Opinión
Por: Guillermo García Realpe*.– Con verdadera sorpresa pero a la vez con preocupación recibimos el bajonazo presupuestal al Ministerio de Agricultura para la vigencia fiscal 2020, asignada por el Ministerio de Hacienda, el cual disminuye en 21,6%.
No puede ser que uno de los sectores más importantes, que tanto le aporta a la economía nacional y que garantiza la seguridad alimentaria de toda una nación, sea mirado con poco interés en la asignación de las partidas, ¡eso realmente es injusto!
En la sustentación de esta decisión, nos dice el Ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, que hubo cambios metodológicos y que algunos sectores que dependían del Ministerio de Agricultura, como el de vivienda rural pasará a ser manejado por el Ministerio de Vivienda con un rubro de 200 mil millones, la Agencia para la renovación del Territorio será manejada ahora por la Presidencia de la República con un presupuesto de 150 mil millones y que otros150 mil millones, que recibía el sector cafetero para contrarrestar los bajonazos en el precio internacional del grano serán trasladados directamente al ya creado Fondo de Estabilización de Precios del Café, eso de cierta manera es entendible.
Pero sí nos sigue preocupando la difícil situación en general del Ministerio de Agricultura en otros frentes, por ejemplo, los recursos propios del sector como los del ICA, como la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, pues se reducen de forma notable. En estas tres entidades y en otras del sector, el presupuesto se disminuye en más de $200 mil millones.
No se entiende como al ICA, se le recorta de manera significativa sus ingresos, una entidad tan importante encargada de realizar los controles sanitarios y fitosanitarios, y más ahora con la amenaza de tantos brotes, como la fiebre aftosa que ingresa al país por tantas fronteras, especialmente la venezolana o la frontera sur con Ecuador, y lo mismo con el reciente brote en los cultivos de banano en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Para hacerle frente a esas situaciones tan delicadas se necesitan de recursos, y sin ellos, será muy difícil que la labor misional de la entidad llegue a feliz término.
Lo mismo ocurre con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que tiene la gran responsabilidad de desarrollar los proyectos agropecuarios del país y sobre todo compromisos que tiene el gobierno nacional que ha suscrito, éste y anteriores, por ejemplo en Nariño, es el documento CONPES Agropecuario, es el documento CONPES lechero, es el documento CONPES del sector indígena y lo propio en departamentos como el Cauca. Además que se pone en riesgo el cumplimiento de los programas de consolidación de la Paz.
Y ni qué decir de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, un país que tiene dos mares, que tiene un Pacífico, un Atlántico donde hay mucha gente y sobre todo pescadores artesanales que están esperando un presupuesto que les permita ser un soporte para realizar sus actividades pesqueras de una forma exitosa y rentable.
Sumado todos estos recortes a estás tres entidades, tenemos una disminución estimada en unos $200 mil millones, y esperamos, que en próximas discusiones logremos reacomodar la asignación de esas partidas y se normalice, porque es urgente hacerlo.
En segundo lugar nos preocupa mucho también el presupuesto deficitario para los subsidios de gas y energía, para los estratos 1,2 y 3. En la actual vigencia tenemos cerca de dos billones de pesos para tal fin, pero para 2020 tendremos menos de un billón, alrededor de $840 mil millones, ¡algo realmente alarmante!, hay una explicación y es la depuración del SISBÉN, pero yo no creo que esa depuración llegue a que reduzcan más del 50% de los recursos para atender esos requerimientos.
Ya el Ministro de hacienda, en la Comisión Quinta del Senado reconoció esta situación y dio un parte de tranquilidad, al comprometerse que el tema de recursos de los subsidios a los servicios públicos, gas natural y al gas GLP serán garantizados y que es una situación que se tendrá que resolver. De todas formas estaremos muy vigilantes a que eso se cumpla y que se garanticen también los recursos para mantener los precios especiales de los combustibles en la frontera.
Asimismo no votaremos el Presupuesto General de la Nación del próximo año, hasta tanto no se rediseñe y se reorienten los rubros al sector de agricultura, no es posible sacar adelante un renglón tan importante de la economía y cercenarle el derecho a una mejor calidad de vida a más de doce millones de hombres y mujeres campesinos que hoy a sol y agua labran el campo colombiano.
Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019
Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Amylkar D Acosta M*.- Hace rato la actividad extractiva se viene debatiendo en medio de la inseguridad jurídica por cuenta del “activismo” judicial, el cual se deriva de las acciones legales a tutiplén impetradas ante los tribunales de la justicia y las altas cortes, a propósito de la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales en relación a la exclusión de áreas del territorio de dicha actividad.
Todo comenzó con el intento de excluir la actividad minera en la jurisdicción del Distrito de Bogotá por parte del Alcalde Gustavo Petro, al cual le salió al paso el Ministerio de Minas y Energía, expidiendo el Decreto 934 de 2013, amparándose en el artículo 37 de la Ley 685 (Código de Minas), el cual preveía que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, reservándole dicha competencia a la Autoridad Nacional Minera.
Primero se demandó el Decreto 934 y posteriormente el artículo 37 de la Ley 685, por considerarlos contrarios al principio constitucional que consagra la autonomía territorial. El Consejo de Estado, al suspender la vigencia del Decreto 934 (Sección 3ª, Auto de septiembre 3 de 2014), manifestó que al “excluir de forma absoluta la participación de los municipios y distritos en la decisión sobre si en su territorio se realiza o no una exploración o explotación minera contraría el principio de autonomía territorial…La imposibilidad de excluir zonas del territorio municipal de la exploración y explotación minera, priva a las autoridades locales de la posibilidad de decidir sobre la realización o no de una actividad que tiene gran impacto en muy distintos aspectos…”.
Por su parte, la Corte Constitucional, en cuatro fallos sucesivos declaró la constitucionalidad del artículo 37. No obstante en el último de ellos, aunque ratificó su constitucionalidad, dejó en claro que la ANM “deberá acordar” con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de Manejo Ambiental, bajo los principios de concurrencia, complementación y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. En un fallo posterior, la Corte Constitucional fue más lejos y en su providencia T -445 de 2016 dejó sentado que “los territorios poseen competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa termina prohibiendo la actividad minera”. Más tarde la Corte Constitucional cambiaría su jurisprudencia y mediante la Sentencia C – 035 de 2016 declaró inconstitucional el artículo 37 de la ley 685 de 2001 y eso enredó más la pita.
Estos fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional alentaron la proliferación de las consultas populares en muchos municipios del país tendientes a prohibir la actividad extractiva en sus territorios y la expedición de acuerdos municipales en la misma dirección.
El año anterior, la Corte Constitucional “determinó que de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales, las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley”. Con ello, la Corte Constitucional se retrotrae a lo que dispuso en su Sentencia C–123 de 2014.
En el mismo fallo, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que cumpla con su tarea “para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio y en igual sentido”, hizo lo propio con las autoridades nacionales competentes. El Gobierno presentó este proyecto, pero este no está entre sus prioridades en la agenda legislativa, lo cual es preocupante.
En su más reciente fallo la Corte Constitucional le trata de poner punto final a la querella en torno a la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, al determinar las áreas del territorio que pueden excluirse de la actividad extractiva. Según este fallo (T-342 de 2019), los entes territoriales no pueden vetar la actividad extractiva en sus territorios de manera unilateral por medio de acuerdos municipales o instrumentos de ordenamiento territorial, sin aplicar los principios constitucionales de coordinación y concurrencia. En el mismo fallo, se ratifica la jurisprudencia de la misma Corte (Sentencia de unificación SU – 095 de 2018), en el sentido que “ningún ente territorial en el país puede vetar o prohibir las actividades de exploración y producción de los recursos naturales que se hallan en el subsuelo”. Se impone, entonces, el diálogo y la concertación entre la Nación y las entidades territoriales para desatar este nudo gordiano!
Ya va siendo hora que el Congreso asuma con responsabilidad su tarea de expedir tanto la Ley que regule los mecanismos de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales, como la que debe establecer el marco normativo para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares y así evitar que las actividades de las empresas en los territorios estén del timbo al tambo, sin saber cuáles son las reglas de juego o que las mismas se le cambien en la mitad del juego. Para luego es tarde.
Bogotá, agosto 19 de 2019
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Mauricio Cabrera Galvis.- Si en una economía en el sector bancario crece más del doble que todos los demás sectores que son el objetivo de la financiación, es porque hay muchas actividades especulativas.
La cuasi euforia que generó el que la economía hubiera crecido dos o tres décimas por encima de lo esperado y alcanzara un modesto 3%, dejó en segundo plano el análisis más detallado de las características de ese crecimiento que es profundamente desbalanceado y, por lo tanto, surgen dudas sobre su sostenibilidad.
En la jerga de los economistas se habla de bienes transables y no transables. Los primeros son aquellos que pueden comprarse o venderse en el exterior –productos industriales y agrícolas y algunos servicios como el turismo-, mientras que los segundos son aquellos que se producen y venden principalmente en el mercado doméstico, como la construcción, el comercio y la mayoría de los servicios personales.
Los sectores estrella en el último trimestre fueron el comercio (4,8%) y las actividades financieras (4,6%), mientras que los sectores de bienes transables tuvieron un mal año: agricultura (1,5%) e industria (0,6%) se llevaron el farolito, compartido este año con la construcción (0,6%), lo cual es excepcional pues este ha sido siempre uno de los más dinámicos.
No se trata de un fenómeno nuevo, pues el relativo estancamiento de los transables empezó desde los años de la apertura hacia adentro. Desde el 2005 la economía ha crecido 71%, la industria 62% y la agricultura solo 36%. En el otro extremo, a los no transables les ha ido muy bien: el comercio ha crecido 78%, la construcción 100% y las actividades financieras 165%. Si en una economía en el sector bancario crece más del doble que todos los demás sectores que son el objetivo de la financiación, es porque hay muchas actividades especulativas.
Las cifras de las encuestas mensuales del DANE muestran un empeoramiento de esta tendencia, pues en el mes de junio la industria decreció 1,1% mientras que las ventas del comercio minorista sin combustibles crecieron 8,6%. La gente está comprando mucho más, pero no son productos nacionales sino importados, lo cual es otra faceta del crecimiento desequilibrado.
En efecto, aunque en el último mes las importaciones disminuyeron un poco (ojalá se empiecen a ver los efectos positivos de la devaluación), en lo corrido del año han crecido casi 6% en dólares corrientes. Lo grave es que en el mismo período las exportaciones cayeron 1,5%, de manera que la déficit comercial del semestre pasó de -USD 2.782 millones en 2018 a –USD 4.422 millones este año. Un desbalance creciente que no es sostenible.
Este desequilibrio externo además constituye un freno al crecimiento. Las mayores compras de los consumidores junto con la inversión en bienes de capital y el consumo del gobierno, conforman lo que se denomina la Demanda Interna, que este año ha crecido 4,3%. La pregunta obvia es ¿por qué la oferta interna (que se mide con el PIB) solo crece el 3%?
La respuesta también es obvia: porque buena parte de la demanda se surte de importaciones que crecieron casi 9% (en precios constantes).
Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2019
*Filósofo, Economista y Consultor
Por José Félix Lafaurie*.- La estigmatización y el desprestigio son un recurso fácil en la confrontación política, cuando desborda el ámbito de las ideas y cae a los círculos del poder al servicio de protervos intereses.
Escribiendo estas líneas me entero de que la Corte Suprema, tras negar la nulidad de la investigación contra Álvaro Uribe por la profusión de pruebas viciadas, lo llamó a indagatoria; un caso emblemático de “la narrativa” estigmatizante utilizada como arma política.
Las acusaciones contra Uribe surgen de la narrativa que sus adversarios han construido alrededor de sus ejecutorias y su realidad misma. Como ejemplos: Seguridad Democrática = guerrerista; ganadero = terrateniente y paramilitar.
Muchas de esas narrativas han derivado en causas judiciales por cuenta de enemigos de oficio, como la izquierda; de adversarios políticos, como el “santismo”, y de columnistas sesgados y obsesivos, como...
Es la receta aplicada a ministros y funcionarios del gobierno Uribe, y a miembros del CD: narrativa que lleva a causa judicial; causa que llega a condena y verdad judicial; verdad judicial convertida en historia oficial.
Empezamos en narrativas estigmatizantes; terminamos en “la historia” incontrovertible.
Las negociaciones con las Farc incorporaron elementos para que su narrativa se convirtiera también en historia oficial. Me pregunto por la verdad que pueda contar la Comisión, o la historia a partir de la verdad judicial de la JEP, frente a la realidad de criminalidad de las Farc.
Quienes fuimos reseñados como “enemigos de la paz”, además de persecución institucional, como el caso de FEDEGÁN, y de persecución judicial, hemos sido objeto de la narrativa estigmatizante, ensañada contra el CD con dos objetivos: bloquear la gobernabilidad de Duque y tender cortinas de humo frente a la corrupción.
Es una estrategia apuntalada por Santos y sus alfiles en los últimos meses. El 10 de agosto, en El País de Madrid, Santos, el estigmatizador de medio país, afirma con cinismo que “Asesinar la reputación y la credibilidad de sus enemigos ha sido una táctica de la extrema derecha”.
Tres días después, en el mismo diario se califica al uribismo como “una minoría radical que amenaza las instituciones y la democracia misma en el país suramericano”.
En febrero, De la Calle, lanza “Revelaciones al final de una guerra”, y en marzo, Santos compila su narrativa en “La batalla por la paz”. En junio, León Valencia ataca a Duque y al CD en “El regreso del uribismo”; y en agosto, Cristo y Rivera lo hacen en “Disparos a la paz”, con evidente intención detractora.
Se sigue construyendo una narrativa contra el Centro Democrático, que debemos contrarrestar mediante un ejercicio asertivo que difunda nuestros principios y posiciones frente a la realidad nacional, y denuncie los atropellos contra el CD y sus miembros.
Es nuestra responsabilidad con el futuro, para que las falsas narrativas no se conviertan en “la historia” oficial.
Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2019
*Presidente de Fedegan
Por Jorge Enrique Robledo*.- Si la ministra del Transporte hubiera coronado el negocio que intentó hacer a favor del Grupo Aval e impedido que el tribunal de arbitramento fallara sobre la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 y de sus socios, Odebrecht y Corficolombiana Aval, a los colombianos nos habrían sacado del bolsillo 1,2 billones de pesos para los bancos, incluidos seiscientos mil millones para los de Luis Carlos Sarmiento Angulo. También estaríamos sin conocer las corruptelas y truhanerías cometidas en ese negocio, según las detalló el tribunal. Y los bancos del Grupo Aval, por una decisión abusiva y montada sobre mentiras, habrían quedado formalmente declarados por la ANI –por el Estado, supuestamente– como “de buena fe”, la condición que puso la Corte Constitucional para aprobar el artículo 20 de esa ley sastre, la 1882 de 2018, bien bautizada Ley Sarmiento Angulo (http://bit.ly/2LXNP7w).
Pero el tribunal, además de declarar nulos, por corruptos, los contratos del Consorcio Ruta del Sol 2 y negarle sus pretensiones tramposas, le impuso al Estado pagar 24 mil millones de pesos, de los 211 mil decididos en el laudo, ¡un billón menos de los que intentó en su jugadota Ángela María Orozco! Por ese solo hecho, por lo menos de inmensa irresponsabilidad, en otro país, gobernado con la pulcritud con la que no se gobierna a Colombia, la ministra ya habría tenido que renunciar. Muy mal cayó que Duque saliera a defenderla, como hizo con Carrasquilla, acto que también explica por qué perdió su primer año de gobierno.
La inhabilidad legal de la ministra Orozco para actuar en este caso no ofrece dudas, de acuerdo con la Ley 1437, que le prohibía tomar decisiones sobre el Grupo Aval por lo menos hasta el 19 de julio de 2019, deber que no cumplió. Mas lo nuevo al respecto es que, por dicha ley, también resulta encartada Marta Lucía Ramírez, dado que las pruebas confirman lo dicho por Semana acerca de que fue la vicepresidenta de la República –cercanísima a Sarmiento Angulo– la que, “tras bambalinas”, dirigió la operación para regalarles a los banqueros más de un billón de pesos, con la mitad de esa plata para los del Grupo Aval.
Para felicidad de Sarmiento Angulo, Marta Lucía Ramírez presidió el Comité Interinstitucional del Sector Transporte Ruta del Sol 2 del 21 de diciembre de 2018, Comité que según la ministra le abrió el camino para moverse tras los famosos 1,2 billones de pesos de obsequio a los banqueros. De ahí que la vicepresidenta esté incluso más impedida que la ministra para actuar en lo del Grupo Aval. Porque mientras que la ley obra sobre Ángela María Orozco por un año, la vicepresidenta sufre de una inhabilidad permanente, en razón de que a ella la obliga –y podría suceder que a Orozco también– el artículo 11, numeral 8 de la ley 1437. Pues esta norma señala que el servidor público no puede actuar en nada relacionado en particular con personas con las que tenga una “amistad entrañable”, dado que esa cercanía –como ocurre con los vínculos familiares– le impide decidir con la imparcialidad en la que deben fundamentarse los actos oficiales.
Al respecto cabe recordar que Germán Vargas Lleras, como ministro de Vivienda de Santos, se declaró impedido para actuar en los negocios de su amigo Alberto Ríos Velilla que tuvieran que ver con su Ministerio, impedimento que le fue aceptado mediante el decreto presidencial 005 de 2013 y que también determinó al funcionario que lo reemplazó, para lo que fuera, en esos asuntos (http://bit.ly/2KNH3Os). Entre las pruebas que se verán en el debate en el Senado y que inhabilitan ética, política y legalmente a Marta Lucía Ramírez para tratar negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no le debería bastar que el Banco de Bogotá le prestó a su campaña y a la de Duque 15.209 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento de sus ingresos totales? (https://bit.ly/2KDzutw)Y más cuando el mencionado Comité Interinstitucional del Transporte que le creó Duque y que ella preside le permite tirar la línea sobre las ocho concesiones viales de Sarmiento Angulo –además de la Ruta del Sol 2–, incluidas la vía al Llano y el puente en Chirajara.
Los colombianos estamos hasta la coronilla de la puerta giratoria por la que algunos pasan de los negocios privados a los públicos y de los públicos a los privados como Pedro por su casa y sin siquiera imponerse el menor impedimento ético, parapetados tras la falacia de que todo lo legal es políticamente digno. Y que, como si fuera poco, si las leyes les estorban o les son insuficientes para lo que desean, entonces las violan o diseñan las trampas que les sirven a sus conveniencias y a los de sus amigotes y luego las convierten en normas legales, como hicieron con la 1882.
Como es obvio, Marta Lucía Ramírez será cordialmente invitada al debate en el Senado sobre la corrupción Odebrecht-Aval del martes 27 de agosto, en el que trataremos la tentativa de regalito de los 1,2 billones de pesos, lo último sobre las platas a la campaña Santos 2014 y las andanzas no debatidas de Néstor Humberto Martínez.
Bogotá, 18 de agosto de 2019
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz*.- Hubo alborozo. Gobierno, Congreso, políticos, medios, fuerzas vivas y hasta víctimas celebraron el gran homenaje que nos hizo el presidente Trump: ¡Nos certificó! Se nos formó, o mejor se nos implantó la idea de que estábamos celebrando un nuevo 7 de agosto, que resucitaba la Batalla de Boyacá.
La celebración no fue por los 200 años de nuestra independencia, sino porque habíamos recibido ¡la certificación! ¿De qué? Nadie atinaba, nadie entendía las razones que nos llevaban a tan generalizada alegría. Muchos de los que recibieron el honor de tener butaca en el Puente de Boyacá creyeron que consagrarían con champaña ‘certificada’… otros más sumisos con glifosato.El país estaba ausente del honor del presidente Trump.
Ese día para Colombia era más importante la champaña con la que celebró Egan su triunfal arribo a los Campos Elíseos.
Y es claro. Debemos abandonar el provincianismo. La tal certificación nos quita más de lo que nos beneficia. Con ella o sin ella, seguimos poniendo los muertos, la sangre y el miserabilismo de nuestra patria y sus gentes. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía, nuestra justicia, nuestras autoridades y nuestros políticos se corrompen por cuenta del narcotráfico que crece sin pausa para satisfacer una demanda que no tiene término, que nadie controla, que no hay autoridad norteña que la aplaque. Nadie conoce un narco gringo preso o extraditado a Colombia para recibir el castigo que se merece. Ni de esos que la distribuyen en este país, ni los que nos inundan con sus pastillas y fármacos que envilecen a nuestra juventud.
No poseemos un ‘galardón’ o una galerna que imprima miedo o pánico a los norteños; y si los tuviéramos los mataría de la risa.
Entre tanto, el alborozo por la certificación crece, mientras regiones como el Cauca y otras zonas cocaleras siguen en medio de la nada. En poder de la mafia mexicana y de unos terratenientes que despojaron a sus moradores de sus tierras, son los amos.
Los indígenas ‘armados’ con garrotes tratan de imponer la ley, y unos valientes caficultores que laboriosamente cultivan un grano de alta calidad buscan mejorar el ingreso de quienes se dedican a esa actividad. Claro que hubo quienes quisieron dividir el Cauca en dos: uno indígena y otro terrateniente.
Quienes creen entender eso de la certificación, esperan ríos de dinero, autoridades correctas, propósitos gubernamentales que contrarresten los salarios del miedo que implantan las mafias mexicanas y colombianas que ordenan y presionan infamemente a los campesinos y pequeños grupos indígenas para que inunden de coca y marihuana los campos del Cauca.
¡Estamos certificados! pero la sangre, la muerte, la miseria y el látigo de narcos, terratenientes y gringos consumidores seguirán azotando a una región tan bella y productiva como el Cauca, no quienes nos “certifican” y consumen, para elevarse y embriagarse en lejanías.
BLANCO: La demolición de las construcciones ilegales en los cerros del norte de Bogotá.
NEGRO: En Colombia: sube el dólar, baja la demanda, sube el desempleo y baja la inversión.
Bogotá, D. C, 16 de agosto de 2019
*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper
Por José G. Hernández*.- Duele decirlo pero lamentablemente el valor de la paz, el principal anhelo de la sociedad colombiana y uno de los fundamentos de la Constitución de 1991, no se ha conseguido.
Estamos muy lejos de lograrla. Basta revisar las noticias de cada día para corroborar que las normas vigentes en la materia se quedaron escritas; para ver que artículos como el 22 de la Carta Política -a cuyo tenor la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento- o el 2 -según el cual las autoridades han sido establecidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades-, o las disposiciones dictadas como desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016, no se cristalizan en la realidad; hoy parecen normas teóricas, programáticas, de vigencia no inmediata sino indefinidamente aplazadas.
A diario son asesinados líderes sociales, defensores de derechos humanos, miembros de comunidades indígenas, exguerrilleros desmovilizados. Amenazas que se cumplen. Sin saber por qué, ni por designio de quién. Ante la más absoluta impotencia del Estado, que se limita a lamentar, a repetir que a los asesinos “les caerá todo el peso de la ley” (eso parece una burla) y que no hay nada sistemático.
El informe elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y las organizaciones “Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular” y “Marcha Patriótica”, señala que del 24 de noviembre de 2016 al 20 de julio de 2019 habían muerto violentamente 627 personas: 21 en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 y 116 en 2019. Son 92 mujeres y 535 hombres. 142 integrantes de comunidades indígenas; 55 afrodescendientes; 245 campesinos, ambientalistas comunales o impulsores del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos; 138 exguerrilleros reincorporados. 36 familiares de exguerrilleros.
Esas cifras ya están superadas por los varios crímenes cometidos en estos días.
Es una lástima que haya predominado el fetiche. Se cree y se proclama que unos textos tienen, de suyo y por sí mismos, la virtualidad de cambiar las situaciones y los hechos. Una vez más decimos que la paz es un concepto de mucha mayor amplitud y profundidad que un simple documento, por voluminoso que sea. Por ello, ante la comunidad internacional -a la cual se anunció con bombos y platillos que el Acuerdo de 2016 era, en efecto, el logro de la paz- Colombia ha quedado muy mal. Eso ha sido desmentido por la cruel realidad que nos agobia; por la violencia que nos avergüenza; por la incompetencia de las autoridades.
La emergencia proclamada por las comunidades indígenas, cuyos miembros están siendo amenazados, perseguidos y asesinados, es apenas una muestra de una muy grave situación frente a la cual el Estado perdió el control hace mucho tiempo.
Bogotá, D. C, 14 de 2019
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por Víctor G. Ricardo*.- Los resultados electorales que se presentaron en Argentina pronostican, a no ser que algo extraordinario suceda, que en las próximas elecciones resultará triunfadora, de las contiendas que elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, la alianza entre el candidato Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner, quien ahora se presenta como aspirante a ser segunda a bordo. Este pronóstico ha afectado gravemente la bolsa argentina, desplomando las acciones de las principales compañías y produciendo una devaluación del peso local en un 30%. Lo anterior va mostrando consecuencias y efectos, tanto internos como externos.
No se entiende cómo, después de los escándalos por corrupción y más de 49 causas judiciales que se presentaron durante el gobierno de Cristina Kichner, ahora mantiene el favor del pueblo y parece tener grandes posibilidades de ser nuevamente elegida.
Si se analiza lo sucedido es posible concluir que al actual presidente de la República, Mauricio Macri, le correspondió tomar varias medidas antipopulares para poder controlar el gasto público y los subsidios que había, por ejemplo, en el sector eléctrico. Tuvo que suspenderlos para que subsistieran las empresas. Pero lo que más ha influido en el desgaste del actual gobierno fue no haber podido adquirir o construir la gobernabilidad que le permitiera hacer las transformaciones que este país latinoamericano tanto requería.
Por eso, cuando se analiza la política que en Colombia se está viviendo, es muy preocupante observar que en nuestro país tampoco se ha construido la gobernabilidad necesaria para poder cumplir las metas y objetivos que la sociedad espera.
En Argentina, los empresarios se encuentran muy preocupados puesto que todos han declarado contra la administración Kirchner en el caso denominado “Los cuadernos” de un chofer que prestaba sus servicios a un alto funcionario de esas administraciones y que anotó durante cuatro o más años todos los recorridos que hizo acompañando a su jefe a recoger dineros de lo que allá llaman “coimas” (pago de comisiones) a distintos empresarios para después llevarlos a la casa de los Kirchner.
El nerviosismo es tan grande que muchos de ellos están analizando la situación y algunos se han planteado la posibilidad de trasladar sus residencias fuera de Argentina y buscar nuevos rumbos a sus inversiones y empresas, temerosos de una represalia. Definitivamente son difíciles los momentos en uno de nuestros países hermanos del continente.
Muchos analistas están pensando que la corrupción se tomará de nuevo la administración argentina y, otros tantos, que la izquierda continental, si llegara a ser elegida la alianza kirchnerista, lo tomaría como un triunfo para ella. Claro está que mayor problema no es que sean de izquierda sino la corrupción a la que llegaron.
Lo que no es fácil de entender es cómo un país que en el pasado fue la séptima potencia económica del mundo, que acabó con el analfabetismo antes que la mayoría de las naciones de Europa y por ello se convirtió en un ejemplo en el mundo, hoy está empobrecido, e inmerso y decidido a regresar a la experiencia vivida bajo líderes que encabezaron la corrupción a niveles impensables. Es como si el pueblo argentino no entendiera o viera con claridad el camino que están escogiendo. O, como si algo les estuvieran ofreciendo para que, a corto plazo, les hiciera ver tal alternativa como una viable o favorable. Gran equivocación. En Argentina se está viviendo lo que no podemos dejar que suceda en Colombia.
Bogotá, D. C, 14 de 2019
*Excomisionado de Paz
Por Guillermo García Realpe.- Completa un año y unos días el Presidente Iván Duque al frente del gobierno nacional y a decir verdad, el balance en términos generales de estos doce primeros meses ha sido un balance muy pobre.
En temas de paz, de economía y en la débil agenda legislativa se raja el Presidente Duque y su gobierno. No es un buen balance y fue un año que lo consideran de aprendizaje, pero por supuesto, no se puede ir a aprender cuando se tiene tan sólo cuatro años, se tiene que llegar a una tan alta responsabilidad ya sabiendo el desempeño, los compromisos, los retos y los desafíos.
Los grandes proyectos nacionales no se vieron, no se aprobaron y la agenda fue de carácter partidista y eso no conllevó a los consensos que se requieren en un Congreso de tantos sectores políticos diversos.
En temas de economía el balance tampoco fue alentador, el gobierno Duque se quedó corto en varios frentes, las señales son muy grises, hay muchos nubarrones en temas de inflación, en temas de crecimiento económico, el disparo de la divisa norteamericana que ya bordea los $3500, el desempleo sigue disparado y ya alcanzamos la penosa cifra de dos millones 300 mil colombianos que hoy no tiene trabajo, la informalidad entre tanto crece y la inversión extranjera tampoco se ve a gran escala.
Durante la reciente Ley de financiamiento o reforma tributaria, Duque dio grandes gabelas a los empresarios rebajándoles diez billones, ¡sí diez billones! en pago de impuestos con el compromiso de que generarían más fuentes laborales, pero a estas alturas la realidad es otra, ¿será que los empresarios y la industria le hicieron conejo?, ¿será que en los tres años que quedan de gobierno sí cumplirán? Son preguntas que nos hacemos y que hoy no sabemos lo que pasará en el mediano plazo con la empleabilidad del país.
Y qué decir también en temas de cumplimiento a los acuerdos de Paz, en eso sí prácticamente se dedicó el gobierno nacional a dispararle al proceso de paz, a promover proyectos que complican el desempeño de la JEP y prácticamente hacer trizas el proceso de paz que hoy lo reconoce el mundo entero y Colombia por supuesto, yo creo que eso indujo a un balance negativo.
La polarización que se tomó el escenario político nacional y que cada vez crece en enfrentamientos y señalamientos de odio y sumado al exterminio sistemático de nuestros líderes y lideresas sociales fueron otros de los lunares que el gobierno no logró contener ni tampoco minimizar. Preocupa que no avancen los proyectos que tienen que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, y los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En eso también le fue mal al gobierno Duque.
En materia de seguridad, el panorama tampoco es muy alentador, vemos todos los días como la inseguridad ciudadana se toma pueblos y las grandes urbes, el pie de fuerza es insuficiente para contener el accionar delictivo, de igual forma no se impulsó una agenda de paz con la guerrilla del ELN y se decidió enfrentarlos por la vía militar con los riesgos que ello implica sobre todo en vidas humanas y daños para la infraestructura y nuestro medio ambiente.
El modelo de salud tampoco tiene mejoras, y el sistema educativo necesita abrirle las puertas a la calidad y excelencia académica, tiene que ser generoso con los jóvenes bachilleres para que puedan acceder a la educación superior para que a la vuelta de unos años tengamos más profesionales que le aporten al país en las distintas áreas.
En temas regionales, por lo menos a lo que Nariño le compete, las inversiones no se han visto, nuevas inversiones no las hay, están en la ejecución de los proyectos que arrancaron en el gobierno pasado, como la doble calzada de Pasto a Rumichaca, pero nuevos proyectos en éste año no se iniciaron y además la ejecución está muy lenta.
Esperamos que en los tres años que le quedan al gobierno, logre repuntar, logre cumplir las metas y los ejes de equidad, legalidad y emprendimiento, que todas esas propuestas de campaña se cristalicen, se hagan realidad. Hay un equipo de ministros independientes y dinámicos, pero déjenlos trabajar, no los tengan prisioneros de la ideología de su partido, también tienen que entender que Iván Duque es el presidente de todos los colombianos, y no el presidente de un sector político, sí le va mal al presidente, pues le va mal al país y eso es precisamente lo que no queremos.
Así que hacemos votos para que Colombia retorne a su rumbo y logremos ser ese país que todos queremos, con equidad, con Paz, con inversión social y proyectado al futuro como una nación prospera y con oportunidades para todos.
Bogotá, 13 de agosto de 2019
*Senador de la República
@GGarciaRealpe
Por Juan Camilo Restrepo*.-“Año fiscal 2020 será muy estrecho”.
Tal como lo habíamos anticipado desde esta misma columna, el presupuesto nacional para la vigencia del 2020 y su componente de inversión es probablemente el tema más controversial de las finanzas públicas actuales en Colombia.
Por primera vez en muchos años el componente de inversión que aparece en el proyecto de presupuesto del 2020, no sólo no crece con relación al 2019, sino que decrece.
En el mensaje presidencial con que se acompañó el proyecto de presupuesto para el 2020 que empieza a estudiar el Congreso en estos días, puede leerse textualmente lo siguiente: “En materia de inversión, el monto previsto para 2020 ($40,4 billones), inferior al presupuestado para 2019, está en concordancia con la capacidad financiera de la Nación y su disponibilidad de recursos y con la decisión de política de mantener al país en la senda del cumplimiento de las metas fiscales”.
El componente de inversión -dada la inflexibilidad de los gastos de funcionamiento y del servicio de la deuda- suele ser el rubro de ajuste de las cuentas fiscales que anualmente se preparan, y por eso, en épocas de estrechez como la actual crece en un porcentaje inferior al total del conjunto presupuestal. Pero muy pocas veces se había visto una situación como la que se espera para el año entrante en que el componente de inversión no sólo no crece sino que decrece con relación a la vigencia del 2019.
Cuando se empiece a desmenuzar este proyecto de presupuesto en el Congreso habrá un crujir de dientes, pues las expectativas de inversión que el propio Gobierno se ha encargado de despertar entre la ciudadanía son infinitamente mayores de las que el presupuesto nacional puede asumir.
Baste recordar por ejemplo que en el plan cuatrienal de desarrollo se programaron inversiones por cerca de $ 1.200 billones. Haciendo una cuenta de cocina uno podría estimar que para hacer congruente el presupuesto anual con el plan de desarrollo, las inversiones autorizadas por el presupuesto debían ser del orden de $ 300 billones (una cuarta parte). Pero en el presupuesto del año entrante solo se contemplan inversiones por $40,4 billones como se ha dicho.
Como si lo anterior fuera poco, el propio Ministro de Hacienda ha declarado que para cumplir con las metas presupuestales del año entrante aún le están faltando $ 8 billones. Que no es claro de dónde van a salir. Si se espera que la venta de activos en empresas públicas provea esta cantidad, es bastante difícil (dados los trámites que impone la ley 226) que dichos recursos alcancen a entrar en el 2020 para adicionar el faltante presupuestal de 8 billones que el propio Gobierno está reconociendo.
Hay que reconocerle al Gobierno, eso sí, que en el proyecto de presupuesto para el 2020 se trasluce una sincera voluntad de reducir el gasto, de aumentar la eficiencia en el recaudo con mecanismos nuevos como la factura electrónica y de cumplir con los techos de déficit que impone la regla fiscal. Y esto hay que aplaudírselo al Gobierno.
Pero la precariedad de la inversión pública que traducen las cifras que hemos citado - y que, repito, provienen del propio Gobierno- hacen esperar un año fiscal 2020 supremamente estrecho y de inmensos debates en el Congreso y entre la opinión pública. Tanto más después de las gigantescas expectativas de gasto que el mismo Gobierno le ofreció al país y que quedaron consignadas en el Plan de Desarrollo.
Pd: Consejos de Cicerón sobre el buen manejo del presupuesto
Hace más de 2000 años Cicerón nos dejó el siguiente consejo sobre el buen manejo del presupuesto y de la Hacienda Pública, que sigue teniendo vigencia “El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos deber ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado”.
Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2019
*Abogado, Economista y Exministro de Estado.
