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La abogada y ecologisa, Zuzana Caputova, se convirtió en la primera jefa de Estado de Eslovaquia al ganar las elecciones presidenciales. Con un 99,84% de los centros electorales escrutados, la “candidata anticorrupción” alcanzó 58,38 % de los votos y su rival, Maros Sefcovic, comisario europeo y respaldado por la actual administración, obtuvo 41,61 %.
Según los analistas políticos, el triunfo es resultado del descontento popular con el actual gobierno, tras el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su pareja, Martina Kusnirova, que en el 2018 iban a publicar un informe sobre las supuestas relaciones entre políticos eslovacos y la mafia italiana, y también sobre fraudes a los fondos agrícolas europeos.
Los programas de Gobierno de la nueva Presidenta electa, quien es liberal, divorciada y madre de dos hijos, incluyen la protección del medioambiente, el apoyo a los ancianos y la lucha contra la impunidad.
Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2019
Redacción Internacional.
Así lo advirtió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, al presentar el primer informe de la Misión de Verificación en Colombia en 2019, donde agrega además que “todavía quedan por delante algunas de las tareas más difíciles para consolidar la paz”.
El informe contiene la evolución del Acuerdo de Paz y su implementación en el período que va del 27 de diciembre de 2018 al 26 de marzo de 2019. Allí se señala que muchos de los primeros logros en materia de paz “son incuestionables”: fin del conflicto, reducción general de los niveles de violencia, celebración de elecciones en paz y la conversión de esa guerrilla en partido político.
“Acojo con beneplácito los esfuerzos realizados por el Gobierno para abordar esas cuestiones. Sin embargo, los problemas persisten. Aunque las entidades del Estado se están esforzando en ampliar su presencia y el alcance de su acción en los territorios afectados por el conflicto, han continuado los asesinatos de líderes sociales y miembros de la Farc. Se necesitan más iniciativas concertadas y dotadas de más recursos entre las instituciones públicas y los agentes regionales y locales en cooperación con la sociedad civil”, afirma Antonio Guterres en el documento.
La ONU advierte que el proceso de reincorporación sigue avanzando aunque el alcance del programa sigue siendo limitado y observa que el Gobierno está trabajando con miras a definir disposiciones para los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que actualmente solo están autorizados hasta el 15 de agosto”. En ese aspecto considera Guterres que es “importante” que las conversaciones sobre el tema con los desmovilizados “culminen en una decisión que pueda comunicarse lo antes posible”.
Promulgar urgente la JEP
Guterres reitera el llamamiento al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la ley estatutaria se promulgue lo antes posible de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz”, y que la JEP “disponga de todos los instrumentos políticos y prácticos necesarios para su eficaz funcionamiento en condiciones de independencia y autonomía”.
La ONU advierte que el modelo de justicia transicional es el “principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y es también la expresión de las garantías jurídicas otorgadas a quienes, de buena fe, han dejado las armas”.
El Secretario General de la ONU es imperativo en señalar que la confianza de las personas que decidieron desmovilizarse podría “verse disminuida” debido a la “creciente inseguridad jurídica” por la incertidumbres que afecta al sistema de justicia transicional.
Para Naciones Unidas, “el mayor desafío” en Colombia es la desconfianza, y cita como “un hecho positivo” la visita del presidente Duque al espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en el Cesar, el 15 de marzo.
El documento de la ONU es preciso en elogiar el modelo de negociación que se implementó en el país para lograr el fin del conflicto.
“Colombia sigue siendo una fuente de inspiración para quienes en todo el mundo siguen atrapados en ciclos de conflictos armados, ya que ha acabado con cinco decenios de confrontación y ha demostrado la resiliencia de su sociedad y sus instituciones”, destaca e documento de la ONU.
Bogotá, D. C, 29 de marzo de 2019
Redacción Ecos Internacional
En medio de la fuerte campaña de desprestigio en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que han emprendido ciertos sectores políticos, la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunció en defensa de este mecanismo de justicia transicional, argumentando que es necesario que la institución mantenga un marco legal definido.
Según la declaración de James Stewart, vicefiscal de la CPI, el tribunal internacional reconoció a la JEP como el mecanismo clave de justicia transicional conforme con el acuerdo de paz.
Al respeto de las preocupaciones del Fiscal Nestor Humberto Martínez, Stewart manifestó que es el deseo de la CPI "que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias." Si la JEP no pueda mantener un marco legal definido, la CPI tendría que "considerar sus implicaciones."
Declaraciones de Stewart:
“La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, se ha referido siempre a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, también conocida como “JEP”, desde la perspectiva de sus propias responsabilidades de evaluar si las autoridades nacionales se están ocupando de los crímenes del Estatuto de Roma, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, de manera genuina.
Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma.
Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz. Notamos asimismo ciertas preocupaciones planteadas recientemente por el Fiscal General de la Nación, por ejemplo respecto a la importancia de llevar a los autores directos a rendir cuentas. En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones."
Bogotá, 26 de marzo de 2019
Fuente: Contagio Radio
La justicia internacional condenó en apelación al exlíder de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, a cadena perpetua, por "la magnitud y crueldad sistemática" de sus crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto de Bosnia (1992-1995), endureciendo así su pena inicial de 40 años de reclusión.
Karadzic, de 73 años, era juzgado en segunda instancia por su responsabilidad en el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica en 1995, la peor cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. También estaba acusado por el desplazamiento de poblaciones con criterios étnicos en varias ciudades del país. Los jueces en La Haya "imponen la sentencia de cadena perpetua" contra Karadzic, afirmó el presidente del tribunal, el juez Vagn Joensen.
El exjefe político de los serbios en Bosnia había sido condenado en primera instancia en 2016 a 40 años de prisión. El veredicto en apelación lo pronunció el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), que tomó el relevo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) tras su cierre en 2017.
Así, rechazó el recurso interpuesto por el acusado y condenó a perpetuidad a Karadzic, que escuchó, impasible, la lectura de su sentencia. "Este es un veredicto histórico para la justicia. Si Karadzic no obtiene lo que se merece, eso supondrá que no hay justicia en este mundo y que es posible cometer crímenes sin arriesgarse a las sanciones", había afirmado antes de la sentencia Munira Subasic, presidenta de la asociación Las Madres de Srebrenica y que perdió a su esposo y a su hijo de 16 años.
Esta decisión de la justicia internacional sobre la suerte de Karadzic, es una de las últimas en el marco del conflictivo desmoronamiento de la antigua Yugoslavia tras la caída del comunismo, en 1991.
La Haya, 20 de marzo de 2019.-
Por Felicia Saturno Hartt.
La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República debe tramitar y definir la objeción a seis artículos que el Presidente de la República, Iván Duque Márquez le hizo al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El alto tribunal se declaró inhibido para asumir “en este momento” el control automático de constitucionalidad de dicho proyecto, como lo había solicitado el Presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón y el Procurador General de la Nación Fernando carrillo Flórez.
Así las cosas, La Corte Constitucional fue certera en aclarar que el Congreso debe primero revisar las objeciones que hizo el presidente y ordenó que cuando esto suceda, se le debe remitir el expediente completo. En ese sentido el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para definir sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.
En esas circunstancias la Corte Constitucional respeta la facultad que tiene el jefe de Estado para objetar por razones de inconveniencia política esta o cualquier otra ley, dejando sin piso las tesis de muchos sectores que sostenían que el Congreso no podía tramitar las objeciones presidenciales porque ya la Corte había realizado un control previo, único y automático al proyecto de Ley Estatutaria, que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 y cuyo fallo se conoció en agosto del 2018.
El Congreso a través de las comisiones accidentales designadas por el Presidente del Senado Ernesto Macías y el Presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, debe iniciar el trámite y presentar un informe final en cada una de las plenarias de esas dos corporaciones para que voten sobre la suerte de las objeciones presidenciales de dicha iniciativa.
Según el reglamento del Congreso, para que las objeciones sean aprobadas o rechazadas tiene que votarse por mayoría calificada, en el caso del Senado serían 55 votos y en la Cámara 85.
Lo cierto es que la Corte debe pronunciarse sin importar que define el Congreso de la República sobre el tema.
"Si como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales el proyecto de ley tuviere modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial, deberá ser sometido a control de constitucionalidad previo, automático y único, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, antes de su sanción y promulgación. No obstante, la competencia de la Corte para realizar dicho control, sólo se activará cuando concluya el término máximo para decidir sobre ellas", dice el auto de la Corte.
Bogotá, D. C, 20 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional
Así lo afirmó la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien señaló que el mandatario venezolano Nicolás Maduro le pidió a su gabinete ministerial poner sus cargos a la orden para una "reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento" de su Gobierno a fin de "blindar" al país ante cualquier "amenaza".
En medio de más dificultades de gobernabilidad por circunstancias que cada día empeoran y cuestionan su mandato, como por ejemplo los seguidos y largos apagones de energía eléctrica, Maduro busca lograr que su popularidad no siga decayendo cada día principalmente dentro de los empleados estatales.
Como es sabido, desde que Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado, Maduro ha incrementado la presión a su gabinete para demostrar “lealtad” a Venezuela y a su gobierno, asegurando que sus ministros y las Fuerzas Armadas no serán traidores.
Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2019
Redacción Ecos Internacional.
El otrora y protector de libertades, el Parlamento Francés, dominado por los miembros del partido del joven presidente Macron, aprobó una ley para prevenir y combatir los disturbios en las manifestaciones con disposiciones particularmente polémicas en el contexto de las protestas de los "chalecos amarillos".
El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes al miércoles con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).
En contra se pronunciaron los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado.
Aunque el Gobierno apoyó la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional, también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones, para "despejar todas las sospechas".
Uno de los puntos más polémicos es que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen "una amenaza de particular gravedad para el orden público", con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa.
Paris, 14 de marzo de 2019.-
Por Felicia Saturno Hartt.
Exnegociadores del Acuedo de paz del Estado colombiano y la exgerrilla de las Farc, así como personalidades de la vida nacional, manifestaron al secretario general de la ONU, Antonio Gutierres, a través de una misiva, su preocupación por las objeciones que el presidente del país, Iván Duque, hizo a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
"Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas", afirmaron en la carta dirigida a Guterres.
Entre el centenar de firmantes están el negociador Humberto de la Calle, el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro, entre muchos otros.
La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anoche que la objeta parcialmente y presentará al Congreso una reforma constitucional para hacerle unos cambios.
Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional
Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de ese alto tribunal de paz, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.
La presidenta de la jurisdicción precisó que si bien existe tranquilidad por la manera cómo seguirá funcionando la justicia transicional, también existe una leve preocupación. “Lo importante es que el Estado colombiano y los distintos poderes públicos cumplan a cabalidad con sus funciones y que preserven la esencia misma de los acuerdos, porque es un acuerdo de Estado”.
La negativa del presidente sobre algunos artículos de la ley, sembró zozobra en muchos sectores del país. Por ejemplo: miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las Farc, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros; víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, para manifestar su preocupación por las objeciones.
Según el general (r) Henry Medina Uribe, el único exoficial que firmó dicha misiva, lo que buscan es que la comunidad internacional vuelque su mirada a la jurisdicción, para que no se cree “inestabilidad en la gobernabilidad de la JEP”, que a su juicio es la interpretación que está dando el presidente de la República. Si bien, aseguró que Duque está en su derecho de objetar, esta acción socava “todo lo que ha pasado en los últimos días, que es muy complejo para la salud de los acuerdos de paz”.
Bogotá, D.C, 11 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional
La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.
El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, dijo que el Legislativo les dará a las objeciones el tratamiento que estipula la Ley Quinta de 1992 respecto a esos casos, es decir, designará una subcomisión accidental para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria, que finalmente define si las acepta.
Macías Tovar anunció que agilizará el trámite de las objeciones a dicha ley, pero fue preciso en señalar que el tema se cruza con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad porque tiene unos términos, pero dijo que de todas maneras se va a definir el tema de la JEP “lo más rápido posible y sin correr”.
Según la norma, las objeciones deben ser publicadas próximamente en la Gaceta del Congreso, antes del análisis de la Comisión que designe el Presidente del Congreso Ernesto Macías Tovar.
Bogotá, D. C, 11 de marzo de 2019
Redacción Ecos Nacional
