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Luego del anuncio del Presidente Iván Duque Márquez de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, la presidente de ese alto tribunal de paz, Patricia Linares, sostuvo a través de un comunicado que recibían con el “respeto debido” la decisión y agregó que “Tenemos la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado a nuestro país, de pleno respecto a la autonomía de los poderes públicos, la cual garantizará el funcionamiento de la JEP”, indicó Linares.

La presidenta de la jurisdicción precisó que si bien existe tranquilidad por la manera cómo seguirá funcionando la justicia transicional, también existe una leve preocupación. “Lo importante es que el Estado colombiano y los distintos poderes públicos cumplan a cabalidad con sus funciones y que preserven la esencia misma de los acuerdos, porque es un acuerdo de Estado”.

La negativa del presidente sobre algunos artículos de la ley, sembró zozobra en muchos sectores del país. Por ejemplo: miembros del equipo negociador del Estado Colombiano y de las Farc, congresistas de diversas formaciones políticas, exministros; víctimas, académicos y líderes de la sociedad civil, enviaron una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, para manifestar su preocupación por las objeciones.

Según el general (r) Henry Medina Uribe, el único exoficial que firmó dicha misiva, lo que buscan es que la comunidad internacional vuelque su mirada a la jurisdicción, para que no se cree “inestabilidad en la gobernabilidad de la JEP”, que a su juicio es la interpretación que está dando el presidente de la República. Si bien, aseguró que Duque está en su derecho de objetar, esta acción socava “todo lo que ha pasado en los últimos días, que es muy complejo para la salud de los acuerdos de paz”.

Bogotá, D.C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, radica las objeciones por inconveniencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que la corporación, después de un exhaustivo análisis, discusión y votación, defina la suerte de dicha iniciativa.

El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, dijo que el Legislativo les dará a las objeciones el tratamiento que estipula la Ley Quinta de 1992 respecto a esos casos, es decir, designará una subcomisión accidental para que estudie las objeciones y esta rendirá un informe a la plenaria, que finalmente define si las acepta.

Macías Tovar anunció que agilizará el trámite de las objeciones a dicha ley, pero fue preciso en señalar que el tema se cruza con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene prioridad porque tiene unos términos, pero dijo que de todas maneras se va a definir el tema de la JEP “lo más rápido posible y sin correr”.

Según la norma, las objeciones deben ser publicadas próximamente en la Gaceta del Congreso, antes del análisis de la Comisión que designe el Presidente del Congreso Ernesto Macías Tovar.

Bogotá, D. C, 11 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional

Con las objeciones del Presidente Duque, la JEP regresa al Congreso. 

La decisión del Presidente, Iván Duque Márquez, al objetar por inconveniencia seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, conlleva a que el Congreso de la República debe definir si acepta las objeciones planteadas por el jefe de Estado. 

Las objeciones serán radicadas una vez se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el 16 de marzo, donde el ejecutivo tendrá una prueba de fuego porque permite establecer si se afianzan sus mayorías u obtener una derrota. 

En caso de que el legislativo las niegue, le corresponderá al jefe de Estado sancionar dicha ley, en caso de negarse, lo hará el Presidente del Congreso. Si son aceptadas las objeciones a los seis artículos, no ingresarán a la legislación colombiana y el resto de la ley será sancionada y promulgada. 

Ya el Partido Liberal, a través del jefe único d ela colectividad César Gaviria Trujillo, en un video a través de las redes sociales, anunció oposición total por parte de la bancada roja. Igual se espera de los demás movimientos de oposición representados en el Congreso. 

Se espera qué posición adoptará Cambio Radical y los congresistas de la bancada de la U sobre el tema. Es sabido que el Centro Democrático, Partido Conservador y el ala gobiernista del partido de la U, confirmarán las objeciones presidenciales.

De otra parte el Presidente Duque anunció una reforma constitucional a consideración del Congreso para hacerle reformas a la JEP. 

La siguiente es la transcripción de la alocución del Presidente Iván Duque Márquez, sobre la ley estatutaria de la JEP: 

"Colombianos, 

El pasado 11 de febrero la Presidencia de la República recibió del Congreso el texto del proyecto de la ley estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para la sanción presidencial. Este proyecto, aprobado por el Congreso de la República y que desarrolla los principios y aspectos procedimentales de la JEP, surtió el control previo de constitucionalidad por parte de la honorable Corte Constitucional. 

La Constitución le otorga un plazo al Presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia. Se trata del principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión. 

Utilicé ese plazo para analizar con cuidado y ponderación este proyecto. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la Justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. 

Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente. 

Quiero compartir con ustedes los fundamentos de mi decisión. En primer lugar, NO estamos ante un choque de trenes. La Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra. 

Segundo, todos los colombianos, con excepción de quienes hoy son incapaces de renunciar a la violencia y dejar sus crímenes, queremos que haya paz en nuestra nación. No existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. 

Los colombianos queremos y necesitamos una Paz que nos una y todos debemos contribuir de manera permanente para lograr ese objetivo.

Una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país. Una paz que nos una para resolver los justificados temores de un gran número de compatriotas frente a la impunidad y también cumplirles a aquellos que genuinamente han escogido la ruta de la legalidad. Aquellos que han cumplido sus compromisos y hoy respetan la ley, no tienen nada que temer con nuestras objeciones. El Gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordemente por la violencia. 

La administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), producto de los Acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insoslayable de asegurar la genuina Verdad, la genuina Justicia, la genuina Reparación y la genuina No Repetición. Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones. 

Para buscar una genuina Reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. 

Frente a una genuina verdad y una genuina No Repetición tenemos que objetar el inciso octavo del artículo 63 y el inciso tercero del literal j del artículo 79 de esta ley. El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz.

Quiero dejar claridad en este tema: la tarea de verificar las personas que participan de un proceso de paz debe seguir siendo competencia del Alto Comisionado para la Paz como representante del Presidente de la República. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. 

El inciso tercero del literal j del artículo 79, por su parte, trata de la suspensión de las actuaciones de la Justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. Esto genera una situación que perjudica los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas. 

Se objeta, también, el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad. 

El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países. 

Objetamos, también, el artículo 153 por inconveniente, porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. Esto produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados. 

Colombianos, quise exponer de manera concisa las razones para nuestra objeción por inconveniencia en cada uno de los seis artículos. Cada una de nuestras observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una. No podemos tenerle miedo a abordar estos cambios de manera constructiva y sin ánimo de polarizar. 

La honorable Corte Constitucional cumplió con su mandato: se pronunció con respecto a la exequibilidad de la ley. El fuero que me corresponde como Presidente es el de la conveniencia para la sociedad y en esa línea presentamos estas seis objeciones. Adicionalmente, quiero informarle a Colombia que existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la Justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados y que, estoy convencido, son necesarios para el país. 

Para ello presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017 que incluya estos tres puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia transicional. NADA, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores. En segundo lugar, esta iniciativa de reforma constitucional debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios. 

Por último, este acto legislativo debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1º de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la Justicia ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición. 

Tan pronto se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso de la República radicaremos este acto legislativo e invitaremos a los congresistas a discutirlo. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. 

Estamos convencidos de la fuerza y la legitimidad que genera la colaboración armónica entre los tres poderes. Juntos, la rama Ejecutiva, el Legislativo y la Corte Constitucional, podremos reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz que asegure a todos los colombianos genuina Verdad, genuina Justicia, genuina Reparación y genuina No Repetición. 

Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Colombia".

Así lo dio a conocer el Servicio Civil de la Función Pública, al señalar que por sus capacidades y competencias clasificaron en los concursos de méritos y carrera administrativa.

Entre las mujeres que lograron alcanzar la lista de elegibles, 10.854 clasificaron en la convocatoria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y  6.784 en los concursos para empresas sociales del Estado, mientras que 5.864 para el Distrito Capital.

Desde la implementación del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad, SIMO, en el 2016 y hasta la fecha, un total de 861.783 mujeres se registraron en ese aplicativo para participar en el proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De las 861.783 mujeres que se registraron, un  total de 728.313 participaron en uno o varios concursos. Se evidencia que el INPEC es la entidad con mayor número de mujeres en su planta de personal de carrera administrativa con 3.137, seguida del ICBF con 3040 y el Sena con 1.588.

Bogotá, 8 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional.

“Nosotros hemos sido amigos de la paz y hemos apoyado ese propósito, que debiera ser de todos los colombianos. Apoyamos el proceso de paz y respaldamos los acuerdos firmados con las Farc. Creemos que para finalizar esta guerra de 50 años es necesario un marco de justicia especial que permita a los actores de esta guerra avanzar en procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta es la razón que da sentido a la justicia transicional”, afirmó el representante a la Cámara del Quindío, Luciano Grisales Londoño.

Para el congresista liberal, la captura del fiscal de la unidad de investigación y acusación de la JEP no debe quitarle peso ni urgencia a la sanción de la ley estatutaria de la JEP. Grisales Londoño dijo confiar en la correcta resolución de este lamentable episodio y que el o los responsables de este hecho de corrupción respondan por sus actuaciones ante la justicia colombiana.

“Este reprochable acto no significa que el mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz deba objetarse. Objetar esta ley es una mala idea y sienta un pésimo precedente en materia de separación de poderes”, señaló Grisales.

El representante quindiano enfatizó que la ley estatutaria de la paz fue aprobada por el Congreso, examinada por la Corte Constitucional, avalada por la Corte Constitucional, y que en las atribuciones especiales de justicia de esta, reposa la posibilidad de sanar heridas abiertas durante tantos años de conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de marzo de 2019

Por Oficina de Prensa Representante Luciano Grisales.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, abrió el Premio Superhéroes del Desarrollo, convocatoria que se inició desde el 4 de marzo y va hasta el 17 de mayo del 2019.

El premio Superhéroes del Desarrollo reconocerá a las agencias ejecutoras de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han abordado exitosamente desafíos en su implementación.

El concurso identificará a ocho finalistas de América Latina y el Caribe que viajarán a la sede del BID en Washington, D.C. a presentar sus soluciones.  

La convocatoria es parte de un esfuerzo para mejorar el desempeño de los proyectos financiados por la organización, a través del aprendizaje sistemático y el intercambio de conocimientos.

En el concurso podrán participar todas las agencias que hayan realizado operaciones (co) financiadas por el BID, mediante préstamos con garantía soberana en ejecución y ya cerrados, cuyo último desembolso no sea anterior al 1 de enero de 2015.  

Los finalistas serán seleccionados según tres criterios: 1) La relevancia del desafío y su impacto; 2) La solución implementada y sus resultados; y 3) Las lecciones aprendidas y cómo fueron compartidas con proyectos que enfrentan retos similares.

Las propuestas serán evaluadas por un panel de expertos externos y del BID. Las agencias interesadas deberán completar un formulario en línea disponible en la página del concurso , junto a las bases para participar.  

Los finalistas viajarán a presentar sus propuestas durante la Semana de Conocimiento del BID en Washington D.C., donde se anunciará el equipo ganador. Además, el BID compartirá las historias en toda la región, para contribuir con conocimiento en la preparación de nuevas operaciones y en los proyectos que se encuentran en ejecución.

Washington, D.C. 6 de marzo de 2019.-

Redacción Ecos Noticias.

El concurso convoca la creatividad de los dibujantes e ilustradores más creativos de América Latina y el Caribe. La convocatoria cierra el 31 de marzo de 2019.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza su tercera edición del Concurso de Caricaturas e Ilustraciones, bajo la temática del Futuro del Trabajo. El concurso está abierto a dibujantes e ilustradores nacionales de todos los países miembros del BID en América Latina y el Caribe y la convocatoria cierra el 31 de marzo de 2019 a las 23:59 horas de Washington, D.C. (EST).

Ante un entorno en el que la tecnología transformará tanto la forma en la que trabajamos como las ocupaciones que hoy conocemos, este concurso de caricaturas e ilustraciones invita a los participantes a usar su creatividad para mostrar a través de caricaturas e ilustraciones cómo imaginan que la tecnología moldeará los trabajos del futuro.

El concurso se enfoca en el futuro del trabajo, tanto para el sector privado, como para el gobierno y la administración pública y amplía su espectro más allá de las caricaturas para incorporar todo tipo de ilustraciones.

En particular, se buscan trabajos gráficos originales que capturen ejemplos de: 1) Los robots y la inteligencia artificial como aliados del ser humano en el lugar de trabajo. 2) El impacto de la automatización de procesos en países desarrollados en la estabilidad laboral de los trabajadores de América Latina y el Caribe (por ejemplo, en el sector automotriz o en los centros de atención al cliente). 3) El cambio en la forma de trabajar y las nuevas relaciones laborales que surgen gracias a la tecnología, tanto en el sector público como en el privado. Un ejemplo es la economía gig o economía de plataformas. 4) El cambio en el trabajo de los gobiernos y la administración pública, aprovechando las tecnologías para brindar mejores servicios a los ciudadanos y para apoyar una mejor toma de decisiones. 5) Cómo los avances tecnológicos pueden mejorar la calidad de los servicios sociales en sectores como educación y salud. 6) Cómo las mujeres podrán aprovechar las oportunidades que generan las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y cómo estos avances tecnológicos pueden reducir la brecha salarial por género y fomentar la conciliación de responsabilidades familiares y laborales. 7) El jurado seleccionado por el BID elegirá un total un total de hasta 10 finalistas entre los que se seleccionará a dos ganadores: uno será seleccionado por el jurado y otro será elegido por el público.

El ganador elegido por el jurado será invitado a participar en un evento del BID en Washington, D.C. o en cualquiera de sus países miembros y recibirá un dispositivo profesional de ilustración.

El ganador elegido por el público a través de una encuesta en Facebook recibirá un dispositivo profesional de ilustración. Si la obra elegida por el jurado y por el público en Facebook es la misma, el premio favorito del público irá a la obra que logre la segunda mayor votación.

Las caricaturas e ilustraciones deberán ser presentadas hasta el 31 de marzo a las 23:59 horas de Washington, D.C. (EST). Para más información sobre las bases y reglas del concurso y cómo participar, visita la página Web del Concurso de Caricaturas e Ilustraciones: El Futuro del Trabajo.

Washington, D.C. 6 de marzo de 2019.-

Por Redacción Ecos Noticia.

“Yo, Claudia López, bogotana, mujer, colombiana, hecha a pulso, por mérito, me comprometo a dar lo mejor de mí para que todos podamos vivir felices en esta pequeña Colombia que es nuestra Bogotá”.

De esa manera a través de un twitter la exsenadora y excandidata presidencial anunció su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, despejando el panorama de los candidatos del Partido Verde , entre ellos al ex congresista Antonio Navarro Wolff quien ha venido trabajando por esa causa.

“En Bogotá nací y me formé como la mujer y profesional que soy”, afirmó Claudia López quien agregó que “Tengo carácter para corregir lo que va mal, humildad para continuar lo que va bien y liderazgo para aportar lo que falta”.

A través de un video Claudia López convocó a un evento que tendrá lugar este miércoles 6 de marzo, a las 9:00 a.m., en el parque Bicentenario de la capital del país.

La candidatura de la ex congresista del Partido Verde, generó reacciones positivas en sectores políticos de la capital de la República, tras considerar que tiene todos los méritos para administrar y dirigir los destinos de la ciudad de todos los colombianos: Bogotá.

Bogotá, D, C, 5 de marzo de 2019

Redacción Ecos Nacional.

La organización Human Rights Watch (HRW) acusa al Gobierno Colombiano de Iván Duque de promover a nueve generales vinculados con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia a comandancias del Ejército.

Entre los generales en cuestión figura el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados están investigados por 23 "falsos positivos" en 2005 cuando ejercía la comandancia segunda de la Décima Brigada Blindada.

Acompañado de su investigación, HRW presenta un documento firmado por Martínez Espinel correspondiente al pago de un millón de pesos colombianos (unos 320 dólares) a un informante por operaciones que resultaron con la muerte de dos civiles -entre ellos una niña- que se hicieron pasar como guerrilleros de las FARC.

En Colombia, se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros en el contexto de la guerra con las FARC y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). La ONU informó en 2011 de que se investigaban al menos 3.000 "falsos positivos" en una práctica "sistemática", aunque estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4.200.

9 generales de Duque vinculados con más de 150 ejecuciones extrajudiciales

El año pasado la Fiscalía presentó 2.248 casos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del Acuerdo de Paz con las FARC.

La denuncia presentada este 27 de febrero por HRW indica que tres de los nueve generales promocionados están siendo investigados directamente, mientras que los otros seis por acciones de sus soldados.

Además de Martínez Espinel, los otros generales son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.

Todos ellos promocionados con Duque a comandancias del Ejército y que juntos se les vincula con más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales.

HRW ha denunciado con insistencia los obstáculos de los gobiernos de Colombia a las investigaciones sobre los "falsos positivos" y que los comandantes responsables se han librado de las condenas que, en su gran mayoría, han recibido los soldados.

Bogotá, D.C. 28 de febrero de 2019.-

Por Redacción Ecos Nacional.