En medio de las críticas del Centro Democrático y las reflexiones jurídicas del procurador Alejandro Ordoñez, el Congreso de la República entra en la recta final de la reforma a la ley de orden público donde se le dan facultades al presidente Juan Manuel Santos, para establecer zonas de ubicación que permitirán a las Farc la entrega de armas y el levantamiento de ordenes de captura, en la etapa final del proceso entre ese grupo insurgente y el Gobierno.
Las decisiones del legislativo son fundamentales para la viabilidad política y jurídica de la firma de los Acuerdos y para despejar las dudas que suscitaron la situación de Caguan y los recientes eventos de la Guajira, enmarcados en las reflexiones que el Jefe del Ministerio Público Alejandro Ordoñez, señaló a través de una misiva al presidente del Congreso Luis Fernando Velasco.
Aunque el Congreso tiene en las bancadas de la Unidad Nacional las mayorías para viabilizar y aprobar el proyecto, los voceros de los Partidos que apoyan al gobierno en el tema, analizan el contexto y las inquietudes del articulado de lo propuesto, con el objeto de lograr una legitimidad de lo discutido y lo que se vaya a aprobar en una norma que se va a convertir en ley de la República.
La decisión de estos días en el congreso respecto al tema, es histórica puesto que le dará las herramientas jurídicas idóneas al presidente de la República, para concretar un proceso de paz que en anteriores oportunidades fueron fallidas y traumáticas, pero que ahora las partes, han avanzado como nunca en términos de negociación, internacionalización y apoyo.
El Congreso tiene la palabra.
