Opinión

Por Luis Eduardo Castellanos*.- El trabajo no puede verse como un simple insumo de la producción, desconociendo que el mismo es inescindible de la condición humana. 

El actual debate que se suscita en torno a la reforma laboral se ha ubicado únicamente en un análisis de conveniencia desde el punto de vista económico, impacto de resultados financieros, análisis de costo para la disminución del costo de la mano de obra, sin tener en cuenta que lo pretendido a través de la reforma laboral puesta a consideración del Congreso de la República, no es otra cosa que reivindicar los derechos disminuidos con la reforma laboral de la Ley 789 del año 2002, siendo relevantes los cambios que se introdujeron en los artículos 25, 26 y 28, bajo el sustento de “apoyar el empleo y ampliar la protección social…”,   

En la mencionada norma se realizaron modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo en aspectos como: la modificación del horario para el pago del recargo nocturno, el porcentaje de liquidación de la hora suplementaria en el caso de los dominicales y festivos, la disminución del pago de la indemnización por despido del trabajador sin justa causa, la eliminación del contrato de aprendizaje con garantía laboral, entre otras disposiciones, su promulgación no obedeció únicamente a una política de disminución del desempleo, sino igualmente surge como consecuencia de una iniciativa gubernamental para flexibilizar el marco laboral y atraer inversión extranjera, es decir, para adecuar las legislación nacional a las necesidades del mercado, bajo la teoría de implementar la modificación de condiciones laborales para mejores, mayores y productivos empleos, planteando que con la misma se lograría la creación de 160.000 empleos para un total de 640.000 en cuatro años, lo cual no se cumplió como lo comprueban hoy las estadísticas de los estudios realizados por diversas observatorios laborales de importantes universidades del país, algunos de estos estudios plantearon que los propósitos de la Ley 789 de 2002 no fueron conocidos por los diversos actores del sector empresarial y mucho menos los trabajadores con lo cual se desconoció el principio constitucional de la concertación tripartita en materia laboral. 

Uno de los pilares de la actual reforma laboral se sustenta en la definición del contrato de trabajo con prevalencia a término indefinido, lo cual necesariamente tiene relación con los principios mínimos protectivos del trabajo que establece la Constitución Política en su Artículo 53, pero además de ello, es sencillamente reivindicar el respeto a los convenios y tratados internacionales en materia del trabajo debidamente suscrito por Colombia, no se puede hablar de globalización y apertura económica solamente de la perspectiva de los tratados y convenios comerciales bilaterales o multilaterales, sin tener en cuenta que los convenios y tratados del derecho al trabajo como derecho fundante de carácter humano envuelven importantes compromisos en el marco del derecho internacional público en materia laboral y en materia de Derechos Humanos. 

Recordemos que uno de los principios económicos sociales y culturales en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores es el principio de progresividad y el compromiso adquirido por parte de los Estados que hacen parte de estos acuerdos internacionales debidamente suscritos, cual es el respeto a estas disposiciones, como los señalados en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos . . . “los Estados partes se comprometen adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional específicamente económica y técnica para lograr progresivamente plena efectividad los derechos que serían de las normas económicas sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida la Carta de la Organización de los Estado Americanos, reformado por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida que los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados, así mismo, en el artículo 2.1 el Pacto Internacional de Derecho Económico Social y Culturales (PIDES), establece … “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económica y técnica hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente por todos los medios, por todos los medios apropiados inclusive en particular la opción de medidas legislativas de la plena efectividad de los Derechos aquí reconocidos”. 

Vale la pena resaltar y recordar lo referente a la dimensión que se ha denominado positiva en el mundo del constitucionalismo sobre la progresividad de las normas sobre Derechos Humanos, la cual puede ser interpretada en dos sentidos; en un primer sentido,  como una expresión que refiere al “gradualismo” admitido por varios instrumentos internacionales y textos constitucionales para la puesta y aplicación de medidas adecuadas como lo admite el artículo 427 del Tratado de Versalles y un segundo sentido es la progresividad que debe ser entendida como una característica de los Derechos Humanos fundamentales perfectamente aplicables a los laborales, bajo criterio que el orden público internacional tiene una vocación de desarrollo progresivo en el sentido de lograr siempre una mayor extensión y protección del derecho al trabajo como derecho social. 

Así mismo, es importante recordar que la Constitución Política a partir de su preámbulo estableció como un derecho constitucional fundamental el trabajo bajo dos principios rectores, cual es la condición digna y justa (Art. 25 C.P), y cuando se habla de estas condiciones implica que el derecho al trabajo debe constituirse efectivamente en un medio para el desarrollo humano y digno del trabajador, su familia y su entorno social, tal como lo ha señalado en reiteradas posturas incluso la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral. 

El principio de progresividad implica que frente a lo que se ha avanzado en el desarrollo de garantías laborales no se pueden establecer nuevas disposiciones normativas que retrocedan, desmejoren o que tiendan en un momento dado a disminuir los derechos y garantías de orden laboral; por esa razón, el debate que se da actualmente en la reforma laboral no puede estar simplemente circunscrito a planteamientos hipotéticos  bajo predominio ideológico y político de unas posibles consecuencias que de dicha reforma puedan derivarse, con efectos sobre rentabilidad económico en los sistemas de producción, utilizando esta tesis para justificar la disminución o generación de empleo. 

Por esta razón es necesario que en armonía con los convenios y tratados internacionales, partiendo de la Convención de Viena, la Declaración de Constitución de la OIT y sus Convenios, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales (PIDECS)  la discusión y el debate legislativo por parte del Congreso se plante de manera amplia con todos los actores que convergen en el mundo del trabajo bajo el criterio del tripartismo y la concertación, como esencia de diálogo social que pregona la OIT, se procure una reivindicación de los derechos laborales que resultaron disminuidos con la reforma laboral /Ley 789 de 2002, restableciendo con ello el principio constitucional del trabajo bajo una condición digna y justa como derecho humano que se enaltece y bajo la especial protección del Estado que encomendó la Constitución de 1991, teniendo en cuenta además que la misma Carta Política  estableció el criterio de responsabilidad social que deben adoptar las empresas en su crecimiento y desarrollo, para lo cual se hace necesario una legislación bajo principios constitucionales en consonancia de los convenios y tratados internacionales, que estimule el crecimiento económico al mismo tiempo que no sea regresiva frente al derecho al trabajo como derecho social.

Bucaramanga, 17 de junio de 2023

Doctorando en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos

Magister en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-180 días prorrogables de cese al fuego bilateral y nacional firmado por el Gobierno y el ELN; 180 días cruciales para saber si negociamos “en círculo” o si, realmente, hay salida a la vorágine de violencia que ha sido la historia de Colombia.

Lo sabremos al término de la evaluación para la eventual prórroga; pero lo que sí podemos afirmar es que no tiene antecedente y está enfocado a generar condiciones para que la población pueda vivir y ejercer sus derechos en libertad, dentro del cumplimiento al DIH, supuesto básico para lograr una activa participación de la sociedad, sin amenazas ni hostigamientos, en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen de raíz la excusa de acudir a la violencia para solucionar los problemas del país.

Nunca se había logrado un acuerdo sobre un punto cualquiera de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones con el ELN, y menos sobre “el corazón” del proceso: La Participación. En esta oportunidad logramos algo de gran importancia: unas reglas de juego claras, sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública desatienda sus obligaciones constitucionales; y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad, sin vulnerar la democracia y sus instituciones.

Ahora bien, esas reglas, bien definidas, incluyen mecanismos creíbles de monitoreo permanente y preventivo, como también de verificación, con participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes, a lo cual se suma un componente clave de “veeduría social”, porque son las comunidades en los territorios, que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre diferentes violencias y el “síndrome de la maleta lista” para el desplazamiento, las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos.

No obstante, la veeduría de las comunidades, sin un entorno de seguridad que la permita, sería un loable ejercicio de inclusión, pero también un riesgo para quien denuncia. No olvidemos que, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre, con un “abril negro” que sumó 21 de ellos.

La seguridad será esencial, pero también “la pedagogía”, que el Acuerdo sobre participación plantea como elemento central. En un país sin cultura de participación, más allá del bloqueo y la marcha callejera, debemos alentar la participación efectiva, que solo es posible a partir de una actitud de “ventanas abiertas”, porque solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas en relación con lo prohibido y lo permitido durante el cese, podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad.

Información y promoción de la participación efectiva; ese es mi compromiso como miembro de la mesa y dirigente gremial, y ese debe ser el compromiso del Gobierno, de todos los sectores y, sobre todo, de los medios de comunicación, que auscultan a diario y conocen, como el que más, la realidad de violencia en los territorios.

La veeduría social al cese al fuego, como expresión de participación, será un gran reto y, de lograrse, un resultado sin antecedentes y una señal positiva para avanzar en la unión de propósitos y voluntades hacia la construcción “participativa” del “Gran Acuerdo Nacional” sobre lo “fundamental”, para lograr desarrollo con equidad, que es sinónimo de paz; un Acuerdo Nacional que no surja del recinto cerrado de una mesa de negociaciones, ni sea impuesto desde el Olimpo del liderazgo político, sino construido entre todos en el valle donde compartimos a diario la inseguridad y todas sus causas, con el narcotráfico en primer lugar.

Amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz, mientras tanto…, prefiero el optimismo.

Bogotá, D. C, 11 de junio de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Me cuesta trabajo aceptar que el tema de la financiación de campañas electorales, de los partidos y de los políticos siga perturbando en forma tan notoria la actividad pública en Colombia.

El primer ensayo que escribí cuando regresé de los Estados Unidos, hace más de 60 años, se refería al tema de la financiación política en ese país. Con base en el libro más reputado en ese momento "Los costos de la Democracia" (Revista Arco No. 4 pg. 248-251).

En el primer libro que publiqué sobre este tema, 1997, me propuse presentar un bosquejo, seguramente incompleto, de los planteamientos que dirigentes de diferentes fuerzas políticas habían hecho al respecto, Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Michelsen, Laureano Gómez, Luis Carlos Galán, Belisario Betancur, Virgilio Barco.

Son muchas las disposiciones legales que se han adoptado y muchas también las que se han rechazado. Pero difícilmente, los gobiernos han logrado salir indemnes de las consecuencias de una financiación que desborda los mandatos legales.

No tiene sentido que la dirigencia política quede en entredicho como consecuencia de la financiación de sus campañas. Me parece que la financiación estatal que llaman preponderante, ha sido generosa. Y no obstante la ambición de poder pisotea los límites constitucionales y legales que se han venido estableciendo. La desconfianza que caracteriza la actitud de los colombianos frente a los políticos tiene mucho que ver con la relación entre el dinero y la política.  Un país como Colombia cuasi-sitiado por el crimen organizado que recibe billones de pesos por sus actividades ilícitas, no se puede permitir el lujo de abrir las puertas de la financiación de la vida política a estos grupos criminales. Buena parte de la crisis del sistema político colombiano que ya lleva varios años tiene su origen en el papel que estos grupos han jugado en el proceso electoral y, luego, en el proceso de contratación pública y en la propia formulación de políticas públicas. No es cualquier cosa. Nuestra Democracia ha estado muy expuesta a un colapso ya varias veces por este vínculo fatal entre dinero y política.

Lo menos que debiéramos hacer es blindar la figura presidencial para que jamás ella pueda ser objeto de contaminación, ni siquiera con una salpicadura, por estos dineros. A tal punto que ni la más baja chismografía pueda alimentar suspicacias con respecto a la dignidad presidencial. La majestad del Presidente de la República no puede jamás estar expuesta a estos riesgos.

La financiación estatal total, por lo menos, de la campaña presidencial en todas sus etapas y la estricta vigilancia que bloquee cualquier otro tipo de contribución, en dinero o en especie, debe ser una preocupación de todos los ciudadanos.

Alguna experta en este tema escribió que si la política estaba para la venta, todos los ciudadanos debiéramos estar decididos a comprarla y ello es lo que se logra con la financiación estatal total.  Para los escépticos recojo muy rápidamente la manera como se pueden reducir los costos aparentes de las campañas porque los otros son muy difíciles de establecer y creo que son aún mayores: 1. Limitar la duración de las campañas. 2. Otorgar espacios gratuitos en radio y televisión para todos preferiblemente por la vía del debate con reglas de juego previamente establecidas. 3. Prohibir comerciales políticos que, además, degradan el debate político. 4. Conceder franquicias que faciliten la comunicación política. 5. Suministrar transporte gratuito el día de elecciones. 6. Facilitar el voto aprovechando las nuevas tecnologías.

En todo caso hay que impedir por todos los medios que el dinero compre influencia. El engranaje de la política, han escrito algunos, no puede estar aceitado por el dinero.

Bogotá, D. C, 12 de junio de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.

Por Juan Camilo Restrepo*.- Somos dados en creer que los problemas nacionales se arreglan dividiendo las circunscripciones territoriales alocadamente.

Eso fue lo que hizo la constitución del 91. Creó un verdadero mosaico caótico de entidades territoriales, unas superpuestas con otras, sin recursos y, sobre todo: sin claridad sobre dónde comenzaban y dónde terminaban las facultades de cada una de ellas.

En efecto: el constituyente (Título XI) como quien juega con plastilina, dispuso que Colombia podría dividirse en los siguientes tipos de entidades territoriales: departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas (art 286 CN); provincias (art 321 CN); distrito capital y distritos especiales (art 322 y siguientes de la CN); áreas metropolitanas (art 319 CN); corporación autónoma regional del rio grande de la Magdalena (art.331 CN); comunas (art 318 CN); regiones administrativas y de planeación ( artículo 306 CN);  y regiones organizadas como entidades territoriales propiamente dichas (art 307 CN).

La tendencia del derecho constitucional moderno es a disminuir los escalones entre el gobierno central y los núcleos ciudadanos en torno a los municipios. Nosotros hemos hecho lo contrario: ampliar el mosaico de entidades territoriales intermediarias haciendo cada vez más borrosos sus ámbitos de competencias, y lo que es más grave: sin definir los recursos con que contarán para cumplir sus misiones.

De allí que muchas de estas entidades territoriales (como las regiones) ni siquiera han podido salir del cascarón constitucional y convertirse en entidades territoriales actuantes y eficaces.

Como si lo anterior fuera poco, el nuevo plan de desarrollo crea en su artículo 28 la rimbombante nueva figura de las “regiones autonómicas”, como “un pilar que permita una gestión pública eficiente para el desarrollo económico, ambiental, cultural y étnico que redunde en mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”, según reza el artículo citado del Plan Nacional de Desarrollo.

No le formulo buenos augurios a este artículo cuando deba afrontar la revisión constitucional en la Corte. Por una razón muy sencilla: los tipos de entidades territoriales se crean por Constitución, no por ley.

Pero, además: cuando se desmenuza el texto completo del artículo del Plan de Desarrollo que hemos citado se descubre un listado inmenso de funciones que se le asigna a estas nuevas entidades autonómicas, pero ni un centavo para que cumplan sus propósitos.

Si llegara a pasar el juicio de constitucionalidad no es aventurado prever que se quedará como un tipo de entidad territorial que nunca saldrá del cascarón legal; de la misma manera que nunca han podido llevarse a la práctica los propósitos de las regiones.

Con este artículo del Plan de Desarrollo que parecería querer emular con la Constitución española creando autonomías no se sabe frente a quién, con un amplio ramillete de responsabilidades, con nombre sonoro pero hueco; y sin un centavo para operar ni invertir, no es aventurado pronosticar que si no lo tumba la Corte Constitucional (como muy probablemente sucederá) no hará otra cosa que ampliar el mosaico ya caótico de entidades territoriales que no sirven para nada. O que ni siquiera han logrado nacer a la vida administrativa.

Bogotá, D. E, 11 de junio de 2023

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

A propósito del Informe de la ANH.- Primera parte.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Todos los años la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargada por ministerio de los decretos con fuerza de Ley 1760 de 2003 y 4137 de 2011 de “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”, emite anualmente su “Informe de reservas y recursos contingentes”. El pasado 24 de mayo se dio a conocer su reporte con corte a diciembre de 2022. Huelga decir que dicho informe es el consolidado de las cifras suministradas por las empresas petroleras que operan en el país.

El contexto en el que se dio a conocer este Informe es muy singular, dada la circunstancia de que según habían acordado el 15 de marzo los titulares de los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito público y el de Comercio, Industria y Turismo, el mismo serviría de base para zanjar diferencias en el seno del gabinete del Presidente Gustavo Petro en torno a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación petrolera. De allí la gran expectativa que despertó su presentación por parte de la ANH en el marco del Congreso de NATURGAS.

Este Informe, además, estuvo precedido de otro muy controvertido, por su falta de rigor técnico, que se dio a conocer el 13 de diciembre del año anterior, en el cual se sobreestimaron las reservas de hidrocarburos sumando peras con manzanas (reservas probadas + probables + posibles + contingentes, + prospectivas) metiéndolas todas en un solo costal, lo que llevó a la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez a asegurar que “es posible que los recursos contingentes pueden abastecer la demanda nacional e incluso producir un excedente en su producción hasta el año 2037”.

Las cifras del Informe de la ANH no mienten, muestran una tendencia preocupante de las reservas probadas de petróleo y gas, en uno y otro caso la relación reservas/producción cae, en el primer caso de 7.6  a 7.5 años y en el segundo de 8 a 7.2  años, un horizonte demasiado limitado de autoabastecimiento. De no cambiar dicha tendencia, a partir del año 2030 Colombia se convertiría en un importador neto de petróleo y gas natural, 7 años antes de las optimistas previsiones de la Ministra Irene Vélez (¡!).

Se suele decir que optimista es quien ve el vaso medio lleno, mientras el pesimista es aquel que lo ve medio vacío, pero para nosotros los economistas más importante que porfiar si el vaso está medio lleno o medio vacío es establecer si el vaso se está llenando o se está vaciando, esto es la tendencia y a todas luces lo que muestra el más reciente Informe de la ANH es que el vaso se está vaciando, que las reservas probadas de hidrocarburos vienen en franca declinación. Y mientras menos contratos firme la ANH con las empresas petroleras tendremos menos exploración y en consecuencia menos probabilidad de éxito exploratorio.

Ello explica la declaración del Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa, en el sentido que “Ojalá haya más y siga habiendo rondas, porque es lo que le da la estabilidad a una empresa petrolera en el largo plazo. Es el incremento de sus reservas y para incrementarlas requiere de áreas para buscar petróleo y gas”. Ni más faltaba que no sea así!

Al analizar las cifras de este Informe se puede constatar que en el 2022 se incorporaron a las reservas probadas de petróleo, reponiendo las extraídas, 310 millones de barriles, 37% menos que en 2021 y de estas sólo 6 millones corresponden a nuevos hallazgos. En orden de importancia por su aporte a las reservas probadas tenemos en primer lugar el recobro mejorado  con 122 millones de barriles y por mayor precio 86 millones. Aduce la Ministra Irene Vélez  que “entre 2021 y 2022, el factor de recobro mejorado aumentó de 21% a 23%, con dos puntos porcentuales de diferencia. Este aumento nos indica que comienza a ser efectiva la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”.

Pero, la verdad sea dicha, el 67% de los barriles incorporados a las reservas probadas obedeció a los altos precios a los que se cotizó el crudo en 2022, que promediaron los US $105 el barril. Por lo demás, si el recobro mejorado, que sólo es aplicable en campos maduros en declinación, ganó dos puntos porcentuales, ello no obedece a la política del Gobierno “de mayor eficiencia en contratos existentes”, sino a la gestión de las empresas petroleras, empezando por ECOPETROL, así como al nivel de cotización del crudo que hace posible asumir los mayores costos del levantamiento de cada barril extraído que demanda la utilización de tecnologías de punta. De tal suerte que ahora, cuando el precio del petróleo ronda los US $70, no será posible sostener la caña.  El recobro mejorado es necesario pero no suficiente para espantar el fantasma de la importación de crudo y gas natural al país que nos está rondando. No se puede caer en la trampa del espejismo del recobro mejorado, pues nos puede conducir con los ojos abiertos camino al precipicio.

Bogotá, junio 10 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Carlos Ibáñez Muñoz*. - Vítores y estropicio en la plaza de Bolívar en Bogotá y en muchas ciudades del país. El jefe de estado se encarama en una tarima y arenga al pueblo para que defienda sus reformas. Denuncia un “golpe blando” y le pide al pueblo que salga a las calles a presionar el cambio. Su verbo atropella a los medios de comunicación, al Congreso de la República, a los empresarios y hasta su propio equipo de gobierno donde amenaza que ministro que no le cumpla se va.

No ha terminado su incendiaria y efervescente alocución cuando ya los medios reaccionan y las cadenas radiales, los periódicos, semanarios y la tv con sus editores se vienen lanza en ristre contra el presidente intensificando sus cuestionamientos y objeciones.

Resultado de la confrontación: Más polarización, confusión , terreno propicio para la especulación, la desinformación , las injurias , las calumnias , las verdades a medias, las redes sociales convertidas en trincheras que vomitan fuego de lado y lado.

Víctimas: el pueblo colombiano, la verdad, las instituciones Republicanas.

¿A quién creerle? Al gobierno, a los medios de comunicación social? O a ninguno?

No me atrevo a tomar partido ni por los unos ni por los otros, no voy a caer en ese juego donde tienen inmersos a millones de compatriotas, simplemente estamos a merced de la irresponsabilidad y del inminente peligro de confrontación entre civiles y perplejos de la manera como se conduce el Estado y como malintencionadamente se desinforma por los formadores de opinión, medios de comunicación, en una puja por el poder político y económico.

Dar paso a las tensiones políticas y sociales, y a la intemperancia le abre boquetes a la convivencia colocando a la sociedad a un paso de una guerra civil.

La guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las bandas crimínales, la guerra contra la guerrilla y la guerra contra él paramilitarismo son suficientes para añadir otra guerra más.

Moderación, responsabilidad, disminución de la pugnacidad, honor a la verdad, amor a la patria, es lo mínimo que se pide a los actores de la confrontación para evitar una tragedia popular.

Bogotá, D.C, 10 de junio de 2023

*Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en derecho Constitucional y Laboral. Alcalde de Bucaramanga entre 1995-1997.

Por Gabriel Ortiz*.-Colombia entera quedó estupefacta y atónita con la reaparición de las chuzadas, que se creían desterradas de los cuerpos fiscales e investigativos del país. Han reaparecido, al parecer por orden de funcionarios de poca monta en la Casa de Nariño.

Así surgió el mayor escándalo que haya recibido el gobierno Petro. Se dice que ni Armando Benedetti, ni Laura Sanabria, embajador en Venezuela y Jefe de Gabinete, estaban preparados para esas funciones. Impulsivo el primero e inmadura la segunda.

Se asegura que las equivocaciones son imperdonables, y Petro cayó en ello: El primero se deslenguó y hasta dijo a la segunda que fue nombrada por Verónica -la primera dama- y “sabes por qué”, le dijo a Laura.

Este incidente ha tomado todos los caminos, no propiamente de rosas, porque entre Benedetti y Laura, las amables y entrañables se rompieron. Cuando el primero regreso a Bogotá, de Estados Unidos, se encontró con la alcaldada de la segunda, a quien se le había extraviado fuerte suma de dinero de su residencia. Se culpó de inmediato a Marelbys, la niñera y a Fabiola, limpiadora de la casa de la jefe de gabinete. Las dos fueron a parar a un detector mentiras y grabaciones (chuzadas) de sus celulares. Nadie, hasta hoy, sabe dónde está el dinero.

La antigua amistad de Benedetti con Laura, involucró al embajador en esta película, ya que fue quien recomendó a la niñera, la llevó y trajo a Caracas para armar la película.

El embajador, quien viajó a Estados Unidos sin permiso de la Cancillería para visitar a un hijo, debía presentarse ante Petro y rendirle cuentas. Como es costumbre, el presidente lo dejó esperando durante tres horas, cosa que enfureció a Benedetti.

Fue entonces cuando apareció el libreto de las “chuzadas” en Semana, con insultos de ida, vuelta y palabrotas injuriosas muy corrientes en ciertas emisoras.

De ahí en adelante se armó la gorda. Izquierda y derecha se enfrentaron, especularon y elevaron su nivel, cuando Benedetti hablo de dudosos dineros en la campaña Petro. Salieron a flote el 8.000, más no la ñeñepolítica ni Odebrecht.

De inmediato, las tres reformas de Petro: salud, trabajo y pensiones, quedaron congeladas. Rudo golpe al gobierno, aunque si, un alivio para los sectores económicos y la inversión extranjera. Hasta el dólar se resquebraja.

Ni Petro, ni sus fieles partidarios han manejado las cosas bien durante estos diez meses. Han arrojado a la calle a figuras irreemplazables como Ocampo, López y Gaviria, quienes habían dado un tono de Acuerdo Nacional al mandato, abriendo puertas y logrando apoyos políticos para sacar adelante las reformas, con modificaciones acertadas.

Estamos ahora en un desconcierto nacional, “Armando” por un “tigre enjaulado” que buscaba puesto en el altísimo gobierno, mientras se especula con los $15.000 millones.

Petro tiene que hacer el cambio: montar un gobierno con matices conciliadores y funcionarios preparados y ecuánimes. Que los hay, los hay.

BLANCO: La justicia que se ha hecho con las mujeres para pensionarlas.

NEGRO: La destrucción de nuestra selva con el petróleo que derraman las guerrillas.

Bogotá, D. C, 9 de junio de 2023

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- El país ha vuelto a convulsionarse políticamente por cuenta de palabras deshilvanadas, reclamos incoherentes, filtraciones, publicaciones, trinos, especulaciones, dudas y preocupaciones políticas. No es el caso de tomar partido en uno u otro sentido, justamente porque todo ha sido mediático, y, en consecuencia, no hay decisiones institucionales. Ha faltado información fidedigna y completa, pruebas y seriedad, todo lo cual ha conducido a la oscuridad existente, que está causando daño a la sociedad y a la estabilidad política.

Sería irresponsable opinar sin tener ninguna certeza sobre los hechos, aunque resulta necesario reconocer que el momento es muy difícil, tanto para el gobierno como para el país.

Es necesario, entonces, expresar que el sistema jurídico ha sido puesto a prueba y debe responder. En un Estado de Derecho deben tener lugar los procedimientos y actuaciones que correspondan para que no haya impunidad, para que prevalezca el interés general, para que impere la legalidad, y también para que sean respetados los derechos de quienes han sido mencionados o involucrados en el escándalo, que tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. No son las redes, ni somos los medios de comunicación los llamados a condenar ni a absolver a nadie. Es urgente que operen las instituciones, pero sin demora. Todo debe ser investigado, juzgado y decidido, con celeridad y a fondo. El país tiene derecho a conocer lo ocurrido y quienes hayan delinquido deben responder.

Un ideal de nuestra organización republicana que queremos ver realizado: recuperar, en toda su plenitud, la sindéresis, el equilibrio, el respeto, el ejercicio decente y honesto de la política, la imparcialidad de los medios, el control político leal, la imparcial y oportuna administración de justicia, la integración de todos los sectores, no para favorecer, ni tampoco para perjudicar a un gobierno, sino para preservar la institucionalidad y los valores democráticos, el respeto al Derecho y la aplicación de los instrumentos jurídicos, por encima de las rencillas y ambiciones personales.

Se reitera: en Colombia debemos recobrar los valores y principios institucionales, que, en esta y en otras crisis, han brillado por su ausencia. Ante todo, la convicción democrática y la consideración del sentido que tiene la política, que debe estar al servicio del pueblo -titular de la soberanía-, y no al de los mezquinos intereses de grupos o personas.

Tenemos que volver a los postulados democráticos sobre la dignidad humana y los derechos, tanto los fundamentales como los políticos, colectivos, sociales y económicos. La igualdad -tan atropellada desde hace años-, sin discriminaciones de raza, origen o nivel económico o social. La paz, que anhelamos los colombianos desde hace años y no hemos alcanzado, pero que debemos lograr sin sacrificar en sitio alguno la autoridad estatal, la seguridad ciudadana, el pleno vigor de las leyes, ni la vigencia del orden público. El Estado Social de Derecho. El trabajo y sus garantías. La democracia participativa, en los términos de la Constitución y de las normas legales. Los principios tutelares de la moralidad pública. La educación para todos. La importancia de la familia -sin la invasión del Estado-, la protección prevalente a los menores, el respeto a la mujer.

Bogotá, D. C, 8 de junio de 2023

Expresidente de la Corte Constitucional    

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Es más fácil hacer política con los precios que política de precios. Pero es infinitamente más importante lo segundo” David Yanovich.

Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre del año anterior, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta. Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité autónomo de la Regla fiscal (CARF), refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”. Por ello, dicho Comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.

Por ello, el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferenciales para la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría. Según ella, refiriéndose a la metodología, “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional” y por ello se revisará para la fijación del precio. En su alegato aduce que no hace sentido que si “nosotros somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada…no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.

En Colombia se consumen mensualmente 428 millones de galones de combustibles (50% gasolina y 50% diesel), de los cuales se importan al país 80 millones de galones (18.6%) y se pagan en dólares a los precios internacionales. Pero, también se paga a precios internacionales, el IP que corresponde al precio paridad importación, tomando como referencia los precios spot de los combustibles en la costa del Golfo de EEUU, que es el costo de oportunidad para ECOPETROL.

Cabe preguntarse por qué “el 100% del precio de la gasolina se tasa con el precio internacional”. Hay una razón de peso, ECOPETROL, en virtud del Decreto – ley 1760 de 2003, cambió su naturaleza jurídica y dejo de ser una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima mixta por acciones listada ADR en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y se rige por un régimen corporativo.

De lo anterior se sigue que escapa a las facultades y competencias del Ministerio de Minas y Energía la decisión sobre el IP, que está reservado a ECOPETROL y si, hipotéticamente el Gobierno dispusiera mantener, como se ha mantenido en el pasado, el subsidio al precio de los combustibles se cubriría con cargo al fisco de la Nación, toda vez que el FEPC es deficitario. Lo dice claramente el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla: “nosotros no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios internacionales. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso”. Ello, además, sería contraproducente, pues iría en contravía del propósito y del compromiso de Colombia adquirido en el Acuerdo de París de reducir en el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.

Como lo afirma la CARF, “reversar o suspender la política de corrección de precios no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la Regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios”. Y añade, “ante la necesidad de acelerar la Transición energética, los subsidios indiscriminados a los combustibles inhiben el efecto que deben ejercer los precios sobre el comportamiento de los agentes, para que así estos enfrenten los verdaderos costos sociales de sus decisiones”.

El Ministro Bonilla le salió al paso a las declaraciones de la Ministra Vélez y manifestó que “la perspectiva hoy es llegar a un nivel arriba de los $16.000 galón para estabilizar el precio con la gasolina corriente”. En cuanto al diesel, aclara que “el compromiso que había quedado en el Gobierno era que a partir de junio se iba a revisar qué hacer…También tiene que ajustarse al precio internacional”. Y fue categórico al afirmar que “mantener la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y los ingresos que el Gobierno recibe de ECOPETROL, siguen siendo muy importantes”. Y no es para menos, dado que él, como responsable de las finanzas del Estado que es y de la estabilidad de las mismas, sabe que los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación siguen siendo la principal fuente de financiamiento de la Nación.

Santa Marta, mayo 27 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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Por Paloma Valencia Laserna*.- El presidente Petro prometió en campaña que a los tres meses de ser presidente se firmaría la paz con el ELN. Luego envalentonó a los grupos armados con la Ley de Paz Total, prometiéndoles aún sin argumentos a desertores e incumplidos tratamiento de grupo político. Paralelamente siguieron dañando la Fuerza Pública. Llamó a calificar servicios a más de 70 generales, le quitaron 800 mil millones al presupuesto de las Fuerzas y ordenaron recluirse en los cuarteles por la tregua.

En diciembre el presidente anunció 5 ceses al fuego bilaterales con grupos armados: El ELN, las disidencias de la Segunda Marquetalia, la del Estado Mayor Central, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada. Fue un anuncio y una tregua unilateral. La del ELN fue desautorizada por el mismo ELN, y la de las disidencias duró menos de cinco meses. No hubo nunca voluntad de paz por parte de estos grupos armados, pero el gobierno perdió meses cruciales en la lucha contra la criminalidad. Y la criminalidad si supo aprovechar los errores del gobierno.

Hoy el país cuenta con más de 16 mil hombres en armas en grupos ilegales. Cifras cercanas a las que teníamos en el año 2010, antes del acuerdo de La Habana. Es un aumento de más del 20% frente al 2020. Al 22 de mayo, Indepaz reportaba 37 masacres aumentando significativamente frente al año pasado. Las hectáreas de coca erradicadas por el Gobierno cayeron un -85%; erradicaron solo 2.765 hectáreas. Crecen los secuestros, los hurtos, la extorsión; y lo más grave, el control de los violentos desplaza al Estado de Derecho.  Los colombianos suplican hoy, otra vez, por seguridad.

En el Caquetá las disidencias están carnetizando a la población. Se habla de que tienen un catastro de la región más avanzado que el propio Estado. Cobran por cabeza de ganado y si ya se lo han robado, por hectárea. Parecido escenario se vive en el Cauca donde se requiere carta de autorización de los ilegales para entrar a los municipios.  Parecido al Huila donde obligan a carnetizarse a los miembros de juntas de acción comunal. Y la obligación en los tres departamentos a integrar guardias campesinas.

El ambiente está muy enrarecido para hacer política. Muchos expresan que no pueden usar el logo del Centro Democrático pese a ser de estas ideas; por el miedo y las amenazas. Nuestro candidato a la alcaldía de Florencia ya recibió una citación de las disidencias; si no presenta; será considerado objetivo militar. Y mientras tanto el gobierno le retiró el esquema de seguridad.

En la Guajira en el último mes y medio se han presentado dos masacres. Cuatro hombres fueron desmembrados y metidos en sacos en el municipio de Dibulla. En mayo se encontraron otras cinco personas desmembradas y en bolsas en el corregimiento de Pelechúa.

El reclutamiento forzado también va en aumento.  La Defensoría del Pueblo reporta 23 casos en lo corrido del año, 13 niños y 10 niñas en los departamentos del Cauca, Antioquia, Amazonas y Arauca. Un aumento del 53% comparado con el año pasado. Se tiene un mapa de riesgo en 294 municipios del país. No solo los reclutan sino que los asesinan si se escapan.

Para perplejidad de todos, la política de apoyo a todo aquel que sea criminal siguen avanzando: de la ley de “paz total” para el que delinca con banderas de izquierdas, vamos ahora a la de “sometimiento” para grupos ilegales organizados, y para el que delinque viene la ley de “humanización”.

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ahora Petro tendrá facultades extraordinarias para revaluar toda la política de drogas del país. Además, podrá implementar su programa “Jóvenes en Paz” para presuntamente darle 800 mil pesos a los jóvenes criminales que dejen las armas, especialmente Primera línea.

Y mientras meten en artículos los micos para indultar y liberar la primera línea los colombianos ven como la violencia se toma el país.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2023

*Senadora del Centro Democrático.