Opinión

Por: Jorge Enrique Robledo.-De las denuncias en el debate sobre los casos Odebrecht y el Cartel de las Togas, la justicia debe investigar a fondo, entre otros, los siguientes hechos, cosa que hoy impide un poderoso acuerdo de impunidad.

Los sobornos del Consorcio Ruta del Sol II –Odebrecht y Corficolombiana Episol (Grupo Aval)– en los gobiernos de Uribe y Santos, no ascendieron a once millones de dólares sino a cuarenta. Con ellos respaldaron las campañas de Santos 2010 –entonces candidato de lo que hoy son la Unidad Nacional y el Centro Democrático– y Santos-Germán Vargas 2014. Y la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue acusada de haber recibido 1,6 millones de dólares de la trasnacional. Sí se violó la ley al adjudicar a dedo la vía Ocaña-Gamarra, abuso que se financió con el también ilegal Conpes 3817, aprobado por Santos, Vargas y su gabinete. Por este Conpes están procesadas Cecilia Álvarez y Gina Parody y, como su caso es el mismo, debería estarlo Néstor Humberto Martínez. Los de Odebrecht aceptaron su soborno en la Ruta del Sol (Puerto Berrío-San Roque) y acusaron de cómplice a José Elías Melo, de Corficolombiana, quien ya está tras las rejas. Nadie ha asumido el pago de los sobornos Ocaña-Gamarra, y el Grupo Aval aduce no haber participado en ningún soborno, con lo que Odebrecht lo habría subsidiado en 12 millones de dólares (!?). Tampoco hay una investigación legal sobre qué bancos en Colombia lavaron las platas de Odebrecht, pero Gabriel Dumar confesó que Corficolombiana le giraba la plata (http://bit.ly/2yxUuOm).

En Navelena-Odebrecht actuaron los mismos sindicados por Ocaña-Gamarra y la plata se usó para financiar a Santos 2014. El préstamo de los 120 mil millones de pesos del Banco Agrario sí violó las normas y, también ilegalmente, favoreció al Grupo Aval (Banco de Occidente y Corficolombiana). Pero la Fiscalía y la Superfinanciera no investigan a la Junta del Banco Agrario ni al Grupo Aval.

Néstor Humberto Martínez Neira fue contratista de Navelena-Odebrecht y del Consorcio de la Ruta del Sol II y emitió el concepto que le dio apariencia de legalidad a Ocaña-Gamarra. Además tramitó un contrato ilegal de estabilidad jurídica que le mejoró las condiciones tributarias al Consorcio de la Ruta del Sol II. Y acaba de saberse que en esa llamativa operación –en la que el gobierno cambió de posición luego de que actuara como ministra Cecilia Álvarez– hubo un soborno de cuatro mil millones de pesos.

Germán Vargas comandó la segunda vuelta de la campaña Santos 2014 en la Costa Caribe y acordó con los jefes políticos su financiación (http://bit.ly/2x9VoPY). El senador “Ñoño” Elías le confesó a la Corte Suprema de Justicia que la plata de Odebrecht se usó para financiar la campaña Santos 2014, a la que también le recaudó grandes fondos Martínez Neira.

De otra parte, Gustavo Moreno, el llamado fiscal anticorrupción corrupto por nombramiento del Fiscal Martínez Neira, acusa a Leonidas Bustos y a otros magistrados de haberse asociado con él para extorsionar y absolver a congresistas en los procesos ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque se silencia, una de las decisiones de Bustos favoreció en una acusación por parapolítica a Germán Vargas, ¡y lo hizo en apenas once meses! Mabel Parra, la magistrada auxiliar de Bustos en este caso, también fue compañera de negocios de Moreno y resultó ser la esposa de Gerardo Torres (“Yayo”), asesor del senador Varón Cotrino, de Cambio Radical, partido al que también pertenecen Moreno y Martínez Neira. 

Leonidas Bustos, además, cuadró que la Corte Suprema eligiera de Fiscal a Martínez, quien le nombró a Mabel Parra en un alto cargo en la Fiscalía, puesto al que ella renunció luego de que la Corte le abriera investigación. Y Martínez no ha dado ninguna explicación seria de por qué nombró a Moreno, a pesar de las conocidas sospechas que se cernían sobre él. O fue una decisión irresponsable por clientelismo político y judicial, o se debió a los cruces del llamado Cartel de las Togas, lo que la justicia debe investigar, al igual que si lo pusieron de Fiscal General para que fuera el titiritero mayor en el caso Odebrecht-Grupo Aval.

Y como se probó en el debate, sí hay un pacto de impunidad entre la Unidad Nacional, Cambio Radical y el Centro Democrático, que incluye a Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mantener en la Fiscalía a Martínez Neira, quien no garantiza ir al fondo de esta corrupción. Por ellos llevaremos el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2yDwzwr). 

Bogotá, 20 de octubre de 2017

Por Jorge Hernando Pedraza. Tumaco desde hace ya varios decenios ha padecido de distintas enfermedades.

Recuerdo que hace unos 30 años era víctima de un Clan político de ingrata recordación que saqueó cuanto había del erario público. Luego la presencia de las Farc, que dominaron por largo tiempo ejerciendo en la práctica, soberanía en reemplazo del Estado y ahora las bandas organizadas del crimen cuyo alimentador y combustible vital es el cultivo ilícito y obvio por ser puerto estratégico, el narcotráfico.

El responsable es el Estado por su mínima presencia, por no tener labor social de impacto para reivindicar a la gente y sacarla de la pobreza con programas que hubiesen permitido el crecimiento de Tumaco como el muelle alterno a Buenaventura.

Ahora recuerdo que se proyectó allí la construcción de un gran puerto que alimentado por un oleoducto, fuese la “despensa” petrolera con refinería incluida ¡qué diferencia… si esto se hubiera construido tendría entonces vocación petrolera y no cocalera!

Entre tanto el crimen se ha apoderado de la ciudad, el terror abunda y la anarquía campea, actualmente este es el municipio del país con más cultivos de coca, elevados niveles de homicidios, hay disputas por el territorio, desempleo y al menos 100.000 jóvenes se rebuscan la vida como pueden. Tumaco registra 16.960 hectáreas de cultivos de coca, según cifras de la ONU de 2015.

Lástima que nuestra constitución no previó un mecanismo de intervención central, ahí si necesario, para tomar las riendas administrativas y política con autoridad por el tiempo necesario para superar la grave crisis y volver hacer viable la convivencia allí. 

Por ahora pareciera que es una ciudad fallida.

Por Jairo Gómez.- Colombia vive en un permanente litigio con su propia historia, o con lo que queda de ella porque ya ni siquiera en las escuelas existe. Y eso ocurre porque no hemos querido aprender de ella, la ignoramos intencionalmente y cuando se trata de recordar hechos que nos avergüenzan, hablamos pasito.

La historia la borraron de un plumazo de los salones de clase y le echaron tierra a los hechos y al pensamiento de nuestros antepasados. Claro que lo hicieron premeditadamente ¿con qué fin? No lo sé. Por eso las nuevas generaciones se comen el cuento de que los muertos, producto del conflicto, son del siglo XXI y que las luchas fratricidas del pasado no existieron. La democracia necesita de la memoria; necesita no olvidar el pasado para poder progresar.

Construir con base en la historia es inherente a cualquier sociedad, es pensar en colectivo, pero los colombianos no acudimos a esas instancias por la extrema individualización en que vivimos, en la “desertización de la vida cotidiana”, como dice Zizek. Es obvio que cuando no abonamos al debate un razonamiento coherente de nuestra propia realidad, es porque el desconocimiento de la historia ha dejado un vacío cultural que no permite interpretar el país desde el prisma de una nación en proceso de construcción; nos han negado esa posibilidad.

Decía Margaret Thatcher: “No hay sociedad, hay individuos y familia”. Una expresión desoladora que niega la existencia de la sociedad pero que define el liberalismo económico: el individuo como objeto. En las democracias occidentales, poscaída muro de Berlín, no se vale pensar en avanzar porque necesariamente se es de izquierda, y de inmediato surge, como un antídoto, la idea neutralizadora que evita la transición, impone su modelo y lo financia.

Un ejemplo de ello es la corrupción: cuando se habla de los corruptos  se le identifica como una acción o una falla individual y no sistémica originada en el establishment. Nada es un cabo suelto, todo tiene un propósito. Así funcionan las élites y cuando necesitan ir más allá activan los dispositivos de poder como los medios de comunicación que utilizan para difundir un discurso fatalista encumbrado en el temor o en meterle miedo al individuo, lo que les permite ejercer el control y garantizar el continuismo; es la estrategia perfecta para no perder el monopolio de la palabra, del relato, de la calle.

La propaganda que se activa es la de una democracia amenazada pero no se dice por quién; mientras persista esta visión de las élites de posponer las reformas seguiremos por el sendero de la degradación del sistema democrático. Degradar implica cerrarle los caminos a la  participación, al individuo y a su decisión consciente de buscar nuevos  apoyos para hacer de la política una acción colectiva. 

Entonces surge la matriz de la polarización y nos quieren hacer creer, los energúmenos del establishment, que no hay vuelta de hoja: o se preserva lo institucionalmente constituido o el país va camino al cadalso, para no hablar de la cacareada “venezolanización”. 

Sin embargo, se empiezan a oír voces distintas. No las de los insultos y de la degradación del discurso llevado a la más mínima expresión. Sino las voces que en conciencia saben que el cambio es el futuro y que es el momento de cerrarle la compuerta a la adicta patología de aferrarse al poder que embarga al establishment. Y esto los espanta.@jairotevi   

Por Amylkar D. Acosta M. “Solo se alcanza lo posible, intentando lo imposible una y otra vez”: Max Weber. 

Colombia, desde siempre ha sido un país de regiones. Como lo afirma López de Mesa, “Colombia es un archipiélago de regiones” y estas, en concepto del ex constituyente Juan B Fernández R “son entidades perpetuas”. Pero tuvimos que esperar hasta la Constituyente de 1991 para se reconociera su existencia, además de  su “autonomía para la gestión de sus intereses”, al igual que las demás entidades territoriales, una vez que se erijan como tales. 

Con la Constitución de 1991 se abrió, por primera vez, una ventana de oportunidad para que las regiones se pudieran constituir como entidades territoriales (ET) al tenor del artículo 286, al establecer que “la Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias”. A ello aspiró la región Caribe en la década del 80 del siglo pasado y por ello luchó infructuosamente; no obstante, se logró la expedición de la Ley 76 de 1985 mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como los CORPES, los cuales subsistieron hasta el año 2000. 

Los CORPES se suprimieron con la promesa incumplida de que las regiones administrativas y de planificación (RAP), contempladas también en la Carta en su artículo 306, vendrían a ocupar su lugar. Desde entonces han transcurrido 17 años, en el transcurso de los cuales se hicieron múltiples intentos para expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la que finalmente se aprobó en el 2011.  Pero la misma hizo caso omiso del categórico pronunciamiento del Voto Caribe: 2´502.726 ciudadanos depositaron una papeleta en las urnas en las elecciones parlamentarias del 2010 en apoyo de la Región Caribe como ET. 

La LOOT, no sólo no desarrolló lo preceptuado en la Constitución Política, sino que se inventó la Asociatividad y las regiones de planificación y gestión, no contempladas en la Constitución Política, como estratagema para soslayar la RET y la RAP. Es más, terminó emasculando a la RAP, al establecer en su artículo 32 que por cuenta de la misma “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación , ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema General de Regalías”. De allí la imperiosa necesidad de modificar este artículo de la Ley para que las RAP puedan funcionar.

A despecho de la contracorriente re-centralista que ha experimentado el país en estos 26 años de vigencia de la Constitución de 1991, a contrapelo de su letra y de su espíritu, las regiones han venido dando el primer paso para avanzar en el propósito último de constituirse como entidades territoriales. En efecto, ya se han constituido dos  RAP, dos más están en vía de constituirse y ahora el Caribe se apresta, también, a dar este importante paso constituyendo la RAP del Caribe, en el entendido que esta es una escala técnica para llegar a nuestro objetivo final cual es la Región como Entidad Territorial. No nos transaremos por menos. Juntos, los 8 departamentos, somos más y más fuertes, ganaremos en capacidad de interlocución frente al Gobierno Central. 

Es claro como el agua que la Región RAP no es, no puede ser, un punto de llegada sino un punto de partida; además, no es un fin sino un medio para luchar unidos no sólo en procura de cerrar las brechas inter-regionales sino también las brechas intra-regionales con el fin de nivelar la cancha. Esta debe ser su razón de ser y de existir. Como lo estipula la Constitución Política, que es “norma de normas”, la RAP tendrá “personería jurídica, autonomía y patrimonio propio”, que no es poca cosa y tendrá como misión “el desarrollo económico y social”, así como “propiciar y fortalecer la planificación equilibrada” de la región. 

Por fin, gracias a la RAP la Región Caribe volverá a tener su propio Plan de Desarrollo o sea su Carta de navegación y así se de cumplimiento a la Ley Orgánica de Planeación, que establece claramente la obligación de insertar los planes regionales de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo. La Unidad técnica de la RAP está llamada a convertirse en la masa crítica del pensamiento regional, que servirá de apoyo para promover y generar capacidad de gestión en los departamentos que la integrarán. Sobre todo en lo concerniente a las capacidades para la estructuración de proyectos a ser presentados para su viabilización y aprobación en los OCAD. 

La RAP servirá también para articular a la región, de modo que esta pueda aprovechar más y mejor las posibilidades que ofrecen las alianzas público-privadas, el acceso a la Bolsa de recursos de cofinanciación creada en el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo país, trabajar en los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Y qué decir de los contratos – paz, que son la clave para encarar los retos del postconflicto, habida consideración de que la paz se habrá de construir desde los territorios y no desde los escritorios. Así y sólo así, teniendo a la RAP como la gran articuladora, la Región Caribe dejará de ser alfil sin albedrío del Centralismo. Cipote compromiso! 

Bogotá, octubre 14 de 2017

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Por Mauricio Cabrera Galvis.- ¿Cuáles son las consecuencias políticas de la decisión de Cambio Radical y Germán Vargas de declarar abiertamente su oposición al proceso de Paz y romper con el gobierno Santos, después de haber utilizado durante siete años el presupuesto y los cargos públicos para su propia campaña? ¿Cómo altera esta decisión el panorama de la campaña presidencial?

Una consecuencia manejable es la mayor dificultad que tiene la coalición oficial para aprobar en el Congreso las leyes necesarias para la implementación del Acuerdo. Sin embargo, a pesar de las maniobras dilatorias del presidente de la Cámara, parece que el gobierno logrará los votos necesarios, sobre todo después del blindaje que dio la Corte Constitucional al Acuerdo de La Habana.

Más complicadas son las repercusiones sobre el tablero del ajedrez electoral, donde se van a reacomodar de todas las fichas de la campaña. Lo que va a pasar es que se va a descongestionar el centro del tablero, y se va a hacer mucho más dura la competencia por los votos del flanco de la derecha. Por eso los más preocupados por el nuevo panorama son el uribismo y la alianza del No.

Con su decisión Vargas está renunciando a buscar los votantes de la franja del centro y centro-izquierda, que podrían estar dispuestos a apoyar a cualquier candidato que defendiera el proceso de Paz, como lo hicieron para derrotar a Zuluaga en el 2014.

En un cambio radical a su estrategia, ahora en lugar de mostrarse como el continuador de las ejecutorias del gobierno en el que trabajó durante dos períodos, el ex vicepresidente quiere posicionarse como la mejor alternativa para derrotar al castro-chavismo de Santos. Ese fue el objetivo que plantearon los miembros del comité que se inscribió para recoger firmas para su candidatura.

Detrás de esa estrategia deben haber encuestas y mediciones del clima de opinión que les muestren que son más numerosos los votos que pueden conseguir en la banda derecha del tablero que en la del centro. Entonces Vargas entra a competir directamente por los votos de la derecha, que hasta ahora eran de propiedad exclusiva del CD y la alianza del No, minando así la casi certeza que tenía la alianza de los expresidentes conservadores de pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 

La pelea va a ser a mordiscos, porque en el contexto de una campaña con tantos candidatos, es difícil que la franja de la derecha tenga los votos suficientes para que dos de sus candidatos ocupen los dos primeros lugares en la primera vuelta, y entonces solo pasaría uno de los dos.

Por Ariel Ávila.-German Vargas Lleras tenía dos posibilidades; moverse al centro o moverse a la derecha. Estaba y está en una posición incómoda. Básicamente convertirse en un defensor a ultranza del proceso de paz no iba a hacer que los del sí lo apoyaran y a la vez convertirse en el más crítico del proceso de paz, tampoco le iba a dar confianza a los del No. Su capital político actual podría estar entre los 3 y 4 millones de votos. Un capital importante, pero insuficiente al final, ya que se prevé que votarán cerca de 18 millones de personas de las 36 millones habilitadas para hacerlo en 2018. Para estar en segunda vuelta se necesitan al menos 6 millones.

Si bien hay más de una veintena de candidatos y precandidatos presidenciales, al final esto se disputará entre cuatro. El candidato del uribismo, Vargas Lleras, el que salga de la coalición de Fajardo-Claudia y el que salga de la consulta liberal, que hasta el momento sería Humberto de la Calle.

Colombia tenía dos alternativas para el debate: o la campaña se polarizaba, una vez más como en los últimos 30 años, entre guerra y paz, o el país avanzaba hacia una discusión sobre temas de corrupción,  de modelo educativo y de equidad social. Al parecer, y como signo trágico de este país, la primera opción es la que tomará la sociedad colombiana. Al menos así lo perciben todos los candidatos, aunque Fajardo y Claudia luchan por imponer una agenda más moderna.

Por tanto, el cálculo de Vargas Lleras no es apresurado, es bastante estudiado, pero todo parece indicar que será errado al final, los presupuestos son los siguientes. En primer lugar, Cambio Radical parte del principio de que la segunda vuelta será entre el uribismo y ellos, por tanto lo que necesitan es pasar a segunda vuelta, y una vez allí, los ciudadanos de centro y centro izquierda preferirán a Vargas Lleras que al uribismo. Eso que se llama popularmente votar por el menos peor. Si sucediera lo contrario el efecto sería el mismo, la derecha preferirá a Vargas Llegas que a cualquier otro.

En segundo lugar, Vargas Lleras tiene un voto de maquinaria importante, cerca de 10 alcaldías y al menos 6 gobernaciones le trabajan a su candidatura. Cuenta además con una estructura partidista en varias zonas del país, concejales, diputados y líderes locales. Todo eso le da alrededor de 3 millones de votos. Si no existieran coaliciones, por ejemplo la de los verdes y Fajardo o la de los liberales y La U con otros sectores, con esos votos le bastaría a Vargas Lleras para pasar a segunda vuelta. Pero en la medida en que se acerca la posibilidad de las coaliciones a Vargas Lleras no le quedó otra alternativa que salir a disputarse los votos de opinión, campo en el que está bastante debilitado. Cambio Radical percibe que los votos de opinión más fáciles para ellos están a la derecha y por ellos van.

En tercer lugar, Vargas Lleras está intentando construir un discurso para atraer el mundo empresarial. En el mundo surrealista de los empresarios hay la convicción de que el castrochavismo es posible en Colombia, de que las Farc han orquestado un gran plan internacional para la toma del poder y de que ellos están en la mira. Aunque esto parece ridículo y hasta chistoso para cualquier ciudadano informado hay gente que lo cree, y Vargas Lleras ha querido imponerse como el defensor de este mundo empresarial. Por ello se radicaliza en su discurso.

Al final la estrategia es ‘amarrar‘ políticos por todo el país para fortalecer el aparato de Cambio Radical, como por ejemplo los Cotes del Magdalena, herederos de la parapolítica, o los cuestionados Aguilar de Santander. A la vez, moverse hacia la derecha a disputar los votos de opinión y claro garantizar empresarios para la financiación, aun a costa de la justicia. Por ello su empeño en excluir a los terceros de la JEP.

Esto significa que la idea aquella de que el uribismo y Vargas Lleras iban a segunda vuelta se desdibuja, ya que de derecha solo pasará uno. Por los lados de centro derecha, centro y centro izquierda cobra cada vez más fuerza una alternativa para ir a segunda vuelta. La alianza Fajardo-Claudia parece, al menos por las encuestas, la alternativa más seria. 

Por otro lado: Se nos fue Luz Gabriela Arango, una de las mejores sociólogas del país. Fue mi profesora, con ella vi sociología contemporánea I –Bourdieu-. Entendí hasta dónde llega la agencia del ser humano, y hasta dónde la estructura social lo condiciona. Entendí el concepto de clase social como categoría de análisis, pero sobre todo, entendí eso que se llama sociología de la dominación. Sus últimos años los dedicó al estudio de las teorías feministas y de género. Durante mucho tiempo hizo parte del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, uno de los mejores del continente.

Por José Gregorio Hernández.- Los dolorosos sucesos de estos días en Tumaco, en especial el ataque en que murieron seis personas y  otras muchas quedaron heridas, constituyen quizá el peor precedente de oscura violencia generado en tiempo de posconflicto. Se trata de una verdadera masacre, ya que se disparó indiscriminadamente sobre un grupo de personas indefensas -campesinos  de la zona- cuando hablaban con integrantes de la Policía Antinarcóticos.

Lo que muestran las imágenes de celular captadas por algunos de los inermes pobladores, aunque no permiten establecer responsabilidades, es de suyo alarmante y da cuenta de momentos de gran  confusión y  enorme caos. No se sabía de dónde venían los disparos, y todo indica -a juzgar por la magnitud del ataque y según los videos existentes y las afirmaciones de las víctimas-  que la consigna era matar a muchas personas, además de generar el pánico que en efecto  se generó y que  perdura en la comunidad.

Los informes de la Defensoría del Pueblo y lo declarado ante él y ante los medios por testigos y víctimas preocupa en alto grado, si, como dicen algunos,  resulta que quienes dispararon fueron miembros de la Policía Nacional. Eso sería muy grave, pero, con lo que hasta ahora se ha dicho, tampoco puede asegurarse que así haya sido, sin una adecuada y completa investigación, que precisamente pide la Defensoría y que al parecer ya asumió la Fiscalía General de la Nación.

Dice la Defensoría del Pueblo que ella, “de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas”.

Añade, aludiendo a las distintas versiones existentes acerca de lo acontecido: “Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios".

Inclusive, como se sabe, ante los primeros informes,  el Gobierno, por boca del Presidente de la República, ofreció ciento cincuenta millones de pesos a título de recompensa para quien facilitara  la captura de dos delincuentes -alias “Guacho” y alias “Cachi”-, quienes, según la primera versión oficial, habrían organizado el ataque contra los campesinos.

Como decíamos en columna radial, una investigación inmediata y muy a fondo debe ser adelantada. La masacre en referencia no puede quedar impune. Y, por otra parte, el Gobierno Nacional debe repensar su política en la zona, tanto en lo social y laboral como en la estrategia y modalidades de erradicación de cultivos ilícitos. Un objetivo plausible, si bien los medios para lograrlo no parecen ser los más adecuados. Puede ser que cuanto se viene haciendo sea equivocado, y  a nadie se oculta el tradicional y hasta ahora no superado abandono en que el Estado ha dejado a la zona y a su población. 

En todo caso, lo que no podemos admitir, sin perjuicio de las responsabilidades que se establezcan en cabeza de policías o servidores públicos -sobre la base de las pruebas al respecto-, es que el crimen quede impune. Y debemos evitar que, como resultado de toda esta confusión,  quienes salgan beneficiadas sean las mafias del narcotráfico, que tanto daño ha causado y siguen causando al país.

Por: Guillermo García Realpe. @GGarciaRealpe.- Lo sucedido el pasado cinco de octubre en la vereda Puerto Rico de Tumaco, en donde al menos seis campesinos murieron y una veintena más resultaron heridos, amerita nuestra total condena, rechazo y repudio ante la barbarie atroz cometida en esta apartada región de nuestra costa pacífica nariñense. 

Alrededor de estos lamentables sucesos se tejen distintas versiones que tendrán que ser esclarecidas más temprano que tarde por las autoridades correspondientes. 

Sea quien sea los autores de esta masacre tendrán que responder ante la justicia por tan despiadado acto. 

Dentro de las víctimas mortales se identificó a Jaime Guanga Pai y Alfonso Tairus Guanga, dos indígenas de la comunidad AWÁ, nuestra solidaridad a sus familias, al igual que a las de las demás víctimas de esta tragedia. 

El Presidente de la República ha ofrecido una recompensa hasta de 150 millones de pesos por quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables, pero aquí, más que una recompensa, lo que se requiere con urgencia es una verdadera intervención del Estado, una política integral que permita combatir la pobreza, la exclusión, la marginalidad, problemas todos graves que en últimas son los causantes de que nuestros campesinos terminen inmersos en el mundo de lo ilícito que tanto daño le hace a Colombia y al mundo en general. 

En Tumaco, una región con gran riqueza, confluyen diversos actores que se disputan la territorialidad de tan estratégica zona, y los factores antes señalados convierten a este puerto del Pacífico colombiano en un caldo de cultivo para los grupos armados ilegales que controlan el negocio del narcotráfico. 

Se requiere entonces una intervención urgente del Gobierno en materia de inversión social, en materia de generación de empleo, de fomento del turismo, de la industria de la pesca, en fin, pero para hacerlo realidad, se requiere primero que la seguridad de la región sea la principal garantía, sólo así se podrá recuperar a Tumaco. 

En las condiciones actuales ningún turista se arriesgaría a visitar la perla del Pacífico para conocer su riqueza ambiental, turística, gastronómica, etc.

El Estado debe ser sensible en lo económico y social con el campesino, afro e indígena cultivador, y combatir firmemente a los carteles y grupos armados ilegales. 

Lo sucedido recientemente en Tumaco es grave, no podemos permitir que se repita en el tiempo, el gobierno nacional y desde luego el regional tienen que articular acciones en conjunto que permitan el renacer de Tumaco, recuperar su seguridad y garantizar que la sustitución de cultivos ilícitos sea exitosa y que las familias campesinas hagan su transición hacia lo lícito, sólo así lograremos superar esa etapa gris que históricamente ha acompañado a los tumaqueños.

Por Amylkar D. Acosta M.- Me precio de ser el autor de la Ley 693 de 2001, mediante la cual se obliga la mezcla en todo el territorio nacional de un porcentaje de etanol con la gasolina-motor, la cual, al oxigenarla, contribuye a reducir las emisiones de GEI. Desde el año 2005 entró en vigor y Colombia se ha posicionado como el tercer productor – consumidor de etanol, después de EEUU y Brasil. A partir del análisis de ciclo de vida de la cadena del etanol producido en Colombia, este está contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año de GEI, equivalentes a 6 puntos porcentuales de la meta de reducción del 20%. En los Planes de Acción Sectorial (PAS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte “se considera estratégico abordar el sector de biocombustibles, dada su estrecha relación con el sector energético y el sector agrícola en materia de mitigación de GEI”. 

La Resolución del Ministerio de Minas y Energía  90454 de 2014 permitía la importación de etanol, siempre y cuando fuera para suplir el déficit de abastecimiento del mercado doméstico, pero luego la Resolución 41053 de 2016 liberó totalmente la importación, inundando el mercado interno y desplazando la producción nacional. Esta decisión iba a contrapelo de los propósitos de la Ley 693 de 2001, así como de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del “crecimiento verde” como “estrategia transversal”, toda vez que el etanol importado desde EEUU no cumple con el cometido de reducir las emisiones de GEI, amén de que afecta la seguridad energética, el desarrollo agrícola y la generación de empleo e ingresos por parte de la industria nacional del etanol, que son los fines primordiales de la Ley y del programa de los biocombustibles. 

En efecto, mientras la demanda interna de etanol para la mezcla es de 1.430.000 litros/día, la capacidad instalada de producción de las 8 plantas en operación es de 1.970.000 litros/día, es decir que Colombia tiene como autoabastecerse y sólo estacionalmente se presentan baches por cubrir con importaciones muy puntuales. Cabe advertir que desde 2014 les quedó terminantemente prohibido exportar el etanol producido en el país sin antes garantizar el pleno abastecimiento del consumo interno. Por ello mismo los productores reclaman que, como reciprocidad, sólo se importe cuando se eventualmente haya lugar al desabastecimiento. 

Pero, lo más censurable de esa laxitud y permisividad frente a las importaciones es que estas transgreden los objetivos de la política pública en materia ambiental, toda vez que mientras el etanol producido en Colombia a partir de la caña de azúcar reduce las emisiones de GEI en un 74% el que se importa desde EEUU, producido a partir del maíz, escasamente las reduce en un 21%, según lo certifica la Agencia de Protección Ambiental (EPA). De allí que en el mismo EEUU, especialmente en California, Oregón y Washington, la Política Ambiental (RFS2) se limita su consumo a 56.000 millones de litros/año; razón por la cual sus destilerías cuentan con más de 3.000 millones de litros de excedentes, parte de los cuales son los que han venido ingresando al país. En el primer semestre de este año alcanzaron a entrar al país, según el Ministerio de Minas y Energía, 30.5 millones de litros provenientes de EEUU. 

Aparte de que no cumplen con los estándares mínimos en cuanto a las reducciones de las emisiones de GEI, que si se les exigen al producto nacional, en la práctica este último es sometido a una competencia desleal, dado que el etanol producido en EEUU a partir del maíz es objeto de múltiples subsidios que van desde los que recibe quien cultiva el cereal, pasando por la planta que lo procesa para obtener el etanol hasta el consumidor final del mismo. Se estima que los subsidios estatales representan más del 30% del costo de producir el etanol a partir del maíz en EEUU, de los cuales reciben las destilerías más de US $50.000 millones. 

Por fortuna, con la expedición de la Resolución 1962 del 25 de septiembre de este año y su entrada en vigencia a partir del 25 de octubre, el Ministerio de Ambiente niveló la cancha, al establecer “el límite del indicador de cociente del inventario de emisiones de GEI del etanol anhidro combustible desnaturalizado”. Al establecerse un rasero prudencial, imponiendo un límite máximo permisible a las mismas  entre 962 (año base) y 780 kilogramos (2021) de CO2 equivalente/ m³ para el etanol que se consuma en el país a través de la mezcla con gasolina – motor, sea importado o producido en el país, el Gobierno Nacional le puso tatequieto a este atropello a la razón y al derecho al trato igual a unos y a otros. Y, como es obvio, lo que es igual no es ventaja para ninguna de las partes involucradas. Enhorabuena, Ministro. Lo acaecido en este enojoso caso pone de manifiesto, una vez más, la falta de una política clara y definida por parte del Gobierno en relación a los biocombustibles. 

Santa Marta, octubre 8 de 2017 

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Por Horacio Serpa.La más seria observación sobre la posibilidad de que las Farc  participen en política y tengan la oportunidad de ser Congresistas, Alcaldes y Presidentes de la República, es la siguiente: “No es posible que unos tipos se metan a la guerrilla, asalten poblaciones, maten policías, secuestren empresarios y causen daños en general, y por  ocasionar tantos desafueros se les premie eligiéndolos  Senadores. Es injusto, es un atropello a la gente buena, respetuosa de la ley y la autoridad, que nunca pueden llegar siquiera a ser Concejales. Hay que condenarlos por sus fechorías y meterlos a la cárcel”.

Vistas las cosas de esa manera, el planteamiento es correcto. Pero la argumentación no es verdadera. A los miembros de las Farc como a los del Eln, así como a los del M-19, EPL, Quintín Lame y otras guerrillas más, el Estado les reconoció una condición política, es decir, aceptó, como desde siempre lo alegaron los subversivos, que esas organizaciones se formaron e integraron para luchar contra el poder político establecido, al que consideraron represivo, injusto, corrupto y causante de la pobreza, la desigualdad y las faltas de oportunidades para el pueblo.

No es que hace seis meses o tres años se hicieron guerrilleros y ahora se aprovechen de la generosidad del Estado para volverse jefes de la política y del país. ¡No hay tal! Son organizaciones de muchísimos años. Los que las crearon en 1964 murieron en la guerra, de falta de atención médica en la selva, o de viejos, lejos de la familia, de la modernidad, de las mínimas consideraciones que merece la ancianidad. Los actuales farianos son la tercera o la cuarta generación de los fundadores. No se metieron propiamente a la subversión para “a la vuelta de la esquina” encontrar un escaño en una Asamblea Departamental.

Al principio muchos creían que ganarían y se tomaría el poder, como en Cuba y en Nicaragua. Después, lograr el objetivo revolucionario se volvió difícil. En distintos lugares se hicieron Acuerdos de paz, pero aquí se demoró mucho, tal vez por la persistencia de los jefes, seguramente porque el narcotráfico les dio recursos para mantenerse en la guerra, o porque la mala situación del país, la pobreza, la corrupción, les hicieron creer que el día tendría que llegar. Nunca llegó, cada día que pasó fue más contrario a la lucha armada, pero nunca se les derrotó. Por eso la importancia de terminar la paz con la Farc y lograrla con los elenos.

La llamada reconciliación es un alivio para nuestra comunidad. Se está construyendo una jurisdicción para la paz y así evitar la impunidad que siempre reinó en todos los armisticios anteriores. Se van a cambiar las balas por los votos, lo cual es una gran ganancia. 

Algunos de los jefes subversivos irán al Congreso. Ya entregaron las armas. ¿”Pero acaso no cometieron crímenes”?  Sí, vale, pero es para que nunca más vuelva a ocurrir en Colombia tanta desgracia.