Opinión
Por Juan Camilo Restrepo. Lo que parecía hasta hace algunas semanas impensable comienza a verse como una posibilidad seria: que el mundo vuelva a verse sumido en una recesión económica a nivel mundial, después de una década de sólido crecimiento
Son varias las razones que los observadores señalan.
En primer lugar, la economía norteamericana empieza a dar muestras de recalentamiento. Trump calificó imprudentemente de torpe a la Federal Reservepor su última elevación de tasas de interés, de las cuales ya lleva varias en los últimos meses. Es evidente que el banco de la reserva de los Estados Unidos no va a permitir un nuevo brote inflacionario y hará todo lo posible para impedirlo, ya sea a través de alzas en las tasas de interés o de otras medidas monetarias que están a su alcance.
Mientras el Banco Central de los Estados Unidos ya ha comenzado a operar sobre las tasas de interés, los europeos aun no lo han hecho pero no puede descartarse que, comenzando por el Banco Central Europeo, empiecen a hacerlo.
Un dinero más caro, tanto en los países industrializados como en áreas en desarrollo como la nuestr, tendrá por efecto desacelerar la actividad económica.
La guerra comercial desatada por Trump no va a pasar tampoco impunemente. Otros países, como la China, han respondido elevando sus propios aranceles a las importaciones norteamericanas. Menor comercio mundial acarrea indefectiblemente menor crecimiento económico.
Para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señora Lagarde, los nubarrones comienzan a acumularse en el horizonte. Hace poco dijo: “mi inquietud: espero que no seamos todos víctimas de una amnesia colectiva sobre lo que sucedió hace 10 años, y sobre lo que sucedió mucho antes cuando las tensiones geopolíticas sumadas al proteccionismo provocaron terribles acontecimientos”.
Hasta el momento estos nubarrones de crisis no asoman en el horizonte de la economía colombiana. Pero de continuarse a nivel mundial, tarde o temprano nos llegarán. La semana pasada la bolsa de valores de Colombia tuvo un leve descenso acompañando a la fuerte caída que experimentaron las bolsas internacionales, muy especialmente en el sector de las acciones de empresas de alta tecnología. Hay algunos países que ante el endurecimiento del dólar ya han comenzado a ver dificultoso el pago de su deuda externa, como ha sido el caso de Turquía y de Argentina.
Afortunadamente en todo el mundo, y en Colombia muy especialmente, disponemos de un sistema financiero hoy mucho más sólido y solvente del que había hace una década.
Pero las voces de preocupación comienzan a escucharse y hay que estar preparados. Por ejemplo, una revista tan prestigiosa como The Economist termina su último informe con esta inquietante premonición: “puede no tomar mucho tiempo hasta que presenciemos una nueva recesión. Una década de crecimiento continuado está llegando a su fin”.
Bogotá, D. C, 29 de otubre de 2018
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Amylklar D. Acosta M *.- En los últimos días ha estado alborotado el cotarro político por cuenta de la controversia que se ha suscitado a raíz de la presentación al Congreso de la República de un proyecto de acto legislativo que se propone reformar el artículo 262 de la Constitución Política dizque para unificar los períodos del Presidente de la República con el de los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, así como con el de las asambleas y concejos. Pero ese es sólo el señuelo, porque el objetivo de fondo no es otro distinto que el de la ampliación de los periodos a los actuales mandatarios seccionales.
Las razones que se aducen y sustentan para esta propuesta son varias, las que se podrían sintetizar en el pronunciamiento conjunto de los gremios que representan a la parte interesada: “mejoraría la coordinación y articulación en la planeación económica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”. Todas ellas loables e incontrovertibles, pues es una verdad de apuño que gobernadores y alcaldes ven interferida e interrumpida su gestión por espacio de un año de los cuatro años de su mandato por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley de garantías en vísperas de las elecciones programados. También es cierto que debido al traslapamiento de los periodos de unos y otros existe una disfuncionalidad entre los planes de desarrollo de los departamentos, municipios y distritos con respecto al Plan Nacional de Desarrollo.
Pero para ponerle correctivo a estos entuertos, de los que se sirven los impulsores de este proyecto como cortina de humo, no se requiere extenderle el período para el que fueron elegidos los gobernadores y alcaldes. La razón de ser de la Ley de garantías fue el cambio del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata. Luego que la Corte Constitucional restableciera la prohibición absoluta de la reelección presidencial lo que procede es su derogatoria, sin necesidad de seguir manoseando la Constitución Política.
En cuanto al necesario acoplamiento de los planes de desarrollo y de inversión de las entidades territoriales con los del gobierno Nacional, lo que hace falta es un nuevo arreglo institucional que permita no solo la articulación y la coherencia entre los distintos planes, para lo cual está llamado a cumplir un papel de la mayor importancia el Consejo Nacional de Planeación, del cual hacen parte los departamentos, los municipios y los distritos. Esta es la instancia más importante de concertación entre los distintos niveles de gobierno para tales propósitos. Lo que hace falta, entonces, es que la Ley se cumpla y no caer en el garlito del fetichismo normativo de creer que todos los problemas se resuelven con sólo cambiar la Ley o la Constitución.
Más que a la unificación de los períodos a lo que se le teme es a las consecuencias que se seguirían al amarrar las elecciones del orden nacional con las territoriales. Si, Dios no lo quiera, se llegaran a unificar los períodos, tal y como se esta proponiendo, el efecto práctico de ello sería que la elección presidencial opacaría el proceso de elección de alcaldes y gobernadores, como algo accesorio que seguiría la suerte de lo principal. Como bien lo dice el jurista, catedrático y ex constituyente Gustavo Zafra, “se separaron las elecciones para fortalecer a las autoridades locales y que no fuera un premio seco de las elecciones presidenciales”, que sería el premio mayor. Lo que está en juego no es un asunto de poca monta, como lo dice el profesor zafra “no es sólo de calendario, es de equilibrio democrático”. Este sería un golpe de mano el que se le daría a la democracia.
Es mejor que, como lo dijo el ex ministro de Estado Alfonso Gómez Méndez, “dejen los santos quietos”, pues con esta iniciativa no se ha hecho más que abrir la caja de pandora. Ya salió a decir el ex presidente y hoy Senador de la República Álvaro Uribe que para su gusto es “mejor reelección inmediata de alcaldes y gobernadores que prórroga de períodos”. Por su parte el Presidente del Senado de la República Ernesto Macías, tratando de pescar en río revuelto twitteó “períodos de gobierno en Colombia de cinco años. Y, para unificarlos, correr elecciones presidenciales un año”. Afortunadamente tanto el Presidente Duque como la Vicepresidenta Martha Lucía Ramírez “cualquier alteración en los períodos de gobiernos actuales (¡sic!), lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático”. Como quien dice, afana más el velón que los dueños de la olla!
Huelga decir que ni los tiempos ayudan a los promotores del proyecto de marras, pues al tratarse de una reforma constitucional deberá surtir un trámite bien dispendioso, ya que deberá superar para su trámite y aprobación ocho debates y dos vueltas, las que deben cumplirse en dos períodos legislativos distintos. Haciendo cuentas, en el escenario más optimista, su aprobación se daría a boca de urna de las elecciones venideras de alcaldes y gobernadores.
Bogotá, octubre 27 de 2018
*Exministro de Minas y Energía. Expresidente del Congreso de Colombia.
Por Mauricio Cabrera Galvis *.- Cuando el desempleo disminuye, y hay más empresas buscando trabajadores que personas queriendo emplearse, los salarios deben subir. Eso dice la teoría económica que considera al trabajo como una mercancía cuyo precio (el salario) está determinado por la oferta y demanda.
En Estados Unidos no se está cumpliendo lo que dice la teoría, pese a ser uno de los países con mayor libertad y flexibilidad en el mercado laboral. La tasa de desempleo ha caído por debajo del 4%, cifra cerca de los mínimos históricos y del nivel que se considera como de pleno empleo, pero los salarios no han crecido en los dos últimos años.
En medio de la campaña electoral Trump y los conservadores tratan de sacar pecho diciendo que en el último año los salarios han aumentado un 2.8%, y que este es el mayor crecimiento desde el 2009. Y no dicen mentiras, pero olvidan que este es solo el crecimiento nominal de los salarios. Como la inflación en el mismo período fue del 2.7%, es claro que en el gobierno de Trump los salarios reales no han subido, mientras que en los últimos años de Obama los salarios reales crecieron cerca del 2% anual.
¿Por qué se estanca la remuneración a los trabajadores en una coyuntura de crecimiento económico acelerado y con desempleo cayendo? Un análisis en el NYT plantea varias hipótesis para explicar lo que llama un misterio económico.
La más relevante es el impacto de la creciente desigualdad y la menor capacidad negociadora de los trabajadores por la disminución de la competencia en el mercado laboral. Lo que determina los salarios no es la cantidad de desempleados buscando trabajo, ni la cantidad de puestos de trabajo que estén ofreciendo las empresas, sino el poder de negociación que tengan estos actores.
Los empleadores son ahora más fuertes porque cada vez son menos debido el intenso proceso de fusiones y adquisiciones que va concentrando los mercados en manos de unas pocas pero gigantescas corporaciones multinacionales.
Por el contrario, los trabajadores son más débiles en las negociaciones salariales porque cada vez son más pero menos unidos. Su principal instrumento de negociación, que eran los sindicatos, se ha ido debilitando por la disminución de los afiliados y las prácticas restrictivas que desestimulan las afiliaciones.
Cali, 28 de octubre de 2018
*Filósofo, Economista y Consultor.
Por Jorge Enrique Robledo.- Cuando los carrasquillistas afirman que los únicos culpables son los alcaldes, actúan como el traficante de drogas que dice que él solo las vende, pero que no obliga a nadie a consumirlas.
- Lo que repugna de Carrasquilla no es que haya hecho un negocio, porque Colombia es una economía de mercado, sino que fuera un torcido de 440 mil millones de pesos contra 117 municipios. 2. Según el Ministerio de Vivienda, en solo 12 casos los préstamos cumplieron a cabalidad con el fin propuesto. 3. Fue tal la avivatada, que el Ministerio de Hacienda tuvo que cambiar lo pactado, a un costo para los colombianos de 495 mil millones de pesos. 4. Pero los municipios quedaron entrampados: no tienen los acueductos ni con qué hacerlos, porque les falta pagar, hasta el 2028, 1,7 billones. 5. El detrimento patrimonial total pasó del billón de pesos.
- Carrasquilla y sus asociados les impusieron a los municipios los créditos a la muy alta tasa de interés de 17 por ciento, cuando Findeter prestaba al 12 y para el mismo fin. 7. Que no podían renegociarse ni pagarse por anticipado y que tenían que recibirlos en un solo contado, forma oculta de subir la tasa de interés real. 8. El costo relativo de la plata era aún más alto, porque las deudas no tenían riesgo, dado que las pagaba el gobierno nacional con recursos del Sistema General de Participación. 9. Los proyectos no tuvieron interventoría y a las Alcaldías tampoco se les exigieron planos, presupuestos y planes de obra.
- A tanto llegó el dolo de Carrasquilla, que la cláusula 8.1 de los contratos convirtió los préstamos en de libre destinación, al señalar que prestamista y municipios “no tendrán obligación alguna de verificación, supervisión, asesoría o asistencia alguna en relación con el uso efectivo y la destinación de los recursos obtenidos a través del préstamo”. 11. Así, no les pusieron ninguna traba a los alcaldes para que malbarataran la plata y se la robaran, como sucedió en grandes proporciones. 12. Cuando los carrasquillistas dicen que los culpables son únicamente los alcaldes, se expresan como el traficante de drogas que dice que él solo las vende, pero que no obliga a nadie a consumirlas. 13. Para convencer a los alcaldes de que era mejor endeudarse con ellos al 17 por ciento que con el Findeter al 12, Carrasquilla les explicaba que el Findeter sí les controlaba cómo se gastaban la plata. 14. El 86 por ciento de los municipios esquilmados eran de categoría seis, los más pobres y débiles técnicamente, es decir, los más fáciles de entrampar en un negocio contra ellos mismos.
- Iván Duque sostiene que Carrasquilla “no era asesor de entes territoriales” ni “intermediario ni tenía arbitraje sobre las colocación de unos bonos” y que apenas “diseñó un producto”. Falso. Porque fue decisivo en cada paso de este abuso. 16. Como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, cambió la Constitución para que este negocio pudiera hacerse. 17. Violando la ley de inhabilidades, a los siete meses de renunciar al Ministerio se fue a Panamá y, a las escondidas, creó Navemby Investment, la firma con la que trajo de Estados Unidos la plata del GFI que apalancó el negocio, a pesar de que pudo traerla directamente a Bogotá. 18. Solo por los Papeles de Panamá salió a la luz este guardado, que el ministro no ha explicado en serio, porque alega tener “un acuerdo de confidencialidad”. 19. Conocedores del tema dicen que pudo haber lavado de activos. 20. Carrasquilla participó, con los gringos y Alianza Fiduciaria, en cada detalle de cómo maltratar a los municipios. 21. El representante legal del GFI en Colombia fue Andrés Flórez, exsubalterno de Carrasquilla en el Ministerio y su socio en Navemby y en Konfigura, otra empresa creada para estos fines. 22. Carrasquilla reclutó a los alcaldes que mal endeudaron a sus municipios, la parte principal del negocio, porque sin los contratos de esos préstamos no hubieran podido emitirse los bonos que adquirieron los prestamistas. 23. Por estas andanzas, Carrasquilla recibió 22.657 millones de pesos, según los asientos contables de Alianza Fiduciaria. 24. Si no se sabe todo lo ocurrido, es porque ellos, violando la ley, se niegan a entregar los contratos de este negociado. 25. Tan ilegal fue esta operación que, apoyados en el Decreto 28 de 2008, diseñado contra engaños como este, demandaremos a favor de los 117 municipios para rescatarles 1,5 billones de pesos.
Es probable que Carrasquilla pueda seguir siendo el negociante inescrupuloso que se ha visto. Pero lo que sí no debe ser es ministro en Colombia. Por su bárbaro maltrato a los pobres y porque carece de los mínimos éticos que deben exigirse para ese cargo, así lo absuelva en la Cámara de Representantes el Frente Nacional Duquista. Una vez la demagogia electoral de que “el que la hace la paga” dio sus frutos, Duque premió al que la hizo. Para peor, usó su poder para presionar que el Senado violara la Constitución y reemplazara los criterios democráticos por los autoritarios. ¡Y no ha cumplido tres meses en el poder! (Pruebas contra Carrasquilla).
Bogotá, D, C, 26 de octubre de 2018.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
José Félix Lafaurie Rivera *. - La autoridad internacional de salud animal, OIE, actualizó en su página oficial los mapas del estatus sanitario de sus miembros. En el correspondiente a Fiebre Aftosa, Colombia apareció totalmente en rojo, bajo la convención de “Suspensión del estatus libre de fiebre aftosa”.
Esa es la realidad cruda e inocultable. Hasta la ocurrencia de los focos de 2017, más con esfuerzos diplomáticos que argumentos técnicos, se preservó el estatus de libre con vacunación por fuera de una “zona de contención”, pero la reciente aparición de dos focos en cerdos en el Cesar, dejó en evidencia la circulación del virus por fuerza de dicha zona y motivó la decisión de la OIE. En otras palabras, volvimos a ser un país endémico hasta que no logremos probar lo contrario.
La frustración es innegable, después de 15 años de esfuerzos hasta lograr el estatus de libre con vacunación en 2009, y de nueve años de preservarlo y disfrutarlo, aunque durante ese periodo no hayamos logrado colocar un solo kilo de carne en los mercados con los cuales el país firmó TLC –otra frustración–, y después de haber invertido recursos del orden del billón de pesos, solamente en vacunación, para obtener y preservar el estatus hoy suspendido.
Los ganaderos, sin embargo, hemos vivido más duras realidades por el abandono y la violencia rural, cuando no por la estigmatización promovida por nuestros propios victimarios; y siempre…, siempre, la dificultad ha acicateado nuestro espíritu de conservación, de reto y superación, como aferrados a la sentencia lapidaria de Nietzche: “De la Escuela de Guerra de la vida, lo que no me destruye me hace más fuerte”.
Lo sucedido es gravísimo, pero tampoco es el fin del mundo sanitario. No se trata de un estatus que nunca se ha tenido, como el caso de Venezuela o como el nuestro hasta 2001, cuando obtuvimos la primera certificación zonal; tampoco de un estatus perdido irremediablemente, sino apenas “suspendido”. Nos queda ahora la carga de la prueba; nos queda demostrar el nivel de protección del hato después de 24 años de vacunación ininterrumpida; nos queda el reto de la recuperación.
No hay tiempo que perder, y menos en lamentaciones. No vale la pena. Que cada quien asuma sus responsabilidades, que los ganaderos asumiremos las nuestras.
1.- Es necesario rehacer, fortalecida, la alianza estratégica entre el sector público y el privado; entre la autoridad sanitaria y FEDEGÁN; alianza que demostró con creces su eficacia en el logro los resultados.
2.- Es necesario rehacer, fortalecido también, el equipo técnico del Fondo Nacional del Ganado que operó el Programa de Erradicación durante 22 años; el mismo que logró el estatus de país libre en 2009 y logró preservarlo hasta 2016.
3.- Es urgente reconstruir la cultura sanitaria. Los lemas de “Colombia sin Aftosa, un Propósito Nacional” y de “Vacunar es exportar”, que sembramos a comienzos de la década de los noventa, hoy tienen plena vigencia, pero hay que convertirlos en compromiso de información y denuncia ante el ICA. Los ganaderos debemos ser los primeros centinelas sanitarios frente a cualquier síntoma de la enfermedad.
4.- Es urgente restaurar la cooperación con las autoridades de policía, pero no basta con exigir. El contrabando está en su apogeo con sorprendente desfachatez. Por ello hay que denunciar al contrabandista y a quien se convierta en cómplice a este lado de la frontera. Está de por medio el futuro de la ganadería.
En fin, tenemos que borrarle el rojo al mapa de Colombia en la OIE. Hay que superar la frustración y asumir el reto. De nosotros depende.
Bogotá, D. C, 28 de octubre de 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Lorena Rubiano.- Sucumbió a la depresión, renunció a comer, durmió mal, perdió el norte, y optó por la solución compasiva de morirse una vez y no morirse millones de veces cada día.”
Gabriel García Márquez (Noticia de un secuestro)
Todos los colombianos lo estamos viendo. Son los rostros de la tragedia humana, de centenares de compatriotas, que han vivido su propio drama del secuestro. Que por ningún motivo se puede justificar, ni siquiera por luchas políticas, ni por deudas y menos por interese económicos, las privaciones de la sublime libertad del ser humano.
Nuestro país jamás debe tolerar este flagelo ni ser complaciente, así la víctima sea nuestro enemigo. Luchemos contra ello y evitemos que más colombianos sean privados injustamente de su libertad. Escuchando las primeras versiones de secuestrados en la JEP, todos, ellos y nosotros, hemos devuelto el casete de lo que ha sido esta inhumana actividad que afecta al secuestrado, a su familia, a sus seres queridos y a toda la sociedad colombiana.
Y tampoco entiendo cómo el secuestro y violaciones de niños pueden asimilarse a un delito conexo con el de subversión.
Ojalá también la JEP escuche a miles de campesinos que han sufrido este daño irreparable, y que no se han hecho visibles, porque ni siquiera son escuchados y su desgracia publicada por los medios de información. Esta actitud positiva de la JEP sirve para que tomemos conciencia y nos opongamos con toda energía a este delito.
Años después de ser liberados aun se ven esos rostros tatuados por la tragedia de Oscar Lizcano, Alan Jara, Ingrid Betancur, el valiente general Mendieta, Sigfredo López, Luis Eladio Pérez, Consuelo González, Jorge Eduardo Gechem y Orlando Beltrán, entre muchos otros que van a contar su triste e imborrable historia. Pero también hagámosle un homenaje a soldados y policías que murieron tratando de liberarlos y a los secuestrados que fueron asesinados o murieron en cautiverio.
Óscar Tulio Lizcano se fugó después de nueve años de secuestro y dijo estábamos hechos “una piltrafa humana”, es decir, estaba tan mal el guerrillero que me ayudó como yo.
En libertad decidió dedicarse a estudiar filosofía para entender. “Porque comprender es perdonar, mientras uno comprenda las causas, no todas justificables, uno empieza a perdonar”, dijo ante los magistrados.
"Yo estaba más preparado para morir que para vivir", así recuerda la crueldad del secuestro el ex congresista Luis Eladio Pérez.
El general (r) Luis Mendieta fue secuestrado en Mitú, en 1998, durante su cautiverio tuvo dos veces paludismo y perdió parcialmente su movilidad. Tenemos los colombianos la desgracia de ser el país con el mayor número de secuestros en los últimos años. Cerca de cuatro mil, más los que no se conocen. Cerremos filas contra el secuestro y defendamos hasta con nuestras vidas las de nuestros niños.
Claro pasemos la página, pero edifiquemos sobre esa tragedia el símbolo de la paz sin secuestros, esculpida por las manos de aquellos que sufrieron en cuerpo y espíritu esa desdicha. No más secuestros en Colombia.
El legislativo salta matones para cumplir con sus labores y especialmente, para evacuar proyectos de ley y adelantar debates de gran calado, que enfrentan al gobierno con la oposición.
Hay múltiples intereses de parte y parte, unos razonables y otros discutibles, que podrían apadrinar y fortalecer la corrupción, que más de once millones de colombianos rechazaron en la pasada consulta popular.
Los puntos que contempló esa elección y que fueron llevados al Congreso, están al borde del abismo, porque el laberinto por el que transitan cámara y senado, se utiliza para tomarle el pelo a muchas iniciativas.
Los parlamentarios en fracción de segundos, desecharon el artículo que reducía los salarios del legislativo. A duras penas lo leyeron en voz alta para que antes de que terminara de exponerse el texto, fuera al despeñadero. El país está perplejo y los padres de la patria ahítos, saciados y satisfechos.
Rápidamente dieron vuelta a la página para despistar nuevamente a una nación que esperaba un comienzo productivo y atento a las necesidades de una población ansiosa de edificar un futuro que nos aleje de esa Venezuela, con la que tanto nos asustaron.
El paseo se recrea por una cacareada reforma política que quería patentar el trasfuguismo. Estuvo negado, pero al final el Senado le dijo no a esta práctica que quería institucionalizar la mermelada. Ya la discusión, prácticamente se había desplazado hacia la reforma a la justicia. Así pasan de tema en tema por el embrollo que les sirve de escudo para no tener que ocuparse de lo fundamental, como lo advertía el inmolado líder Álvaro Gómez.
La maraña se utilizó en el Senado para impedir un debate en el que se estudiara una moción de censura al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por su invento de los “bonos Carrasquilla. Son 117 y más las razones para acusarlo por haber dejado en ruinas a más de un centenar de municipios colombianos. El presidente del Senado, quien maneja esa corporación sin recato alguno, consideró que al titular de Hacienda, no se le puede exigir explicación alguna, porque se trata de uno de los economistas más prominentes y abombados de este continente. Mientras unos lo atacan, otros consideran que acribillar las finanzas municipales, es un acto de imaginación, malicia y destreza, de Carrasquilla. En la Cámara el debate fue duro. Llovieron las acusaciones al Ministro, quien se defendió señalando que las imputaciones son mentiras a medias para perjudicarlo. El debate terminó y la moción se votará el martes próximo, cuando habrá un pugilato entre gobierno y oposición. Ese día se conocerá quién tiene las mayorías y quien, con ellas puede imponerse. En el escenario quedan 117 municipios arruinados y sus poblaciones sedientas.
BLANCO: La segunda gira del Presidente Duque, demuestra que mostrarse ante el mundo, no es derroche.
NEGRO: Las amenazas contra la libertad de expresión continúan en este hemisferio, incluidos los Estados Unidos. Tremenda tarea para la colombiana, nueva presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez.
Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2018.
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por José G Hernández.- En el municipio de Fusagasugá se llevó a cabo una consulta popular con el objeto de determinar si se adelantan en la zona actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, “fracking”, producción de hidrocarburos y minería a gran escala. Según los resultados, hubo 202 votos positivos y 39.175 negativos. Se pasó el umbral (votación mínima en cualquier sentido), que era de 34.846 votos.
Para la fecha en que la Corte Constitucional profirió la sentencia de unificación -11 de octubre de 2018- que al parecer cambió la jurisprudencia sobre esta modalidad de participación, la consulta ya estaba convocada. La providencia recayó sobre un caso concreto, aunque, en cuanto fallo de unificación (SU-095), hizo afirmaciones generales. No se tiene, hasta ahora, sino un comunicado de la Corte Constitucional, el número 40. No hay texto de la sentencia, y el comunicado no tiene fuerza jurídica alguna.
Pero, según allí se indica, los municipios carecen de competencia para decidir sobre si se exploran y explotan o no las minas o el petróleo, pues ello corresponde a las autoridades nacionales. La Corte consideró que, siendo los recursos del subsuelo de propiedad del Estado, el reconocimiento de las competencias constitucionales nacionales sobre el uso del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado “implica que este mecanismo de participación ciudadana no puede ser utilizado para prohibir actividades de extracción en un determinado municipio o distrito”.
No obstante, según el texto del comunicado, la Corte manifestó: “Así mismo la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el derecho de participar en la toma de decisiones que los afecten, cuando en su territorio se adelanten actividades para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en aras de proteger sus intereses ambientales, sociales y económicos”.
De modo que -lo decimos con respeto-, el asunto no queda nada claro, pues si hay un derecho de los ciudadanos (garantizado constitucionalmente y reconocido por la Corte) a participar en la toma de las decisiones que los afectan (artículos 2 y 79 C.P.), es obvio que no pueden ser excluidos de la decisión acerca de si se explotan o no los recursos, y por ende no hay falta de competencia de ellos en cuanto a esa decisión. Las competencias no son exclusivamente nacionales. Y, de otro lado, los ciudadanos sí podrían ser convocados a consulta (es su derecho), y el sentido de su votación de algo ha de servir. Efecto útil del voto.
Si los recursos del subsuelo son del Estado, éste no se confunde con la Nación, como si todo el Estado fuera la Nación. Los municipios hacen parte del Estado y tienen derechos que la Carta Política reconoce.
Esperamos que, en la sentencia (texto final) y en la legislación que la Corte propugna, se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 79 de la Constitución, que consagra, como deber del Estado, el de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y garantizar la participación de la comunidad en esa materia. Entre tanto, lo decidido por el pueblo en las consultas ya efectuadas es vinculante, como lo señalan los artículos 55 y 56 de la Ley Estatutaria 134 de 1994.
Bogotá, D. C, 24 de octubre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Ariel Ávila. Tomado de El País.- Bolsonaro no es cualquier derecha. Es de esas peligrosas, bastante populista.
El inminente triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil cierra un ciclo de victorias de la derecha en el continente y en general en el hemisferio occidental. Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en Colombia, con la única excepción de AMLO en México. No obstante, la de Bolsonaro no es cualquier derecha. Es de esas peligrosas, bastante populista. Para el caso colombiano se puede decir que el uribismo colocó como candidato a la ficha más moderada de su partido, pero los vicios autoritarios no desaparecen. Han propuesto prolongar el periodo del presidente, quitarle las funciones electorales a las Cortes y devolvérselos al Congreso e incluso han llegado a proponer la eliminación de las Altas Cortes y crear solo una, lo cual significaría la destrucción de la Constitución de 1991.
Pero esta reacción a la derecha, analizando los datos electorales, las encuestas sobre preferencias en temas y asuntos de interés público y las agendas que mueven los candidatos, nos muestra que era obvio esté vuelco, ahora todo es más claro: La respuesta es que un gran sector de las diferentes sociedades del continente siente que sus principios morales y éticos se están derrumbando, por ende su reacción es a conservar ese statu quo, así eso signifique retroceder en una serie de garantías de derechos. Pero la anterior respuesta es más compleja de lo que parece, hay otras cosas de trasfondo. Valdría la pena mencionar al menos cuatro puntos.
En primer lugar, el avance en derechos de minorías sexuales ha causado una reacción impresionante en los sectores conservadores y en las edades más avanzadas de la sociedad. Para estos sectores, la homosexualidad es una enfermedad, es algo despreciable, pero sobre todo creen que la homosexualidad es una construcción social, es algo que se hace, que se promueve, que se inculca. Por ello, cualquier reconocimiento social es rechazable. Reconocer derechos patrimoniales o derechos de adopción es libertinaje y degradación social. Es tanto el rechazo de estos sectores tradicionales que en la campaña del plebiscito por la paz, los promotores del no, acusaron al proceso de paz de promover la ideología de género y que los niños se volverían homosexuales con tan solo promover la equidad de género. Al final, la última semana se perdió la elección.
En segundo lugar, el avance en los derechos de las mujeres es otra de las banderas que han asumido estos movimientos políticos de derecha. Por ejemplo, el tema de aborto, igualdad en derechos laborales han llevado a que estos sectores vean la equiparación de la mujer con el hombre como un tema peligroso dentro de la tradición religiosa. Aquí el ataque a estos derechos es más solapado, menos visible, pero son contundentes a la hora de agitar sus masas radicales. Es tal el desprecio al avance de la mujer, que ya en muchas ciudades y sectores regionales hay una sistematicidad en la violencia contra la mujer. Los feminicidios son el mejor ejemplo.
En tercer lugar, el deterioro de algunos indicadores de seguridad, sumado a un desprecio de los sectores progresistas sobre este tema, no solo le ha entregado la agenda de la seguridad a la derecha, que por demás la ha sabido utilizar bastante bien, sino que además ha causado una ausencia de defensa y explicación de ideas nuevas para combatir diferentes fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia. Aun hoy la regla de oro para la mayoría de la población colombiana y latinoamericana es el populismo punitivo, es decir, creer que aumentando penas y reduciendo las edades en que se penaliza es la solución para todo. Igualmente se puede decir del tema de las drogas: criminalizar el consumo y porte no sirve para nada, pero es lo que más se hace para ganar popularidad y votos. Hay otras alternativas más eficientes, pero no hay quien las defienda.
Por último, obviamente el tema Venezuela. Ese es y será, por muchos años, un lastre que injustamente cargaran las fuerzas de la renovación política. El Establecimiento acusará a todo aquel que lo quiera modificar de representar un riesgo similar al que fue el denominado socialismo del siglo XXI para Venezuela.
Todo esto era previsible, era normal que estos avances en derechos causaran una reacción. A mucha población se les tocaron los pilares fundamentales de la forma como entiende la organización social. Por tanto, las preferencias electorales se invertían, ya el tema no era la pobreza, la educación o la salud, sino los principios de la sociedad Judeocristiana. La ola Conservadora podría durar 8 años, la pregunta es qué tanto los avances en derechos, la democracia y las garantías políticas conquistadas aguantarán esta embestida.
Bogotá, 23 de octubre de 2018
*Polítologo, Abogado y Periodista.
Por Jairo Gómez.- Mientras el mundo se mueve en otra dirección, Colombia parece estar regresando al pasado, a la Constitución del 86. Duque no ha cumplido cien días en el gobierno y su mandato nada tiene que ver con el eslogan de su campaña con el que llegó al poder: “El futuro es de todos”.
Un variado menú de proyectos de ley y de reforma constitucional (RC) circula hoy por las comisiones del Congreso; un menú que recoge de todo, menos iniciativas relativas a ese país del futuro que nos propuso el joven mandatario para, según él, instalarnos en el siglo XXI; el siglo de las tecnologías y los avances biotecnológicos que no dan espera.
Mientras eso ocurre en otras latitudes, en esta comarca Duque, por acción o por omisión, acompaña a su partido Centro Democrático (CD) en la creación de un tribunal especial para los agentes del Estado o miembros de la fuerza pública en abierto desafío a los postulados de la JEP cuyo fin es la justicia restaurativa para las víctimas; una reforma constitucional direccionada a ocultar la información de la inteligencia militar en razón del conflicto con el pretexto de que se pone en riesgo la seguridad nacional; una ley para limitar el derecho que tienen las mujeres de practicarse un aborto dentro de las causales que la Corte Constitucional estableció; y, como si fuera poco, mientras en el primer mundo –caso Canadá- legalizan el consumo de la marihuana, este gobierno decide decretarle una guerra a la dosis mínima en Colombia.
Diría que Duque nos dijo, más bien, “el pasado es de todos”. Es paradójico todo esto. Mientras a diario se promueven los principios democráticos como soporte de nuestras instituciones, ahora se propone restringir los derechos y cerrarle la puerta a la participación ciudadana. Miremos sucintamente cada una de las mencionadas propuestas que hoy buscan convertir en ley o reformas a la constitución.
La creación del tribunal no es otra cosa que poner en riesgo el futuro de los exmilitares que en razón del conflicto se deben acoger a la JEP si quieren acceder a beneficios que mitigarían la pena que en la justicia ordinaria los llevaría a más de 40 años de cárcel. Cuando digo los pone en riesgo es porque ese tribunal que se pretende crear no daría garantías de imparcialidad según sus críticos y, por ende, pone en la mira de la Corte Penal Internacional (CPI) el futuro de los agentes del Estado, amén de despedazar el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas.
Cerrarle la puerta a la Comisión de la Verdad (CV) para que acceda a los documentos de inteligencia que las instituciones del Estado poseen para clarificar los hechos ocurridos en razón del conflicto armado, es ponerle un palo en la rueda al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, además de negarle el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Esa propuesta fundamenta su preocupación en el mezquino argumento de estigmatizar a los miembros de la CV. Otro juicio más para que la CPI ponga sus ojos en Colombia.
Aunque esta reforma no es del CD, los aliados políticos del joven mandatario en la Cámara la votaron positivamente: extender el periodo actual de alcaldes y gobernadores tres años más con el peregrino argumento que se trata de ahorrarle al país cerca de 500.000 millones de pesos: falso; a mi modo de ver, el motivo central de esa iniciativa es crear un muro para que nuevas fuerzas alternativas, que hoy irrumpen con decisión en el escenario político, logren arrebatarle el poder a la secular clase política. Pero abramos el ojo: poco se habla de la propuesta del senador Álvaro Uribe. El expresidente dice no estar de acuerdo con la extensión de ese mandato, pero propone una salida más atractiva para él: la “reelección inmediata” de los mandatarios locales. Pregunta. ¿Vamos camino a un nuevo articulito? Sobre esto, Duque no ha dicho ni mu.
Una tutela, que también quieren reformar, le amparó el derecho a una mujer para practicarse un aborto pero la Corte Constitucional dejó abierta la ventana para que el Congreso defina el número de semanas que permitan la interrupción del embarazo bajo las tres causales de ley. Este fue el gancho para que el CD -el partido de gobierno- de inmediato presentara una propuesta para ponerle barreras a un derecho que la misma corte asegura, en una sentencia, se debe sujetar a la interpretación moral y única de las mujeres.
Y, para finalizar, qué decir de la dosis mínima: mientras los países del primer mundo van camino a legalizar el consumo de marihuana, aquí, de un plumazo, la restringimos.
Evocando el cuento de Hans Cristian Andersen, este es el traje nuevo del emperador. Bienvenidos al pasado.
Bogotá, D. C, 23 de octubre de 2018
*Periodista. Analista Político.
@jairotevi
