Por Felicia Saturno Hartt. Foto: gsmespain.com.-  El entorno económico y político global, marcado por múltiples incertidumbres, sigue de momento sin impactar la confianza que tienen las empresas españolas en la marcha de los países de América Latina.

El X Informe de Inversión Española en Latinoamérica, realizado por IE Business School, con la colaboración de Air France-KLM y Llorente y Cuenca, pone de relieve que el 76% de las empresas encuestadas tienen previsto aumentar sus inversiones en América Latina, durante 2017, frente al 23% que piensan mantenerlas en sus niveles actuales y el 1% que las reducirlas.

Además, sólo el 49% de las empresas españolas piensa que el entorno económico mundial va a afectar negativamente a la región, mientras que el año pasado ese porcentaje rondaba el 65%.

Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, destaca que «Perú y Colombia, seguidos de Chile, Costa Rica y Panamá, serán los países en los que situación económica será más favorable durante este año, a lo que se añade la notable mejoría en la percepción de la situación en Argentina y, en menor medida de Brasil, donde parece que lo peor podría haber pasado. Por el contrario el deterioro económico de Venezuela vuelve a ser patente, mientras que la mejoría de Cuba observada el año pasado se estanca».

De este modo, los mercados en los que más aumentará la inversión española en 2017 serán Colombia, Chile, Perú, México y Argentina, seguidos a cierta distancia por Brasil, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Por el contrario Venezuela volverá a ser el único destino en el que disminuirán por la descomposición económica y política en la que se encuentra el país.

La pregunta es ¿por qué es tan atractiva la inversión en todos estos países? La respuesta es el auge de las clases medias en toda la región, más que la ubicación geográfica de los distintos países. Por contra, el riesgo de tipo de cambio se erige en la principal amenaza, por delante de la desaceleración económica o la inestabilidad política y jurídica.

En cuanto a los sectores hay mucho interés en proyectos relacionados con las energías renovables y los de lucha contra el cambio climático.

Sorprende que entre los resultados del mencionado estudio aparezca que en África, Asia, Estados Unidos y Canadá disminuye el número de empresas que piensan que les irá mejor en el medio plazo, al contrario que en la Unión Europea, en concordancia con la lenta pero constante recuperación que viene experimentando la economía comunitaria.

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Por Redacción Ecos. Foto: El Semanario Sin Límites.-  Pese a los niveles récord de Wall Street y el aparente idilio que las Bolsas viven con Donald Trump, la nueva forma de hacer política de su Administración empieza a causar gran inquietud entre muchos agentes del mercado, entre ellos las agencias de rating.

Fitch no se ha andado por las ramas y en un nota publicada ha advertido de que el Gobierno de Trump representa "un riesgo para las condiciones de la economía internacional y los fundamentos del crédito soberano global".

Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación crediticia de doble sede en Nueva York y Londres. Fue una de las tres NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations), designado por la Securities and Exchange Commission de EE.UU. en 1975, junto con Moody"s y Standard & Poor"s, de amplia reputación en su área.

Según la agencia de calificación crediticia, con la llegada de Trump al poder las políticas de EEUU se han hecho menos previsibles, ya que tanto el presidente como su equipo de Gobierno han dejado a un lado los canales habituales de comunicación internacionales y las normas usuales de relación con terceros países, aumentando las expectativas de "cambios repentinos e imprevistos en las políticas estadounidenses" con posible repercusión en el ámbito mundial.

Entre los principales riesgos para los ratings soberanos, Fitch menciona giros "perjudiciales" en las relaciones comerciales mantenidas hasta ahora, la reducción de los flujos internacionales de capital, las consecuencias sobre las remesas de los vetos migratorios y el enfrentamiento político entre Trump y otros dirigentes, contribuyendo así a provocar volatilidad en los mercados financieros.

La firma de rating advierte de que la materialización de estos riesgos daría lugar a un escenario negativo para el crecimiento económico y metería presión a las cuentas públicas de algunos países, lo que podría tener implicaciones desfavorables sobre la calificación de su deuda.

Las amenazas no acaban ahí: Fitch alerta también de un incremento de los costes de la financiación externa, que además podría hacerse menos accesible.

La agencia reconoce que algunas medidas previstas en la agenda de Trump podrían tener un efecto positivo para el crecimiento, como un aumento de la inversión en infraestructuras en Estados Unidos, o la posible bajada de impuestos y de cargas fiscales.

Asimismo, no descarta que tras la "rafaga" de medidas "perturbadoras" adoptada por la nueva Administración en sus primeras semanas de Gobierno, la política de Trump podría tender a normalizarse y entrar en una dinámica más estable en el ámbito del comercio y los negocios.

Sin embargo, la visión de Fitch no es precisamente optimista. La agencia cree que la balanza de riesgos se inclina hacia un escenario global "menos benigno". A este respecto, recuerda que el Gobierno de Trump ya ha roto el acuerdo comercial con el Pacífico, ha confirmado que renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha amenazado con sanciones a las multinacionales estadounidenses que invierten en el extranjero y ha arremetido contra Alemania acusándola de manipular el euro en detrimento de EEUU.

Precisamente, el Presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, ha mostrado su preocupación "por el rechazo de los mercados abiertos y los tonos proteccionistas" de la Administración Trump.

"El intercambio y la competencia internacional fomentan la difusión de nuevas ideas productivas y productos nuevos mejores. De este modo aumentan la productividad y permiten ofrecer bienes más baratos y pagar a los empleados más productivos salarios más elevados", ha dicho Weidmann en un acto en Hamburgo.

La actitud de Trump podría cambiar en el futuro, pero, como señala Fitch, el tono agresivo del presidente americano y de los miembros de su gabinete no hace presagiar, precisamente, un camino de rosas en los procesos negociadores que se avecinan, "ni sugiere que haya demasiado margen para el compromiso", concluye la agencia de rating.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Benedikt von Loebell/WEF.-  La 47ª edición del Foro Económico Mundial (WEF) a lo largo de 400 sesiones, celebradas en Suiza se debatió los temas más relevantes para el mundo desarrollado y emergente. Por las consecutivas críticas a la efectividad del evento, este 2017 se planteó la consecución de acuerdos concretos.

En 2017, el mundo se reconfigura y requiere estrategias novedosas, contextuales y globales, ante situaciones tan complejas como la asunción al poder en los EE.UU. del controvertido Donald Trump, la implementación del Brexit y el poderío de China con su impresionante poderío industrial y comercial,  en tiempos donde los múltiples gobiernos apuestan por el proteccionismo.

Cuatro desafíos fundamentales marcaron la Agenda de Davos en el 2017: 1) Fortalecer la colaboración mundial, 2) Revitalizar el crecimiento, 3) Reformar el capitalismo y 4) Preparar al mundo para la Cuarta Revolución Industrial.

Por ello, alrededor de 3 000 líderes económicos, políticos, sociales, científicos y religiosos intercambiaron ideas y se esforzaron, esta vez, por dejar claro que las promesas irán acompañadas de hechos.

En esta ocasión, los participantes hicieron énfasis en los acuerdos logrados durante la cita en la estación alpina del cantón de los Grisones. En este sentido, estos son los acuerdos más importantes de Davos 2017:

1) Se acordó la creación de un nuevo fondo, respaldado por el gobierno de Noruega, por 400 millones de dólares, para proteger 5 millones de hectáreas de tierra de la desforestación en diversos países. Se prevé que esta iniciativa se traduzca, posteriormente, en nuevas inversiones agrícolas, que generen empleos y crecimiento económico.

2) Se formalizó la Coalición para la Preparación de Innovaciones Epidémicas (CEPI en inglés), que tiene como meta reaccionar con agilidad ante posibles epidemias globales, a través de la creación de vacunas que, gracias a su gestión, serían distribuidas de una forma expedita.

3) Fue lanzado, asimismo, el proyecto ‘Nueva visión para el empleo árabe’, que opera activamente desde 2013, y ahora propone contribuir a la formación de un millón de futuros trabajadores (cuadruplicando el impacto que tuvo en los tres años previos).

4) El Foro realizó una alianza con el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California, para proteger la flora y fauna marina, en diversos océanos del mundo.

5) Se estableció una coalición público-privada para construir una cadena de abastecimiento de baterías, responsable, inclusiva y sostenible. El mercado de las baterías de litio valdrá 70 000 millones de dólares en 2024, pero la producción de estos bienes aún involucra trabajo infantil y  el esfuerzo de adultos, que laboran fuera de las condiciones de seguridad deseables, afectando además al medioambiente, por el tipo de materiales que se utilizan.

6) Un total de 40 gobiernos y empresas pusieron en marcha un programa global para acrecentar del 14% al 70% la proporción de empaques plásticos reciclados en el mundo.

7) Water.org, fundada por Matt Damon, anunció una asociación con la empresa productora de cerveza Stella Artois, para proveer agua potable a 3,5 millones de personas.

8) La empresa social GoodWeave International anunció un nuevo programa llamado ‘Sourcing Freedom’ que busca frenar cualquier forma de abuso o prácticas de esclavismo en las actuales cadenas de producción del mundo, ya que 21 millones de personas son forzadas, hoy en día,  a trabajar bajo condiciones precarias y en un marco de ilegalidad.

9) 100 empresarios firmaron un acuerdo de Liderazgo Responsable, que buscará mejoras en las condiciones generales de vida, desempeño y formación de los empleados de las compañías que dirigen.

Queda a los analistas y comunicadores hacer seguimiento de estas propuestas, ya que el futuro de las comunidades y de los más vulnerables está comprometida por los cambios de la escena política.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- La brecha entre poderosos y pobres nunca ha sido tan grande como en la actualidad. La creciente desigualdad social podría llevar a una mayor inestabilidad política, advierte un informe de Oxfam publicado en el contexto del Foro Económico Mundial.

"La creciente desigualdad amenaza con dividir nuestras sociedades. Hace aumentar la criminalidad y la inseguridad, al tiempo que mina la lucha para poner fin a la pobreza. Deja a más gente viviendo con miedo y menos con esperanza", señaló esta entidad, que reúne a numerosas organizaciones no gubernamentales y que tiene su sede en Gran Bretaña.

El Reporte titulado "Una economía para el 99 %" ha sido difundido de cara al Foro Económico Mundial, escenario que volverá a reunir a la elite política y empresarial en Davos, Suiza e identifica a las grandes corporaciones y los sectores más acaudalados como los vehiculizadores de esa desigualdad.

En el año 2015, el 1% más rico tenía más acceso a la salud que el resto del planeta y actualmente ocho personas, concretamente ocho hombres, tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo.

Los ocho hombres más acaudalados del planeta son: Bill Gates, de Microsoft; Amancio Ortega, de Inditex; Warren Buffett, mayor accionista de Berkshire Hathaway; Carlos Slim, propietario del Grupo Carso; Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Larry Ellison, de Oracle; y Michael Bloomberg, de la agencia de información económica y financiera Bloomberg.

La Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, señaló en un comunicado que, "cuando una de cada diez personas en el mundo sobrevive con menos de 2 dólares al día, la inmensa riqueza que acumulan tan sólo unos pocos resulta obscena".

Byanyima añadió que muchos salarios "se estancan mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan, se recorta la inversión en servicios básicos como la sanidad o la educación, mientras grandes corporaciones y grandes fortunas logran reducir al mínimo su contribución fiscal".

Si bien se ha registrado crecimiento económico, éste ha sido extremadamente desigual. Siete de cada diez personas vive en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial aumentaron en menos de 3 dólares por año, entre 1988 y 2011, mientras que los ingresos del 10% más rico se multiplicaron 182 veces en ese período, a un ritmo de 11.800 dólares al año.

En este contexto, las mujeres sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Según Oxfam, al ritmo actual, llevará 170 años alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

¿Qué hacer? Propuestas concretas de cara a la inestabilidad social

Oxfam propone que los gobiernos incrementen los impuestos, tanto a las grandes fortunas como a las rentas más altas; que los estados y los empresarios trabajen juntos para garantizar que los trabajadores reciban un salario digno y se ponga freno a la elusión, la evasión y a las artimañas fiscales para reducir al mínimo el impuesto de sociedades.

Asimismo, esta entidad solidaria recomienda que los gobiernos apoyen a las empresas que operan en beneficio de sus trabajadores y de la sociedad, no solo por los intereses de los accionistas y que aseguren, de esta forma, que las economías sirvan de manera equitativa a mujeres y hombres.

"Necesitamos construir juntos un nuevo consenso para diseñar un modelo económico que beneficie a todas las personas, y no sólo a una élite selecta", concluye Oxfam.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Davos Forum.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra"ad Al Hussein, exhortó a los líderes empresariales que participarán en el Foro Económico Mundial de Davos,  que utilicen su influencia para defender esas garantías fundamentales en sus países.

"Las leyes y principios de la Declaración Universal de los DD.HH. están cada vez más en peligro y los líderes empresariales tienen un papel clave para insistir en el respeto de los DD.HH. en los Estados donde operan", declaró Zeid.

El Alto Comisionado además indicó que las garantías fundamentales son esenciales para la estabilidad a largo plazo de las empresas, y que éstas deben adoptar una postura en la que no toleren los vínculos con abusos de DD.HH.  en ninguna parte de sus operaciones y cadenas de suministro.

Asimismo, el alto funcionario consideró que las compañías deben disponer de sistemas para asegurar que tales atropellos sean prevenidos y abordados con prontitud.

Zeid también elogió las medidas adoptadas por algunas compañías en contra de los medios de comunicación que promuevan discursos de odio y contenido xenófobo y pidió a los participantes en Davos que demuestren un liderazgo similar y se unan a la lucha por los valores globales que están actualmente amenazados.

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se realiza cada año en la ciudad suiza de Davos, tendrá lugar del 17 al 20 de enero, con la realización de 400 encuentros y reuniones con la participación de líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y personalidades mundiales.

La reunión se centrará en cuatro desafíos clave del Liderazgo para 2017: 1) Fortalecer la colaboración mundial, 2) Revitalizar el crecimiento económico, 3) Reformar el capitalismo y 4) Prepararse para la Cuarta Revolución Industrial, un gran salto impulsado por la era digital, que está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. El programa se centra en la inclusión social y el desarrollo.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: WorldBank.- Como lo hemos planteado en diversas oportunidades el proceso de democratización de la sociedad ha tenido en el desarrollo tecnológico un impulso decisivo.

De hecho, las FinTech o Tecnofinanzas, no sólo han contribuido al desarrollo de mejores sistemas financieros, sino lo han hecho más inclusivos. Las posibilidades y el impacto son muy amplios, como lo es el potencial de mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo.

Las finanzas, expresa Joaquim Levy, experto en Finanzas del Banco Mundial, “comienzan a funcionar de modo diferente; hay nuevas maneras de recopilar, procesar y usar la información, que es la moneda principal del sector financiero. Un conjunto totalmente nuevo de actores empieza a operar en este sector. Por consiguiente, todas las áreas financieras —incluidos los sistemas de pago y la infraestructura, el crédito para los consumidores y las pymes, y los seguros— están cambiando”.

Lo que hace posible que una familia de bajos ingresos, que no han tenido los recursos para poder pagarlos o tener alcance a ellos,  pueda acceder a la Banca Electrónica, ya que el costo de operaciones es menor para la entidad financiera y las cuentas electrónicas pueden ser capital semilla para los emprendedores.

Los 2000 millones de adultos que se estiman excluidos del mundo financiero podrían plantear su inclusión y generar, incluso, nuevos modelos financieros. Banco Mundial aspira que, en el 2020, todos los adultos tengan al menos una cuenta para transacciones.

Esto no es imposible. Si se considera que el 40% de la población mundial ya tiene acceso a internet y más del 20% de los miembros de los hogares pobres tienen un teléfono móvil, la posibilidad de inducirles a participar en las Tecnofinanzas es real.

Levy afirma que “cuando las personas tienen acceso a servicios financieros pueden superar las crisis en materia de ingresos. Pueden invertir en capacitación, la salud de sus familias y nuevas fuentes de ingresos. Con un financiamiento adecuado, pueden crear un futuro mejor y proteger sus condiciones de vida”.

Ejemplos reales del impacto de las Tecnofinanzas en la inclusión social de países emergentes y en desarrollo son los siguientes:

1)    En Tanzania, se ha duplicado con creces el porcentaje de adultos con cuentas para transacciones, del 17,3 % en 2011 al 39,8 % en 2014, principalmente a través de servicios de dinero electrónico.

2)    La mayor atención de India en las identificaciones digitales ha sido fundamental para crear 200 millones de nuevas cuentas bancarias.

3)    En Brasil, el uso de tarjetas de pago electrónico ha reducido los costos de las transferencias sociales en el programa de transferencias monetarias condicionadas, Bolsa Familia, a menos del 3 % del total de los pagos.

4)    Alifinance, una subsidiaria de la empresa china de comercio electrónico Alibaba, brinda servicios a decenas de millones de clientes, asignando puntuaciones de crédito y tomando decisiones sobre microcréditos para los vendedores casi al instante sobre la base de la huella digital de los postulantes.

5)    En Venezuela, la Banca Comunitaria Banesco es líder, pionera y amiga de microempresarios en Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Vargas, Yaracuy y Zulia. Ha atendido Más de 437.224 clientes, 32.393 MM en microcréditos, ha beneficiado a 294.990 microempresarios, a 2.186.120 personas indirectamente y ha graduado 38.000 en su programa de microempresarios. Sus servicios están dirigidos a personas y pymes.

Las Tecnofinanzas inclusivas dependen, también, de los mecanismos de información, educación y protección de los usuarios. Los riesgos del uso digital son evidentes, pero pueden ser manejados.

Gestionar los riesgos es un reto para los gobiernos y las entidades financieras. Todos los riesgos personales (sobreendeudamiento, escaso uso de los instrumentos, pérdidas frecuentes), el lavado de dinero ilegal y el manejo de cuentas por parte de testaferros y traficantes se  regula enrolando a los usuarios en un proceso financiero, que proporcione información gradual y promueva el conocimiento de la legislación y las consecuencias del uso inadecuado.

Pero, el impacto de las Tecnofinanzas es superior a sus riesgos, porque no sólo dan una herramienta de gestión de la productividad individual y colectiva, sino interconecta a las comunidades y personas con organizaciones e instituciones, que pueden proporcionar estímulo para el desarrollo. 

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 Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Schweiz am Sonntag.-  Roberto Balzaetti, el nuevo Director de Derecho Internacional Público del Ministerio de Exteriores de Suiza ha comunicado una excelente noticia a los países que han sufrido el desfalco y el uso doloso de sus fondos y recursos monetarios, por parte de tiranos y gobernantes corruptos y han visto esfumarse los recursos que debieron haberse invertido en el desarrollo y futuro de sus habitantes.

 

El funcionario del gobierno helvético informó a los medios internacionales, que una novísima legislación orientada a embargar y repatriar los activos ilícitos depositados por dictadores y gobernantes corruptos en la Banca Suiza, sincronizada a mejores y rigurosos procesos de rastreo de estos capitales, ha hecho posible recuperar el patrimonio económico de varias naciones y devolver los fondos ilegalmente manejados.

 

Suiza puso en vigor en julio pasado una nueva ley que busca embargar y repatriar con mayor facilidad los fondos recibidos por la Banca Suiza que pertenecieron a dictadores extranjeros que se enriquecieron de forma ilícita. Con ello, Suiza y su plaza financiera buscan sacudirse la imagen de opacidad que les dio el secreto bancario que, en más de una ocasión, cobijó abusos.

 

Durante los últimos 30 años, Suiza ha devuelto alrededor de 2 000 millones de francos suizos, depositados en la Banca Suiza por “personas políticamente expuestas” (PEPs). “Es mucho más de lo que cualquiera otra plaza financiera haya devuelto en el mundo”, afirmó Balzaetti.

 

Desde el caso Marcos (Filipinas) reportado en 1986, la lista de fondos ilegales de potentados que el Gobierno Suizo embargó y devolvió a las naciones afectadas incluye expedientes como: Montesinos (Perú), Mobutu (antiguamente Zaire), Dos Santos (Angola), Abacha (Nigeria), Kazajistán, Salinas (México), Duvalier (Haití), Ben Ali (Túnez) y Mubarak (Egipto).

 

Pero aún hay otros casos en curso. En diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo Federal confirmó el bloqueo de 4,5 millones de francos suizos depositados en un banco de Ginebra por el exdictador haitiano Jean-Claude Baby Doc Duvalier.

 

"Tenemos una idea de lo que Haití quiere hacer con este dinero, pero aún no se materializa la devolución de fondos. Y no es porque no lo deseemos, sino porque el proceso ha sido difícil debido a la situación política haitiana”, explicó Balzaretti.

 

"Además, se han sucedido eventos diversos como desastres naturales, que se sumaron al efecto de inestabilidad generado por los procesos electorales y la llegada de un nuevo gobierno o mandatario. Es complejo. Pero la meta del Gobierno suizo es concluir lo antes posible el acuerdo necesario para la transferencia de los fondos. Pero aún falta detallar el marco legal que se utilizará”, señaló el alto funcionario suizo.

 

La restitución a Nigeria del equivalente a 321 millones de francos suizos desviados por la familia del ex Dictador Sani Abaha a bancos suizos también es un proceso en curso. En este caso, hay avances importantes porque Suiza y Nigeria firmaron ya una carta de intención para la restitución justa y expedita de estos fondos.

 

"Es una situación parecida a la de Haití, pero el caso nigeriano va más avanzado. Con Nigeria ya tenemos un acuerdo puntual -la carta de intención precisa las posibles modalidades de restitución-, pero ahora debe pactarse el destino que dará Nigeria a los fondos y cómo se reportará el ejercicio de esos fondos”, dijo el director suizo.

 

Por otra parte, el Gobierno suizo también bloqueó fondos de potentados de otros países. Concretamente, de Egipto (570 millones de dólares), de Túnez (60 millones) y de Ucrania (70 millones).

 

Balzaretti detalló que por ahora es un hecho que los fondos tunecinos estarán congelados hasta enero 2017. Los egipcios y ucranianos, por su parte, lo estarán hasta el mes de febrero. Por ello, Suiza deberá decidir a principios del 2017 si mantiene congelados más tiempo estos fondos, lo cual es previsible, para dar tiempo a que avancen los procesos de restitución.

 

El alto funcionario añadió que Suiza también tiene algunos fondos de Kazajstán y una parte más de Angola que podrían ser devueltos en el mediano plazo

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Para Balzaretti, Suiza está dando vuelta a una página importante en el tema de las restituciones: "Los casos de los que se habló recurrentemente durante los últimos años están llegando a su fin. Además, se han realizado reformas legales (en materia de lavado de dinero y se crearon nuevas reglas), y existe una gran voluntad política para que la banca suiza sea más limpia y transparente”, declaró.

 

Resultado de este nuevo marco legal, las autoridades suizas ahora pueden embargar y devolver los fondos que fueron saqueados por líderes extranjeros también en casos que no pueden ser resueltos, a través de solicitudes de asistencia judicial mutua.

 

"La ley ha invertido la llamada carga de la prueba, es decir, ahora obliga al titular de la cuenta a demostrar que el dinero fue ganado de forma lícita y legal (en vez de dejar en manos de la justicia la tarea de probar que los fondos han sido obtenidos de forma ilegal). Y prevé también criterios más flexibles para congelar activos. Asimismo, permite brindar apoyo técnico, a través del envío de expertos legales o financieros, a otros países", refirió Balzaretti.

 

Por lo tanto, consideró Balzaretti, es una nueva ley que fue diseñada para ayudar realmente y que permitirá mejorar la imagen de Suiza, que ya no debe ser percibida internacionalmente como un lugar en donde puede esconderse impunemente el dinero de origen irregular.

 

Para resumir los avances, Balzaretti afirmó que Suiza ha ofrecido "resultados impresionantes" en materia de restitución de activos desde que cuenta con este nuevo arsenal legal, pero admitió que la duración de los procesos -que pueden llegar hasta 30 años- es aún un problema por resolver.

 

El Director de Derecho Internacional Público de la Cancillería Suiza dejó claro, aemás, que Suiza debe respetar los derechos de todas las partes involucradas en conflictos de este tipo, como lo exige el derecho internacional.  Siempre es posible que los PEP"s afectados por un embargo de activos interpongan apelaciones ante tribunales, y estos son procedimientos que pueden durar varios años en resolverse.

 

"Algunos países creen que una vez que bloqueamos el dinero este puede ser devuelto a la mañana siguiente (al país afectado), pero no es así. Pese a ello, y aunque estos procesos sigan tomando tiempo, estamos convencidos de que el nuevo marco legal es una herramienta útil para seguir agilizando y haciendo cada vez más eficiente el proceso de restitución de activos” afirmó.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OMPI.- China continúa liderando la Innovación, por segundo año consecutivo. Así lo informó Francis Gurry, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), foro mundial especializado en servicios, políticas, información y cooperación en materia de propiedad intelectual, con sede en Ginebra.

Los innovadores de China impulsaron un nuevo record en 2015, ya que solicitaron el mayor número de solicitudes de patente, presentadas en todo el mundo, con un millón de solicitudes en un solo año.

La demanda mundial de patentes ha aumentado significativamente y, por ende, el aumento de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) que sustentan la actividad económica global.

En total, los innovadores de todo el mundo presentaron cerca de 2,9 millones de solicitudes de patente en 2015, lo que representa un 7,8% de aumento respecto de 2014 y el sexto año consecutivo de aumento en la demanda de protección por patente, según se informa en el  Informe Anual de la OMPI ”Indicadores mundiales de propiedad intelectual”. 

Las solicitudes de registro de marcas aumentaron en un 15,3%, situándose en cerca de 6 millones en 2015, mientras que las solicitudes de registro de diseños industriales aumentaron en un 2,3%, cifrándose en 872.800.

Aun cuando los innovadores chinos fueron los que presentaron el mayor número de solicitudes de patente (1.010.406) en 2015, seguidos por los de los EE.UU. (526.296) y el Japón (454.285), sus solicitudes están relativamente centradas en el mercado interno. 

 “Al tiempo que los encargados de la formulación de políticas aspiran a dinamizar el crecimiento en todo el mundo, es alentador poder informar de la saludable progresión en la presentación de solicitudes de títulos de P.I. en 2015” expresó Gurry, añadiendo que: “aun cuando China sigue encabezando el crecimiento mundial, el uso de la P.I. aumentó en la mayoría de los países en 2015, señal de la creciente importancia que se le atribuye en una economía del conocimiento mundializada”.

La oficina de patentes de China recibió 1.101.864 solicitudes en 2015, con lo que pasó a ser la primera oficina que recibe más de un millón de solicitudes en un solo año, quedando incluidas en esa cifra tanto las solicitudes presentadas por residentes en China, como las de innovadores de otros países que desean obtener protección por patente en ese país asiático. 

Esa cifra equivale prácticamente a la cifra de solicitudes de las siguientes tres oficinas de la lista juntas: EE.UU. (589.410), Japón (318.721) y Corea (213.694).

Aunque los innovadores de China presentaran un número relativamente menor de solicitudes en el extranjero (42.154), esa cifra ha ido aumentando constantemente en los últimos 20 años y ahora equivale casi al total correspondiente a Francia (46.581).

El sector de la tecnología informática (7,9% del total) fue objeto del mayor porcentaje de solicitudes de patente publicadas en todo el mundo, seguido por los de las máquinas electrónicas (7,3%) y de las comunicaciones digitales (4,9%).

En 2015 se concedieron aproximadamente 1,24 millones de patentes, lo que representa un aumento del 5,2% respecto de 2014 y el índice de crecimiento más rápido desde 2012.  Eso se debió principalmente a un aumento de las patentes concedidas en China, que expidió 359.316 patentes en 2015, adelantando así a los EE.UU. (298.407) como mayor oficina en número de patentes expedidas.

Se estima que en 2015 había unas 10,6 millones de patentes en vigor en todo el mundo.  Aproximadamente una cuarta parte de esas patentes estaban en los EE.UU. (24,9% del total), un 18,3% en el Japón, y el 13,9% en China.

En cuanto a las Marcas, En 2015 se presentaron cerca de 6 millones de solicitudes de registro de marcas, que abarcaron  8,4 millones de clases 1. 

Con China en cabeza de lista de países, las solicitudes aumentaron en un 15,3%, lo que representa el mayor aumento desde el año 2000.  Cerca del 78% de las actividades de presentación de solicitudes de registro de marcas en el mundo corresponde a solicitantes que presentaron solicitudes de protección en su propio país.

China, con un cómputo de 2,83 millones de clases especificadas en las solicitudes de registro de marca fue el país en el que se produjo la mayor actividad de presentación de solicitudes de registro de marcas en 2015,  seguido por EE.UU. (517.297), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, 366.383), Japón (345.070) y la India (289.843).  Entre las 20 oficinas principales, las del Japón (+43%), Italia (+32,6%), China (+27,4%), India (+21,9%) y la República de Corea (+13,9%) experimentaron un crecimiento de más del 10% en 2015.

En 2015 se produjeron aproximadamente 4,4 millones de registros de marcas en todo el mundo correspondientes a 6,2 millones de clases.  Eso representa un aumento del 26,6% respecto de 2014 y el crecimiento más rápido en más de 15 años.

En 2015, las solicitudes de registro de diseños industriales presentadas en todo el mundo aumentaron en un 2,3%, recuperándose así del marcado descenso acusado en 2014, año en el que se registró un gran descenso de las solicitudes presentadas en China. 

Los diseñadores de todo el mundo presentaron 872.800 solicitudes que contenían 1,1 millones de diseños. El crecimiento se debió principalmente a un aumento de las solicitudes presentadas en China, la República de Corea y los EE.UU.  

Los diseños de muebles fueron objeto del 9,4% del total de solicitudes presentadas, seguidos por los diseños relativos a la ropa (8,3%) y los de embalajes y recipientes (7%).

El número total de diseños industriales registrados, en todo el mundo, aumentó en un 21,3% en 2015.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Empire.- En términos metodológicos, la investigación social no se detiene. Afortunadamente, en los últimos 20 años, las perspectivas de análisis de la situación social, en sus diferentes dimensiones (económicas, políticas, culturales, demográficas, etc), han proporcionado la posibilidad de tomar mejores y más cercanas decisiones políticas.

Uno de esos enfoques metodológicos, de gran utilidad y perspectiva, es el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), elaborado por el Banco Mundial, para medir cómo circunstancias, familiares y comunitarias, fuera del control de las poblaciones más vulnerables del tejido social, como niños y jóvenes, (lugar de nacimiento, género, educación de los padres y composición familiar) afectan su acceso a bienes y servicios básicos, como educación, agua potable, electricidad y saneamiento en América Latina y el Caribe y otros países en desarrollo.

Asimismo, el OIH mide un valor vinculado a la democracia como sistema de gobierno, qué tan equitativamente se proveen los servicios básicos en un país. Este es un indicador poderosísimo de gestión gubernamental, porque no se enfoca en las consecuencias evidentes de la no inversión social, sino en las situaciones antecedentes.

La universalidad de acceso y la prestación de servicios de calidad hacen posible no sólo la productividad y el crecimiento económico, sino el desarrollo de los habitantes de un país.

América Latina y el Caribe, en especial, reportan significativos avances en el acceso a las oportunidades básicas, señala Banco Mundial y otras entidades, sobre todo en materia de matrícula escolar y servicio eléctrico, pero la región está rezagada en accesos a los servicios de agua potable, saneamiento ambiental adecuado y conectividad, aspectos éstos que afectan definitivamente, la salud pública, la nutrición y la posibilidad de penetración de los sistemas formales e informales de formación y educación.

Esta desigualdad de accesos debilita la productividad de la región y limita el desarrollo de los niños y adolescentes al desarrollo, porque esos desbalances impactan sus grupos familiares y los mantienen en la sobrevivencia.

En términos de distribución, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental y a la conectividad, exponen el poco interés gubernamental y las decisiones políticas no asumidas como deberes universales. De aquí, que no sólo son desiguales las oportunidades y los accesos, sino entre los países desiguales, existe la brecha entre lo urbano y lo rural, entre las capitales y los municipios.

El enfoque del IOH abre un abanico de oportunidades para los gobiernos, porque las características del hogar, del ingreso, del entorno y de los factores gubernamentales de acceso hace posible visualizar qué causas apartan a los pobladores, sobre todo a los más vulnerables, a alejarse del desarrollo.

Inversiones precisas en los accesos y las oportunidades por parte de los gobiernos, en sus diferentes dimensiones de distribución del poder público, haría posible que las desigualdades se nivelaran, ya que el saneamiento ambiental genera salud y la conectividad un servicio educativo multinivel que puede llegar a las poblaciones más lejanas.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.- Para los países exportadores de petróleo ha sido todo un desafío afrontar la crisis de los precios. A pesar de los esfuerzos de gerenciar los precios, la bonanza vivida al principio del nuevo siglo será un buen recuerdo para los gobiernos y un mal recordatorio de lo que no se  invirtió y ejecutó con esos extraordinarios excedentes.

Las debidas inversiones hubieran creado oportunidades y alternativas económicas para afrontar no sólo la caída brutal de los precios, sino el desarrollo de nuevas fuentes de energía e invenciones que harán posible no sólo revolucionar el mundo de la locomoción, la industria y otros, sino proteger el medio ambiente, ante la terrible realidad del Cambio Climático.

Pero estos cambios no son sólo de política energética. Son cambios basados en la diversificación, la privatización y la inversión, en el contexto de un programa de reforma integral, porque el impacto de la caída de los ingresos, en este tipo de economía, con sus distorsiones amenazantes, tocó todos los órdenes de la vida de estas naciones.

De hecho, en el Foro de Davos de enero 2016, se había planteado no sólo las reformas, sino el planteamientos de administraciones gubernamentales más pequeñas y efectivas y la promoción de un sector privado más destacado.

De las naciones petroleras, quien se ha tomado más en serio el cambio de escenario es Arabia Saudita. La reforma económica del reino para acabar con la dependencia del petróleo, entre otros objetivos, podría implicar no solo un enfoque tecnocrático, sino también la necesidad de abordar cambios políticos.

El nuevo plan, Saudi Vision 2030, que va a ser implementado por el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y el más detallado Plan de Transformación Nacional que lo acompaña  (publicado en junio), comprenden ambiciosos objetivos nos solo económicos, sino también en términos de gobernanza, con una aparente apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, bajo un enfoque tecnocrático de gestión de proyectos.

Lo que no está tan claro es por qué esta vez funcionará cuando anteriores planes de desarrollo y esfuerzos por diversificar habían fracasado.

Económicamente, se pretende hacer del sector privado el motor de crecimiento y así reducir la dependencia en el gasto estatal. Para ello se propone un programa neoliberal de privatización de varios sectores económicos con el objetivo de incrementar los ingresos no procedentes del crudo.

El plan incluye objetivos específicos como incrementar el sector privado del 45% a 60% del PIB, conseguir que las exportaciones no petrolíferas representen un 50% del PIB en 2030 y que la producción del gasto militar sea más del 50% local en 2030.

Además se procederá a la venta del 5% de Aramco (la empresa estatal de petróleo y gas) en 2018 y la recaudación será destinada al Fondo de Inversión Privado con la idea de transformarlo en un fondo de inversión soberano que se estima tendrá un valor de 2 billones de dólares. 

El imperativo es diversificar y reducir el papel estatal, tanto en términos de inversión como de gasto público y de provisión de empleo. El problema es que la economía, incluyendo el sector privado, depende estructuralmente del Estado. De hecho, algunas empresas que viven de contratos con el Estado, ya han sufrido el impacto de la deceleración en la asignación de proyectos y pagos, y están atrasando el pago de salarios.

La reforma del mercado laboral y la creación de empleo en el sector privado, serán factores clave a la hora de implementar la Visión 2030. Los objetivos marcados incluyen reducir el desempleo del 11,6% al 7% en 2030 y crear 450.000 puestos en el ámbito privado en 2020, incluyendo para mujeres, a través de la expansión de sectores no petrolíferos como el minero, la sanidad o el turismo.

Al mismo tiempo, reconociendo la insostenibilidad del inflado sector público con el que tradicionalmente se ha subvencionado los ingresos de la población nacional, se pretende reducir la administración en un 20%. Como señala  Steffen Hertog, se trata de una reducción de empleo público sin precedentes en un momento en que el mercado laboral del sector privado está sufriendo las consecuencias de los bajos precios del petróleo. La intención es reducir el importe de salarios públicos, que hoy en día acapara el 45% del gasto gubernamental a un 40% del gasto público (internacionalmente ese porcentaje está alrededor del 15%).

Para ello el reino tendrá que reformar las leyes y costumbres que han creado un mercado laboral tan distorsionado. La facilidad de acceder a trabajos bien remunerados en el sector público ha disuadido durante décadas a los jóvenes de buscar trabajo en el ámbito privado, donde la jornada laboral es mucho más larga y las prestaciones menores. Como consecuencia, los expatriados (que representan la tercera parte de la población saudí de 30 millones) ocupan un 85% de los puestos del sector privado.

En 2011 el Gobierno comenzó unas reformas laborales para incrementar la contratación por parte del sector privado de trabajadores saudíes (en parte para impedir el tipo de insatisfacción que desembocó en levantamientos en otros países árabes). El programa nitaqat establecía cuotas mínimas de trabajadores locales y penalizaciones e incentivos para su contratación. El número de saudíes empleados por el sector privado incrementó de 681.481 en 2009 a 1,5 millones a finales de 2013.

El índice de saudización por tanto aumentó de un 9,9% a un 15,2% durante ese periodo.  En 2015 se aprobaron enmiendas a la ley laboral que limitaban las horas de trabajo (para aproximarlas a las del sector público) y hacían algunas modificaciones al sistema nitaqat, incluyendo a las cuotas de contratación local (por ejemplo de un 7% en la construcción, 50% en seguros y 90% en banca).

La saudizacion o nacionalización del mercado laboral forma parte de la retórica del Gobierno desde hace 20 años, pero el problema no se solventará simplemente con la imposición de cuotas. Además estos programas suponen un elevado coste tanto para el Estado como para las empresas privadas.

A través del Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos, el Gobierno gasta millones de riales subvencionando la contratación de empleados saudíes y los cursos de formación que requieren. Por su parte, las empresas perciben las cuotas como un impuesto sobre sus operaciones y se quejan de la dificultad de encontrar nacionales con las cualificaciones necesarias y de retenerlos una vez contratados.

La realidad es que los saudíes se han acostumbrado a las condiciones más laxas del sector público y lo que se requiere es un cambio de orden cultural, además de reformas educativas, una mejor gestión de recursos humanos y la normalización de los inflados salarios públicos.

En última instancia la viabilidad de la reforma económica estará ligada a su viabilidad política y es posible que el régimen esté sobreestimando el poder de maniobra que tiene para hacer cambios económicos sin acompañarlos con transformaciones políticas.

 El miedo a la inestabilidad regional puede que haya facilitado la aceptación de algunas políticas pero hay límites a las medidas que se pueden implementar sin que conlleven llamamientos por parte de la población a una mayor participación política.

Además, la visión del príncipe Mohamed bin Salman de una burocracia más pequeña y meritocrática y un mayor papel para el sector privado afectará los intereses económicos de la familia real y la elite mercantil, y probablemente acarree resistencia.

De igual manera el énfasis del plan sobre el desarrollo del capital humano y los necesarios cambios educativos que ello implica afectarán a la clase religiosa que tradicionalmente se ha ocupado de este sector y que quizá se resista a cambios en el corte religioso de la educación o a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral.

Mohamed bin Salman parece creer que puede utilizar un enfoque tecnocrático para reformar la economía y al mismo tiempo esquivar las fastidiosas implicaciones políticas. También parece convencido de poder propagar una imagen de transparencia y rendición de cuentas mientras que concentra en su figura todo el poder y gobierna por decreto. Pero no siempre se puede tener todo.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: gsmespain.com.-  El entorno económico y político global, marcado por múltiples incertidumbres, sigue de momento sin impactar la confianza que tienen las empresas españolas en la marcha de los países de América Latina.

El X Informe de Inversión Española en Latinoamérica, realizado por IE Business School, con la colaboración de Air France-KLM y Llorente y Cuenca, pone de relieve que el 76% de las empresas encuestadas tienen previsto aumentar sus inversiones en América Latina, durante 2017, frente al 23% que piensan mantenerlas en sus niveles actuales y el 1% que las reducirlas.

Además, sólo el 49% de las empresas españolas piensa que el entorno económico mundial va a afectar negativamente a la región, mientras que el año pasado ese porcentaje rondaba el 65%.

Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School, destaca que «Perú y Colombia, seguidos de Chile, Costa Rica y Panamá, serán los países en los que situación económica será más favorable durante este año, a lo que se añade la notable mejoría en la percepción de la situación en Argentina y, en menor medida de Brasil, donde parece que lo peor podría haber pasado. Por el contrario el deterioro económico de Venezuela vuelve a ser patente, mientras que la mejoría de Cuba observada el año pasado se estanca».

De este modo, los mercados en los que más aumentará la inversión española en 2017 serán Colombia, Chile, Perú, México y Argentina, seguidos a cierta distancia por Brasil, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Por el contrario Venezuela volverá a ser el único destino en el que disminuirán por la descomposición económica y política en la que se encuentra el país.

La pregunta es ¿por qué es tan atractiva la inversión en todos estos países? La respuesta es el auge de las clases medias en toda la región, más que la ubicación geográfica de los distintos países. Por contra, el riesgo de tipo de cambio se erige en la principal amenaza, por delante de la desaceleración económica o la inestabilidad política y jurídica.

En cuanto a los sectores hay mucho interés en proyectos relacionados con las energías renovables y los de lucha contra el cambio climático.

Sorprende que entre los resultados del mencionado estudio aparezca que en África, Asia, Estados Unidos y Canadá disminuye el número de empresas que piensan que les irá mejor en el medio plazo, al contrario que en la Unión Europea, en concordancia con la lenta pero constante recuperación que viene experimentando la economía comunitaria.

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Por Redacción Ecos. Foto: El Semanario Sin Límites.-  Pese a los niveles récord de Wall Street y el aparente idilio que las Bolsas viven con Donald Trump, la nueva forma de hacer política de su Administración empieza a causar gran inquietud entre muchos agentes del mercado, entre ellos las agencias de rating.

Fitch no se ha andado por las ramas y en un nota publicada ha advertido de que el Gobierno de Trump representa "un riesgo para las condiciones de la economía internacional y los fundamentos del crédito soberano global".

Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación crediticia de doble sede en Nueva York y Londres. Fue una de las tres NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations), designado por la Securities and Exchange Commission de EE.UU. en 1975, junto con Moody"s y Standard & Poor"s, de amplia reputación en su área.

Según la agencia de calificación crediticia, con la llegada de Trump al poder las políticas de EEUU se han hecho menos previsibles, ya que tanto el presidente como su equipo de Gobierno han dejado a un lado los canales habituales de comunicación internacionales y las normas usuales de relación con terceros países, aumentando las expectativas de "cambios repentinos e imprevistos en las políticas estadounidenses" con posible repercusión en el ámbito mundial.

Entre los principales riesgos para los ratings soberanos, Fitch menciona giros "perjudiciales" en las relaciones comerciales mantenidas hasta ahora, la reducción de los flujos internacionales de capital, las consecuencias sobre las remesas de los vetos migratorios y el enfrentamiento político entre Trump y otros dirigentes, contribuyendo así a provocar volatilidad en los mercados financieros.

La firma de rating advierte de que la materialización de estos riesgos daría lugar a un escenario negativo para el crecimiento económico y metería presión a las cuentas públicas de algunos países, lo que podría tener implicaciones desfavorables sobre la calificación de su deuda.

Las amenazas no acaban ahí: Fitch alerta también de un incremento de los costes de la financiación externa, que además podría hacerse menos accesible.

La agencia reconoce que algunas medidas previstas en la agenda de Trump podrían tener un efecto positivo para el crecimiento, como un aumento de la inversión en infraestructuras en Estados Unidos, o la posible bajada de impuestos y de cargas fiscales.

Asimismo, no descarta que tras la "rafaga" de medidas "perturbadoras" adoptada por la nueva Administración en sus primeras semanas de Gobierno, la política de Trump podría tender a normalizarse y entrar en una dinámica más estable en el ámbito del comercio y los negocios.

Sin embargo, la visión de Fitch no es precisamente optimista. La agencia cree que la balanza de riesgos se inclina hacia un escenario global "menos benigno". A este respecto, recuerda que el Gobierno de Trump ya ha roto el acuerdo comercial con el Pacífico, ha confirmado que renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha amenazado con sanciones a las multinacionales estadounidenses que invierten en el extranjero y ha arremetido contra Alemania acusándola de manipular el euro en detrimento de EEUU.

Precisamente, el Presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, ha mostrado su preocupación "por el rechazo de los mercados abiertos y los tonos proteccionistas" de la Administración Trump.

"El intercambio y la competencia internacional fomentan la difusión de nuevas ideas productivas y productos nuevos mejores. De este modo aumentan la productividad y permiten ofrecer bienes más baratos y pagar a los empleados más productivos salarios más elevados", ha dicho Weidmann en un acto en Hamburgo.

La actitud de Trump podría cambiar en el futuro, pero, como señala Fitch, el tono agresivo del presidente americano y de los miembros de su gabinete no hace presagiar, precisamente, un camino de rosas en los procesos negociadores que se avecinan, "ni sugiere que haya demasiado margen para el compromiso", concluye la agencia de rating.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Benedikt von Loebell/WEF.-  La 47ª edición del Foro Económico Mundial (WEF) a lo largo de 400 sesiones, celebradas en Suiza se debatió los temas más relevantes para el mundo desarrollado y emergente. Por las consecutivas críticas a la efectividad del evento, este 2017 se planteó la consecución de acuerdos concretos.

En 2017, el mundo se reconfigura y requiere estrategias novedosas, contextuales y globales, ante situaciones tan complejas como la asunción al poder en los EE.UU. del controvertido Donald Trump, la implementación del Brexit y el poderío de China con su impresionante poderío industrial y comercial,  en tiempos donde los múltiples gobiernos apuestan por el proteccionismo.

Cuatro desafíos fundamentales marcaron la Agenda de Davos en el 2017: 1) Fortalecer la colaboración mundial, 2) Revitalizar el crecimiento, 3) Reformar el capitalismo y 4) Preparar al mundo para la Cuarta Revolución Industrial.

Por ello, alrededor de 3 000 líderes económicos, políticos, sociales, científicos y religiosos intercambiaron ideas y se esforzaron, esta vez, por dejar claro que las promesas irán acompañadas de hechos.

En esta ocasión, los participantes hicieron énfasis en los acuerdos logrados durante la cita en la estación alpina del cantón de los Grisones. En este sentido, estos son los acuerdos más importantes de Davos 2017:

1) Se acordó la creación de un nuevo fondo, respaldado por el gobierno de Noruega, por 400 millones de dólares, para proteger 5 millones de hectáreas de tierra de la desforestación en diversos países. Se prevé que esta iniciativa se traduzca, posteriormente, en nuevas inversiones agrícolas, que generen empleos y crecimiento económico.

2) Se formalizó la Coalición para la Preparación de Innovaciones Epidémicas (CEPI en inglés), que tiene como meta reaccionar con agilidad ante posibles epidemias globales, a través de la creación de vacunas que, gracias a su gestión, serían distribuidas de una forma expedita.

3) Fue lanzado, asimismo, el proyecto ‘Nueva visión para el empleo árabe’, que opera activamente desde 2013, y ahora propone contribuir a la formación de un millón de futuros trabajadores (cuadruplicando el impacto que tuvo en los tres años previos).

4) El Foro realizó una alianza con el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California, para proteger la flora y fauna marina, en diversos océanos del mundo.

5) Se estableció una coalición público-privada para construir una cadena de abastecimiento de baterías, responsable, inclusiva y sostenible. El mercado de las baterías de litio valdrá 70 000 millones de dólares en 2024, pero la producción de estos bienes aún involucra trabajo infantil y  el esfuerzo de adultos, que laboran fuera de las condiciones de seguridad deseables, afectando además al medioambiente, por el tipo de materiales que se utilizan.

6) Un total de 40 gobiernos y empresas pusieron en marcha un programa global para acrecentar del 14% al 70% la proporción de empaques plásticos reciclados en el mundo.

7) Water.org, fundada por Matt Damon, anunció una asociación con la empresa productora de cerveza Stella Artois, para proveer agua potable a 3,5 millones de personas.

8) La empresa social GoodWeave International anunció un nuevo programa llamado ‘Sourcing Freedom’ que busca frenar cualquier forma de abuso o prácticas de esclavismo en las actuales cadenas de producción del mundo, ya que 21 millones de personas son forzadas, hoy en día,  a trabajar bajo condiciones precarias y en un marco de ilegalidad.

9) 100 empresarios firmaron un acuerdo de Liderazgo Responsable, que buscará mejoras en las condiciones generales de vida, desempeño y formación de los empleados de las compañías que dirigen.

Queda a los analistas y comunicadores hacer seguimiento de estas propuestas, ya que el futuro de las comunidades y de los más vulnerables está comprometida por los cambios de la escena política.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos Media.- La brecha entre poderosos y pobres nunca ha sido tan grande como en la actualidad. La creciente desigualdad social podría llevar a una mayor inestabilidad política, advierte un informe de Oxfam publicado en el contexto del Foro Económico Mundial.

"La creciente desigualdad amenaza con dividir nuestras sociedades. Hace aumentar la criminalidad y la inseguridad, al tiempo que mina la lucha para poner fin a la pobreza. Deja a más gente viviendo con miedo y menos con esperanza", señaló esta entidad, que reúne a numerosas organizaciones no gubernamentales y que tiene su sede en Gran Bretaña.

El Reporte titulado "Una economía para el 99 %" ha sido difundido de cara al Foro Económico Mundial, escenario que volverá a reunir a la elite política y empresarial en Davos, Suiza e identifica a las grandes corporaciones y los sectores más acaudalados como los vehiculizadores de esa desigualdad.

En el año 2015, el 1% más rico tenía más acceso a la salud que el resto del planeta y actualmente ocho personas, concretamente ocho hombres, tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo.

Los ocho hombres más acaudalados del planeta son: Bill Gates, de Microsoft; Amancio Ortega, de Inditex; Warren Buffett, mayor accionista de Berkshire Hathaway; Carlos Slim, propietario del Grupo Carso; Jeff Bezos, de Amazon; Mark Zuckerberg, de Facebook; Larry Ellison, de Oracle; y Michael Bloomberg, de la agencia de información económica y financiera Bloomberg.

La Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Winnie Byanyima, señaló en un comunicado que, "cuando una de cada diez personas en el mundo sobrevive con menos de 2 dólares al día, la inmensa riqueza que acumulan tan sólo unos pocos resulta obscena".

Byanyima añadió que muchos salarios "se estancan mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan, se recorta la inversión en servicios básicos como la sanidad o la educación, mientras grandes corporaciones y grandes fortunas logran reducir al mínimo su contribución fiscal".

Si bien se ha registrado crecimiento económico, éste ha sido extremadamente desigual. Siete de cada diez personas vive en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años. Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial aumentaron en menos de 3 dólares por año, entre 1988 y 2011, mientras que los ingresos del 10% más rico se multiplicaron 182 veces en ese período, a un ritmo de 11.800 dólares al año.

En este contexto, las mujeres sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Según Oxfam, al ritmo actual, llevará 170 años alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

¿Qué hacer? Propuestas concretas de cara a la inestabilidad social

Oxfam propone que los gobiernos incrementen los impuestos, tanto a las grandes fortunas como a las rentas más altas; que los estados y los empresarios trabajen juntos para garantizar que los trabajadores reciban un salario digno y se ponga freno a la elusión, la evasión y a las artimañas fiscales para reducir al mínimo el impuesto de sociedades.

Asimismo, esta entidad solidaria recomienda que los gobiernos apoyen a las empresas que operan en beneficio de sus trabajadores y de la sociedad, no solo por los intereses de los accionistas y que aseguren, de esta forma, que las economías sirvan de manera equitativa a mujeres y hombres.

"Necesitamos construir juntos un nuevo consenso para diseñar un modelo económico que beneficie a todas las personas, y no sólo a una élite selecta", concluye Oxfam.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Davos Forum.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., Zeid Ra"ad Al Hussein, exhortó a los líderes empresariales que participarán en el Foro Económico Mundial de Davos,  que utilicen su influencia para defender esas garantías fundamentales en sus países.

"Las leyes y principios de la Declaración Universal de los DD.HH. están cada vez más en peligro y los líderes empresariales tienen un papel clave para insistir en el respeto de los DD.HH. en los Estados donde operan", declaró Zeid.

El Alto Comisionado además indicó que las garantías fundamentales son esenciales para la estabilidad a largo plazo de las empresas, y que éstas deben adoptar una postura en la que no toleren los vínculos con abusos de DD.HH.  en ninguna parte de sus operaciones y cadenas de suministro.

Asimismo, el alto funcionario consideró que las compañías deben disponer de sistemas para asegurar que tales atropellos sean prevenidos y abordados con prontitud.

Zeid también elogió las medidas adoptadas por algunas compañías en contra de los medios de comunicación que promuevan discursos de odio y contenido xenófobo y pidió a los participantes en Davos que demuestren un liderazgo similar y se unan a la lucha por los valores globales que están actualmente amenazados.

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se realiza cada año en la ciudad suiza de Davos, tendrá lugar del 17 al 20 de enero, con la realización de 400 encuentros y reuniones con la participación de líderes empresariales, funcionarios gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y personalidades mundiales.

La reunión se centrará en cuatro desafíos clave del Liderazgo para 2017: 1) Fortalecer la colaboración mundial, 2) Revitalizar el crecimiento económico, 3) Reformar el capitalismo y 4) Prepararse para la Cuarta Revolución Industrial, un gran salto impulsado por la era digital, que está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. El programa se centra en la inclusión social y el desarrollo.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: WorldBank.- Como lo hemos planteado en diversas oportunidades el proceso de democratización de la sociedad ha tenido en el desarrollo tecnológico un impulso decisivo.

De hecho, las FinTech o Tecnofinanzas, no sólo han contribuido al desarrollo de mejores sistemas financieros, sino lo han hecho más inclusivos. Las posibilidades y el impacto son muy amplios, como lo es el potencial de mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo.

Las finanzas, expresa Joaquim Levy, experto en Finanzas del Banco Mundial, “comienzan a funcionar de modo diferente; hay nuevas maneras de recopilar, procesar y usar la información, que es la moneda principal del sector financiero. Un conjunto totalmente nuevo de actores empieza a operar en este sector. Por consiguiente, todas las áreas financieras —incluidos los sistemas de pago y la infraestructura, el crédito para los consumidores y las pymes, y los seguros— están cambiando”.

Lo que hace posible que una familia de bajos ingresos, que no han tenido los recursos para poder pagarlos o tener alcance a ellos,  pueda acceder a la Banca Electrónica, ya que el costo de operaciones es menor para la entidad financiera y las cuentas electrónicas pueden ser capital semilla para los emprendedores.

Los 2000 millones de adultos que se estiman excluidos del mundo financiero podrían plantear su inclusión y generar, incluso, nuevos modelos financieros. Banco Mundial aspira que, en el 2020, todos los adultos tengan al menos una cuenta para transacciones.

Esto no es imposible. Si se considera que el 40% de la población mundial ya tiene acceso a internet y más del 20% de los miembros de los hogares pobres tienen un teléfono móvil, la posibilidad de inducirles a participar en las Tecnofinanzas es real.

Levy afirma que “cuando las personas tienen acceso a servicios financieros pueden superar las crisis en materia de ingresos. Pueden invertir en capacitación, la salud de sus familias y nuevas fuentes de ingresos. Con un financiamiento adecuado, pueden crear un futuro mejor y proteger sus condiciones de vida”.

Ejemplos reales del impacto de las Tecnofinanzas en la inclusión social de países emergentes y en desarrollo son los siguientes:

1)    En Tanzania, se ha duplicado con creces el porcentaje de adultos con cuentas para transacciones, del 17,3 % en 2011 al 39,8 % en 2014, principalmente a través de servicios de dinero electrónico.

2)    La mayor atención de India en las identificaciones digitales ha sido fundamental para crear 200 millones de nuevas cuentas bancarias.

3)    En Brasil, el uso de tarjetas de pago electrónico ha reducido los costos de las transferencias sociales en el programa de transferencias monetarias condicionadas, Bolsa Familia, a menos del 3 % del total de los pagos.

4)    Alifinance, una subsidiaria de la empresa china de comercio electrónico Alibaba, brinda servicios a decenas de millones de clientes, asignando puntuaciones de crédito y tomando decisiones sobre microcréditos para los vendedores casi al instante sobre la base de la huella digital de los postulantes.

5)    En Venezuela, la Banca Comunitaria Banesco es líder, pionera y amiga de microempresarios en Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Vargas, Yaracuy y Zulia. Ha atendido Más de 437.224 clientes, 32.393 MM en microcréditos, ha beneficiado a 294.990 microempresarios, a 2.186.120 personas indirectamente y ha graduado 38.000 en su programa de microempresarios. Sus servicios están dirigidos a personas y pymes.

Las Tecnofinanzas inclusivas dependen, también, de los mecanismos de información, educación y protección de los usuarios. Los riesgos del uso digital son evidentes, pero pueden ser manejados.

Gestionar los riesgos es un reto para los gobiernos y las entidades financieras. Todos los riesgos personales (sobreendeudamiento, escaso uso de los instrumentos, pérdidas frecuentes), el lavado de dinero ilegal y el manejo de cuentas por parte de testaferros y traficantes se  regula enrolando a los usuarios en un proceso financiero, que proporcione información gradual y promueva el conocimiento de la legislación y las consecuencias del uso inadecuado.

Pero, el impacto de las Tecnofinanzas es superior a sus riesgos, porque no sólo dan una herramienta de gestión de la productividad individual y colectiva, sino interconecta a las comunidades y personas con organizaciones e instituciones, que pueden proporcionar estímulo para el desarrollo. 

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 Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Schweiz am Sonntag.-  Roberto Balzaetti, el nuevo Director de Derecho Internacional Público del Ministerio de Exteriores de Suiza ha comunicado una excelente noticia a los países que han sufrido el desfalco y el uso doloso de sus fondos y recursos monetarios, por parte de tiranos y gobernantes corruptos y han visto esfumarse los recursos que debieron haberse invertido en el desarrollo y futuro de sus habitantes.

 

El funcionario del gobierno helvético informó a los medios internacionales, que una novísima legislación orientada a embargar y repatriar los activos ilícitos depositados por dictadores y gobernantes corruptos en la Banca Suiza, sincronizada a mejores y rigurosos procesos de rastreo de estos capitales, ha hecho posible recuperar el patrimonio económico de varias naciones y devolver los fondos ilegalmente manejados.

 

Suiza puso en vigor en julio pasado una nueva ley que busca embargar y repatriar con mayor facilidad los fondos recibidos por la Banca Suiza que pertenecieron a dictadores extranjeros que se enriquecieron de forma ilícita. Con ello, Suiza y su plaza financiera buscan sacudirse la imagen de opacidad que les dio el secreto bancario que, en más de una ocasión, cobijó abusos.

 

Durante los últimos 30 años, Suiza ha devuelto alrededor de 2 000 millones de francos suizos, depositados en la Banca Suiza por “personas políticamente expuestas” (PEPs). “Es mucho más de lo que cualquiera otra plaza financiera haya devuelto en el mundo”, afirmó Balzaetti.

 

Desde el caso Marcos (Filipinas) reportado en 1986, la lista de fondos ilegales de potentados que el Gobierno Suizo embargó y devolvió a las naciones afectadas incluye expedientes como: Montesinos (Perú), Mobutu (antiguamente Zaire), Dos Santos (Angola), Abacha (Nigeria), Kazajistán, Salinas (México), Duvalier (Haití), Ben Ali (Túnez) y Mubarak (Egipto).

 

Pero aún hay otros casos en curso. En diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo Federal confirmó el bloqueo de 4,5 millones de francos suizos depositados en un banco de Ginebra por el exdictador haitiano Jean-Claude Baby Doc Duvalier.

 

"Tenemos una idea de lo que Haití quiere hacer con este dinero, pero aún no se materializa la devolución de fondos. Y no es porque no lo deseemos, sino porque el proceso ha sido difícil debido a la situación política haitiana”, explicó Balzaretti.

 

"Además, se han sucedido eventos diversos como desastres naturales, que se sumaron al efecto de inestabilidad generado por los procesos electorales y la llegada de un nuevo gobierno o mandatario. Es complejo. Pero la meta del Gobierno suizo es concluir lo antes posible el acuerdo necesario para la transferencia de los fondos. Pero aún falta detallar el marco legal que se utilizará”, señaló el alto funcionario suizo.

 

La restitución a Nigeria del equivalente a 321 millones de francos suizos desviados por la familia del ex Dictador Sani Abaha a bancos suizos también es un proceso en curso. En este caso, hay avances importantes porque Suiza y Nigeria firmaron ya una carta de intención para la restitución justa y expedita de estos fondos.

 

"Es una situación parecida a la de Haití, pero el caso nigeriano va más avanzado. Con Nigeria ya tenemos un acuerdo puntual -la carta de intención precisa las posibles modalidades de restitución-, pero ahora debe pactarse el destino que dará Nigeria a los fondos y cómo se reportará el ejercicio de esos fondos”, dijo el director suizo.

 

Por otra parte, el Gobierno suizo también bloqueó fondos de potentados de otros países. Concretamente, de Egipto (570 millones de dólares), de Túnez (60 millones) y de Ucrania (70 millones).

 

Balzaretti detalló que por ahora es un hecho que los fondos tunecinos estarán congelados hasta enero 2017. Los egipcios y ucranianos, por su parte, lo estarán hasta el mes de febrero. Por ello, Suiza deberá decidir a principios del 2017 si mantiene congelados más tiempo estos fondos, lo cual es previsible, para dar tiempo a que avancen los procesos de restitución.

 

El alto funcionario añadió que Suiza también tiene algunos fondos de Kazajstán y una parte más de Angola que podrían ser devueltos en el mediano plazo

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Para Balzaretti, Suiza está dando vuelta a una página importante en el tema de las restituciones: "Los casos de los que se habló recurrentemente durante los últimos años están llegando a su fin. Además, se han realizado reformas legales (en materia de lavado de dinero y se crearon nuevas reglas), y existe una gran voluntad política para que la banca suiza sea más limpia y transparente”, declaró.

 

Resultado de este nuevo marco legal, las autoridades suizas ahora pueden embargar y devolver los fondos que fueron saqueados por líderes extranjeros también en casos que no pueden ser resueltos, a través de solicitudes de asistencia judicial mutua.

 

"La ley ha invertido la llamada carga de la prueba, es decir, ahora obliga al titular de la cuenta a demostrar que el dinero fue ganado de forma lícita y legal (en vez de dejar en manos de la justicia la tarea de probar que los fondos han sido obtenidos de forma ilegal). Y prevé también criterios más flexibles para congelar activos. Asimismo, permite brindar apoyo técnico, a través del envío de expertos legales o financieros, a otros países", refirió Balzaretti.

 

Por lo tanto, consideró Balzaretti, es una nueva ley que fue diseñada para ayudar realmente y que permitirá mejorar la imagen de Suiza, que ya no debe ser percibida internacionalmente como un lugar en donde puede esconderse impunemente el dinero de origen irregular.

 

Para resumir los avances, Balzaretti afirmó que Suiza ha ofrecido "resultados impresionantes" en materia de restitución de activos desde que cuenta con este nuevo arsenal legal, pero admitió que la duración de los procesos -que pueden llegar hasta 30 años- es aún un problema por resolver.

 

El Director de Derecho Internacional Público de la Cancillería Suiza dejó claro, aemás, que Suiza debe respetar los derechos de todas las partes involucradas en conflictos de este tipo, como lo exige el derecho internacional.  Siempre es posible que los PEP"s afectados por un embargo de activos interpongan apelaciones ante tribunales, y estos son procedimientos que pueden durar varios años en resolverse.

 

"Algunos países creen que una vez que bloqueamos el dinero este puede ser devuelto a la mañana siguiente (al país afectado), pero no es así. Pese a ello, y aunque estos procesos sigan tomando tiempo, estamos convencidos de que el nuevo marco legal es una herramienta útil para seguir agilizando y haciendo cada vez más eficiente el proceso de restitución de activos” afirmó.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OMPI.- China continúa liderando la Innovación, por segundo año consecutivo. Así lo informó Francis Gurry, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), foro mundial especializado en servicios, políticas, información y cooperación en materia de propiedad intelectual, con sede en Ginebra.

Los innovadores de China impulsaron un nuevo record en 2015, ya que solicitaron el mayor número de solicitudes de patente, presentadas en todo el mundo, con un millón de solicitudes en un solo año.

La demanda mundial de patentes ha aumentado significativamente y, por ende, el aumento de los derechos de propiedad intelectual (P.I.) que sustentan la actividad económica global.

En total, los innovadores de todo el mundo presentaron cerca de 2,9 millones de solicitudes de patente en 2015, lo que representa un 7,8% de aumento respecto de 2014 y el sexto año consecutivo de aumento en la demanda de protección por patente, según se informa en el  Informe Anual de la OMPI ”Indicadores mundiales de propiedad intelectual”. 

Las solicitudes de registro de marcas aumentaron en un 15,3%, situándose en cerca de 6 millones en 2015, mientras que las solicitudes de registro de diseños industriales aumentaron en un 2,3%, cifrándose en 872.800.

Aun cuando los innovadores chinos fueron los que presentaron el mayor número de solicitudes de patente (1.010.406) en 2015, seguidos por los de los EE.UU. (526.296) y el Japón (454.285), sus solicitudes están relativamente centradas en el mercado interno. 

 “Al tiempo que los encargados de la formulación de políticas aspiran a dinamizar el crecimiento en todo el mundo, es alentador poder informar de la saludable progresión en la presentación de solicitudes de títulos de P.I. en 2015” expresó Gurry, añadiendo que: “aun cuando China sigue encabezando el crecimiento mundial, el uso de la P.I. aumentó en la mayoría de los países en 2015, señal de la creciente importancia que se le atribuye en una economía del conocimiento mundializada”.

La oficina de patentes de China recibió 1.101.864 solicitudes en 2015, con lo que pasó a ser la primera oficina que recibe más de un millón de solicitudes en un solo año, quedando incluidas en esa cifra tanto las solicitudes presentadas por residentes en China, como las de innovadores de otros países que desean obtener protección por patente en ese país asiático. 

Esa cifra equivale prácticamente a la cifra de solicitudes de las siguientes tres oficinas de la lista juntas: EE.UU. (589.410), Japón (318.721) y Corea (213.694).

Aunque los innovadores de China presentaran un número relativamente menor de solicitudes en el extranjero (42.154), esa cifra ha ido aumentando constantemente en los últimos 20 años y ahora equivale casi al total correspondiente a Francia (46.581).

El sector de la tecnología informática (7,9% del total) fue objeto del mayor porcentaje de solicitudes de patente publicadas en todo el mundo, seguido por los de las máquinas electrónicas (7,3%) y de las comunicaciones digitales (4,9%).

En 2015 se concedieron aproximadamente 1,24 millones de patentes, lo que representa un aumento del 5,2% respecto de 2014 y el índice de crecimiento más rápido desde 2012.  Eso se debió principalmente a un aumento de las patentes concedidas en China, que expidió 359.316 patentes en 2015, adelantando así a los EE.UU. (298.407) como mayor oficina en número de patentes expedidas.

Se estima que en 2015 había unas 10,6 millones de patentes en vigor en todo el mundo.  Aproximadamente una cuarta parte de esas patentes estaban en los EE.UU. (24,9% del total), un 18,3% en el Japón, y el 13,9% en China.

En cuanto a las Marcas, En 2015 se presentaron cerca de 6 millones de solicitudes de registro de marcas, que abarcaron  8,4 millones de clases 1. 

Con China en cabeza de lista de países, las solicitudes aumentaron en un 15,3%, lo que representa el mayor aumento desde el año 2000.  Cerca del 78% de las actividades de presentación de solicitudes de registro de marcas en el mundo corresponde a solicitantes que presentaron solicitudes de protección en su propio país.

China, con un cómputo de 2,83 millones de clases especificadas en las solicitudes de registro de marca fue el país en el que se produjo la mayor actividad de presentación de solicitudes de registro de marcas en 2015,  seguido por EE.UU. (517.297), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, 366.383), Japón (345.070) y la India (289.843).  Entre las 20 oficinas principales, las del Japón (+43%), Italia (+32,6%), China (+27,4%), India (+21,9%) y la República de Corea (+13,9%) experimentaron un crecimiento de más del 10% en 2015.

En 2015 se produjeron aproximadamente 4,4 millones de registros de marcas en todo el mundo correspondientes a 6,2 millones de clases.  Eso representa un aumento del 26,6% respecto de 2014 y el crecimiento más rápido en más de 15 años.

En 2015, las solicitudes de registro de diseños industriales presentadas en todo el mundo aumentaron en un 2,3%, recuperándose así del marcado descenso acusado en 2014, año en el que se registró un gran descenso de las solicitudes presentadas en China. 

Los diseñadores de todo el mundo presentaron 872.800 solicitudes que contenían 1,1 millones de diseños. El crecimiento se debió principalmente a un aumento de las solicitudes presentadas en China, la República de Corea y los EE.UU.  

Los diseños de muebles fueron objeto del 9,4% del total de solicitudes presentadas, seguidos por los diseños relativos a la ropa (8,3%) y los de embalajes y recipientes (7%).

El número total de diseños industriales registrados, en todo el mundo, aumentó en un 21,3% en 2015.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Empire.- En términos metodológicos, la investigación social no se detiene. Afortunadamente, en los últimos 20 años, las perspectivas de análisis de la situación social, en sus diferentes dimensiones (económicas, políticas, culturales, demográficas, etc), han proporcionado la posibilidad de tomar mejores y más cercanas decisiones políticas.

Uno de esos enfoques metodológicos, de gran utilidad y perspectiva, es el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), elaborado por el Banco Mundial, para medir cómo circunstancias, familiares y comunitarias, fuera del control de las poblaciones más vulnerables del tejido social, como niños y jóvenes, (lugar de nacimiento, género, educación de los padres y composición familiar) afectan su acceso a bienes y servicios básicos, como educación, agua potable, electricidad y saneamiento en América Latina y el Caribe y otros países en desarrollo.

Asimismo, el OIH mide un valor vinculado a la democracia como sistema de gobierno, qué tan equitativamente se proveen los servicios básicos en un país. Este es un indicador poderosísimo de gestión gubernamental, porque no se enfoca en las consecuencias evidentes de la no inversión social, sino en las situaciones antecedentes.

La universalidad de acceso y la prestación de servicios de calidad hacen posible no sólo la productividad y el crecimiento económico, sino el desarrollo de los habitantes de un país.

América Latina y el Caribe, en especial, reportan significativos avances en el acceso a las oportunidades básicas, señala Banco Mundial y otras entidades, sobre todo en materia de matrícula escolar y servicio eléctrico, pero la región está rezagada en accesos a los servicios de agua potable, saneamiento ambiental adecuado y conectividad, aspectos éstos que afectan definitivamente, la salud pública, la nutrición y la posibilidad de penetración de los sistemas formales e informales de formación y educación.

Esta desigualdad de accesos debilita la productividad de la región y limita el desarrollo de los niños y adolescentes al desarrollo, porque esos desbalances impactan sus grupos familiares y los mantienen en la sobrevivencia.

En términos de distribución, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental y a la conectividad, exponen el poco interés gubernamental y las decisiones políticas no asumidas como deberes universales. De aquí, que no sólo son desiguales las oportunidades y los accesos, sino entre los países desiguales, existe la brecha entre lo urbano y lo rural, entre las capitales y los municipios.

El enfoque del IOH abre un abanico de oportunidades para los gobiernos, porque las características del hogar, del ingreso, del entorno y de los factores gubernamentales de acceso hace posible visualizar qué causas apartan a los pobladores, sobre todo a los más vulnerables, a alejarse del desarrollo.

Inversiones precisas en los accesos y las oportunidades por parte de los gobiernos, en sus diferentes dimensiones de distribución del poder público, haría posible que las desigualdades se nivelaran, ya que el saneamiento ambiental genera salud y la conectividad un servicio educativo multinivel que puede llegar a las poblaciones más lejanas.

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Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Reuters.- Para los países exportadores de petróleo ha sido todo un desafío afrontar la crisis de los precios. A pesar de los esfuerzos de gerenciar los precios, la bonanza vivida al principio del nuevo siglo será un buen recuerdo para los gobiernos y un mal recordatorio de lo que no se  invirtió y ejecutó con esos extraordinarios excedentes.

Las debidas inversiones hubieran creado oportunidades y alternativas económicas para afrontar no sólo la caída brutal de los precios, sino el desarrollo de nuevas fuentes de energía e invenciones que harán posible no sólo revolucionar el mundo de la locomoción, la industria y otros, sino proteger el medio ambiente, ante la terrible realidad del Cambio Climático.

Pero estos cambios no son sólo de política energética. Son cambios basados en la diversificación, la privatización y la inversión, en el contexto de un programa de reforma integral, porque el impacto de la caída de los ingresos, en este tipo de economía, con sus distorsiones amenazantes, tocó todos los órdenes de la vida de estas naciones.

De hecho, en el Foro de Davos de enero 2016, se había planteado no sólo las reformas, sino el planteamientos de administraciones gubernamentales más pequeñas y efectivas y la promoción de un sector privado más destacado.

De las naciones petroleras, quien se ha tomado más en serio el cambio de escenario es Arabia Saudita. La reforma económica del reino para acabar con la dependencia del petróleo, entre otros objetivos, podría implicar no solo un enfoque tecnocrático, sino también la necesidad de abordar cambios políticos.

El nuevo plan, Saudi Vision 2030, que va a ser implementado por el príncipe saudí Mohamed Bin Salman y el más detallado Plan de Transformación Nacional que lo acompaña  (publicado en junio), comprenden ambiciosos objetivos nos solo económicos, sino también en términos de gobernanza, con una aparente apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas, bajo un enfoque tecnocrático de gestión de proyectos.

Lo que no está tan claro es por qué esta vez funcionará cuando anteriores planes de desarrollo y esfuerzos por diversificar habían fracasado.

Económicamente, se pretende hacer del sector privado el motor de crecimiento y así reducir la dependencia en el gasto estatal. Para ello se propone un programa neoliberal de privatización de varios sectores económicos con el objetivo de incrementar los ingresos no procedentes del crudo.

El plan incluye objetivos específicos como incrementar el sector privado del 45% a 60% del PIB, conseguir que las exportaciones no petrolíferas representen un 50% del PIB en 2030 y que la producción del gasto militar sea más del 50% local en 2030.

Además se procederá a la venta del 5% de Aramco (la empresa estatal de petróleo y gas) en 2018 y la recaudación será destinada al Fondo de Inversión Privado con la idea de transformarlo en un fondo de inversión soberano que se estima tendrá un valor de 2 billones de dólares. 

El imperativo es diversificar y reducir el papel estatal, tanto en términos de inversión como de gasto público y de provisión de empleo. El problema es que la economía, incluyendo el sector privado, depende estructuralmente del Estado. De hecho, algunas empresas que viven de contratos con el Estado, ya han sufrido el impacto de la deceleración en la asignación de proyectos y pagos, y están atrasando el pago de salarios.

La reforma del mercado laboral y la creación de empleo en el sector privado, serán factores clave a la hora de implementar la Visión 2030. Los objetivos marcados incluyen reducir el desempleo del 11,6% al 7% en 2030 y crear 450.000 puestos en el ámbito privado en 2020, incluyendo para mujeres, a través de la expansión de sectores no petrolíferos como el minero, la sanidad o el turismo.

Al mismo tiempo, reconociendo la insostenibilidad del inflado sector público con el que tradicionalmente se ha subvencionado los ingresos de la población nacional, se pretende reducir la administración en un 20%. Como señala  Steffen Hertog, se trata de una reducción de empleo público sin precedentes en un momento en que el mercado laboral del sector privado está sufriendo las consecuencias de los bajos precios del petróleo. La intención es reducir el importe de salarios públicos, que hoy en día acapara el 45% del gasto gubernamental a un 40% del gasto público (internacionalmente ese porcentaje está alrededor del 15%).

Para ello el reino tendrá que reformar las leyes y costumbres que han creado un mercado laboral tan distorsionado. La facilidad de acceder a trabajos bien remunerados en el sector público ha disuadido durante décadas a los jóvenes de buscar trabajo en el ámbito privado, donde la jornada laboral es mucho más larga y las prestaciones menores. Como consecuencia, los expatriados (que representan la tercera parte de la población saudí de 30 millones) ocupan un 85% de los puestos del sector privado.

En 2011 el Gobierno comenzó unas reformas laborales para incrementar la contratación por parte del sector privado de trabajadores saudíes (en parte para impedir el tipo de insatisfacción que desembocó en levantamientos en otros países árabes). El programa nitaqat establecía cuotas mínimas de trabajadores locales y penalizaciones e incentivos para su contratación. El número de saudíes empleados por el sector privado incrementó de 681.481 en 2009 a 1,5 millones a finales de 2013.

El índice de saudización por tanto aumentó de un 9,9% a un 15,2% durante ese periodo.  En 2015 se aprobaron enmiendas a la ley laboral que limitaban las horas de trabajo (para aproximarlas a las del sector público) y hacían algunas modificaciones al sistema nitaqat, incluyendo a las cuotas de contratación local (por ejemplo de un 7% en la construcción, 50% en seguros y 90% en banca).

La saudizacion o nacionalización del mercado laboral forma parte de la retórica del Gobierno desde hace 20 años, pero el problema no se solventará simplemente con la imposición de cuotas. Además estos programas suponen un elevado coste tanto para el Estado como para las empresas privadas.

A través del Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos, el Gobierno gasta millones de riales subvencionando la contratación de empleados saudíes y los cursos de formación que requieren. Por su parte, las empresas perciben las cuotas como un impuesto sobre sus operaciones y se quejan de la dificultad de encontrar nacionales con las cualificaciones necesarias y de retenerlos una vez contratados.

La realidad es que los saudíes se han acostumbrado a las condiciones más laxas del sector público y lo que se requiere es un cambio de orden cultural, además de reformas educativas, una mejor gestión de recursos humanos y la normalización de los inflados salarios públicos.

En última instancia la viabilidad de la reforma económica estará ligada a su viabilidad política y es posible que el régimen esté sobreestimando el poder de maniobra que tiene para hacer cambios económicos sin acompañarlos con transformaciones políticas.

 El miedo a la inestabilidad regional puede que haya facilitado la aceptación de algunas políticas pero hay límites a las medidas que se pueden implementar sin que conlleven llamamientos por parte de la población a una mayor participación política.

Además, la visión del príncipe Mohamed bin Salman de una burocracia más pequeña y meritocrática y un mayor papel para el sector privado afectará los intereses económicos de la familia real y la elite mercantil, y probablemente acarree resistencia.

De igual manera el énfasis del plan sobre el desarrollo del capital humano y los necesarios cambios educativos que ello implica afectarán a la clase religiosa que tradicionalmente se ha ocupado de este sector y que quizá se resista a cambios en el corte religioso de la educación o a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral.

Mohamed bin Salman parece creer que puede utilizar un enfoque tecnocrático para reformar la economía y al mismo tiempo esquivar las fastidiosas implicaciones políticas. También parece convencido de poder propagar una imagen de transparencia y rendición de cuentas mientras que concentra en su figura todo el poder y gobierna por decreto. Pero no siempre se puede tener todo.

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