Opinión

Por Amylkar D. Acosta M.- El Partido Liberal realizó una Consulta abierta para elegir su candidato de cara a la elección presidencial del próximo mes de mayo, cuando tendrán lugar los comicios, los cuales estarán mediados por los del mes de marzo para elegir a quienes integrarán el Congreso de la República el próximo cuatrienio. Su convocatoria estuvo precedida del pulso entre los eventuales aspirantes que se someterían a la misma y de los cuestionamientos sobre su procedencia, los cuales arreciaron después de conocerse los resultados que arrojó su realización.

Al Partido Liberal le llovieron rayos y centellas tanto a través de los medios como de las redes sociales y entre los señalamientos que se le hacen están la baja participación en la misma (2.12% del censo electoral) y los costos en los que se incurrió ($40.000 millones), para concluir que dicha consulta fue un rotundo fracaso y que se malversaron recursos que bien podían tener una mejor destinación, dadas las afugias fiscales que afronta el Estado colombiano. Tal planteamiento, como trataremos de demostrarlo, además de simplista, entraña varias falacias y sofismas. Y en el debate que suscitó ha habido más calor que luz.

Como lo afirma el Senador Juan Manuel Galán, la Consulta popular para escoger el candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la República fue una conquista que se la debemos a su padre, el inmolado Luis Carlos Galán “y fue el motivo principal por el cual regresó al partido después de haber hecho los diálogos y los acuerdos de unión liberal”. Y coincidimos con él en que de no darse estaríamos “retrocediendo 35 años, volviendo a las malas prácticas que tanto criticó mi padre, donde unos caciques políticos se reúnen y toman todas las decisiones, excluyendo a la base del partido”.

La reforma política contenida en el Acto legislativo 01 de 2009, en procura del fortalecimiento de los partidos políticos, como pilares de la democracia, dejó abierta la opción de que todos ellos puedan “celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas”. El 13 de septiembre de 2017 la Registraduría Nacional al establecer el calendario electoral, mediante la Resolución 100 05, fijó el 19 de noviembre como la fecha en la que todos “los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos” pueden acudir a la Consulta para escoger sus candidatos, “propios o de coalición”, con miras a las próximas elecciones.

Esta Consulta, entonces, no fue un invento ni fue fruto del capricho del Partido Liberal, sino que tuvo sustento en una norma legal. El Partido Liberal no tiene la culpa que 4 de las 5 colectividades que le habían manifestado a la autoridad electoral inicialmente interés en recurrir al mecanismo de la Consulta para escoger sus candidatos, entre ellas el Centro Democrático y el Partido Conservador, al final, por cálculos político-electoral, desistieran de hacerlo y que, por lo tanto, la misma se limitara sólo al Liberalismo.

Con gran despliegue en primera página tituló El Tiempo en su edición del lunes siguiente de la Consulta: “en la Consulta (Liberal) sólo participaron algo más de 700.000 de los 35 millones de votantes habilitados”. Pero, la baja concurrencia a las urnas por parte de los ciudadanos tiene varias explicaciones, empezando por el inveterado abstencionismo en Colombia. Huelga decir que no son comparables unas elecciones ordinarias, sean estas parlamentarias o para elegir Presidente de la República, con una Consulta partidista.

Esta vez otras circunstancias acentuarían lo que ha sido una tendencia en las elecciones ordinarias, tales como el hecho de ser sólo el Partido Liberal quien se sometiera a este mecanismo de participación para elegir democráticamente su candidato, con el agravante de que a la misma finalmente sólo concurrieron dos de los varios aspirantes que se disputaban su nominación a la Presidencia. Y, como si lo anterior fuera poco, por limitaciones presupuestales, la Consulta, para reducir su costo desde los $85.000 millones iniciales a los $40.000 millones,  se limitó sólo a las cabeceras municipales, marginando de dicho proceso a los ciudadanos que tienen sus cédulas inscritas fuera de ellas.

Se ha dicho también que fue un despropósito el haber invertido esa gruesa suma de dinero, supuestamente para satisfacer el “ego” de estos dos ilustres caballeros, que la misma hubiera quedado mejor invertida en casas gratuitas o en el programa Ser pilo paga. Con un cuento parecido, Colombia renunció en 1986 a la Copa Mundo, dizque  que “aquí tenemos muchas otras cosas que hacer”, como adujo el Gobierno y al final no se hizo el mundial y muy seguramente las “muchas otras cosas” tampoco.

Además, sostener y defender la democracia colombiana, por más escarnecida que esté, cuesta y ese costo debe asumirlo la sociedad, podríamos ahorrarnos los gastos que le significan al país las elecciones periódicas de sus autoridades y cuerpos colegiados, amén de las consultas populares o los procesos de revocatoria de mandatos, pero al precio de convertir nuestra democracia en lo que denominaba el Premio Nobel de Literatura José Saramago “un latón que hace mucho ruido y cada vez tiene menos contenido”. 

Medellín, noviembre 26 de 2017 

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Por Guillermo García Realpe.-El próximo jueves 30 de noviembre vence legalmente los términos que tienen los proyectos que tramita el Congreso de la República por la vía Fast Track (vía rápida) que reduce el número de debates, sin embargo vemos con mucha preocupación que el ausentismo es la constante y la mayor amenaza para que los más importantes proyectos que surgieron de los acuerdos de la Habana entre Gobierno-FARC avancen.

Y es que el freno de mano impuesto por las mayorías en el Congreso tiene literalmente paralizado los proyectos que se debaten por Fast Track, un claro ejemplo de ello es el proyecto que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA-, es uno de los pocos, por no decir el único proyecto que va direccionado a apoyar el sector agrario y al campesinado colombiano, sin embargo llevamos ocho sesiones plenarias discutiéndolo y nada que avanza.

Preocupa mucho el ausentismo parlamentario, la falta de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones parlamentarias pero también con la implementación del proceso de paz.

Mucha gente habla de que quiere mucho al campo, que lo apoya, que promueve la  economía rural, la economía campesina, pero no es capaz de sentarse dos horas a discutir un proyecto de ley como la innovación agropecuaria o el tema de  la titulación de baldíos en zonas de reserva forestal establecidas por la Ley segunda y que son objeto de posesión y tenencia de campesinos.

Con esa actitud indolente e irresponsable de muchos parlamentarios lo que le están dando es herramientas, argumentos al Gobierno nacional de que busque otro procedimiento regulatorio para la implementación del proceso de paz y uno de esos puede ser el decreto de Conmoción Interior.

Un Plan B, que sin duda, no debió abrirse paso, pues es el Congreso quien tiene la plena facultad y el deber de legislar en este y los demás campos, es triste y lamentable ver lo que ocurre y sobre todo tratándose de los temas de paz y otros que tienen directa incidencia en lo que será el posconflicto.

Sin embargo, para quienes cumplimos cabalmente nuestra tarea de legislar de forma responsable, cumplida y con toda dedicación, seguiremos defendiendo la Paz de Colombia y apoyando todas las iniciativas encaminadas en esa dirección.

Por el procedimiento rápido legislativo ya se ha logrado avanzar en temas como la Justicia Especial de Paz JEP, el proyecto de derechos políticos, participación política, pero no se ha aprobado hasta ahora, el primer proyecto sustancial relacionado con el tema de la reforma rural integral, que desarrolla el punto uno acordado en La Habana entre el gobierno y FARC.

El único y más importante proyecto dirigido a promover el mejoramiento de la calidad de vida de doce millones de campesinos colombianos es el que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, pero el panorama para tramitarlo no es nada alentador.

Preocupa también que en la recta final de la legislatura el ausentismo siga haciendo de las suyas y de paso afecte el trámite de muchos proyectos importantes para el país.

La Paz es un derecho superior, consagrado en la Constitución Política nacional y es deber congresional garantizarlo. Tardamos más de 50 años para acabar la guerra y la confrontación bélica con las FARC y ahora que tenemos todos los instrumentos para darle vida a lo acordado en La Habana no somos capaces de honrar la palabra, por la indolencia de unas mayorías donde en muchos casos prevalece el interés individual y el cálculo político, más no el colectivo de una nación que quiere y aspira a vivir en paz integral. 

Sin embargo los amigos de la Paz seguiremos firmes apoyándola, porque sabemos todo lo que genera la violencia, sobre todo en nuestras provincias donde más duro impactó el conflicto armado con las FARC.

Por Mauricio Cabrera Galvis.- En medio de la tendencia al triunfo de los partidos de derecha en América Latina, las elecciones de Chile dieron una sorpresa. Cuando por la baja popularidad de la presidenta Bachelet se esperaba una victoria holgada del expresidente derechista Sebastián Piñera, este solo obtuvo el 36% de los votos mientras que los 4 candidatos del centro-izquierda lograron la mayoría absoluta con el 55%, pero si no se unen van a perder en la segunda vuelta.

Por el flanco derecho están dos grupos: “Chile Vamos”, que es la coalición de 5 partidos con Piñera, y la ultraderecha del seguidor de Pinochet, José Antonio Kast, quien obtuvo el 8% en las primarias. Aunque se criticaron mutuamente en la campaña, ya se juntaron porque en la derecha es más fuerte el ansia del poder que los principios.

En la izquierda el ganador fue Alejandro Guillier de la “Nueva Mayoría”, una coalición de 7 partidos que apoyan la gestión de Bachelet y es lo que queda de la exitosa Concertación que ha gobernado a Chile durante 24 de los últimos 28 años; Guillier no la tiene fácil pues solo obtuvo el 23% de los votos.

Aunque con una historia política diferente a la de Colombia, la campaña electoral chilena tiene similitudes con lo que sucede en nuestro país. Una, la enorme proliferación de partidos y movimientos: allá 27 partidos, además de unos 8 pre-candidatos independientes que no lograron los requisitos para inscribirse; acá más de 40 aspirantes, la mayoría recolectando firmas por fuera de los partidos. Otra similitud son los actores políticos. En ambos países un expresidente derechista que quiere volver al poder - aunque acá en cuerpo ajeno- con promesas de cambio que son un retorno al pasado; en ambos, una extrema derecha agresiva, que allá quisiera volver a los tiempos de Pinochet, y acá añora la quema de libros como método pedagógico.

En los dos países, los candidatos oficialistas tienen el lastre de un gobierno desgastado por la mala situación económica e impopular, a pesar de logros significativos en materia social y del fin del conflicto en Colombia, y unos políticos que de forma oportunista buscan distanciarse de ese gobierno del que formaron parte y usufructuaron para sus intereses. Además, una oposición radical que rechaza la continuidad porque con toda razón quiere reformas políticas, económicas e institucionales más profundas, pero que no parece importarle el gran favor que le están haciendo a la derecha al dividir las fuerzas progresistas. 

Más grave en Colombia porque lo que acá está en juego es la continuidad de un proceso de paz para terminar una guerra de medio siglo, y que solo en el último año ha salvado la vida de 3.000 jóvenes colombianos.

Por José Gregorio Hernández.- “No puede someter a la Corte Constitucional a sus designios”

En carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’,  quien fuera máximo líder de las Farc, ha manifestado su perplejidad y preocupación por decisiones adoptadas por la Corte Constitucional: “… Estamos alarmados en máximo grado, ya no solo por los incumplimientos por parte del Estado en múltiples materias acordadas, sino sobre todo por la osadía con que distintas instituciones vienen actuando en contradicción abierta con el Acuerdo Final, hasta el punto de modificarlo en aspectos esenciales”. “… Demuestran una voluntad abierta de imponer sus criterios, en una especie de renegociación extemporánea y unilateral de lo que tanto esfuerzo nos ocasionó acordar en cinco años de intensos debates en la Mesa de Conversaciones”.

Es comprensible la preocupación de ‘Timochenko’, porque cree que el Presidente manda sobre la Corte y sobre el Congreso,  en cuanto así se lo ha hecho creer el propio Ejecutivo. No es así. En Colombia hay separación de funciones entre las ramas del poder público.

En lo que respecta a la sentencia C-674 del 14 de noviembre, mediante la cual la Corte Constitucional falló sobre el A. L. 1/17, que creó la JEP,  es necesario advertir varias cosas, que ojalá el Presidente puntualice en la anunciada reunión con el ex líder guerrillero:

- Lo que se firmó en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 fue un acuerdo entre dos partes, y mediante él fueron creadas obligaciones. Se obligó el Gobierno y se obligaron las Farc. Ese acuerdo debe ser cumplido de buena fe por ambas partes, y está bien que los firmantes se reúnan y pasen revista a lo actuado, que se examinen las fallas, se corrijan los errores y se cumpla todo lo convenido.

- Es cierto que el Presidente contrajo unas obligaciones a nombre del Gobierno, pero también lo es que las Farc, al firmar y al desmovilizarse y entregar las armas, se sometieron al orden jurídico colombiano, y a las reglas de juego establecidas en el Estado de Derecho. Hoy reconocen las instituciones nacionales y con mayor razón, al conformar un partido político y al participar en procesos electorales, se sujetan a las reglas constitucionales y a acatar las decisiones de las autoridades estatales, en especial las judiciales.

- Si ello es así, mal se puede sostener que el ejercicio de las funciones atribuidas a la Corte Constitucional sea una “osadía”. Ni se puede afirmar que una sentencia de constitucionalidad -cuya expedición  compete a la Corte en calidad de defensora judicial de la Constitución, y que es definitiva y obligatoria para todas las autoridades y los particulares- implique una vulneración o una “renegociación extemporánea y unilateral” del Acuerdo Final. Porque, gústenos o no, es la Constitución la que prevalece sobre el Acuerdo y no a la inversa, y la Corte está obligada a hacer respetar la Constitución.

- Tampoco es que la Corte quiera “imponer sus criterios”. Es que sus fallos, así no se compartan (hemos disentido de varios),  son decisiones -sentencias con efecto vinculante y de forzoso cumplimiento-  que, de suyo y por la misma función, se imponen a las autoridades y a los particulares. No son meros conceptos u opiniones. 

¿Quién tiene la culpa de todas estas equivocaciones del autor de la carta?  Pues el Gobierno, que -lo sabe- no puede someter a la Corte Constitucional a sus designios, pero sin embargo la ha presionado y ha pretendido que todos sus fallos sean favorables a las normas examinadas. Por eso, ahora debe aclarar las cosas con la otra parte en el Acuerdo, y preservar la paz.

Por Jairo Gómez.- Sorprende la pasividad con que el presidente Santos ha asumido la manera como desde el Congreso y la Corte Constitucional le han venido metiendo la mano al acuerdo de paz de La Habana, volviendo casi trizas su gran obra de Gobierno.

No objeto que Santos vaya a donde quiera a recibir premios por la paz lograda en su país, pero sí desconcierta que ese compromiso adquirido a nombre del Estado colombiano no lo cumpla o, por lo menos, haga algo para evitar que se renegocie lo acordado. Esa si es una verdadera pesadilla presidente Santos. Las modificaciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP) están provocando incertidumbre entre las filas de los reincorporados a la vida civil; es tan delicado el asunto que ya reportan deserciones de varias zonas de reincorporación rumbo a engrosar las filas del ELN o del llamado Clan del Golfo que, dicen, está ofreciendo atractivos salarios.

Es grave y muy delicado no garantizar seguridad jurídica para quienes hicieron dejación de las armas y decidieron asumir la responsabilidad de reincorporarse a la vida civil. El acuerdo se hizo para cumplirlo no para deshonrarlo. Más allá de la palabra empeñada con las Farc, qué estarán pensando los más de 180 países que agrupa las Naciones Unidas y que, por decisión unánime, delegaron en sus funcionarios ser garantes de un pacto de paz que apagó los fusiles de más de 7.000 hombres en armas.

A nombre del Estado se pactó un acuerdo más allá del silenciamiento de unos fusiles; se acordó sacar el país del estancamiento que provoca la inequidad social; flexibilizar las estructuras rígidas que excluyen a las masas de procesos creativos y productivos; y se pactó una participación política amplia para modernizar nuestra precaria democracia. No obstante, a juzgar por los pocos días de vigencia que le quedan al fast track, ese “esfuercito”, al parecer, se perdió.

Ahora, cambiando de tercio, desde el escenario legislativo el sabor revanchista, si se quiere de retaliación, las bancadas que se opusieron desde un comienzo al proyecto de ley que reglamenta la JEP, aprobaron un artículo a todas luces inconstitucional al imponer, posterior a la elección de los magistrados de la JEP, inhabilidades que resultan abiertamente ilegitimas.

Claro ese revanchismo no viene solo, sin duda lo que delata esa actitud es la impotencia que les genera, a la mayoría de parlamentarios, perder manejo e injerencia sobre las decisiones de los magistrados de la JEP. Malograr ese control político sobre la magistratura especial es una desventaja, por ello acuden, además, a la estrategia de la estigmatización y el señalamiento de quienes administrarán justicia en el posconflicto.

Dicho lo anterior, vale referir un hecho que pone de presente la mordaz descalificación con que se valoran los magistrados de la JEP. En momentos en que se iba a votar el artículo 104 de la estatutaria escuché decir a un senador del Centro Democrático (CD): “Este artículo sí lo vamos a votar para sacar a unos cuatro o cinco mamertos que fueron escogidos en la JEP”.

Y fue así. Nunca se les había visto tan unidos a senadores de Cambo Radical, el Centro Democrático, Conservadores y disidentes del Partido Liberal en pos de neutralizar a unas personas que esperan asumir la tarea de garantizarle a las víctimas: Justicia, Verdad, Reparación y No repetición. Sin embargo, el calvario de la JEP aún no termina, le queda el espinoso trámite de la Cámara baja. 

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M.-El Cambio Climático sigue siendo motivo de alarma y preocupación para la comunidad internacional, cada día que pasa los entendidos en el tema, los científicos, los centros de investigación y las organizaciones que lo monitorean, se muestran más consternados por el escalamiento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por la creciente acumulación y concentración de estos, pero sobre todo por el “aumento peligroso de la temperatura” que se viene registrando en los últimos años, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), a consecuencia de ello. 

Concomitantemente con el aumento de la temperatura se desencadenan eventos cada vez más frecuentes, más intensos y duraderos tan devastadores como los huracanes, las inundaciones y las sequías, que se han duplicado desde 1990, olas de calor insoportables, aumento del nivel del mar y la acidificación del océano, los cuales no dan tregua. 

La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, principal responsable del calentamiento global, por tercer año consecutivo batió record en 2016, según la OMM. Según esta, “mientras que en 2015 era de 400 partes por millón (ppm), la proporción de CO2 en la atmósfera (…) alcanzó 403.3 ppm en 2016” y "representa ahora 145% con relación a la era preindustrial", según la OMM. Se trata del nivel más alto en 800.000 años (¡!). Y para finales de 2017 se prevé que las emisiones de CO2 atribuibles ya sea a los combustibles de origen fósil, a las chimeneas de la fábricas y en gran medida a los cambios en el uso del suelo, aumentarán, como lo sostiene el Proyecto Global del Carbono en su más reciente Informe, un 2% con respecto al 2016, cuando alcanzó el record de 36.800 millones de toneladas. Este repunte se da después de tres años durante los cuales se había logrado estabilizarlas. 

Es de anotar, como lo sostiene  el Secretario General de la OMM el finlandés Petteri Taalas, que “el CO2 persiste en la atmósfera durante siglos y en el océano todavía más tiempo. Según las leyes de la física, la temperatura será mucho más alta y los fenómenos climáticos más extremos en el futuro. Sin embargo, no tenemos la varita mágica para hacer desaparecer este excedente de CO2 atmosférico”. Si bien, como lo acota Taalas, “los últimos tres años han estado entre los tres más cálidos en cuanto a registros de temperaturas”, se considera que 2017 es el año sin el Niño en el que se han registrados las más altas temperaturas. La media quinquenal para el período que va de 2013 a 2017 es de 0.40º C, aproximadamente, mayor que la registrada entre 1981 y 2010 (estimada en 14.31º C) y 1.03º C por encima de los niveles que precedieron a la revolución industrial (>1750). Es muy diciente que 16 de los 17 años corridos del siglo XXI han sido los más calurosos desde que en 1880 se empezó a llevar registros de la temperatura global. 

Taalas no duda en pronosticar que “si no reducimos rápidamente las emisiones de gases con efecto invernadero, principalmente de CO2, nos enfrentaremos a un peligroso aumento de la temperatura en lo que queda de siglo, muy por encima del objetivo fijado en el Acuerdo de París sobre el clima”. Para Erik Solheim, Director del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, “el tiempo apremia…Las cifras no mienten, siguen siendo demasiado altas y hay que alterar la tendencia (…) Ya contamos con numerosas soluciones para enfrentar este desafío. Sólo falta la voluntad política”. De hecho entre enero y septiembre de este año se registró un aumento de la temperatura media global de 1.1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales y el mundo sigue expectante de las conclusiones al respecto de la Cumbre de cambio Climático que acaba de concluir en Bonn (Alemania). 

Como lo advirtió la profesora Corinne Le Queré, investigadora principal y Directora del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático en la Universidad de East Anglia, “con las emisiones mundiales de CO2 de todas las actividades humanas, estimadas en 41.000 millones de toneladas para 2017, el tiempo se está agotando en nuestra capacidad de evitar un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura global y mucho menos de 1.5º C” como se estableció en el Acuerdo se París. 

Bogotá, noviembre 20 de 2017

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Por Giovanni Décola.-Resuelta la consulta liberal, la cual dio como ganador a Humberto De La Calle, corresponde ahora, no solo a los liberales, sino a los amigos de la paz, defender este triunfo como una coraza. 

Los abanderados de la guerra, los que añoran a una Colombia violenta, los que quieren hacer trizas los acuerdos de paz, han pretendido por todos los medios, deslegitimar la consulta, no como un medio para atajar al candidato victorioso, sino como una herramienta para cerrarle los pasos a la paz. 

Los representantes de esa Colombia retrograda, los que quieren empecinarse con la guerra, pero con sangre ajena, los que quieren que el progreso sea solo para unos cuantos, los que quieren que se le recorten libertades y derechos a los trabajadores, a quienes les huele maluco los sindicatos, a quienes atentan contra las minorías, a quienes le tienen pánico a la JEP, utilizarán todos los medios a su alcance, para evitar que un candidato amigo de la paz, llegue a la presidencia. 

No en vano, Uribe le hace ojitos a Vargas Lleras, para que éste le crea el cuento que lo va a apoyar si ninguno de sus cinco “buenos muchachos” despega en las encuestas, cuando Uribe sabe de antemano, que si Santos no le cumplió, mucho menos lo haría, un hombre tan arrogante y soberbio como el exvicepresidente. A lo que juega Uribe con esa estrategia, es que Vargas Lleras con su enorme poder en la Fiscalía, la cual se ha convertido en su policía política, vaya alineando en la derecha a los políticos que tienen problemas con la justicia, a través de las investigaciones judiciales, y si no lo hacen, les cae la desgracia de ser encarcelados y en el menor de los casos, expuestos a la picota pública a través de la compulsa de copias para quienes son aforados. 

Y si no es a través de la Fiscalía, Vargas Lleras, se aprovecha de la Contraloría Distrital de Bogotá, donde también cuenta con un Contralor de bolsillo, para sacar del camino, por ejemplo, al exalcalde Gustavo Petro a través de ilegales sanciones fiscales donde le impone multas que superan los 200.000 millones de pesos. 

Pero si lo anterior no funciona, entonces acude la derecha, a sus periodistas amigos para enlodar con cualquier pretexto a figuras como Claudia López, Fajardo, Robledo, entre otros, y seguidamente ponen a funcionar a sus miles de perfiles falsos en las redes sociales, para acribillar al político que se la esté jugando por la paz. 

Es por ello, que esta victoria de De La Calle, tenemos que defenderla, no solo los liberales, sino los simpatizantes de otras opciones políticas, que aunque sean diferentes, tenemos como punto en común: la paz. 

Somos conscientes que ningún Partido elige solo al Presidente de la República, por ello nos urge, a las fuerzas progresistas y democráticas, encontrar un mecanismo que facilite la unión de puntos comunes y se converja en la diferencia, para que definido el programa de Gobierno, se seleccione el candidato único que enarbole las banderas de la paz. La paz llegó para quedarse y no nos la dejaremos arrebatar de los sepultureros de sueños y esperanzas, que quieren ver a Colombia en un lodazal de sangre y tragedia. 

Así que señores Humberto De La Calle, Sergio Fajardo; Gustavo Petro, Jorge Robledo, Claudia Lopéz; Clara López, y todo aquel candidato que esté a favor de la paz, empiecen a trabajar en equipo. O se unen o nos hunden!!!

Por Horacio Serpa.-Primero que todo, felicitaciones al Partido Liberal. Fue capaz de convocar una Consulta Popular para escoger el candidato presidencial, lo cual indica que se trata de una Colectividad seria, organizada y consecuente con su talante democrático y participativo. Muchos hicieron el feo a esta actividad democrática por su valor económico, desconociendo que fue convocada por el Estado con cargo a una partida que existe en el presupuesto. La democracia cuesta y los liberales no somos culpables de que ningún otro Partido haya tenido la disposición o las agallas de consultar sus decisiones con el pueblo. Fue un reproche politiquero e injusto.

En segundo lugar, ganó Humberto De La Calle Lombana, lo cual merece mi sentido reconocimiento. Repito, como lo he manifestado en público, que es una persona seria, respetable, de grandes antecedentes y muchos méritos, entre ellos los logrados en la Asamblea Constituyente y en el Proceso de Paz con las Farc. Será el candidato del Partido Liberal a la Presidencia, y como anoche lo dijo Cristo, todos los liberales debemos apoyarlo con decisión.

De Juan Fernando Cristo hay que decir mucho, además de sus altas condiciones personales y familiares, jurídicas, políticas y de conciliador. Hizo una campaña seria y limpia, con base en un programa que resumió en “Los 10 mandamientos liberales, según Cristo”. Logró una votación superior al 47% de los electores, y eso es mucho decir. Las encuestas que lo señalaban como un derrotado absoluto, quedaron mal paradas. Cristo ganó en la provincia, lo que es una señal indiscutible de liderazgo. Juancho, como lo llamamos sus amigos, se erigió como la cabeza de una tendencia liberal que lucha por la paz, la equidad, la descentralización real, el cambio de modelo en salud, la seguridad en las ciudades, la calidad en la educación y la defensa de la naturaleza.

Cristo, sin duda un ganador, reconoció el triunfo de su adversario y en gesto de nobleza que eleva su figura de Estadista pidió a sus representados asumir el compromiso de acompañar a De La Calle con decisión, para lograr el triunfo presidencial.

Humberto y Juancho fueron dignos adversarios. Se respetaron, esgrimieron tesis en cambio de armas, juntos pensaron en la conciliación después de la refriega civilizada y por eso hoy todos los liberales tenemos un candidato al que apoyaremos decididamente.

Siendo que casi todo fue bueno, en el camino de la disputa democrática quedaron unos baches que tocará analizar y superar para que en el futuro no se conviertan en dificultades. En primer lugar, la inapropiada intervención en la emulación liberal de algunos cuadros de la Dirección Nacional Liberal, cuando su obligación era la imparcialidad; lo otro fue que en algunas jefaturas regionales se presentó una rara especie de transfuguismo, del que es dable pensar que no surgió espontáneamente. ¿Qué pasó? Esas heridas que empezaron a curarse con el bálsamo de la posición cristista, hay que cauterizarlas. 

Humberto De La Calle es el candidato único del Partido Liberal. ¡Debe ser el Presidente!  

Por Mauricio Cabrera Galvis.- La industria colombiana no levanta cabeza. Según los datos del PIB revelados por el DANE esta semana mientras el conjunto de la economía creció 2% el último trimestre, el sector industrial registró una caída de 0.6%. Si se quita el efecto positivo del inicio de operaciones de Reficar, el comportamiento del resto de la industria es todavía peor, pues en lo corrido del año decrece 1.9%.

En medio del mal comportamiento del total del sector industrial, algunos subsectores están más golpeados por la competencia de las importaciones y el contrabando. Uno de ellos es el textil y confecciones, cuya producción viene en caída libre y este año registra una disminución de cerca del 10%.

El impacto de las importaciones sobre los fabricantes nacionales de telas se puede apreciar si se compara con lo que pasa en otros países. Por ejemplo en el caso del Denim, materia prima de los jeans, en Colombia el año pasado se registraron legalmente importaciones por 35.6 millones de kilos. En Argentina y Brasil, países que si cuidan sus industrias, se importaron en el mismo período 4.5 millones y 1.8 millones de kilos respectivamente.

Una razón de tan abrumadora diferencia son los aranceles para esos productos, que allá son superiores al 20% mientras que acá, en el país de la apertura hacia adentro, son de 5%.

La confección de prendas de vestir también está cayendo este año, con un enorme impacto sobre el desempleo, porque el gobierno tuvo que desmontar a principios del año las medidas de protección que había adoptado –un sobrearancel por kilo de producto importado-, y se demoró mucho en tomar medidas similares que no pudieran ser objetadas ante la OMC.

La demora oficial en la adopción de normas de protección es más grave en el caso de las telas, pues no solo no se han expedido todavía, sino que el solo hecho de anunciar con anticipación que se iban a tomar, indujo a los importadores a aumentar sus inventarios, acelerando sus compras en el exterior y disminuyendo aún más la compra de productos nacionales. Si a esto se agrega el contrabando de telas y confecciones, se entiende porque esta industria está descosida y tardará mucho remendarla.

Por Moisés Naim.- La buena noticia es que el mundo está harto de la corrupción. La mala noticia es que la manera en que la estamos enfrentando es ineficaz. Buscamos gobernantes que sean héroes honestos en vez de promover leyes e instituciones que nos protejan de los deshonestos.

En todas partes aumenta el repudio popular a políticos y empresarios ladrones. Las protestas contra la corrupción son masivas, globales y frecuentes: India, México, Rusia y Tailandia son solo algunos de los muchos países donde la gente ha tomado las calles. Ya no creen ni que la corrupción sea inevitable ni que sea inútil intentar combatirla.

El impacto de algunas de estas protestas populares ha sido sorprendente: los presidentes de Guatemala y Corea del Sur, por ejemplo, fueron depuestos y encarcelados. En Brasil, enormes marchas crearon las condiciones para que la presidenta Dilma Rousseff fuese destituida.

En el mundo entero hay un enorme deseo de acabar con los líderes corruptos y reemplazarlos por otros cuya honestidad está fuera de duda. Pero ¿es la búsqueda y el subsecuente nombramiento de personas que creemos íntegras el mejor antídoto contra la corrupción? No.

Elegir gobernantes honrados es una lotería. Puede que, en efecto, resulten serlo; o puede que no. En todo caso, no basta con votar a aquellos que presumimos honestos, también hacen falta leyes y prácticas que prevengan y castiguen la deshonestidad. Las sociedades que solo le apuestan a un líder honrado casi siempre salen perdiendo. Silvio Berlusconi, Vladímir Putin y Hugo Chávez llegaron al poder prometiendo eliminar la corrupción. Y ya conocemos los resultados.

Además, en estos tiempos, también necesitamos instituciones que impidan que la lucha contra la corrupción sirva como mecanismo de represión política. Estamos viendo, por ejemplo, cómo esta nueva intolerancia popular hacia los políticos venales está siendo aprovechada por los autócratas del mundo para eliminar a sus rivales. Vladímir Putin suele acusar de corruptos y encarcelar a quienes llegan a tener demasiada influencia.

En China, desde que en 2012 Xi Jin ping asumiera la presidencia, más de 201.000 funcionarios han sido llevados a juicio. Algunos han sido condenados a muerte. En una redada anticorrupción, el príncipe saudí Mohamed al Salman acaba de detener a más de 200 potentados, incluyendo a uno de los hombres más ricos del mundo, el príncipe Alwaleed bin Talal.

Los Gobiernos de Cuba, Irán y Venezuela regularmente usan las acusaciones de corrupción para encarcelar a sus opositores. Quizás entre los encarcelados por los dictadores haya corruptos. Pero las verdaderas razones de su detención seguramente tienen más que ver con su activismo político que con su presunta deshonestidad.

La lucha contra la corrupción no tiene por qué ser corrupta y, afortunadamente, están proliferando los esfuerzos genuinos por disminuir esta plaga. En Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está apoyando “laboratorios de innovación pública” que experimentan con nuevos métodos de monitoreo y control de la gestión del gobierno.

En Brasil, un grupo de expertos en análisis de datos decidió usar las técnicas de inteligencia artificial para el control social de la administración pública. Escogieron un caso muy concreto para probar sus teorías: ¿cómo limitar el fraude en los reembolsos que piden los diputados para cubrir sus gastos de transporte y alimentación cuando viajan por motivos de trabajo? Llamaron a su proyecto Operación Serenata de Amor y recaudaron pequeñas donaciones a través de Internet.

Con estos fondos crearon a Rosie, un robot computacional que analiza las solicitudes de reembolso de los parlamentarios y calcula la probabilidad de que sean injustificadas. Para sorpresa de nadie, Rosie detectó que, con frecuencia, los diputados hacían trampa. El equipo dotó a Rosie con su propia cuenta de Twitter y allí los seguidores se enteran instantáneamente de los intentos de sus parlamentarios de cargarle al Estado gastos que no tienen nada que ver con su gestión.

Rosie es un pequeño ejemplo que ilustra grandes y positivas tendencias en la lucha anti-corrupción: la potencia de la sociedad civil organizada combinada con las oportunidades que ofrecen Internet y los nuevos avances en computación, así como la prioridad que hay que darle a la transparencia de la información en la gestión pública.

Sin duda, resulta fácil desdeñar a Rosie como un esfuerzo marginal que no le hace mella a la macrocorrupción. Así, mientras algunos diputados le cargaban sus gastos personales al Estado, la empresa brasileña Odebrecht pagaba 3.300 millones de dólares en sobornos por toda América. No obstante, conviene matizar el escepticismo. Marcelo Odebrecht, el jefe de la empresa, ha sido condenado a 19 años de cárcel. Y los diputados ahora se cuidan de no abusar con el reembolso de sus gastos.

Las cosas están cambiando.

@moisesnaim