Opinión

Colombia es un país de regiones y así lo reconoció, por fin, la Asamblea Nacional Constituyente, al consagrar en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991 la posibilidad de constituirse en regiones administrativas y de planificación (RAP) y en regiones como entidad territorial (RET), respectivamente. Con fundamento en ello se constituyeron las RAP del Centro, la del Pacífico y, más recientemente la de la Región Caribe, hace exactamente un año, el 19 de octubre de 2018.

Después de dar este paso se percataron de que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la 1454 de 2011, había emasculado a las RAP al establecer en su artículo 32 que por cuenta de la misma “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN), ni del Sistema General de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”. Es decir, se condenó a las RAP a morir por inanición, por esta absurda e inexplicable medida.

En vista de ello, se promovió el trámite a través del Congreso de la República del Proyecto de Ley 182 de 2017 – Senado por medio del cual “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP”, el cual tiene como primera prioridad la derogatoria de ese artículo, que se convirtió en el freno para el avance y para la consolidación de las RAP.

Los gobernadores del país se ilusionaron con este Proyecto, máxime después del espaldarazo que le dio el Presidente de la República Iván Duque Márquez, quien manifestó su “voluntad y apoyo” a dicho Proyecto en la Cumbre de Gobernadores efectuada en Mompox  el pasado 7 de septiembre. Allí fue claro y enfático el Presidente al afirmar que “la Ley de Regiones permite un avance hacia un sistema donde haya mayor autonomía en el manejo de recursos”.

Por ello, la sorpresa fue mayor cuando los mismos gobernadores que aplaudieron eufóricamente el anuncio del Presidente se enteraron de que el Ministerio de Hacienda había enviado al Presidente de la Cámara de Representantes un Oficio solicitando “revisar la conveniencia de tramitar este Proyecto por los impactos fiscales que puede generar, por lo que este Ministerio emite concepto negativo ante esa corporación sobre la iniciativa del asunto”, es decir, palabras más palabras menos, lo que pide el Ministerio de Hacienda es el archivo del Proyecto y apelación a los infiernos.

Los gobernadores siguen sin reponerse de su perplejidad y asombro, están atónitos y cunde el desconcierto por este bandazo del Gobierno, al pasar sin vísperas del apoyo presidencial al al Proyecto al veto por parte del Ministerio de Hacienda. En dicho Oficio se traen por los cabellos unos argumentos sin fundamento alguno para justificarlo.

Después del circunloquio del Ministerio de Hacienda y de sus disquisiciones en torno al Proyecto de Ley, que ya está en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, aterriza finalmente en la verdadera esencia y el verdadero motivo de su objeción al mismo. Está dicho paladinamente en la misiva in comento: “la creación de las RET propuesta en el articulado genera profundas inquietudes sobre su financiación”. En sustento de su cicatería se apela al mensaje presidencial anexo al Proyecto de Presupuesto, según el cual “cualquier incremento de la ´burocracia que el Proyecto de ley pueda crear acrecentaría el déficit fiscal y no sería compatible con la situación de las finanzas públicas actuales”.

Y, como era de esperarse, se aferra el Ministerio de Hacienda a dos artículos de la Ley 1454 de 2011, los cuales se contradicen entre sí, porque al tiempo que el artículo 7 reza que “en ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto”, en el artículo 32 de la misma Ley se dice que “el funcionamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación se financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales que la conformen destinen para ello”. Todo ello para concluir que “los esquemas asociativos se ha desarrollado bajo la convicción de que su creación no debe generar gastos de funcionamiento adicionales”. Pero, está muy equivocado el Ministerio al asumir que la RAP y la RET son “esquemas asociativos”, no, rotundamente no, las RAP y las RET están consagradas en la Constitución, que es norma de normas.

Finalmente, es claro que los requerimientos, modestos por cierto, que tendrán las RAP para funcionar no serán los que van a transgredir la Regla fiscal, ni por cuenta de ellas se va a disparar el déficit fiscal. Como lo afirma El Heraldo, sólo “se trata de excusas y más excusas para dilatar un debate que ya se ha aplazado más de la cuenta: el de la descentralización efectiva de un país donde los laberintos burocráticos de Bogotá ejercen un poder aplastante”. Bien dice el adagio popular, que desde que se hicieron las disculpas el gato ya no come queso, ahora lo cuida!

Bogotá, octubre 21 de 2018

*Exministro de Minas y Energía. Expresidente del Congreso de Colombia

La Corte Constitucional anunció recientemente fallo de Sentencia, en medio de un procedimiento que, la vía de la consulta popular no era la vía legal y procedimental para detener un proyecto de explotación minera y de hidrocarburos en un caso de la población de Cumaral, en el departamento del Meta. 

De primera mano, se puede interpretar que esta decisión que la protocolizará en el respectivo texto de sentencia, se interpreta, como si, ya se van abajo todos los procesos de consulta con comunidades indígenas o con comunidades en general de las regiones donde se proyectan hacer explotación minera o de hidrocarburos. 

A nuestro parecer no tiene ese alcance, es más, nosotros creemos que la Corte Constitucional ratifica lo decidido ya en varias Sentencias anteriores, entre esas, la Sentencia C-035 / 2016 y otras Sentencias como la 416 o 417 de 2016, en las que manifiesta que el nivel central, el Gobierno nacional que representa a la nación y al Estado colombiano para promover proyectos, autorizar, licenciar o concesionar u otorgar campos de explotación minera y petrolera se debe proceder a la concertación con las autoridades locales especialmente, habida cuenta de que las autoridades locales también son Estado. 

El sub suelo no se discute que es del Estado colombiano, pero hay que hablar que el municipio también es Estado. El artículo 332 de la Constitución Política sobre el tema de la propiedad del subsuelo habla que es de propiedad del Estado colombiano o de la nación. 

Pero además de esto, ha dejado claro la misma Corte Constitucional y nadie discute, que el tema del uso del suelo es competencia y derechos de los Concejos municipales y el tema del ordenamiento territorial, el tema de ordenamiento de desarrollo económico y social es competencia de los municipios a través de sus planes de Ordenamiento Territorial, de las entidades territoriales  a través de los mecanismos que ha establecido la Ley 136  y otro tipo de leyes como la 388 de 1997 y la misma Constitución. Donde hay instancias por ejemplo de los Consejos Municipales de Planeación, donde hay participación de la comunidad en general, de los sectores productivos, de los sectores públicos, en fin. 

Entonces estamos ante la propiedad del Estado, del Estado nacional, por así decirlo, del subsuelo, pero el suelo y sobre lo que el suelo se levante es competencia de las entidades territoriales y los Concejos municipales en materia del uso del suelo u ordenamiento del territorio. 

Para hacer un símil, podemos decir, que el sótano es de la nación o del Estado colombiano, pero del primer piso en adelante en materia de ordenamiento y de regulación es de las entidades territoriales, entonces debe haber una concertación, por lo tanto, no pueden cantar victoria al decir que ya pueden entrar a saco todo tipo de explotación en contra de comunidades o en contra de disposiciones legales y constitucionales que favorecen el derecho y la autonomía territorial. 

Ahora bien, el asunto se pone más interesante ante un evidente choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pues éste último Alto Tribunal, resolvió en esta misma semana un fallo de tutela donde ratifica todo lo contrario a lo dicho en el fallo de la Corte. 

Tiene razón el Consejo de Estado, cuando señala que “las autoridades locales y nacionales tienen competencias en los asuntos mineros, ambientales y energéticos, por lo cual deben coordinar el ejercicio de sus funciones”. Además, dice que “si no se logra una concertación, entonces prima la competencia de las autoridades municipales”. Y asegura que las consultas posibilitan el derecho de participación ciudadana, derecho que a mi juicio no tiene por qué cercenarse. 

De todos modos hace falta que desde el Congreso de la República establezcamos mecanismos claros y efectivos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan resolver definitivamente este limbo jurídico al cual asistimos hoy.

Bogotá, D. C, octubre 22 de 2018

*Senador Liberal de Colombia

El título de esta columna es un evidente plagio al conocido artículo de Keynes dedicado a Mr. Churchill en 1925, cuando este político inglés tomó la decisión de devolver la libra esterlina al patrón oro para restaurar el orgullo patriótico de tener una moneda fuerte. Keynes pronosticó que la revaluación de la libra generaría desempleo y recesión, y la historia le dio la razón.

Hoy no se necesita ser un genio como Keynes para anticipar las consecuencias negativas de las políticas económicas de Trump, porque ya se están viendo los efectos de su rebaja de impuestos a los más ricos, y la mayoría de los analistas coinciden en pronosticar que la subida de aranceles y la guerra comercial con China frenarán el crecimiento mundial.

De la reforma tributaria de Trump se podría decir que es una política keynesiana, pues se trata de bajar los impuestos para que los contribuyentes tengan más plata en el bolsillo para gastar y comprar más, lo cual aumentará la producción y el empleo. En la coyuntura actual ningún economista keynesiano hubiera recomendado esta política por dos poderosas razones.

La primera, porque no hay almuerzo gratis y el costo de reducir los ingresos del Gobierno sin recortar el gasto público es aumentar el déficit fiscal y la deuda pública, que están llegando a niveles preocupantes, según los datos de la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso norteamericano (CBO).

Al cierre del año fiscal 2018, el déficit desestacionalizado del gobierno federal creció 24% con respecto al año anterior llegando a 826.000 millones de dólares, que equivalen a 4,1% del PIB gringo y casi tres veces el PIB de Colombia. Las causas, una caída de 92.000 millones de dólares (31%) en los impuestos de las empresas, y un aumento de 4,4% en el gasto público en el que se destacan el incremento de los pagos de intereses (20%) y de los gastos militares (7%).

El segundo argumento contra un estímulo keynesiano ahora es que era innecesario pues la economía gringa ya venía en una senda de fuerte recuperación del crecimiento y creación de empleo de manera que este estímulo, si bien puede ser efectivo a corto plazo, pronto se puede devolver frenando la economía por su impacto negativo sobre el endeudamiento y las tasas de interés.

Cali 21 de octubre de 2018.

*Filósofo y Economista. Consultor.

A partir de 2013, el sacrificio de ganado presenta una disminución sostenida que, para 2017, con 3,4 millones de animales arroja una diferencia de 727 mil menos frente a 2013. No obstante, el consumo aparente se ha mantenido sobre 20 kilos/hab./año durante el periodo.

¿De dónde salieron entonces 727 mil animales no sacrificados, pero cuya carne sí se comieron los colombianos? La respuesta es conocida: son los vehículos llenos de carne encaletada que atraviesan a diario la frontera con Venezuela; son los camiones de ganado que recorren las trochas para venderlo a menos precio en Colombia para sacrificio clandestino.

Cúcuta es la evidencia de este delito. Su consumo diario es de 450 animales, pero el sacrificio formal es de solo 50. ¿De dónde salen los otros 400? Pues de los 727 mil animales “fantasmas”, que no se sacrifican pero su carne sí se consume. Al año son 146.000 animales sacrificados clandestinamente para Cúcuta; más de 24.000 toneladas de carne y un negocio de cerca de ¡300 mil millones de pesos! El resto de animales fantasmas se irriga por todo el país, al abrigo del inoperante Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Invima. Pero la realidad del contrabando es aún más compleja. En días pasados, una autoridad en la región me compartió el hallazgo de dos tractomulas con ganado de contrabando y Licencias Sanitarias de Movilización expedidas por el ICA. Es decir, su destino era la red formal de sacrificio y distribución de carne de la Costa Caribe. Para ilustrar el tamaño del negocio, solo los 727 mil fantasmas tienen un valor de más de 1,2 billones de pesos, y la utilidad del contrabandista que los vende en Colombia es hoy del 178%, pero crece todos los días al ritmo del descalabro monetario del vecino país.

¿Quiénes están detrás del negocio? En 2.219 km de frontera hay 248 trochas, en una región con fuerte presencia del ELN, además de Pelusos, Rastrojos, Clan del Golfo y disidencias de las Farc; con la complicidad de integrantes de las fuerzas armadas venezolanas. Es grave la afectación. El contrabando y el sacrificio clandestino impulsan a la baja el precio del ganado. Por cada 100 pesos de reducción, la ganadería deja de recibir ¡180 mil millones! al año, y en algunas regiones la caída supera los 500 pesos. Así las cosas, de no encontrarse una salida, a la estructural crisis lechera se le sumará la quiebra de los productores de carne. No obstante, la mayor amenaza del contrabando es la pérdida del estatus de país libre de aftosa, en complicidad con la relajación en la vacunación y la corrupción del ICA con las Licencias de Movilización. Hablamos de un costo histórico de un billón de pesos en vacunación, que hemos puesto los ganaderos, del cierre de exportaciones y del futuro de la ganadería. Hacia delante, la alternativa es vacunar, vacunar y vacunar.

Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2018

*Presidente de Fedegan 

Mucho se ha hablado sobre la inconstitucionalidad de la reforma que pretende unificar los períodos de autoridades nacionales y locales, pese a lo cual el Congreso pretende avanzar en esta iniciativa.

Los parlamentarios saben que al final la propuesta no va a sobrevivir pues es imposible asumir el costo político de mantener la incertidumbre sobre las elecciones hasta mayo o junio del año próximo cuando debe terminar de tramitarse el Acto Legislativo.

El 27 de junio se abre el período de inscripción de candidaturas y durante los meses previos a esa fecha la presión de miles y miles de candidatos, al igual que la de las instituciones electorales, generará una tensión tan grande que será imposible mantener vivo un proyecto de esa naturaleza. Esa tensión tendrá un protagonista central, el propio Centro Democrático, que en la última elección local tuvo un desempeño cercano a tan sólo el 10% de la votación y que tiene muy poca representación local. El proyecto de ese partido ha sido avanzar hacia su territorialización porque de esa manera asegura su supervivencia más allá de la vigencia política de Uribe. Ya lo logró en la Cámara donde alcanzaron más del 20% de la representación duplicando su presencia. El CD sabe que es el momento de extender su base territorial y no va a desaprovechar la oportunidad.

El proyecto está destinado a morir y mientras más pronto fallezca mejor, pero la presentación y avance de un proyecto de esta naturaleza revela varios aspectos importantes sobre la naturaleza actual de la política en Colombia y los efectos que ello tiene sobre nuestra democracia.

Lo primero que pone en evidencia es el intento desesperado de varios sectores, especialmente Cambio Radical, de modificar las reglas para facilitar su regreso al poder. Tanto la reforma política que busca unir la primera vuelta a la elección parlamentaria, como la unificación de calendarios son una muestra del desesperado intento de que la maquinaria vuelva a controlar el proceso electoral. Si en la elección pasada se hubiesen aplicado las reglas que ahora pretenden imponer el resultado sería que German Vargas estaría de Presidente y no Iván Duque.

Lo curioso del caso es que los partidos tradicionales, pero especialmente aquel que tiene desde ya candidato para 2022, no han entendido que los que tienen que cambiar son ellos  y no las reglas. Muchos esperábamos que el campanazo de la elección presidencial junto con los resultados de la consulta anti corrupción hicieran entender que el cambio social que ha vivido Colombia es incompatible con la forma tradicional de hacer política…pero no.

Una sociedad cada vez menos pobre (y por tanto menos necesitada del clientelismo) más educada y mejor conectada no puede estar representada por partidos que usan el clientelismo y la corrupción como principales mecanismos de reproducción política. Lo que esa sociedad requiere son partidos más programáticos e institucionalizados, más conectados con las nuevas demandas y con las nuevas agendas emergentes, cada vez más visibles gracias al pos conflicto.

Si los congresistas siguen comportándose de una manera que no solo no corresponde a las demandas ciudadanas sino que buscan represarlas y someterlas a sus propios intereses, lo único que van a lograr es terminar de enajenar las clases medias urbanas  y los nuevos grupos de interés que han aparecido, los cuales van a reaccionar dando una estocada al sistema de partidos.

Si los liberales, conservadores y la U pretenden seguir copiando la agenda regresiva de Cambio Radical lo único que van a conseguir es ir juntos a la tumba. Así se suicidan los partidos.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018.

*Exviceministro del Interior

Cuando los colombianos salieron a votar contra la corrupción, se dispararon las alertas de los políticos y politiqueros, porque vieron la aparición de otra patria diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir, con todos los vicios y defectos.

La tan desacreditada “mermelada” estaba seriamente amenazada y las advertencias de que estábamos rumbo al “castrochavismo” y la venezolanización, se debilitaban. Era necesario buscar un nuevo fantasma y qué mejor que octubre para crearlo. Los primeros pasos los dieron el ex vice Vargas Lleras, quien archivó sus rencores y abrió las puertas al senador Uribe, para encontrar el camino adecuado para conservar y fortalecer su poderío.

Ambos, desde luego, negaron semejante acuerdo. Desecharon cualquier pretensión, cualquier arreglo, cualquier alianza. Pero por ahí fue la cosa. Era urgente encontrar una fórmula mágica y certera.

Sin querer queriendo, a alguien se le ocurrió prescribirla por debajo de la mesa y entregarla a la Comisión Primera de la Cámara. Tan preparada estaba la cosa, que allí demoró menos que un confite en la puerta de una escuela. 22 de los 28 representantes la recibieron con alborozo.

Se trata de prolongar por dos años más los períodos de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles para que todos los elegidos popularmente permanezcan simultáneamente 4 años en el poder. La comisión de la Cámara aprobó estruendosamente una violación a la Constitución. Los actuales fueron elegidos popularmente para cuatro años por el constituyente primario, no por el Congreso.

Estamos ante una alcaldada aplicada ilegalmente por unos parlamentarios que quieren ver aseguradas por dos años más a sus fichas en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y con ellas consolidar los contratos y prebendas. Quieren poner a salvo la “mermelada” por dos años más; y de paso legalizar la corrupción. Nunca pensaron, por ejemplo, en unificar períodos, recortando los suyos y los del Presidente por esos dos años.

Si se persigue que todos los períodos se inicien y terminen simultáneamente, debe buscarse otra fórmula que no riña con la Constitución, como lo han advertido el exprocurador Alfonso Gómez Méndez y el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández. Algunos que actúan con rectitud, han anunciado su renuncia antes de aceptar prórrogas, como lo ha anunciado Camilo Romero, gobernador de Nariño, precisamente para poner a salvo nuestra Carta Magna.

Entre tanto, el país ha entrado en un desorden de legalidad, porque ya hay alcaldes cuestionados cantando victoria, ofreciendo contratos a quienes tienen en sus manos la decisión durante 7 votaciones en Senado y Cámara.

Las fuerzas vivas y los amantes y defensores de la legalidad, del orden y la democracia, deben elevar sus voces exigiendo sensatez a quienes buscan por todos los medios lucrarse y alcanzar poder por caminos diferentes a los que contempla nuestro orden jurídico.

BLANCO: Los análisis y secretos de medio siglo, que consigna Enrique Santos Calderón en su libro “El país que me tocó”.

NEGRO: El cuestionado Contralor de Bogotá.

Bogotá, D. C, 19 de octubre de 2018

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Quieren alargar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin, supuestamente, de unificar periodos y hacer coincidir elecciones nacionales y regionales.

La élite política tradicional del país, esa vieja clase que muchos odiamos, ha mostrado, de nuevo, su verdadera cara, por unos minutos se ha quitado la máscara, ahora mediante mayorías lideradas por Cambio Radical y el Centro Democrático, aunque concurrieron casi todos los partidos, menos los de oposición, han dado un verdadero golpe de Estado. Quieren alargar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin, supuestamente, de unificar periodos y hacer coincidir elecciones nacionales y regionales.

Esa clase política fue la que convenció a más de la mitad del país de que no elegirlos llevaría a Colombia a un abismo, supuestamente, esa clase política que se ha robado el país, que se ha aliado con grupos criminales para exterminar la oposición, la misma que ha empobrecido a miles de colombianos, se declara demócrata y ha tomado como bandera hablar de Maduro, de Venezuela, de la dictadura, ha logrado venderse como los demócratas más demócratas del continente, es tal la locura que han ofrecido al país para una posible operación militar contra el vecino, con el objetivo de recuperar la democracia en Venezuela.

Pero solo es discurso, la democracia les importa bien poco. Esta élite sabe que el país está cambiando. Los resultados de las legislativas le asustan, la increíble votación de Mockus o Robledo les causa pánico, la votación de la consulta anticorrupción les hace prever que mucha gente ya no cree en ellos y que podrían perder importantes bastiones políticos en las elecciones locales y regionales del próximo año. Seguramente perderán Bogotá y Cali, podrían perder Barranquilla, Bucaramanga y hasta algunas ciudades del eje cafetero. Como saben que su caída es casi segura,  intentan mediante una ley acabar la democracia y restringir el voto. Lo que tratan de hacer es un verdadero golpe de Estado. Sería mejor que destaparan las cartas y que digan de frente que les gusta el modelo de la Constitución de 1886, donde el presidente nombraba alcaldes y gobernadores.

Hacer coincidir elecciones locales y regionales impactaría de forma sustancial el equilibrio de poderes, pero además premiaría permanecer en el poder a una serie de élites depredadoras. Hay varios ejemplos, uno de ellos es el departamento del Magdalena con su actual gobernadora Rosa Cotes, quien es esposa del parapolítico Chico Zúñiga, además pertenece al cuestionado Clan de los Conejos y su antecesor, es decir, su sobrino, ha sido muy cuestionado en su paso por la Gobernación, tal vez lo de la Ruta de la Prosperidad se recuerde muy bien. También alargando el periodo debemos aguantarnos a Dilian Francisca Toro y todos sus cuestionamientos. O el ejemplo de Luis Pérez en Antioquia, quien a pesar de los escándalos en que ha estado envuelto no le pasa nada, él dice que será presidente. Pero también está el caso de Peñalosa o el del gobernador de La Guajira muy cercano a la cuestionada Cielo Redondo.

Fíjense, en este golpe de Estado coinciden todos, todos los viejos políticos: Vargas Lleras obviamente debía ser el primero, Uribe y su secta, cuasi religiosa, del Centro Democrático, también Gaviria y su desteñido Partido Liberal y no podían faltar los Conservadores en primera línea. Otra cosa que quedó clara es que ese cuentico de jóvenes en política y que por el hecho der ser jóvenes no representan los intereses de los corruptos parece un chiste mal echado. Los jóvenes de los partidos tradicionales mostraron sus rostros. Por alargar los periodos de alcaldes y gobernadores votaron Samuel Hoyos, Gabriel Santos y Jaime Uscátegui del Centro Democrático, todos muy jóvenes, de la supuesta nueva política.

Todos esos políticos se compraron el discurso de la lucha contra la corrupción, pero solo el discurso no la práctica, y mediante ese discurso, en un montón de reformas están metiendo verdaderos orangutanes para restringir la democracia en Colombia.

Los partidos alternativos, además de afrontar el exterminio físico, pues cada tres días asesinan un líder social en Colombia, ahora deben afrontar la guerra jurídica. Y a esto le llaman la mejor democracia de América del sur, la más estable, pero tranquilos, no nos vamos a volver como Venezuela.

Bogotá, D. C, 18 de octubre de 2018

*Politologo

“El poder de reforma tiene límites”. 

Aunque la Corte Constitucional no ha sido coherente al aplicarla, continúa siendo válida la tesis que ella misma sostuvo en la sentencia C-551 de 2003, mediante la cual abrió la puerta para el control de constitucionalidad y para la eventual declaración de inexequibilidad  de reformas constitucionales, ya no solamente por vicios de procedimiento en la formación del respectivo acto (Art. 241, numeral 1, C.P.), sino por falta de competencia de quien ejerce el poder de reforma cuando entra a modificar o a sustituir valores o principios esenciales de la Constitución.

Para la Corte, “… aunque la Constitución de 1991 no establece expresamente ninguna cláusula pétrea o inmodificable, esto no significa que el poder de reforma no tenga límites. El poder de reforma, por ser un poder constituido, tiene límites materiales, pues la facultad de reformar la Constitución no contiene la posibilidad de derogarla, subvertirla o sustituirla en su integridad. Para saber si el poder de reforma, incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que la Constitución contiene…”.

Un ejemplo, traído por la misma Corte: “…no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social y democrático de derecho con forma republicana (CP art. 1°) por un Estado totalitario, por una dictadura o por una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue remplazada por otra diferente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma”.

En otros términos, aunque en la Constitución no existe ninguna regla que delimite expresamente el poder de reforma, prohibiendo que ciertos artículos sean modificados o derogados por el denominado constituyente derivado, éste carece de competencia para sustituir valores o principios integrantes de la esencia constitucional.

Ello significa que, además de las exigencias de índole formal, toda reforma de la Constitución debe respetar los límites competenciales del órgano facultado para expedirla. Por tanto, puede haber reformas constitucionales que, al afectar la esencia de la Carta Política, caigan en la inconstitucionalidad, motivo suficiente para que, en ejercicio de su propia competencia, la Corte Constitucional -guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución- tenga que declarar que lo actuado es inexequible.

Así, pues, el Congreso, que se encuentra autorizado para reformar la Constitución -y lo ha hecho ya en cuarenta y siete oportunidades desde 1991- ejerce una mera competencia, es decir, no puede sustituir al poder constituyente originario.

Las referencias que anteceden guardan relación con el proyecto de acto legislativo que se tramita en el Congreso y que tiene por objeto unificar las elecciones de alcaldes y gobernadores con las de Presidente y Vicepresidente de la República, para lo cual proponen extender el período de los actuales gobernadores y alcaldes. Proyecto que, a mi juicio, sustituye la Constitución porque consagra la posibilidad de que el poder de reforma -el Congreso-, sin competencia y sin pasar por el pueblo -que es el elector de tales funcionarios- los elija directamente y por vía general.

Se trata de una propuesta abiertamente contraria al principio democrático -esencial en nuestras instituciones-, que, en caso de convertirse en acto reformatorio de la Carta Política -y si la Corte Constitucional es coherente con su propia jurisprudencia-, debería ser declarada inexequible.  

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Hace un par de semanas una pasajera anónima en un avión en el que viajaba el expresidente Juan Manuel Santos, lo insultó salvaje e impunemente. Lo agredió, lo irrespetó, porque el Estadista se preocupó en su gobierno por hacer la paz con la Farc, para beneficio de todos los colombianos. Es un ejemplo de la insensatez que prima en un país en el que campea la esquizofrenia.

La respuesta a la maleducada mujer la dio la reciente encuesta de Datexco, en la que el exmandatario aparece con una imagen favorable de 45%, 20 puntos por encima de la cifra informada por la misma encuestadora cuando estaba terminando su mandato. Es decir, cuando apenas llevamos 3 meses del nuevo gobierno, la gente ha reaccionado positivamente a la gestión de Santos, lo que no deja de ser admirable y justiciero. Juan Manuel Santos desempeñó un gobierno de 8 años, paso “las duras y las maduras”, resistió con coraje la  encarnizada oposición del Centro Democrático y de su jefe el expresidente Uribe Velez, se desgastó buscando la paz con la guerrilla durante 6 años, y ahora la ciudadanía cree que su gobierno fue más que bueno.

El gobierno de Santos, para mencionar solo algunos temas, se preocupó como nunca antes del Rio Magdalena, le abrió el mundo a los colombianos con la eliminación de la visa en 80 países, tuvo avances notables en materia de vivienda, sacó de la pobreza a 4 millones de colombianos y redujo notablemente la miseria, le metió el diente al tema de la tierra que es el más delicado y difícil de manejar en un país afectado por la inequidad y por tantos intereses bastardos y, en general, fue una gestión seria, responsable y de buena fe en la que los buenos resultados superaron en mucho lo inconveniente y los errores.

Santos se preocupó por atender de buena manera los más álgidos  problemas que nos vienen afectado hace mucho tiempo: la violencia subversiva y la inseguridad. Se propuso con temeridad buscar la paz, para lo cual tuvo que enfrentarse a fuertes contradictores, comenzando porque le fue preciso romper sus relaciones con el expresidente Uribe. Lo pensó, se decidió y lo sacó adelante. Hoy no existen las Farc como organización guerrillera y violenta y a estas horas, a dos años de los Acuerdos de la Habana, se evitaron por lo menos 5.000 homicidios, 4.000 lisiados, 300 secuestros, 250.000 desplazados y muchísimos desastres adicionales, entre ellos la miseria y el rencor que provocan los enfrentamientos armados internos

Con justicia Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la PAZ. Es hoy un hombre aclamado en el mundo entero, un humanista, un ejemplo para los países que se destruyen en guerras intestinas y un referente de la democracia y la convivencia. Su talla de estadista quedó grabada en una frase que pronunció en Harvard ante un grupo de estudiantes, que ojalá aprendamos en Colombia: “Siempre hagan lo correcto, no lo popular”.

Bogotá, D, C, 16 de octubre de 2018

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Diplomático, Exgobernador de Santander.

Es una realidad la enorme dependencia de la economía colombiana con respecto al sector minero – energético, el cual llego a representar hasta el 12% del PIB, más del 70% de las exportaciones y más del 24% de los ingresos corrientes de la Nación. A ello contribuyó el boom que trajo consigo la espiral alcista de los precios de las materias primas, el cual se prolongó en el caso de los productos mineros (carbón, oro y ferroníquel, especialmente) entre 2003 y 2011 y para el petróleo entre 2003 y mediados de 2014.

Con la destorcida de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel a partir del 2012 y los del petróleo, que tuvieron en junio de 2014 su punto de inflexión, se resintió el crecimiento de la economía y las exportaciones, también se vieron afectados los ingresos del Estado, tanto los del Gobierno central como los de las entidades territoriales. Tanto más en cuanto que el impacto se dio en el renglón petrolero por partida doble, dado que a la caída de precios se vino a sumar la caída en la producción.

La coyuntura de altos precios dio lugar a la nociva e inconveniente reprimarización de la economía colombiana, en detrimento de la industria y del sector agropecuario, afectados por lo demás por la contagiosa enfermedad holandesa que trajo consigo el boom minero – energético. A ello contribuyó y de qué manera, la revaluación del peso frente al dólar, la cual fue la constante desde 2003 hasta el 2010. Lo mismo ocurrió en el resto de América Latina, razón por la cual en un pronunciamiento de la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcenas advirtió que “nos convertimos en exportadores de materias primas, volvimos a esquemas que creíamos superados…Así nos será muy difícil dar sostenibilidad a nuestro crecimiento”.

Las cifras hablan por sí solas: al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2% y este último llegó a representar el 22% en la década de los 70 y 21% durante el período 1985 – 1995; entre tanto, la industria que participaba en el PIB con el 24% bajó de manera intermitente hasta el 11% en el cual está anclada actualmente. Con las exportaciones ha ocurrido otro tanto, las exportaciones tradicionales, que son básicamente las de productos primarios, pasaron de representar el 47.4% de los US $29.991 millones que se exportaron en 2007 al 63.7% al cierre de 2010. Y lógicamente lo que ganan las exportaciones tradicionales lo pierden las no tradicionales, las cuales perdieron 22 puntos porcentuales de participación en las exportaciones totales entre 2007 y junio de 2011.

Es una verdad de a puño que a Colombia no le conviene para nada seguir manteniendo la excesiva dependencia con respecto al sector minero – energético y para ello se impone la necesidad de un cambio de modelo económico, reprimarizado, por otro que se enfoque hacia la transformación y diversificación productiva y de paso lograr la diversificación de la canasta exportadora, así como el destino de nuestras exportaciones. Pero ello implica un proceso serio y continuado, pues dicho objetivo no se va a alcanzar de la noche a la mañana, pero tampoco se va a dar por generación espontánea. Como bien dijo el Foro Económico Mundial (FEM) “Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos Colombia hace parte del grupo de países que debe capitalizar su amplia disponibilidad de recursos energéticos para que, de manera sostenible, pueda maximizar los retornos de la industria y apoyar una mayor diversificación de la economía.

La euforia que ha despertado el repunte de los precios del carbón, el oro y el ferroníquel, así como los precios del petróleo hayan repuntado a partir del 2016, no nos puede llevar a abandonar los esfuerzos tendientes a diversificar la economía, toda vez que dichos precios tienen un comportamiento cíclico y la economía no puede seguir expuesta a la montaña rusa que caracteriza su errática trayectoria. No hay que olvidar que este repunte de los precios es efímero y  tarde o temprano los precios de estos productos volverán a sus niveles “normales”.

La transformación productiva es una asignatura que tenemos pendiente, porque no se ha avanzado en ello mayormente, a sabiendas de que, como lo afirma el experto Manuel José Cárdenas, que “apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales, puede ser una buena manera de comenzar pero una mala manera de continuar”.. De allí la admonición del gran pensador venezolano Arturo Uslar Pietri: “es menester sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y las industrias nacionales”. Y esto, justamente, es lo que hemos debido hacer en Colombia y no lo hemos hecho.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2018.

*Ex ministro de Minas Y Energía y Ex presidente del Congreso de Colombia.