Opinión
“En materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro”
Por Amylkar D. Acosta M*. -El panorama del sector de los hidrocarburos es sombrío, Se acaba de revelar el reporte anual por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se titula el reporte del Balance reservas/producción, el cual muestra un panorama sombrío, comprometiendo seriamente el autoabastecimiento del país.
En el encabezado del Boletín expedido por la ANH con motivo de su presentación se dice que “Colombia mantiene un nivel de reservas/producción de petróleo por encima de 7 años”. Lo primero que llama la atención es que se afirme que se “mantiene” el nivel de las R/P de petróleo “por encima de 7 años”, cuando lo relevante es que pasó de 7.5 años en 2023, de por si preocupante, a solo 7.1 en 2024, al pasar sus reservas probadas de 2.073 millones de barriles a 2019, cifra esta que no es para celebrar sino para lamentar. Y si eso ocurre con el petróleo, las cifras del gas natural son peores, pues muestran una mayor caída, al pasar su relación reservas/ producción de 7.2 el año anterior a 6.1 en 2024, pasando sus reservas de 2.82 TPC el año anterior a 2.37 TPC ahora, registrando 0.45 TPC menos!
Las cifras no mienten, lo que muestra este informe de la ANH es que en materia de autoabastecimiento de hidrocarburos se está pasando de castaño a obscuro y ello mientras nos sigue rondando el fantasma de la importación de crudo y de mayores importaciones de gas natural. La única manera de evitarlo es incentivando la exploración mediante la firma de nuevos contratos de exploración y producción, y así detener la caída de las reservas es incorporándole más barriles a las de petróleo y más gigapies a las de gas y ello solo es posible con más exploración y es lo que vienen haciendo en el resto del mundo todos los países que cuentan con prospectos importantes de hidrocarburos.
Según afirmó el Director de la ANH Orlando Velandia, sin restarle importancia a la caída de las reservas de gas natural, “el comportamiento más crítico fue el del gas. Venimos con un decrecimiento de las reservas desde 2017”. Cabe advertir que en este Informe se hace demasiado hincapié en los incrementos entre el anterior reporte y este de los recursos contingentes, en las reservas probables y posibles, como ya lo había hecho la ex ministra Irene Vélez al momento de revelarse un reporte similar a este por parte de la ANH hace un año. Pero, la verdad sea dicha, lo que cuenta a la hora de la verdad son sólo las reservas probadas, pues como dice el adagio popular más vale pájaro en mano que cien volando!
La reacción del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, ante estas cifras que muestran una clara tendencia de declinación de las reservas de hidrocarburos, saliéndose por la tangente manifestó que de lo que se trata es de “acelerar y sacar adelante una transición energética justa, que permita aprovechar las oportunidades del país para transformar la energía en desarrollo económico”. Y a renglón seguido anunció que se pondría en marcha un plan de “reactivación” del sector de los hidrocarburos mediante la implementación de 15 medidas que se resumen en tres estrategias: la coordinación interinstitucional, la regulación y modernización normativa y la optimización contractual operacional.
A propósito de esta última ya se había anunciado por parte del Ministro en relación con los que identificó como “contratos perezosos”, adelantar la “identificación y clasificación de recursos descubiertos no desarrollados, así como campos sin operación, de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes, para diseñar estrategias que permitan su recuperación y comercialidad”, para lo cual planteó que en tales casos ECOPETROL los asumiría para su desarrollo.
Se parte de la premisa de que las empresas titulares de los contratos han sido negligentes a la hora de desarrollar los yacimientos a su cargo, lo que llevó en su momento a la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez a decir que “actualmente hay 117 contratos en exploración cuya viabilidad es posible que satisfagan las necesidades a corto plazo del país”. Concluyó diciendo que “los que hay son suficientes”, para justificar su posición de descartar la firma de nuevos contratos.
Atribuyo la motivación del proyecto de Resolución como una forma de activar bloques ya contratados por la ANH asumiendo ECOPETROL la operación de los mismos, en el afán del Ministro Camacho de detener la caída de la producción de crudo en el país y lo que es más importante para él encaminarse a su ambiciosa meta de volver al millón de barriles, sin dar pie atrás a la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Dicho de otra manera, su reemplazo en el cargo asumió como propia la narrativa de la ex ministra Vélez.
La ex ministra Irene Vélez lo apostó todo al mejoramiento del recobro, mediante técnicas que permitan producir más con menos, en defensa de “la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”. Pero las cifras no le han dado la razón.
Lo cierto es que el éxito de la actividad exploratoria es aleatorio, pues se rige por la lógica binaria de cero o uno. Nadie se puede llegar a ganar el baloto si no le apuesta. De manera que mientras más contratos se firmen la probabilidad de un hallazgo es mucho mayor que si no se firman. Los hechos son tozudos y deberían llevar al Gobierno a recapacitar y reconsiderar su decisión de no firmar más contratos. El Gobierno, en lugar de dar tantas vueltas, debería reconsiderar su negativa a firmarlos. Todo por el bien del país, al fin y al cabo el petróleo sigue siendo el primer renglón de exportación, la principal fuente generadora de divisas y de financiamiento tanto de la Nación como de las entidades territoriales.
Cota, mayo 25 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
“El ELN deberá entender que la voluntad de paz no es apenas un discurso desconectado de la realidad del país, de la que está lejos si continúa hostigando a la población”.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, les enseñaba Ignacio de Loyola a sus pupilos jesuitas, para señalar que en momentos de crisis es mejor no tomar decisiones irreversibles, trascendentales, como califiqué en mi anterior columna las que pudiera tomar la Mesa de Diálogos con el ELN en la ronda que hoy avanza en Caracas.
Ahora bien, pareciera que la crisis es el estado natural de estas negociaciones, que hoy se debaten entre el inaceptable anuncio de la reanudación de las retenciones con fines económicos, que no son otra cosa que secuestro extorsivo puro y duro, y la no menos inaceptable propuesta de Modelo de Participación presentada por el Comité Nacional de Participación a la Mesa de Diálogos, plagada de equívocos y desbordamientos a los que ya me referí ampliamente y hacen parte de una carta que le envié a Vera Grabe, jefe de la delegación gubernamental de la cual hago parte, en la que, entre otras cosas, expresé mi recomendación de aplazar cualquier decisión sobre el particular.
La crisis fue también una constante en las negociaciones entre un gobierno claudicante y unas Farc extorsivas que pregonaban tener unidad de mando y no la tenían, pero Santos, perdónenme la expresión, “se hizo el pendejo” y el resultado lo estamos viendo en Cauca y en todas las zonas de control territorial y violencia narcoterrorista de unas disidencias que hacen la guerra mientras dicen querer la paz.
Hoy, sin embargo, la situación está enmarcada por una consideración legal y dos situaciones sobrevinientes: La primera se refiere a que la Delegación no puede ir más allá de las atribuciones que reciba del Gobierno como delegante, y este, a su vez, no puede sobrepasar sus propias atribuciones dentro de la separación de poderes del Estado de Derecho. Así las cosas, cualquier Acuerdo suscrito por la Delegación con el ELN, que requiera de un soporte legal o constitucional inclusive, exceden las atribuciones de la delegación y de su delegante, el Gobierno, que no puede invadir las competencias del Congreso de la República.
De ahí la necesaria prudencia, esa “que hace verdaderos sabios”, frente a la firma de Acuerdos que no son “vinculantes” automáticamente, sino supeditados al trámite democrático en el Congreso, pero sí pueden generar expectativas en una sociedad que, aupada por el Gobierno mismo, empieza a pensar que su participación directa ya es ley para las partes.
La primera situación nueva se refiere a que hoy el ELN se quedó solo como la última guerrilla comunista, pues, mal que bien, las Farc negociaron y, se supone, desaparecieron. En ese sentido, las tales disidencias deberían ser tratadas como lo que son: grupos armados narcoterroristas que podrían negociar sometimiento a la justicia, pero nunca propuestas de transformaciones de paz, oportunidad que ya tuvieron y desperdiciaron.
La segunda es pragmática: Hoy tenemos presidente de izquierda y miembro amnistiado de otra guerrilla comunista, es decir, un gobierno con mayor afinidad y con el cual no solo debería ser más fácil negociar, sino que, de no hacerlo, podría representar la última oportunidad para el ELN.
Hasta donde sea posible, entre el escepticismo que no desaparece y la esperanza a la que me aferro, seguiré aportando a partir de mis convicciones en defensa de la sociedad, la ley y el orden constitucional.
El ELN, por su parte, deberá entender que la voluntad de paz no es apenas un discurso desconectado de la realidad del país, de la que está lejos si continúa hostigando a la población. Solo renunciando a hacerlo podrá ganar la credibilidad que hoy no tiene y darles a las negociaciones la legitimidad que necesitan.
Bogotá, D. C, 26 de mayo 2024.
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
“Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias”.
Por Giovanni Décola*. -La derecha retardataria en el mundo occidental no ha querido entender, cómo el afán desmesurado por la acumulación del capital incide en la catástrofe climática, la cual amenaza a un ritmo galopante, la extinción masiva de especies, incluida la raza humana.
Quienes pretenden ridiculizar a Petro por su discurso en la Universidad de Stanford en California, la verdad, se están es ridiculizando a sí mismos. No fue gratuito que la comunidad internacional escogiera a Cali como la sede de la COP 16 de la conferencia bianual sobre la biodiversidad, reconociendo el liderazgo global de Petro en la concientización de la necesidad del abandono de los combustibles fósiles, especialmente de los basados en el carbono.
La comunidad científica desde antes de 1992 cuando en Río de Janeiro se firmó el tratado internacional sobre medio ambiente, ya nos alertaba sobre la realidad del cambio climático, cuyos acuerdos se ratificaron y ampliaron en Berlín en 1995, Tokio en 2005, París en 2015, y esperamos que en Cali en 2024 bajo el liderazgo de nuestro Presidente, los representantes de más de 190 países se concienticen de medidas urgentes para minimizar los efectos del cambio climático a la que las fuerzas de derecha niegan su comprobada existencia.
Cuando Petro señala a la acumulación ampliada del capital y su injerencia en la biodiversidad, no está diciendo nada distinto, a que la Defensa del medio ambiente requiere de la cooperación de todos los paises con "responsabilidades comunes, pero diferenciadas". Me explico: Si bien, el problema del cambio climático afecta a todos los países, y tarde o temprano, su efecto negativo los terminará impactando, la responsabilidad de los países no es idéntica. Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias. Investigaciones demuestran que desde 1750 EEUU es de lejos el mayor productor de dióxido de carbono. Más que toda Europa junta, el doble que China, teniendo solo 1/4 parte de su.población (340 vs 1425) u 8 veces más que India que tiene 1417 millones de habitantes.
El hecho de que Petro haya denunciado esos hechos en el país bastión del imperialismo climático, hace que su discurso tenga un valor agregado: es el reclamo de los países en desarrollo, cuyos recursos naturales y materias primas han sido saqueadas por las grandes potencias y que hoy reflejan una extrema desigualdad entre el nivel de vida promedio de una persona en África o América Latina con respecto a una de Europa o Estados Unidos; la cual es hoy, siete veces mayor, que la de hace un siglo.
Entonces Petro denuncia que esas potencias que se han servido de la explotación del carbono, y que le han facilitado una acumulación ampliada del capital, tienen MAYORES DEBERES en resolver la crisis climática que ellos han provocado deliberadamente y sin controles, dado a que sus multinacionales que son responsables del 73% de la emisión de los gases efecto invernadero, no les sería rentable en términos monetarios la conversión a las energías limpias.
Decirles Petro en su cara a los gringos que el modelo de acumulación capitalista y de consumo, es la principal causante de la crisis climática, se me hace algo revolucionario.
Pedirles que dejen atrás la hipocresía del "capitalismo verde", que solo busca mitigar con acciones cosméticas el cambio climático, sería solo una fantasía ilusa de cambiar el hilo devastador de la historia, sino se cambia el modelo de combustibles fósiles por energías limpias y renovables.
Entonces cuando Petro habló en Stanford de la economía verde, no se refería a los dólares, ni consiste en ecologizar la economía, sino en utilizar las ideas del ecologismo PARA REVITALIZAR EL CAPITALISMO, haciéndolo pariente del humanismo, y alejarlo de ese capitalismo salvaje que apunta inexorablemente a la devastación de todas las especies.
Si hoy, ya la 1/4 parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable y cada año, 75 millones de personas pierden el acceso a este líquido vital, es porque vamos en la dirección equivocada, y como remató Petro su discurso: ya es demasiado tarde, pero aún, hay mucho por hacer para preservar la vida en el planeta.
Barranquilla, 26 de mayo 2024
*Abogado y especialización en Derecho Administrativo.
“Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad…”
Por José Manuel Restrepo*. En 1957, en circunstancias difíciles durante el fin del gobierno Rojas Pinilla, e incluso tres años después del atípico nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional, unos muy representativos rectores de universidades privadas y públicas, se reunieron para dar vida a Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) con el mandato de defender y promover la autonomía universitaria, pero también ese activo tan importante en nuestra historia educativa, que ha sido el contar con un poderoso sistema mixto (público-privado).
Y como la historia suele repetirse con ropajes distintos, sesenta y siete años después, Ascun hace un histórico llamado, a propósito de los hechos acaecidos con el gobierno en la Universidad Nacional, a que se respete y se garantice esa misma autonomía universitaria. Y lo hace porque de nuevo estamos hablando de la institución madre del sistema universitario colombiano que definirá la forma como el gobierno actué en el marco de nuestra constitución e institucionalidad.
Pero no lo hace sólo en relación a este tema, sino que tácitamente hace un llamado de preocupación al contenido y cambios que se le han introducido en el Congreso al proyecto de reforma estatutaria de la educación, pues pareciera que las actuaciones sobre el proceso de la elección del rector de la Nacional parecen una “aplicación anticipada” de este proyecto estatutario que ni siquiera es ley de la República.
Esto ha puesto de presente una discusión que viene emergiendo con mucha fuerza sobre un proyecto estatutario de educación que, si bien suena atractivo como búsqueda de que la educación sea un derecho fundamental (hecho que repite el artículo 67 de la constitución), tiene hoy más sombras que luces.
Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad, internacionalización, pertinencia en respuesta a los llamados del sector productivo, conectividad, inserción en tecnologías de cuarta revolución industrial, desconocimiento profundo de la educación posmedia, y en general en quedarse en la historia en los propósitos de una educación más innovadora y al ritmo de las necesidades y respuestas a las demandas de los jóvenes de hoy y de mañana.
Como asuntos puntuales, y sin meterme en las honduras de un proyecto sin sostenibilidad ni evaluación de impacto fiscal o que debilita la evaluación docente, éste tiene una lógica voluntarista, al creer que el único maestro es aquel que tiene una licenciatura o un posgrado específico en educación. Hay miles de sobresalientes maestros que lo son con títulos universitarios o profesionales.
Pero una preocupación central, volviendo a Ascun, es que desconoce el sistema mixto de educación superior y es contrario al espíritu de autonomía universitaria al inducir un modelo de elección directa de los órganos de gobierno universitario, que desconoce por completo las mejores prácticas gobierno universitario del mundo, y seguramente abona réditos populistas, burocráticos y políticos.
Así las cosas, enhorabuena la ponencia alternativa de los senadores Luna, Deluque, García y Blanco, que corrige el proyecto y lo enmarca en el camino que debería ser. Ojalá el Senado lo acoja y no terminemos perdiendo el tiempo con un proyecto que piense más en el pasado que en el futuro.
Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2024
*Rector Universidad EIA
“El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse”.
Por Gabriel Ortiz*. -Por fin el presidente Petro se ha percatado y aceptado su culpabilidad en los reveses que enfrenta su gobierno y que tiene a Colombia en graves dificultades que se multiplican nefasta y azarosamente.
La guerrilla crece sin control alguno, asesinando a la población civil, con niños y familias enteras, a lo que se agrega la acción de frentes económicos que ofrecen a la juventud motos, prebendas y hasta 2.000.000 pesos, para utilizarlos como frentes de inteligencia y combatientes.
Los gobernadores del Cauca y Chocó se han pronunciado en contra de esa acción subversiva que tiene en vilo a sus regiones. El primero, protesta por la desprotección que le ofrece el gobierno central. La gobernadora del Chocó ha tratado de entablar diálogos con el Clan del Golfo y otros tantos más que aniquilan a sus habitantes y solo recibe desplantes del jefe de Estado, que visitó esa olvidada región, sin siquiera plantear alguna solución.
Si se mira todo el territorio nacional se observa cómo la subversión se apodera e impone su ley en vastas zonas, hecho que al parecer impulsa a Petro para ir a la ONU, a acusar a otros de la parálisis del proceso de paz.
Esta nación está plagada de cultivos de coca que los grupos guerrilleros envían al exterior, aprovechando los ríos y habitando en las zonas pobladas de las regiones.
Las cárceles se le salieron de las manos al gobierno del cambio. Desde dentro de los patios se amenaza, se actúa y se maneja el crimen, el secuestro y la extorsión que intranquilizan todos los territorios. Quienes manejan la seguridad carcelaria son asesinados, como ocurrió con el coronel Elmer Fernández, por no atender los retos e intimidaciones de un “Pedro Pluma”.
El director de La Modelo y de otros establecimientos no tiene protección. Los vehículos no son blindados, ni su guardia está capacitada.
Adicionalmente, el presidente pierde cada vez más su prestigio. Quiso apoderarse de la rectoría de la Universidad Nacional violando la autonomía que ordena la Constitución. Eso mismo quiso hacer con la Federación Nacional de Cafeteros y otras entidades en las que quiere poner “petristas” de pura cepa, que caen en las perversas manos de la corrupción. No sabe escoger personas capaces y limpias. Esa es su costumbre. Basta recordar el nombramiento de Navarro Wolf como secretario de gobierno de Bogotá: lo botó por bueno.
En el caso de los carrotanques, por lo menos admitió que fue el responsable de la corruptela que tanto nos ha costado a los colombianos. Sin sonrojo exclamó: “puse a Olmedo y otros, que con rapidez se robaron la plata”.
Y así pasa casi todo. Hasta los de la primera línea se sienten defraudados, porque el millón de pesos mensual para que dejaran de matar no les llega. La otra juventud, la del Consejo Nacional, está cansada de discursos de Petro sin soluciones. Lo llaman politiquero.
Todo se le viene encima. La Andi le dice que vuelva al diálogo para enderezar la economía.
El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse.
BLANCO: Solo nuestros deportistas, cuyo ministerio desprecia Petro, están sacando la cara por Colombia.
NEGRO: La policía atropelló a la prensa que cubría el asesinato del coronel Fernández. Y nadie dice nada.
Bogotá, D. C, 24 de mayo 20 24
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
“Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto”.
Por José G. Hernández*. - En la época del Renacimiento, Tomás Moro -en Utopía- concibió una isla perfecta, en que el bien, la justicia, la sana convivencia, el mutuo respeto, el progreso y especialmente la paz tendrían plena realización. “Es un país que se rige con muy pocas leyes, pero tan eficaces, que, aunque se premia la virtud, sin embargo, a nadie le falta nada”. Algo no solamente difícil sino inalcanzable.
Al parecer, cuando hablamos de la paz en Colombia -anhelada y buscada desde hace tantos años-, hablamos de una utopía.
La paz es uno de los valores esenciales proclamados en la Constitución de 1991, como lo dice su preámbulo y lo reitera el artículo 2 cuando indica que una de las finalidades esenciales del Estado consiste en asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Según estatuye el artículo 22, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
En criterio de la Corte Constitucional (Sentencia C-069 de 2020), “la paz no es sólo una aspiración constitucional, sino que le impone derroteros ciertos (…): 1) un deber de adoptar medidas tendientes a canalizar el conflicto armado por medios políticos, y en ese mismo sentido, 2) el deber de darle prelación a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, y finalmente, 3) un deber de garantizar progresivamente la protección de los derechos”.
Según expresa, el presidente de la República “debe buscar preferencialmente acudir a mecanismos de solución pacífica de los conflictos internos. Este deber se deriva, en primer lugar, de una lectura sistemática de la Constitución Política, y en particular, de la prevalencia de los principios fundamentales de la Constitución como elementos integradores que deben informar la interpretación de la parte orgánica de la misma. En segunda medida, se deduce así mismo del análisis de los antecedentes históricos y de la teleología de la Constitución (…)”. Y -agrega- “de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, que la Corte, interpretando el artículo 93 de la Constitución, ha incorporado al ordenamiento jurídico como parte del bloque de constitucionalidad”.
Es lo que -de buena fe- ha procurado el presidente Petro. Pero, para dialogar se necesita la voluntad sincera de las partes, y lo cierto es que -pese a sus buenas intenciones- ha tropezado con la total falta de voluntad de los grupos alzados en armas, que, incumpliendo los compromisos asumidos, siguen practicando el terrorismo, el secuestro, los ataques a la fuerza pública y a la población, sembrando caos y horror en muchas zonas del país.
Por parte de esas organizaciones no hay voluntad de paz, ni sinceridad, ni lealtad, ni buena fe. Con ellas, los mecanismos de solución pacífica de conflictos son utopía, y eso lo deben entender el Gobierno y quienes participan en las negociaciones. Y lo entendemos los colombianos que hemos sido partidarios de alcanzar la paz mediante el diálogo.
Ahora bien. Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto.
Bogotá, D. C, 23 de mayo 2024
Expresidente de la Corte Constitucional
“Defender principios que han sido sagrados en nuestra tradición de manejo de la política exterior como el del rechazo a la utilización de la fuerza para resolver desacuerdos territoriales, es un tema que el canciller Murillo no podrá eludir y si lo hace su responsabilidad histórica será enorme y porque tendrá gravísimas consecuencias para Colombia”.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. -El ministro Murillo que ya lleva varios meses en el cargo y desempeñó cabalmente su tarea como embajador ante la Casa Blanca no está aterrizando en un campo desconocido. Se diría que lleva casi dos años de excelente preparación.
Aparte de los temas que son propios y no siempre fáciles del trabajo de la Cancillería, estamos viviendo en un mundo muy complejo que demanda de sus protagonistas en el área internacional muy buena información, apropiados conocimientos, y un manejo muy cuidadoso, en ocasiones sutil. La verdad es que Colombia ha perdido mucha vigencia en el mundo internacional. Y, algo que no había ocurrido, se utiliza la ruptura de relaciones diplomáticas con una frecuencia que jamás habíamos conocido. Como si no existieran más herramientas en la vida diplomática para manejar los desacuerdos o los desencuentros con otras naciones. El propio ministro Murillo formalizó la ruptura de relaciones diplomáticas con una nación que ha tenido enorme significado con respecto a los temas de seguridad en Colombia.
Infortunadamente, el interés de la ciudadanía colombiana y aún de personas que ocupan cargos de dirección en el sector empresarial por los temas de la política internacional es muy precario. Parece que no formamos parte del mundo globalizado. Y que no se aprecian todas las oportunidades y ventajas que una apropiada inserción de Colombia en ese mundo podría tener para nuestro mejor bienestar.
La tarea que tuvo el ministro Murillo en Washington no era fácil. Y la supo llevar de la mejor manera. Y la que ha tenido como canciller encargado ha sido también muy compleja. Recordemos el tema de los pasaportes o el de las relaciones con Venezuela o con Argentina.
Quiero llamar la atención sobre un tema que hasta el momento ha merecido muy poca consideración, casi diría que ninguna, por parte de los medios de comunicación o de la Academia o de otras instituciones o de agencias que no se pueden permitir el lujo de no valorar el significado de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Me refiero al gravísimo problema entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Venezuela cada día adopta una actitud más nacionalista, más patriotera, más beligerante frente a esa pequeña nación. Alega ser la propietaria del Esequibo y sus inmensos recursos petroleros y mineros, maneja una retórica abiertamente inconveniente sobre el tema, ha generado una situación casi de razón de ser, dicen algunos, de las fuerzas militares frente a este tema y como que acusa de antipatriota a cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con este tipo de comportamientos. La verdad es que ha habido un escalamiento militar tanto aéreo como marítimo que ha obligado a países como Gran Bretaña y Estados Unidos a realizar gestos de naturaleza militar que buscan enviar un mensaje de apoyo a este pequeño país.
Sería una verdadera catástrofe de nuestra política internacional continuar con la pasividad frente al desafío descomunal de todas las normas internacionales y de las mejores tradiciones de nuestra región en materia de respeto a la soberanía territorial de los países. El silencio de la Organización de Estados Americanos y de otras agencias multilaterales es inaceptable. Hay demasiados ejemplos de la amenaza y la intimidación permanente del gobierno de Maduro contra Guyana. Defender principios que han sido sagrados en nuestra tradición de manejo de la política exterior como el del rechazo a la utilización de la fuerza para resolver desacuerdos territoriales, es un tema que el canciller Murillo no podrá eludir y si lo hace su responsabilidad histórica será enorme y porque tendrá gravísimas consecuencias para Colombia.
Bogotá, D. C, 20 de mayo 2024
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
“Las finanzas públicas del país se encuentran en situación calamitosa; situación que apenas empieza a salir a flote”.
Por Juan Camilo Restrepo*. - Existe en el país un malestar creciente de las regiones con el gobierno central. Por todos lados se solicita ampliación del sistema general de participaciones que, con el correr de los años, se ha venido cerrando sobre el cuello de las entidades territoriales y está a punto de asfixiarse.
El situado fiscal, originalmente diseñado en la Constitución de 1991, disponía que los departamentos y municipios participaran en un 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Fue ésta la piedra angular sobre la cual se diseñó el ambicioso esquema de la descentralización fiscal en Colombia.
Sin embargo, con el correr de los años y en virtud de dos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007, la situación de las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales se ha vuelto calamitosa: hoy en día apenas participan en el 20% de los ingresos corrientes de la Nación; es decir, una suma más de 26 puntos porcentuales inferiores a la que se buscó con la Carta Política del 91.
Par remediar esta situación -sin caer en un federalismo alocado- se están moviendo algunas iniciativas. Pero todas ellas chocan contra la insensibilidad del gobierno central que hace muy improbable pensar que el nudo corredizo que hoy asfixia las finanzas de departamentos y municipios pueda aflojarse en los meses venideros.
El gobernador de Antioquia está promoviendo un referendo constitucional para aliviar esta situación. En las conferencias de gobernadores recientes no se habla de otra cosa. Y en el Congreso Nacional fue aprobado en primer debate un acto legislativo (No. 18 de 2024) por el cual se busca, gradualmente, retornar a la situación existente al momento de aprobar la Constitución del 91.
Sin embargo, y seguramente por razones asociadas a la caída de los recaudos y al voraz empeño del gobierno central para aumentar sus propios gastos definidos desde Bogotá, estas iniciativas están chocando contra una muralla de indiferencia del gobierno central.
Ariel Ávila, que fue el ponente en la Comisión primera del Senado del primer debate del acto legislativo No. 18 de 2024, con un excelente documento, relata cómo en su condición de ponente solicitó al ministerio de Hacienda la opinión sobre el retorno a los porcentajes de las transferencias hacia las entidades territoriales para buscar reencontrar los niveles originarios previstos en la Carta del 91.
Cuenta el senador Ávila en su ponencia que la única respuesta que obtuvo del Ministerio de Hacienda en comunicación del 11 de octubre de 2023, fue que “se abstenía de dar concepto favorable a la iniciativa”.
Esta destemplada respuesta del ministerio de Hacienda no se compagina con la promesa que hizo el presidente Petro a los gobernadores reunidos en Cartagena recientemente, según la cual el gobierno sería favorable a incrementar el porcentaje de las entidades territoriales en el sistema general de participaciones.
No es sorprendente esta contradicción del gobierno central: las finanzas públicas del país se encuentran en situación calamitosa; situación que apenas empieza a salir a flote. Los anuncios de que se va a buscar una flexibilización de la Regla Fiscal, la implantación de inversiones forzosas y una nueva reforma tributaria, son apenas tres expresiones de la condición menesterosa en que se encuentran las finanzas del gobierno central.
Y mientras desde la Casa de Nariño se anuncian más y más programas de gasto público comandados por el presidente Petro, no es sorprendente que los departamentos y municipios estén quedando en la cola de las prioridades.
Bogotá, D. C, 19 de mayo 2024
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
“Al parecer al Presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere”.
Por Amylkar D. Acosta M* - La economía colombiana arranca el 2024 con el pie izquierdo, sigue rengueando sin levantar cabeza. Según el más reciente reporte del DANE, en el primer trimestre de este año el PIB tuvo un magro crecimiento del 0.7% y aunque la proyección del Gobierno para el año completo es de 1.5%, el Banco de la República revisó a la baja su previsión desde 1% a 0.8%, el Banco Mundial hizo lo propio, recalculándolo de 1.8% a 1.3% y por su parte el FMI desde 1.3% a 1.1% (¡!).
Y no es para menos, después del débil comportamiento de la economía, que registró un crecimiento de 0.7% en el primer trimestre de este año. Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter a afirmar que “estamos estancados…Si uno quiere mirar lo que ha pasado en los seis trimestres que llevamos de este Gobierno, la actividad económica ha crecido 1%. Este es un dato muy malo”.
El Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ve el vaso medio lleno y con su optimismo panglosiano reaccionó al momento de revelarse estas cifras matizando los resultados, afirmando que “el cuarto trimestre de 2023 terminó con un crecimiento de 0.3%, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en este 2024”, asumiendo que entre el último trimestre de 2023 y el primero de este año el PIB creció 1.1 puntos porcentuales, cuando la comparación, en rigor, debe hacerse es con igual trimestre del año anterior, cuyo crecimiento fue de 2.7%, es decir 2 puntos porcentuales por debajo. Peor aún si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, cuando se registró un crecimiento del 8.2%!
Pero mientras él ve el vaso medio lleno la mayoría de los analistas coinciden en verlo más bien medio vacío. Empezando porque el crecimiento económico completó 4 trimestres consecutivos rozando el cero.
Excepción hecha del sector agropecuario, más el pecuario que el agrícola, que creció el 5.5% y el repunte de obras civiles pasando con un crecimiento del 7.5%, pero que se ha visto contrarrestado por la caída del – 6.8% en vivienda, los demás sectores productivos ajustaron entre 4 trimestres consecutivos a la baja la industria manufacturera y 5 trimestres el comercio. 35 de sus 39 actividades en baja durante 15 meses consecutivos. Igual que ocurrió con el crecimiento del PIB en 2023, de no ser por el crecimiento de la administración pública (5.3%), que contribuye con 0.7 puntos porcentuales al dato final, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año hubiera registrado una baja del - 0.1%.
En gran medida la baja en la producción responde al descaecimiento de la demanda. Al tiempo que el consumo final se ha estancado, registrando un crecimiento de sólo 0.4% para el primer trimestre de 2024, particularmente el consumo de los hogares creció un pírrico 0.6%, el consumo final del Gobierno registró una tasa negativa de – 0.7%, reflejando fielmente la baja ejecución del Presupuesto general de la Nación (PGN), que el año pasado cerró en el 70.5%, nivel este que no se veía desde el 2013 cuando alcanzó el 70.9%. En este primer trimestre sigue el rezago en la ejecución alcanzando el 14.3%, cuando a estas alturas debería estar en 33% (¡!).
Afirma José Ignacio López, Presidente del Centro de estudios económicos ANIF, que “creemos que los siguientes trimestres tendrán un comportamiento similar al primero, repuntando hacia el segundo semestre del año para tener un cierre cercano al 1.1% anual”. Ello se explica en gran medida por el comportamiento del rubro de inversión, el cual registró un bajonazo en el 2023 del - 24.8% y en el primer trimestre de este año del - 13.64%. Acumula ya 5 trimestres a la baja. El nivel alcanzado de inversión en este trimestre estuvo por debajo del 15% del PIB, el más bajo desde 2005.
Y, como es apenas obvio, la baja en la inversión y la pérdida de su efecto multiplicador sobre las demás variables de la economía que se viene registrando inhibe y arrastra consigo a la baja el crecimiento del PIB, al tiempo que condiciona el crecimiento potencial de la economía, el cual pasó del 4.8% en el 2012, aupado por el largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), al 3.5% en 2016 y actualmente llega a duras penas al 2.5%. Y es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.
Ante la ralentización del crecimiento de la economía de enantes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno de un plan de choque mediante una política contracíclica tendiente a reactivar la economía. El Presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer al Presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.
Finalmente, bien vale la pena que el Gobierno escuche y tome nota de las recomendaciones que desde el sector productivo, los gremios y los centros de pensamiento se le vienen planteando en el propósito de sacar la economía del letargo en el que está. Como lo afirmó el Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía “desde la política pública acelerar el crecimiento, primero con la adecuada ejecución del presupuesto que continúa por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años”. Y llamó la atención sobre un factor que viene gravitando sobre la economía y su desempeño, que “tiene que ver con eliminar los factores de incertidumbre que ha sido una barrera especialmente frente al crecimiento de la inversión, de la formación bruta de capital”. A este propósito bien dijo el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Y en Colombia estamos urgidos de la una y de la otra!
Cota, mayo 18 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
“Robar, por desgracia, es un verbo que se conjuga sin talanqueras éticas en gobiernos de derecho o izquierda, no tiene ideología, ni respeta banderas partidistas”.
Por Hubert Ariza*. - Ante los ojos de la mayoría de los colombianos no es un estereotipo que el sello de la política haya sido la corrupción, que es el cáncer que se devora la democracia y aúpa los discursos populistas de derecha o izquierda.
El Gobierno de Petro llegó al poder en 2022, precisamente, con el voto castigo de sectores sociales y clases medias hastiadas no solo del mal manejo gubernamental del estallido social y el impacto de la pandemia, sino, especialmente, por los graves casos de corrupción que marcaron el cuatrienio Duque y navegan en la impunidad. Su opositor, Rodolfo Hernández, estaba, además, incurso en graves investigaciones por sobornos cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, que luego fueron falladas en su contra.
Pero ahora, la corrupción contamina el cambio y hace mucho más difícil el camino de las reformas del Gobierno Petro y sus anhelos de reelegir su proyecto político, en una campaña presidencial que avanza a toda marcha y en la que, sin embargo, no es claro aún cuál será el mensaje que se impondrá en esa disputa política que desde ya se anuncia como marcada por la polarización y los discursos de odio.
Sin duda, la lucha contra la corrupción tendrá un alto impacto en el debate electoral en ciernes, dado el desastre para el Ejecutivo que han significado las revelaciones sobre el desvío de miles de millones de pesos de dineros públicos a particulares y congresistas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y la cadena de sucesos judiciales y políticos que ha generado.
Es largo el listado de graves casos de saqueo del erario que han marcado a Colombia en las últimas décadas, la mayoría sin castigos ejemplares o sanción social a los responsables. Cada presidente ha tenido su cruz a cuestas. Desde López y la Handel, Gaviria y el apagón, Samper y el proceso 8000, Pastrana y Chambacú, Uribe y Agro Ingreso Seguro, entre otros; Santos y Odebrecht, Duque y el Ocad Paz. Y ni hablar de los cientos de gobernadores y alcaldes destituidos por el ministerio público, incluso el mismo Petro, por casos de corrupción, quien logró regresar al poder y cambiar el derecho disciplinario interno gracias a una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Odebrecht es el macrocaso emblemático más reciente, que muestra el déficit de justicia del país: mientras en otras naciones esa multinacional recibió castigos ejemplares, en Colombia no se pasó de titulares escandalosos sobre investigaciones penales y fiscales que no terminaron en nada.
La insuficiencia de transparencia y justicia es enorme en un país asfixiado por la ilegalidad y la violencia. La impunidad es la marca de un sistema judicial que ha sido incapaz de derrotar ese monstruo que se devora la democracia y mata más que la guerra, como bien lo señaló el exprocurador Fernando Carrillo Flórez.
Un sistema judicial en crisis que cayó, hace pocos años, en manos del llamado Cartel de la Toga, que aumentó la falta de confianza. A ello se sumó una Fiscalía hiperpolitizada y convertida en fortín de la oposición política a Petro, para impulsar la carrera presidencial del titular. Además de una Procuraduría en modo oposición a la que desde muchos sectores se pide su eliminación por innecesaria o, por lo menos, una reforma profunda que permita que se apliquen las recomendaciones de la CIDH.
Durante décadas el país creyó que la principal amenaza al bienestar y el desarrollo era el conflicto armado interno, hasta que descubrió, luego de los acuerdos de paz de La Habana con las Farc, que silenciaron los fusiles por un corto espacio de tiempo, que era la corrupción la causa de la mayoría de los males nacionales. Se calcula que 50 billones de pesos anuales se quedan en los bolsillos de los inescrupulosos. Lo grave es que no se coparon los territorios abandonados por las extintas Farc y se permitió que nuevos actores armados ilegales los ocuparán y la guerra se reciclara con otros actores y la corrupción avanzara sin importar de qué color político es el inquilino de la Casa de Nariño. Porque la corrupción no tiene ideología, ni respeta banderas partidistas. Robar, por desgracia, es un verbo que se conjuga sin talanqueras éticas en gobiernos de derecho o izquierda.
Y el Gobierno Petro que llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción, ha caído en el terreno fangoso de la falta de transparencia de altos funcionarios que no han temido llevarse por delante la imagen de su jefe, boicoteando el ímpetu reformista de la administración, bloqueando la agenda legislativa y metiendo a la izquierda en el mismo costal de la derecha, ampliando el partido de los arrepentidos por votar por la izquierda.
Los escándalos de la UNGRD, son hoy el insumo que alimenta el discurso de una derecha radical que intenta minar el futuro del Gobierno nacional y etiquetarlo como el más corrupto de la historia. Los carrotanques de la UNGRD han atropellado de frente a las cabezas del Congreso de la República y a una treintena de congresistas, cuyos nombres se espera conocer muy pronto. La demolición llega hasta el Partido Verde, que ha visto desmoronar su representación en la Casa de Nariño y salir por la puerta a su referente ético, el profesor Antanas Mockus, y a una de las dirigentes políticas más polémicas y combativas de los últimos años, y segura aspirante presidencial, la exalcaldesa Claudia López, quien hoy es blanco de todo tipo de ataques por su supuesto oportunismo político y su permanente cambio de discurso para llegar al poder.
Todo cuanto sucede hoy alrededor de los graves casos de corrupción, tanto en la pasada campaña presidencial, como en el actual Gobierno, es una prueba de fuego a la nueva Fiscal, quien llegó con un mandato de sanear la entidad del virus opositor y pendenciero que dejó su último director. Y se espera que la anunciada reforma a la justicia llegue en la próxima legislatura para surtir el viacrucis del trámite respectivo, permitiéndole al ministro de Justicia lucirse y dejar huella.
El presidente Petro ha dicho al respecto que espera que esa reforma simplifique los procesos, acercándolos a la verdad y no a la venganza. “No creemos en una justicia vengativa, creo que eso solo reproduce las condiciones de la violencia en Colombia. Porque si se establece la verdad judicial, pues la justicia es eficaz, esos son sinónimos los dos conceptos. Y la verdad judicial trae aparejada la restauración de la víctima”, expresó sobre el proyecto a la justicia.
No se conoce aún el texto de ese proyecto de reforma y qué tanto significará en la lucha contra la corrupción. Un Gobierno que se eligió enarbolando la bandera de la justicia debe convertir la lucha contra la corrupción en eje de la transformación de la sociedad. No hacerlo es condenarse a caer en el vacío de los discursos inanes y permitir que en las próximas elecciones pesen más en las urnas los carrotanques de la miseria humana que compraron Olmedo y Sydner, y no las ejecutorias del cuatrienio y las promesas por venir de un posible nuevo gobierno de izquierda. No es imposible que Petro deje su sucesor, solo basta recordar que a pesar la catástrofe ética que significó la gestión del desaparecido Samuel Moreno como alcalde de Bogotá, la ciudad eligió a Petro como su sucesor. Y de ahí saltó a la Presidencia.
Bogotá, D. C, 19 de mayo 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
