad y con el cual no solo debería ser más fácil negociar, sino que, de no hacerlo, podría representar la última oportunidad para el ELN.

Hasta donde sea posible, entre el escepticismo que no desaparece y la esperanza a la que me aferro, seguiré aportando a partir de mis convicciones en defensa de la sociedad, la ley y el orden constitucional.

El ELN, por su parte, deberá entender que la voluntad de paz no es apenas un discurso desconectado de la realidad del país, de la que está lejos si continúa hostigando a la población. Solo renunciando a hacerlo podrá ganar la credibilidad que hoy no tiene y darles a las negociaciones la legitimidad que necesitan.

Bogotá, D. C, 26 de mayo 2024.

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias”.

Por Giovanni Décola*. -La derecha retardataria en el mundo occidental no ha querido entender, cómo el afán desmesurado por la acumulación del capital incide en la catástrofe climática, la cual amenaza a un ritmo galopante, la extinción masiva de especies, incluida la raza humana.

Quienes pretenden ridiculizar a Petro por su discurso en la Universidad de Stanford en California, la verdad, se están es ridiculizando a sí mismos. No fue gratuito que la comunidad internacional escogiera a Cali como la sede de la COP 16 de la conferencia bianual sobre la biodiversidad, reconociendo el liderazgo global de Petro en la concientización de la necesidad del abandono de los combustibles fósiles, especialmente de los basados en el carbono.

La comunidad científica desde antes de 1992 cuando en Río de Janeiro se firmó el tratado internacional sobre medio ambiente, ya nos alertaba sobre la realidad del cambio climático,  cuyos acuerdos se ratificaron y ampliaron en Berlín en 1995, Tokio en 2005, París en 2015, y esperamos que en Cali en 2024 bajo el liderazgo de nuestro Presidente, los representantes de más de 190 países se concienticen de medidas urgentes para minimizar los efectos del cambio climático a la que las fuerzas de derecha niegan su comprobada existencia.

Cuando Petro señala a la acumulación ampliada del capital y su injerencia en la biodiversidad, no está diciendo nada distinto, a que la Defensa del medio ambiente requiere de la cooperación de todos los paises con "responsabilidades comunes, pero diferenciadas". Me explico: Si bien, el problema del cambio climático afecta a todos los países, y tarde o temprano, su efecto negativo los terminará impactando, la responsabilidad de los países no es idéntica. Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias. Investigaciones demuestran que desde 1750 EEUU es de lejos el mayor productor de dióxido de carbono. Más que toda Europa junta, el doble que China, teniendo solo 1/4 parte de su.población (340 vs 1425) u 8 veces más que India que tiene 1417 millones de habitantes.

El hecho de que Petro haya denunciado esos hechos en el país bastión del imperialismo climático, hace que su discurso tenga un valor agregado: es el reclamo de los países en desarrollo, cuyos recursos naturales y materias primas han sido saqueadas por las grandes potencias y que hoy reflejan una extrema desigualdad entre el nivel de vida promedio de una persona en África o América Latina con respecto a una de Europa o Estados Unidos; la cual es hoy, siete veces mayor, que la de hace un siglo.

Entonces Petro denuncia que esas potencias que se han servido de la explotación del carbono, y que le han facilitado una acumulación ampliada del capital, tienen MAYORES DEBERES en resolver la crisis climática que ellos han provocado deliberadamente y sin controles, dado a que sus multinacionales que son responsables del 73% de la emisión de los gases efecto invernadero, no les sería rentable en términos monetarios la conversión a las energías limpias.

Decirles Petro en su cara a los gringos que el modelo de acumulación capitalista y de consumo, es la principal causante de la crisis climática, se me hace algo revolucionario.

Pedirles que dejen atrás la hipocresía del "capitalismo verde", que solo busca mitigar con acciones cosméticas el cambio climático, sería solo una fantasía ilusa de cambiar el hilo devastador de la historia, sino se cambia el modelo de combustibles fósiles por energías limpias y renovables.

Entonces cuando Petro habló en Stanford de la economía verde, no se refería a los dólares, ni consiste en ecologizar la economía, sino en utilizar las ideas del ecologismo PARA REVITALIZAR EL CAPITALISMO, haciéndolo pariente del humanismo, y alejarlo de ese capitalismo salvaje que apunta inexorablemente a la devastación de todas las especies.

Si hoy, ya la 1/4 parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable y cada año, 75 millones de personas pierden el acceso a este líquido vital, es porque vamos en la dirección equivocada, y como remató Petro su discurso: ya es demasiado tarde, pero aún, hay mucho por hacer para preservar la vida en el planeta.

Barranquilla, 26 de mayo 2024

*Abogado y especialización en Derecho Administrativo.

“Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad…”

Por José Manuel Restrepo*. En 1957, en circunstancias difíciles durante el fin del gobierno Rojas Pinilla, e incluso tres años después del atípico nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional, unos muy representativos rectores de universidades privadas y públicas, se reunieron para dar vida a Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) con el mandato de defender y promover la autonomía universitaria, pero también ese activo tan importante en nuestra historia educativa, que ha sido el contar con un poderoso sistema mixto (público-privado).

Y como la historia suele repetirse con ropajes distintos, sesenta y siete años después, Ascun hace un histórico llamado, a propósito de los hechos acaecidos con el gobierno en la Universidad Nacional, a que se respete y se garantice esa misma autonomía universitaria. Y lo hace porque de nuevo estamos hablando de la institución madre del sistema universitario colombiano que definirá la forma como el gobierno actué en el marco de nuestra constitución e institucionalidad.

Pero no lo hace sólo en relación a este tema, sino que tácitamente hace un llamado de preocupación al contenido y cambios que se le han introducido en el Congreso al proyecto de reforma estatutaria de la educación, pues pareciera que las actuaciones sobre el proceso de la elección del rector de la Nacional parecen una “aplicación anticipada” de este proyecto estatutario que ni siquiera es ley de la República.

Esto ha puesto de presente una discusión que viene emergiendo con mucha fuerza sobre un proyecto estatutario de educación que, si bien suena atractivo como búsqueda de que la educación sea un derecho fundamental (hecho que repite el artículo 67 de la constitución), tiene hoy más sombras que luces.

Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad, internacionalización, pertinencia en respuesta a los llamados del sector productivo, conectividad, inserción en tecnologías de cuarta revolución industrial, desconocimiento profundo de la educación posmedia, y en general en quedarse en la historia en los propósitos de una educación más innovadora y al ritmo de las necesidades y respuestas a las demandas de los jóvenes de hoy y de mañana.

Como asuntos puntuales, y sin meterme en las honduras de un proyecto sin sostenibilidad ni evaluación de impacto fiscal o que debilita la evaluación docente, éste tiene una lógica voluntarista, al creer que el único maestro es aquel que tiene una licenciatura o un posgrado específico en educación. Hay miles de sobresalientes maestros que lo son con títulos universitarios o profesionales.

Pero una preocupación central, volviendo a Ascun, es que desconoce el sistema mixto de educación superior y es contrario al espíritu de autonomía universitaria al inducir un modelo de elección directa de los órganos de gobierno universitario, que desconoce por completo las mejores prácticas gobierno universitario del mundo, y seguramente abona réditos populistas, burocráticos y políticos.

Así las cosas, enhorabuena la ponencia alternativa de los senadores Luna, Deluque, García y Blanco, que corrige el proyecto y lo enmarca en el camino que debería ser. Ojalá el Senado lo acoja y no terminemos perdiendo el tiempo con un proyecto que piense más en el pasado que en el futuro.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2024

*Rector Universidad EIA

“El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse”.

Por Gabriel Ortiz*. -Por fin el presidente Petro se ha percatado y aceptado su culpabilidad en los reveses que enfrenta su gobierno y que tiene a Colombia en graves dificultades que se multiplican nefasta y azarosamente.

La guerrilla crece sin control alguno, asesinando a la población civil, con niños y familias enteras, a lo que se agrega la acción de frentes económicos que ofrecen a la juventud motos, prebendas y hasta 2.000.000 pesos, para utilizarlos como frentes de inteligencia y combatientes.

Los gobernadores del Cauca y Chocó se han pronunciado en contra de esa acción subversiva que tiene en vilo a sus regiones. El primero, protesta por la desprotección que le ofrece el gobierno central. La gobernadora del Chocó ha tratado de entablar diálogos con el Clan del Golfo y otros tantos más que aniquilan a sus habitantes y solo recibe desplantes del jefe de Estado, que visitó esa olvidada región, sin siquiera plantear alguna solución.

Si se mira todo el territorio nacional se observa cómo la subversión se apodera e impone su ley en vastas zonas, hecho que al parecer impulsa a Petro para ir a la ONU, a acusar a otros de la parálisis del proceso de paz.

Esta nación está plagada de cultivos de coca que los grupos guerrilleros envían al exterior, aprovechando los ríos y habitando en las zonas pobladas de las regiones.

Las cárceles se le salieron de las manos al gobierno del cambio. Desde dentro de los patios se amenaza, se actúa y se maneja el crimen, el secuestro y la extorsión que intranquilizan todos los territorios. Quienes manejan la seguridad carcelaria son asesinados, como ocurrió con el coronel Elmer Fernández, por no atender los retos e intimidaciones de un “Pedro Pluma”.

El director de La Modelo y de otros establecimientos no tiene protección. Los vehículos no son blindados, ni su guardia está capacitada.

Adicionalmente, el presidente pierde cada vez más su prestigio. Quiso apoderarse de la rectoría de la Universidad Nacional violando la autonomía que ordena la Constitución. Eso mismo quiso hacer con la Federación Nacional de Cafeteros y otras entidades en las que quiere poner “petristas” de pura cepa, que caen en las perversas manos de la corrupción.  No sabe escoger personas capaces y limpias. Esa es su costumbre. Basta recordar el nombramiento de Navarro Wolf como secretario de gobierno de Bogotá: lo botó por bueno.

En el caso de los carrotanques, por lo menos admitió que fue el responsable de la corruptela que tanto nos ha costado a los colombianos. Sin sonrojo exclamó: “puse a Olmedo y otros, que con rapidez se robaron la plata”.

Y así pasa casi todo. Hasta los de la primera línea se sienten defraudados, porque el millón de pesos mensual para que dejaran de matar no les llega. La otra juventud, la del Consejo Nacional, está cansada de discursos de Petro sin soluciones. Lo llaman politiquero.

Todo se le viene encima. La Andi le dice que vuelva al diálogo para enderezar la economía.

El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse.

BLANCO: Solo nuestros deportistas, cuyo ministerio desprecia Petro, están sacando la cara por Colombia.

NEGRO: La policía atropelló a la prensa que cubría el asesinato del coronel Fernández. Y nadie dice nada.

Bogotá, D. C, 24 de mayo 20 24

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.     

“Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto”.

Por José G. Hernández*. - En la época del Renacimiento, Tomás Moro -en Utopía- concibió una isla perfecta, en que el bien, la justicia, la sana convivencia, el mutuo respeto, el progreso y especialmente la paz tendrían plena realización. “Es un país que se rige con muy pocas leyes, pero tan eficaces, que, aunque se premia la virtud, sin embargo, a nadie le falta nada”. Algo no solamente difícil sino inalcanzable.

Al parecer, cuando hablamos de la paz en Colombia -anhelada y buscada desde hace tantos años-, hablamos de una utopía.

La paz es uno de los valores esenciales proclamados en la Constitución de 1991, como lo dice su preámbulo y lo reitera el artículo 2 cuando indica que una de las finalidades esenciales del Estado consiste en asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Según estatuye el artículo 22, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

En criterio de la Corte Constitucional (Sentencia C-069 de 2020), “la paz no es sólo una aspiración constitucional, sino que le impone derroteros ciertos (…): 1) un deber de adoptar medidas tendientes a canalizar el conflicto armado por medios políticos, y en ese mismo sentido, 2) el deber de darle prelación a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, y finalmente, 3) un deber de garantizar progresivamente la protección de los derechos”.

Según expresa, el presidente de la República “debe buscar preferencialmente acudir a mecanismos de solución pacífica de los conflictos internos. Este deber se deriva, en primer lugar, de una lectura sistemática de la Constitución Política, y en particular, de la prevalencia de los principios fundamentales de la Constitución como elementos integradores que deben informar la interpretación de la parte orgánica de la misma. En segunda medida, se deduce así mismo del análisis de los antecedentes históricos y de la teleología de la Constitución (…)”. Y -agrega- “de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, que la Corte, interpretando el artículo 93 de la Constitución, ha incorporado al ordenamiento jurídico como parte del bloque de constitucionalidad”.

Es lo que -de buena fe- ha procurado el presidente Petro. Pero, para dialogar se necesita la voluntad sincera de las partes, y lo cierto es que -pese a sus buenas intenciones- ha tropezado con la total falta de voluntad de los grupos alzados en armas, que, incumpliendo los compromisos asumidos, siguen practicando el terrorismo, el secuestro, los ataques a la fuerza pública y a la población, sembrando caos y horror en muchas zonas del país.

Por parte de esas organizaciones no hay voluntad de paz, ni sinceridad, ni lealtad, ni buena fe. Con ellas, los mecanismos de solución pacífica de conflictos son utopía, y eso lo deben entender el Gobierno y quienes participan en las negociaciones. Y lo entendemos los colombianos que hemos sido partidarios de alcanzar la paz mediante el diálogo.

Ahora bien. Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto.

Bogotá, D. C, 23 de mayo 2024

Expresidente de la Corte Constitucional