José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-Hace unos días, el Consejero Presidencial para las Regiones, Federico Hoyos, resaltó a Montería y a Córdoba como modelos en atención de la COVID-19, y sorprende también el manejo de la pandemia en Bucaramanga, otra ciudad con cifras realmente ejemplares, que han facilitado la reapertura gradual e inteligente. 

¿Cuál es la diferencia entre Montería y Bucaramanga con Bogotá?, y no me refiero a la evidente del tamaño y su complejidad asociada, sino a la diferencia de método, de “estilo gerencial”, de cómo enfrentar los problemas y cómo convocar a la ciudadanía, para que Bucaramanga tenga -cuando escribo- 9,5 contagiados por cada 100.000 habitantes frente a 81 en todo el país; un solo fallecimiento y ¡un solo caso activo! ocupando cama hospitalaria. 

Cómo hizo el alcalde de Montería para convertir, en menos de treinta días, el coliseo Happy Lora en un hospital de campaña de primer nivel, que mereció la calificación del comisionado Hoyos como “una obra de altísima calidad tecnológica con todos los protocolos”. 

Rigor, asertividad, planeación estratégica, trabajo en equipo, sin mesianismos ni arrogancias y sobre todo, empatía con sus colaboradores y sus gobernados. Detrás de sus resultados percibo un gran componente de lo que me atrevo a bautizar como “liderazgo empático” de sus alcaldes, frente a su antónimo, el “liderazgo antipático” de la alcaldesa bogotana; burgomaestres que prefieren convencer antes que regañar; que no confunden energía con altanería; que entienden que la complejidad de la situación exige discreción y método, “menos bulla y más trabajo”; que prefieren un bajo perfil mediático, sin aspavientos ni alharacas, opuesto al protagonismo excesivo, mas no para informar con serenidad y para educar, sino para contradecir con altisonancia, para señalar responsabilidades evadiendo las propias, y para “advertir”, con un tonito insoportable de sobradez mesiánica, de agitador sesentero, que no puedo dejar de relacionar como la versión femenina de su ex amigo Petro. 

A Claudia López nada que venga del Gobierno le gusta. Si el presidente toma decisiones nacionales de orden público, como le compete, es autoritario y desconoce la autonomía local, pero si delega las decisiones locales en los gobernantes locales, como debe ser, está trasladando el problema a los alcaldes y se baña las manos. Si el Gobierno dice reactivación inteligente, ella entiende lanzar ciudadanos a las calles a que se enfermen. En mayo asustó a los bogotanos con ser culpables de la muerte de sus madres, y en junio advierte que el “Día sin IVA y del padre son doble riesgo de que se dispare el contagio”. 

Claro que pueden ser un riesgo, que ella debe controlar como mandataria local y jefe de policía, pero la solución no puede ser su absurda posición inicial de confinamiento hasta que aparezca la vacuna, mientras no baja su propia guardia: regañar, regañar y regañar, hasta a sus propios colaboradores, cuando lo que se requiere es “convencer” y, si es necesario, ejercer su autoridad con firmeza y serenidad. 

¿Cuál es la diferencia, no entre ciudades sino entre alcaldes? Que mientras los de Montería y Bucaramanga están aplicados de lleno a sus responsabilidades, Claudia no se baja del “bus de campaña”, y parece más preocupada en forjarse esa imagen de líder contestataria y vociferante que tanto le funciona a la izquierda populista, de la que hace parte esta “lideresa” que se vistió de “centro” para llegar a la alcaldía, y ahora, con su liderazgo antipático, ¿a dónde querrá llegar? 

Nota bene. Todos soñamos con ver luz al final del túnel de la pandemia, pero a otros seis jóvenes militares “las disidencias” asesinas les arrebataron ese sueño. Paz en sus tumbas. 

Bogotá, D. C, 22 de1 de junio de 2020

*Presidente de Fedegan

Write comment (0 Comments)
Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- La pandemia nos ha llevado a un nuevo virus sin vacuna y sin remedio. Ni aquí, ni allá, ni más allá, hay ser que escape a la chiflada. Husmeando cómo el versado Juan Gossain, analiza en su última entrevista esta locura en que nos encontramos; cómo todo se achicó y todo enloqueció, podría concluir que el covid ataca sin piedad el cerebro de esta humanidad irreflexiva, que iluminó a Enrique Santos Discépolo para ¨parir¨ Cambalache. ¨Qué atropello a la razón¨, lo que viene ocurriendo en nuestro país.

Santos lo dijo con sabiduría y visión: ¨a nadie importa sin naciste honrao¨… ¨cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón¨ y mejor no seguir con la más famosa canción inspirada en ese pueblito portorriqueño, porque los ¨inmorales nos han igualao¨.

¿Será coronavirus, será el encierro, el atropello de dictatoriales protocolos, el engaño generalizado, o qué diablos, qué bicho nos ha picado para que nos encontremos dominados por este ¨despliegue de maldad insolente¨?

El covid quedó a la altura de su tamaño.Hemos entrado en una riña callejera que sobrepasa cualquier límite.

Descendimos al nivel de los rufianes de barriada. Nuestros líderes han perdido la razón. Se insultan, se agreden, se acusan, se mancillan y se exhiben como ejemplo a seguir, para las actuales y futuras generaciones. Casi todos quieren ser, o buscan eludir el paso lastimero y deshonrado que Colombia ha dado por culpa del narcotráfico. Ese tránsito se utiliza para distraer, tapar o lgalizar las huellas que unos y otros esconden y que pervierten por igual al ejecutivo, el legislativo, el judicial y a la sociedad.

Nuestro destino está penetrado por ¨cambalaches¨ que atacan la paz, fomentan guerrillas y paramilitares, matones de líderes y calificadores de extremistas -o comunistas- a los que piensan distinto. Los tradicionales partidos políticos dejaron de existir. Solo quedan movimientos de escasos principios políticos y corta duración. Empresas que compran votos, manejan grupos y a la vista de todo el mundo, imponen la corrupción.

En esas estamos. Da vergüenza como país, como sociedad y como seres humanos, asistir al ruedo de improperios que los dos que mandan se lanzan. Es lamentable que la Colombia de hoy sea, o de Uribe o de Petro. Esa es la írrita covid-demencia que ¨legaliza¨ este desastre.

BLANCO: La invasión de compradores de Estados Unidos y Europa que quieren comprar en Colombia, según Luis Fernando Velasco.

NEGRO: Nuestros animadores digitales desempleados, mientras gobernadora del Atlántico contrata a los de Plaza Sésamo para divulgar por TV acciones contra covid-19.

Bogotá, 20 de junio de 2020

*Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Write comment (0 Comments)
Lorena Rubiano Fajardo

Hay que luchar contra la idea de que el viejo es funcionalmente limitado (…) La mayoría de la población anciana no se halla impedida. Ricardo Moragas, gerontólogo.

Por Lorena Rubiano*.- En mi concepto, considero que el Estado no tiene constitucionalmente el respaldo legal para confinar indefinidamente a los ciudadanos mayores de 70 años, con el argumento de que los están protegiendo de la pandemia del Covid-19. El Estado debe respetar la autonomía y la dignidad humana, y no entrometerse en el ciudadano personal de la salud de cada quien, donde podría llegar sólo con recomendaciones y apoyos educativos.

Por eso creo que la tutela presentada por un importante grupo de colombianos que están por esas edades será fallada favorablemente, porque si alguien tiene experiencia y en esta clase de batallas por la vida con los mayores de edad.

Las medidas de cuarentena les violan a los mayores el máximo derecho, precisamente el de la vida, porque encerrados, sin producir, sin derecho al aire libre al ejercicio físico, a sentirse útil a la comunidad , a participar en todas las actividades económicas y sociales , con todas los cuidados que requiere protegerse del Covid-19, pues los están matando.

Los ciudadanos plantean que con las resoluciones 464 y 844 de 2020, además se les viola el derecho a la igualdad (art. 13 de la C.N.), libertad de locomoción (art.24 de la C.N.) y el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la C.N.).

Entre los demandante se encuentran el exministro Rudolf Hommes, el exalcalde Maurice Armitage Cadavid y el exvicepresidente Humberto de la Calle, el asesor de Paz, y exconstituyente, Álvaro Leyva Durán, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, María Mercedes Cuéllar López y Clara López Obregón.

El Gobierno no tuvo en cuenta que somos más indisciplinados los jóvenes que los mayores, y a nosotros se nos permite salir todos los días, por dos horas, que no las contabiliza nadie y precisamente así  se les viola el Derecho a la Igualdad, con el argumento de que "están en especial riesgo".

Además de los argumentos legales y constitucionales, me parece que el más lógico y fuerte es el que se debe recurrir a  la autodisciplina de todos los ciudadanos y no podemos aceptar que nos sometan a un nuevo orden mundial, a una vacuna única y a una disciplina con la que no estamos de acuerdo, cada cual debe cuidarse y responder por su propia vida, no el Estado obligándonos a determinados tratamientos, cada cual se puede curar con lo que quiera, con hasta con nuestra tradicional agua de panela con limón, y  esas instrucciones de la OMS pueden, y parece ser cierto, tienen la finalidad de un control de la humanidad.

"Esto es un irrespeto a nuestra autonomía y es discriminatorio, pues el Estado no trata en forma semejante a las otras personas. Y eso es lo que cuestionamos", dicen en la tutela.

Es más grave para la salud el encerramiento que la libertad de locomoción.

Bogotá, D. C, 19 de junio de 2020

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)
José G. Hernández

Por José G. Hernández*.- Es lamentable que instrumentos brindados por los avances de la tecnología  -como es el caso de las redes sociales- no estén siendo aprovechados con un sentido positivo, para el beneficio general y para el mejor ejercicio de derechos esenciales como las libertades de expresión y opinión, el acceso a la información, la comunicación entre las personas, el sano debate político, jurídico o económico, sino como virtuales cuadriláteros en que se lucha sin lealtad ni valor, sin argumentos, sin dignidad, sin el mínimo respeto,  sino mediante la injuria, la calumnia, el insulto, la falsa noticia y la amenaza, entre otras armas.

Las redes, en donde deberían circular  de manera libre las ideas, los diversos enfoques y los conceptos -sin importar si son similares, complementarios, diferentes o contrarios-, se han ido degenerando por causa de su equivocado uso; por la bajeza que caracteriza algunas supuestas opiniones; por extendida inseguridad sobre la autenticidad de los datos que circulan; por los estrafalarios nombres falsos que ocultan la verdadera identidad de quien participa; por la presencia de grupos -que han dado en denominar “bodegas”- contratados, organizados y pagados con el sólo objeto de sembrar odio, cizaña, desprestigio en contra de personas con cuyo pensamiento no se coincide.

Por paradoja, las redes sociales ya no sirven para hacer uso de la libertad -como tendría que ser-, sino para cercenar la libertad. Para coartar el derecho de personas que, con el fin de eludir ataques, insultos y amenazas, se ven precisadas a la auto censura o al silencio y evitan escribir o decir lo que piensan. Se sacrifica la libertad.

Todo eso, como ya lo habíamos expresado, es cierto. Y no son pocos los que -con razón- se han alejado de las redes.

Pero un mal no se contrarresta con otro mal. El Estado no debe atender las propuestas de quienes consideran que funcionarios u organismos públicos deberían gozar de facultades para ordenar intervención oficial en redes y correos.

Entendemos que hay un proyecto de ley en ese sentido. Y la semana pasada, en las mismas redes, circuló un proyecto de decreto legislativo en que -sin ninguna relación con Covid-19, ni con la situación económica generada por la pandemia-  se autorizaba a la Fiscalía General para solicitar a los jueces de control de garantías la suspensión inmediata y urgente de las direcciones IP, URL, cuentas de correos electrónicos o perfiles de redes sociales, o cualquier otro mecanismo de mensajería instantánea vinculada a delitos contra la integridad moral o la seguridad pública que pudiesen haber sido cometidos mediante el uso de las tecnologías.

Ni más ni menos, la censura, que está absolutamente prohibida en el artículo 20 de la Constitución Política y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Al parecer, el presidente Iván Duque -con toda razón- se negó a firmar semejante esperpento, que coincidió en el tiempo con una idea lanzada de modo irresponsable por el presidente Trump en sentido de “cerrar Twitter”.

Desde luego, hoy están vigentes los mecanismos procesales contra la calumnia y la injuria, y se han venido usando cada vez con mayor frecuencia, pero sin violar la Constitución, como algunos proponen.

Bogotá, D. C, 18 de junio de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Write comment (0 Comments)
Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Llevamos cerca de tres meses cumpliendo con las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno. Inicialmente se ordenó un aislamiento general ante la llegada al país del Covid-19, fundamentalmente para frenar la propagación del virus y ganar tiempo para construir la infraestructura necesaria y conseguir los recursos fundamentales para afrontar la pandemia (ej. pruebas, reactivos, respiradores, entre otros).

Este proceso de aislamiento generó, como efecto colateral, una gran afectación a la economía requiriendo instrumentar por parte del Estado la emergencia económica, para poder dictar las medidas de alivio requeridas y para brindar apoyo a las empresas y a los ciudadanos respecto del cierre de las actividades y la pérdida de miles de empleos.

Ya se ha avanzado mucho en la preparación y adecuación del sistema de salud y aunque todavía falta por hacer, era necesario que el Gobierno tomara medidas para ir abriendo los distintos sectores de la economía nacional y regional, para como se dice en el lenguaje popular la gente puede salvar lo máximo que se pueda de sus empresas y actividades.

El Presidente Duque se ha visto en todo momento liderando la situación e impulsando las medidas adecuadas para poder enfrentar esta pandemia. Incluso ha ayudado a las empresas con la participación del Estado en el pago de salarios. Ha sido tan importante su trabajo que incluso distintas organizaciones internacionales ha destacado su papel y liderazgo.

Ahora ya abierta la mayoría de los sectores de la economía lo que sigue es más de disciplina y conciencia social de la ciudadanía, para que este virus no nos golpeé tan duro como lo ha hecho en otros países.

Sabemos bien que la cima del virus todavía no ha llegado y que aproximadamente faltarán más de sesenta días para que esto ocurra y podamos comenzar a descender en los contagios. Mientras tanto las cifras subirán. Pero de nosotros depende que haya menos contagios.

No es el momento para que la gente se descuide y empiecen una vida normal. Si bien es cierto que hasta que no se descubra la vacuna nos toca convivir con el virus, tenemos que cambiar los hábitos sociales y tomar cada uno conciencia de su propia responsabilidad y continuar en lo posible de trabajando desde nuestras casas, con la ayuda de Tecnología y que cuando salgamos lo hagamos con el cuidado de las recomendaciones que nos han hecho y que no son otras que siempre usar un buen tapabocas, guardar distancia entre cada uno de nosotros, estar lavándonos las manos coda ves que podamos, desinfectarnos con alguna frecuencia y no hacer reuniones grandes que sean estrictamente necesarias.

Un estudio llevado a cabo en la ciudad de Nueva York ha demostrado que si ‘todos’ usamos tapabocas y guardamos la distancia adecuada, el virus dejaría de transmitirse y sería, por ahora, el mejor remedio ante esta pandemia.

Solamente de nuestra responsabilidad y compromiso con nosotros mismos depende que salgamos mejor de esta pandemia y salvemos nuestras vidas.

Bogotá, D. C, 17 de junio de 2020

*Ex comisionado de Paz

Write comment (0 Comments)
Clara López Obregón

Por Clara López Obregón.- A través de los años, demasiados en Colombia se han ido inmunizando frente a la muerte de inocentes. Cifras inimaginables de desapariciones forzadas, secuestros y degradaciones como los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica han erosionado la capacidad de indignación que el asesinato de una sola persona debe suscitar, como ha sucedido con George Floyd en Estados Unidos. Dio en la clave Martin Luther King cuando afirmó: “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos” y yo agregaría que también el miedo.

Desde que se firmó el acuerdo de paz, han sido sistemáticamente asesinados 500 líderes y lideresas. Se trata de personas fuera de lo común. Su vocación de servicio los llevó a abrazar causas colectivas en un mundo cada vez más insular e insolidario. Cuando asesinan a un líder social, un reclamante de restitución de tierras o una defensora de derechos humanos están descabezando a una comunidad, una causa y, con suficientes de ellos y ellas, a toda una generación, para dominar con el miedo que se funde con la indiferencia.

No se equivocaba Michel Forst, relator de Naciones Unidas, cuando sostuvo en febrero pasado que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso, un grupo de columnistas hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados y contar sus historias.

María Magdalena Cruz Rojas era una mujer de carácter, reconocida dentro de su comunidad por las iniciativas sociales que lideraba. Había impulsado asociaciones de mujeres para traer proyectos a la vereda donde sus gentes la habían elegido ya en dos oportunidades al cargo de secretaria de la junta de acción comunal. Cuando el 30 de marzo de 2018 fue asesinada por dos hombres encapuchados frente a su esposo e hijo, lideraba el movimiento de sustitución voluntaria de cultivos para uso ilícito en su vereda Unibrisas de Iteviare, en el municipio de Mapiripán, Meta, tristemente célebre por la masacre ejecutada por los paramilitares de los hermanos Castaño en 1997.

Tenía 52 años y le había contado al alcalde de las amenazas recibidas de un grupo armado opuesto a la sustitución de cultivos. Después de su asesinato, otros líderes de sustitución pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, abandonaron la zona y con ellos el proceso que iba muy adelantado.

Emilsen Manyoma era una defensora afro de derechos humanos del corregimiento Bajo Calima del puerto de Buenaventura. Fue brutalmente asesinada junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, el 14 de enero del año 2017. A sus 33 años, Emilsen había denunciado violaciones a los derechos humanos en el corregimiento de Bajo Calima y había apoyado varios procesos comunitarios en contra de la exploración petrolera y de la ubicación de un relleno sanitario dentro del Consejo Comunitario del Bajo Calima, del cual era integrante.

La defensora había comenzado su labor bajo el acompañamiento de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y, luego, se había convertido en vocera local de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, Conpaz. Según su organización, los últimos hechos que había denunciado estaban ligados a presuntas estructuras paramilitares en Buenaventura que han controlado la libre movilidad de los habitantes de la zona en busca de controlar la ruta del narcotráfico que se mueve hacia el Pacífico, en la desembocadura del río San Juan. "Se está muriendo más la gente por plomo que por covid-19, estamos en una ciudad sin Dios y sin ley; no hay autoridades que hagan cumplir las normas,” afirmó en abril un líder social del puerto.

La matanza de líderes y lideresas que no cede ni se detiene es el espejo en que deben mirarse el Gobierno y las instituciones en su conjunto. Su fracaso es inexcusable. Líderes no nacen todos los días, pero sí los matan sin respiro. A este paso naufraga la paz, naufraga la democracia, naufraga Colombia.

Bogotá, D, C, 17 de junio de 2020

*Ex alcaldesa de Bogotá y Ex ministra de Trabajo

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-En días pasados la Comisión Quinta del Senado, dio trámite en su tercer debate al proyecto de Ley 026 de 2019, “Por el cual se establecen mecanismos para promover la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos”, es una noble iniciativa que busca hacer justicia con nuestros campesinos colombianos. 

Es decir, lo que se busca con éste proyecto es el fortalecimiento de la agricultura familiar y de las organizaciones campesinas, donde tengan mayor rentabilidad en la producción de alimentos, reducción en los gastos de transporte y por supuesto aumento en las ganancias de los productores. 

Toda esta cadena de buenas prácticas, sin duda, favorecerá la asociatividad de las organizaciones, donde la planificación y la mejora en los procesos de producción de alimentos serán indispensables a la hora de ofertar los productos. 

Pero además de todo esto, se aprobó una proposición muy importante, la cual pasa del 10 al 30% la compra de alimentos en programas institucionales del Estado, es decir, que por Ley todas las instituciones deberán comprar a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. 

Hoy la demanda institucional es de $2,5 billones. A partir de esta norma, todas las entidades del Estado, las entidades públicas del nivel nacional, departamental, distrital, municipal, privadas y sociedades de economía mixta que desarrollen programas en que se ofrezcan o dispensen alimentos estarán en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios en un porcentaje del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos. 

Además, deberán, diseñar o adecuar minutas alimentarias y menús teniendo en cuenta el enfoque cultural y los hábitos alimentarios de la población de cada zona geográfica para la compra pública local de alimentos. Hay que aclarar, que todos los menús y minutas deberán priorizar el consumo de productos locales provenientes de los pequeños productores y de productores pertenecientes a la Agricultura Campesina, Familiar, o Comunitaria  y sus organizaciones solidarias con enfoque diferencial. 

El pago de los alimentos adquiridos será de contado y contra entrega del producto, para facilitar la dinamización de la economía en las regiones, hay que advertir también que harán planes pedagógicos y de seguimiento territorial en muchos aspectos como seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de pérdida y desperdicio de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, fortalecimiento en el cumplimiento de normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión, logística, mercadeo, y financiación de proyectos agropecuarios, es decir, es una iniciativa integral, que además de estimular la compra del producto, motivará a nuestros pequeños productores y campesinos a volverse empresarios del campo, a innovar, a generar empleo y a impulsar un relevo generacional. 

Entonces, es un avance muy significativo y un gran paso hacia esa justicia social con el campesinado colombiano y sobre todo con los pequeños y medianos productores, tan golpeados siempre por las malas políticas públicas agrarias. 

Otras bondades importantes que contempla el proyecto que está a sólo un debate de ser Ley de la República, es que permite la participación de los pequeños productores agropecuarios, indígenas, afros o raizales cuyo sistema productivo pertenezca a la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria. 

Nuestros campesinos, esos doce millones de hombres y mujeres que habitan la gran ruralidad colombiana y quienes todos los días de sol a sol labran la tierra para garantizar la seguridad alimentaria en los hogares de nuestro país, son verdaderos héroes, a ellos les debemos mucho. Y es momento de retribuirles su gran aporte a la Nación. 

Esta es una iniciativa promovida por la Mesa Nacional de compras públicas, integrada por más de 30 instituciones y organizaciones y el programa #MesoAméricaSinHambre, en alianza con el Frente Parlamentario Contra el Hambre, por su puesto con el acompañamiento valioso de la FAO en Colombia. 

Estaremos atentos al desarrollo del último debate, para que esta iniciativa salga adelante de manera exitosa y haga justicia con millones de colombianos que dependen su sustento del labrado de la tierra en todos los rincones de nuestro país.

Bogotá, D. C, 16 de junio de 2020

Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)
Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- Se empieza a escribir mucho sobre las grandes prioridades que marcarán las políticas públicas de la pospandemia. ¿Cuáles serán los grandes temas que ocuparán la agenda nacional y la internacional cuando pase la peste y se recuperen las economías?

Uno de estos temas es el de la equidad. El coronavirus ha destapado el profundo déficit de equidad que invade a la sociedad contemporánea en todo sentido. Déficit que habrá que hacer un esfuerzo gigantesco para corregirlo.

En Colombia se han presentado últimamente dos iniciativas (que aunque tienen muy pocas posibilidades de prosperar) debemos mirarlas con atención. Pues son un anticipo del tipo de debates por una mayor equidad que se vislumbran.

La primera iniciativa es la” renta básica “que presentaron hace algunos días 54 senadores, y que sustituiría (pero aumentando la base de quienes las reciben) las transferencias no condicionadas hacia los sectores más desvalidos de la sociedad.

La iniciativa fue desechada inmediatamente por el gobierno por su alto costo fiscal: 21,7 billones; de allí las pocas posibilidades que tiene de aprobarse en el corto plazo pues requiere- como iniciativa fiscal que es- del aval gubernamental.

Sin embargo, como antecedente de las discusiones que se avecinan es muy interesante pues busca ampliar la cobertura de la renta básica que el Estado debe garantizar a los más desvalidos. Una especie de seguro de desempleo de mínimos vitales como el que ha organizado recientemente en Chile. Este será un tema que estará sobre la mesa de las discusiones de la post pandemia con toda seguridad.

Ya el ministro de Hacienda en una audiencia que hubo en el Congreso abrió tímidamente la posibilidad de estudiar la llamada “renta básica”, como una de las medidas estructurales que se podrían considerar más adelante. Buena noticia; no será algo inmediato pero es el tipo de reformas estructurales- más allá de los primeros auxilios que es lo que hasta el momento hemos hecho-que el país debe considerar.

La segunda iniciativa tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad que un grupo de distinguidos académicos presentó la semana pasada ante la Corte Constitucional. La demanda busca nada menos que el juez de constitucionalidad declare reñido con la Carta Política la totalidad del estatuto tributario. Es decir, el conjunto de la legislación sobre impuestos que rige en Colombia. Con el argumento de que el actual estatuto contraría el artículo 363 de la Constitución que dispone que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Y el actual sistema no lo hace, argumentan los demandantes.

No creo que prospere esta demanda ante la Corte, aunque los impugnadores conscientes del grave contratiempo que se generaría si se cae la totalidad del estatuto tributario (que está conformado por más de 1000 artículos), solicitan a la Corte un fallo modulado que le daría dos años (prorrogables por otros dos) al Congreso para reponer la legislación que se declare eventualmente inexequible.

El argumento central de la demanda (que está muy bien documentada por lo demás) es que el conjunto de las normas impositivas en Colombia mirado como un todo contraría el postulado constitucional de la “progresividad”. Y que por lo tanto deben declararse inconstitucional: no unas normas específicas sino el conjunto de ellas. Pues ha violado los principios constitucionales sobre los cuales se funda la legislación tributaria, sostienen los demandantes.

La teoría fiscal contemporánea indica, sin embargo, que para saber si un sistema tributario es progresivo o no debe mirarse también el lado del gasto público. Y no solo el de los ingresos tributarios como hacen los demandantes. Esta es quizás la falencia mayor que de un primer vistazo se le puede anotar a la demanda. Pues hoy se acepta por toda la literatura especializada que redistribuye más y mejor el gasto que el ingreso.

De todas maneras se trata de dos iniciativas, así no prosperen, en las que subyace la aspiración innegable hacia una mayor equidad. Y esa será una constante que escucharemos en la discusión de políticas públicas que se avecina, una vez se apacigüe la furia de la pandemia.

Bogotá, D. C, 14 de junio de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)
Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Se cumplen cinco años de la promulgación de la Encíclica Laudato Sí´. Con esta Encíclica el papa Francisco le puso su impronta a su pontificado. Así como León XIII es recordado por la Encíclica Rerum Novarum  (De las cosas nuevas) de 1891, en la que tempranamente se reivindicaban los derechos laborales de los trabajadores, Juan XXIII por la Encíclica Pacem en terris (Paz en la tierra) de 1963, clamando por la paz mundial y condenando la carrera armamentista y Pablo VI por la Encíclica Populorum progresio (Progreso de los pueblos) en 1967, predicando el desarrollo social como el camino para alcanzar la paz, el Papa Francisco será recordado y valorado por su Encíclica Laudato si´, “sobre el cuidado de la Casa común” revelada el 24 de mayo de 2015.

El Papa francisco se anticipó a la adopción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) el 25 de septiembre de 2015. También se le adelantó a la Cumbre de París, en donde tuvo lugar, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del mismo año, la 21ª Conferencia de las Partes (COP), máximo órgano de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, más conocida como CMNUCC, la cual fue constituida durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992 en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra.

La Encíclica Laudato sí´, la COP21 y los ODS convergen en un mismo objetivo, en un mismo propósito, salvar al Planeta del apocalipsis, que puede llegar a representar la carrera alocada en que viene empeñada una sociedad consumista y desenfrenada, la cual se ha traducido en “un gran deterioro de nuestra Casa común”. Como lo sostiene el Santo Padre, “la hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. No hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene”. Ello, a consecuencia de las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se concentran en la atmósfera, provocando el cambio y la variabilidad climática, con sus consiguientes estragos.

Advierte el Papa Francisco que “hemos fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra”. No hemos podido entender que “cada acción individual no es una acción aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra Casa común” y además que el impacto de nuestra acciones, de nuestra actividad, cualesquiera que ella sea, causa un impacto en el medioambiente y el mismo es acumulativo en el tiempo y en el espacio.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) “todos los indicadores de cambio climático están  mostrando una aceleración en los últimos 5 años” y ello explica que año tras año se ha venido superando el record anterior de la temperatura global. De hecho los años 2015, 2016 y 2017, han sido los más calurosos desde que hay registros (1880), la temperatura media de la superficie del planeta el año pasado fue 1.1 grados superior a la del período 1880 -1900, considerado preindustrial. Y estamos advertidos de que si durante este siglo el mayor calentamiento es del 1.5 o 2 grados (hasta niveles que jamás se experimentaron en los 10.000 años de historia de la civilización humana) el mundo se volverá mucho más peligroso, inhabitable!

De allí el consenso alcanzado en la Cumbre de París, en el sentido que “el mundo debe alcanzar la ´neutralidad´ de las emisiones de GEI en la segunda mitad de este siglo”, a riesgo de cruzar el umbral del no retorno, lo cual sería una fatalidad. Uno de los argumentos de los negacionistas del Cambio climático y no sólo del Cambio climático, sino de la gravedad de la Pandemia del COVID – 19,  encabezados por el inefable Presidente de EEUU Donald Trump y del ogro que Brasil tiene por Presidente Jair Bolsonaro, es el costo su contención para la economía. Pues, según el Premio Nobel de Economía del 2018 Paul Romer, no hay tal. Afirma él que “muchos creen que la protección del medioambiente es tan costosa y difícil de llevar a cabo que prefieren ignorar el problema o incluso negar su existencia”, pero “podemos realmente realizar sustanciales progresos para proteger el medioambiente sin por ello renunciar a garantizar un crecimiento duradero”.

Para ir concluyendo, digamos con Albert Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, como lo sostuvo el Secretario general de la ONU Antonio Guterres, “cada día que no actuamos es un día que estamos más cerca del destino que no queremos”. El mundo oscila entre la certidumbre de la amenaza que se cierne y la incertidumbre atribuible a la falta de consensos en la comunidad internacional y la procrastinación a la hora de actuar. Y, como lo afirma el periodista español Luis Bassets, “la crisis por el coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave provocada por el Cambio climático”.

Cuando el Papa Francisco dio a conocer su Encíclica Laudato sí´, manifestó que con ella quería dirigirse “a cada persona que habita este Planeta”. Escuchemos, entonces, su más reciente mensaje que, además de consolador, es portador de la esperanza de un mundo mejor. Nos dice el Sumo Pontífice en esta Encíclica que “no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan”. Que así sea! 

Cota, junio 13 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Write comment (0 Comments)
Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- La difícil situación que atraviesa el mundo y naturalmente nuestro país por causa de la pandemia del COVID-19, no fue obstáculo para que miles de ciudadanos en Estados Unidos salieran a las calles, indignados por el racismo sistémico y la violencia policial en contra de los negros. El detonante fue el asesinato de George Floyd a manos de Derek Chauvin, y tres oficiales más de la policía de Minnesota. Así se generó una protesta mundial en contra del racismo y en favor de la igualdad, que no se veía desde la década del 60 y el gran movimiento por los derechos civiles que acabó con la infame segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos. “Las vidas negras importan” y “No puedo respirar” han sido los lemas de este movimiento global. En Colombia tuvimos nuestra cruel versión de la violencia racista con los asesinatos de dos jóvenes negros en Puerto Tejada, Cauca: Anderson Arboleda y Janner García. Sus familias señalan a la policía como responsable.

A lo anterior se debe agregar la crisis institucional que vive Colombia. El Congreso de la República perdió varios meses debatiendo si las sesiones virtuales eran legales y no ejerció el control político necesario a la avalancha de decretos expedidos por el gobierno central plagados de micos. Algunos congresistas, incluso señalaron que citar a los ministros a los debates era “hacerles perder el tiempo”. Y ahora, finalizando este período, el legislativo se dedicó a aprobar iniciativas populistas o simbólicas que no responden al bien común sino a un show mediático en aras de figurar en medios de comunicación y generar “likes” en redes sociales.

De otra parte, la justicia cada día más deslegitimada. No hay avances en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que ya cumplen más de 30 años. Tampoco en sonados escándalos como Odebrecht, y para el caso de la “Ñeñe política” se captura a los policías que estaban realizando legalmente su tarea de interceptación de comunicaciones. La Fiscalía ordena la captura del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, cuando otros investigados por delitos de lesa humanidad, como el asesinato de mi padre, apenas reciben de parte de la Fiscalía una medida restrictiva para salir del país. No solo se trata de una desproporción sino de una erosión sistemática en la legitimidad de nuestra justicia.

La “cereza del pastel” es nuestra política exterior, que se convirtió en un “mal chiste” ante la comunidad internacional. En primer lugar, Aida Merlano se fuga a Venezuela y posteriormente se pierden unas lanchas de las Fuerzas Armadas que aparecen en el citado país. Como no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno del Presidente Maduro, no se puede hacer ninguna gestión diplomática. Sin otra opción viable, solo queda resignarnos a que más adelante, sabe Dios en cuanto tiempo, sea derrocado el citado presidente y se puedan restablecer relaciones con un vecino tan importante. Mientras tanto quienes sufren las consecuencias de la “polarización en la diplomacia” son los más vulnerables, y claro el interés nacional también.

Bogotá, D. C, 14 de junio de 2020

*Exsenador de la República.

Write comment (0 Comments)