Opinión

Por Guillermo García Realpe*.- En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país. 

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales. 

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres. 

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo. 

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno. 

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía. 

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres. 

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40). 

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ. 

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos. 

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país. 

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima. 

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018            

*Senador Liberal de Colombia

@GGarciarealpe

Por José G Hernández*.- Tuve el honor de trabajar en el gobierno de Belisario Betancur, en el Ministerio de Desarrollo Económico y en el de Hacienda. Bajo su dirección, al lado de juristas como Liliam Suárez y Guillermo Salah, participé en la redacción del Decreto Ley 222 de 1983 -estatuto de contratación estatal- y de los decretos con fuerza de ley que establecieron límites a los cánones de arrendamiento de inmuebles.

Los recuerdos que tengo del ex presidente son los de un gobernante amable pero exigente; madrugador, puntual y exacto; escuchaba con atención todas las inquietudes de orden jurídico y práctico que surgían en el curso de las reuniones de trabajo que él mismo presidía, en las que participábamos los funcionarios de distintos ministerios y departamentos administrativos. Siempre procuraba aportar, más que imponer, y cuando no estaba de acuerdo con alguna idea, propuesta o texto, exponía de manera tranquila las razones de su discrepancia, y así esperaba que nos comportáramos. La suya no era la actitud autoritaria de quien se considera superior a todos sino la disposición del profesor acostumbrado a estimular con paciencia debates serios, razonables y fundamentados.  

Ha fallecido un demócrata convencido, un intelectual y un político respetuoso del Derecho, que, con honestidad y buen criterio, trabajó incansablemente por la paz de Colombia. No la pudo cristalizar pese al “Acuerdo de La Uribe” de 1984.  

Infortunadamente, durante su período de gobierno (1982-1986) Betancur debió enfrentar situaciones muy graves, de enorme dificultad, que han marcado la historia reciente del país. Basta recordar el fracaso del proceso de paz que lideró; la actividad criminal del narcotráfico; el sacrificio de su ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y el posterior atentado contra el también ministro Enrique Parejo, a manos del narcotráfico; los crímenes cometidos contra jueces, magistrados, testigos y funcionarios; los secuestros;  la toma y la retoma del Palacio de Justicia; y catástrofes como el terremoto de Popayán y la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Especialmente compleja fue la situación que enfrentó el ex mandatario en la dolorosa jornada del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando fueron asesinados los más respetables magistrados y muchas personas más. Horrible episodio sobre cuya verdad aún se desconocen muchas cosas. Por lo que respecta al entonces Jefe del Estado, siempre le oímos decir -ojalá lo haya hecho- que dejaría memoria de lo acontecido, para ser divulgada tras su muerte.

Pero a los personajes de la Historia -de la cual ya hace parte Belisario-, que al fin y al cabo son seres humanos -por tanto, falibles-, se los debe juzgar más por sus aciertos, logros y buenas ejecutorias que por sus errores, omisiones o actos negativos. En el caso específico de Betancur, pensamos que actuó de buena fe, aunque -como lo reconoció de manera expresa y pública- se haya equivocado. Fue un humanista y un patriota que pensó siempre en el bien de Colombia. Contribuyó de manera decidida y clara, en todos los cargos que desempeñó y en su actividad política, a la vigencia efectiva de la democracia. Hizo mucho por la cultura. Y, con prudencia inigualable, al dejar la presidencia, se retiró de verdad. Descanse en paz.

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Clara López Obregón*.- El pasado fin de semana, fueron asesinados dos líderes indígenas más en el Cauca y una gobernadora de la etnia awá sufrió un atentado en el departamento de Nariño. El lunes, otro líder campesino, miembro de la UP, también fue muerto en el Cauca.

En lo corrido del año hasta el 17 de noviembre, habían sucumbido ante las balas de grupos armados ilegales 226 defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales en 112 municipios. El número es escalofriante y, más aún, el aumento de 43 por ciento frente a 2017 y de 133 por ciento respecto de 2016.

No estamos presenciando hechos aislados o un simple brote de violencia sin mayores proyecciones. La historia se repite. Las cifras muestran que se reproduce como la metástasis de un cáncer antiguo, la misma dinámica del genocidio de la Unión Patriótica que arrancó lentamente hasta que culminó con la destrucción de toda una generación de inconformes, no solo de la UP, sino también del movimiento sindical, del comunal, del afro, del indígena y de las comunidades étnicas y religiosas.

A Michel Forst, relator especial de derechos humanos de las Naciones Unidas, las comunidades que visitó en los sitios afectados por la violencia le refirieron que se sentían más seguras con las Farc que ahora por los grupos que rápidamente coparon los territorios después de la desmovilización. No hay la menor duda de que el mayor reto del Gobierno es la seguridad de esos territorios y de los líderes que allí buscan restablecer los derechos de las comunidades. El gobierno ha expresado su compromiso de afrontar esta grave crisis humanitaria, pero hasta la fecha, las políticas de prevención y protección han demostrado ser insuficientes. Lo dicen las estadísticas y también el relator especial de Naciones Unidas.

La intolerancia, la resistencia al cambio y la falta de respeto por quienes reclaman los derechos que la paz les debe devolver están en la raíz de la violencia que se extiende en los territorios victimizados por el conflicto armado. Se acabó la guerra, pero no sus causas. Bien lo analizaba el expresidente Belisario Betancur cuando tomó la valerosa decisión de buscar la paz mediante el diálogo. No basta con el silencio de los fusiles. Deben abordarse las causas objetivas y subjetivas del conflicto armado para aclimatar la paz y la reconciliación.

En la Colombia de hoy, la construcción de paz y la defensa de vida de los defensores y líderes sociales y políticas pasa por la implementación de los acuerdos suscritos entre el gobierno y las Farc. Esperan cumplimiento el capítulo de la reforma rural integral, con la garantía de acceso a la tierra de campesinos sin tierra o con poca tierra y la formalización de 7 millones de hectáreas, la continuidad del programa de sustitución social de cultivos y el respeto real a la protesta social, hoy todavía estigmatizada con señalamientos de grueso calibre por parte de altos funcionarios del gobierno.

También se hace necesario continuar desactivando viejos y nuevos actores de conflicto. El gobierno debe abrir espacios de diálogo para reasumir negociaciones con el ELN y el ELN debe entender que abandonar el secuestro no es una concesión al gobierno sino una obligación de humanidad. Tampoco debe echar el gobierno en saco roto la posibilidad de un sometimiento a la justicia de grupos ilegales como el Clan del Golfo que en el pasado ha mostrado intenciones de someterse a la justicia de manera concertada.

Finalmente, la política de protección y prevención estatal de los líderes debe complementarse con una decisión consciente - manifestada pública y reiteradamente-  de parte de los más altos representantes del Estado y de la sociedad toda, en dirección a la legitimación de la labor de los defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes indígenas, afrodescendientes y demás dirigentes de la comunidad en la defensa de sus derechos y territorios. De eso se trata el afianzamiento de una democracia pluralista que finalmente es la única vía para erradicar la violencia como instrumento para hacer política.

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2018

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Por Jairo Gómez*.- Uno no sabe si tratar el caso del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia como una epidemia.

Es tal el proceso de aniquilación sistemática que hoy se dice una cifra de asesinados y tres días después cambia abruptamente.

En Google definen la epidemia de dos maneras:

Uno. Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo.

Dos. Daño o desgracia que afecta a gran número de una población y que causa un perjuicio grave (a la sociedad).

Sin duda la definición dos es la que más se sitúa en la realidad colombiana. La crítica situación de los derechos humanos es la espada de Damocles que pende sobre este país. Es tan alarmante el suceso que según el último dato de Naciones Unidas en Colombia han sido asesinados 343 (hoy ya pudo haber aumentado la cifra) líderes sociales y defensores de DD.HH. en los dos años anteriores.

A pesar de los compromisos institucionales para garantizarle la vida a estas personas, los hechos se repiten y todas las declaraciones comienzan de la misma manera: “9 de diciembre de 2018, panadería sobre el paradero de vehículos  que cubren la ruta interveredal al corregimiento Los Andes, cerca de las 12:30 de la tarde, un individuo se acercó al compañero Gilberto Antonio Zuluaga Ramírez, y le disparó con un arma de fuego en la cabeza”. Esta escena ocurre en las barbas de policías y militares que ineficaces e incompetentes no actúan, mientras los municipios y veredas del país se siguen inundando de sangre inocente.

Todos los relatos que arropan cada cuerpo inerte de un defensor de derechos humanos o un líder social asesinado, obedecen a una misma narrativa: “Era una defensora o defensor de los derechos de sus comunidades, un  reclamante de tierras, un líder social, un indígena o un negro que luchaba por sus justas causas”. Y esto a las autoridades no les dice nada. No existe línea de investigación alguna que asocie las causas de estos crímenes con grupos criminales organizados. Según el ministerio de Defensa son líos de faldas o ajuste de cuentas del narcotráfico.

“…Los mismos defensores no saben (de dónde provienen los tiros). Quizás sicarios; pero no sabemos quién es el cerebro detrás de estos sicarios”, dijo Michael Fort, relator de la ONU para los derechos humanos, tras anunciar que elaborará un informe que le será entregado al Secretario General de la ONU.

Este alto funcionario de la ONU visitó recientemente el país y habló para medios internacionales*. Visiblemente “preocupado por el creciente asesinato de los defensores de derechos humanos y líderes sociales”, no dudó en etiquetar estos hechos como un “plan sistemático” del cual participa “una multiplicidad de autores: fuerzas de seguridad, la Policía, exparamilitares, terratenientes y otros grupos armados, incluidos exfarc”*.

Lo que ocurre a diario contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados es una masacre en cámara lenta, gota a gota, y la sociedad, impávida y pasiva, sucumbe ante la violenta arremetida, según los denunciantes,  de grandes propietarios de tierras, de despojadores que hicieron del desplazamiento la estrategia para apoderarse de los bienes de los campesinos y de quienes con nostalgia aún evocan los cañones de la guerra.

Setenta años después de la declaración universal de los Derechos Humanos, las autoridades en Colombia no dan traza de querer garantizarle la vida a los activistas y siguen repitiendo la letanía de siempre: detrás de estos crímenes están las fuerzas oscuras. Es la mejor manera de escurrirle el bulto a una responsabilidad que lacera la imagen de Colombia ante el mundo.

Bogotá, D. C, 11 de diciembre de 2018

*Declaraciones  al noticiero de la DW

@jairotevi

Por Horacio Serpa*.-Todos coinciden en decir que el doctor Belisario Betancur fue un buen expresidente. Para mi tengo que también fue un buen Presidente de la República. Ganó las elecciones con el ahora recordado “si se puede”, pero también con la posición que asumió cuando su contrincante, Alfonso López Michelsen, propugnando por la convivencia, presentó su campaña diciendo que “la paz es liberal”. El doctor Betancur le respondió: “la paz es nacional”.

A buscar la paz con enorme compromiso nacional se dedicó el doctor Betancur. Propuso a los insurrectos un proceso de reconciliación, convocó a las diferentes organizaciones guerrilleras, se reunió con algunos jefes del M-19 en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, creó la Comisión Nacional para la Paz, solicitó la solidaridad internacional y abrió conversaciones  con las Farc, el Epl y el M-19, habiendo sido imposible dialogar con los elenos. Presentó al Congreso un Proyecto de Ley decretando una amnistía general, el cual fue aprobado en diciembre de 1982.

Tuve la satisfacción de colaborar con el proceso de paz del doctor Belisario, tanto en la Cámara de Representantes como en las Comisiones de Verificación y de Diálogo Nacional. Además,  cumpliendo instrucciones del Presidente participé en conversaciones informales y misiones acompañando al doctor John Agudelo Ríos, Consejero Presidencial para la Paz, y Bernardo Ramírez, Ministro de Comunicaciones, una especie de segundo Comisionado para lograr la paz.

Con las Farc se hicieron muchas reuniones. Las principales, en Casa Verde, al sur del país, donde se firmó un acuerdo de “cese al fuego, tregua y paz” y también se dio inicio a la Unión Patriótica, que luego fue exterminada. Por fallas de parte y parte, en lo institucional por falta de apoyo en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, del empresariado y de los Partidos Políticos, no se pudo culminar exitosamente el proceso.

El Epl se retiró cuando fue asesinado su máximo dirigente Oscar Willian Calvo, quien siempre reclamó la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Con el M-19 hubo muchos tropiezos. Viví directamente el enfrentamiento a tiro limpio entre el Eme y el Ejército Nacional, cuando con Bernardo Ramírez, Monseñor Castrillón y Laura Restrepo tratábamos de ayudar a la paz. Estuve en Corinto cuando se firmó la paz que luego se rompió, en un episodio en el que resultaron heridos Carlos Pizarro y su compañera Laura. Participé en conversaciones con Pizarro en Guarumales en medio de agudo enfrentamiento tratando de salvar el acuerdo y fui delegado del gobierno para dialogar con Antonio Navarro en Los Robles.

Menciono estos esfuerzos por la paz con el M-19, porque Gustavo Petro se dolió de haber sido torturado en el gobierno del doctor Betancur. Lamentable de verás, pero soy testigo del esfuerzo del doctor Belisario por la paz y del celo con que buscó lograrla con esta guerrilla. El doctor Betancur fue un humanista, un hombre de alma delicada, un demócrata, y nunca pudo estar de acuerdo con persecuciones, represión o violencia. Belisario Betancur fue un gran hombre y un Presidente de Paz.  

Bogotá, D. C, 10 de diciembre de 2018

Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Amylkar D. Acosta M*.- “La verdad oficial: una administración prudente de la falsedad” : José Ortega y Gasset.

Nunca se sabrá a ciencia cierta cuantos muertos por cuenta de la cruel y cruenta de la insania y la vesania juntas, esa horrible alba del 6 de diciembre de 1928, hace 90 años, en que las armas de la soldadesca, que le fueron puestas en sus manos para el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para defender a los colombianos, fueron puestas al servicio de los intereses de la multinacional United Fruit Company (UFC), se emplearon para cegarle la vida a inermes trabajadores de las plantaciones de banano en la Estación de la plaza de Ciénaga (Magdalena). Se ha hablado de miles, de centenares, de sólo 9 según la versión oficial e incluso se ha llegado a afirmar que “la masacre de las bananeras es un mito histórico”. Pero, los hechos son los hechos, los “hechos alternativos”, que se inventó la Consejera del Presidente Trump Kellyanne Conway, son sólo un ardid para negar u ocultar los hechos, que son tozudos.

Cobijados por la sombra de la noche del 5 de diciembre, en tinieblas porque ni luz había, sigilosamente arribó la tropa desde Barranquilla, que más parecía un pelotón de fusilamiento, a la plaza, bajo las ordenes del tristemente célebre General Carlos Cortés Vargas, en donde entre arengas y pancartas se apostaban los trabajadores, agremiados en la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), que habían votado la huelga general el 11 de noviembre de 1928, debido a la intransigencia de la UFC. Se estima que el número de trabajadores oscilaba entre los 25.000 y los 30.000, provenientes de muchas regiones del país atraídos por la fiebre del banano que abrazaba a la zona.

Su pliego petitorio no iba más allá de la exigencia de las mínimas condiciones para un trabajo digno: mejores condiciones salariales, 8 horas de trabajo 5 días a la semana, la abolición de los comisariatos de la empresa en donde se veían obligados a redimir los cupones con los que se les pagaba el jornal por su trabajo a destajo. La empresa, que hacía alarde de su poder avasallador, acolitada y alentada por la obsecuencia de las autoridades, se negó a negociar el pliego alegando que no estaba obligada a ello. Era una lucha desigual.          

Nuestro laureado  con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez describe en su obra cumbre Cien años de soledad aquel momento a través de José Arcadio Buendía: “la huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverberó en un sábado de muchos días, y en el salón de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. Allí estaba José Arcadio Segundo, el día en que se anunció que el ejército había sido encargado de restablecer el orden público. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para él como un anuncio de la muerte, que había esperado desde la mañana distante en que el coronel Gerineldo Márquez le permitió ver un fusilamiento”.

En efecto, el Presidente Miguel Abadía Méndez había anticipado a expedir la Ley Heroica el 30 de octubre, una especie de Ley marcial a través de la cual se declaraba turbado el orden público y le daba carta blanca para reprimir los brotes de protesta o inconformidad. Siendo Ministro de Gobierno Enrique Arrázola y Ministro de Guerra Ignacio Rengifo, designaron a Cortés como Jefe civil y militar de la zona, no sin antes declarar el Estado de sitio en la zona bananera y al amparo del mismo se prohibieron las manifestaciones públicas e incluso se declaró el toque de queda para sofocar la huelga.

En la madrugada de ese aciago 6 de diciembre, los trabajadores agolpados en la plaza con sus familias desde el día anterior a la espera de la anunciada visita del Gobernador José María Núñez Roca, que nunca llegó y quien supuestamente iba a interceder ante la empresa para encontrarle una solución pacífica al conflicto laboral, sucedió lo peor. El piquete de soldados seguían en la plaza en actitud desafiante. De un momento a otro los trabajadores fueron sorprendidos por el ruido ensordecedor del redoble de un tambor que anunciaba la lectura de un bando notificando el toque de queda y la orden perentoria de disolverse. Pero nadie se movió ni dispersó.

El intimidante redoblar de tambores fue seguido de tres toques de clarín y la amenaza por parte del inefable General Cortés de abrir fuego contra la multitud si no despejaban la plaza. Las ráfagas de las ametralladoras Schwarzlose y  las detonaciones de las balas asesinas de los fusiles Mauser ahogaron en sangre el justo reclamo de los trabajadores.

Lo demás es historia, se consumó un crimen dantesco a mansalva de personas humildes e indefensas, que pagaron con sus vidas la osadía de defender sus derechos laborales, sin que el Gobierno nacional moviera un solo dedo para evitar la masacre. En un sonado debate en el Congreso de la República, el caudillo Jorge Eliecer Gaitán denunció esta execrable matanza y concluyó diciendo que “en este país el Gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”. El Gobierno de Abadía Méndez impidió con sus mayorías que el Congreso designara una Comisión para que investigara los hechos y así terminó echándole tierra al asunto.

Para concluir, citemos a Gabo en Cien años de soledad: “en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando nada, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz” y según la última Encuesta de Gallup Internacional sigue siendo el segundo país más feliz del mundo con un puntaje de 82 sobre 100 (¡!).

Bogotá, diciembre 6 de 2018

*Expresidente del Congreso y Exministro de Estado

www.amylkaracosta.net

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Como sucede con las masas de plastilina dejadas a la imaginación de los niños, éstas van cambiando de forma a medida que los juegos infantiles avanzan.

Así ha sucedido con la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento que deberá ser aprobada por el Congreso la semana entrante. Fue cambiando de forma a medida que avanzaban las deliberaciones de las comisiones económicas conjuntas, sin que allí se notara ningún liderazgo gubernamental importante. Como se requería tratándose de asunto tan importante.

Es paradójico constatar que una ley cuyo recaudo en 2019 debía ser al menos de $14 billones apenas recogerá, según ha trascendido, $7.5 billones; con lo cual de todas maneras habrá que hacer un recorte en los capítulos sociales del presupuesto del año entrante de por lo menos $ 6.5 billones, que era justamente lo que se quería evitar.

¿Por qué llegamos a tan menesterosa conclusión?

En primer lugar, porque el Gobierno, que nunca tuvo listo este proyecto de ley sino que lo fue construyendo a golpes de anuncios “homeopáticos” a lo largo de las semanas a partir del 7 de agosto, incurrió en la inexcusable ingenuidad de creer que el país iba a aceptar un brusco aumento del 0% al 18% a todo el componente de alimentos básicos. Esto no sucedió así. Y al retirar el IVA a la canasta familiar se tuvo que abandonar una iniciativa que proveía el 80% de los recaudos esperados con esta reforma.

Los intentos por compensar semejante hueco resultaron infructuosos. En un momento dado, siempre con la improvisación proverbial, se dijo que con un IVA presuntivo que se cobraría a las personas más adineradas se podría compensar al menos gran parte de lo que se estaba sacrificando al entregar la bandera del IVA generalizado al 18% a los alimentos básicos. Vana ilusión. A las pocas horas de haber sido anunciado a los cuatro vientos, el IVA presuntivo tuvo que retirarse pues se descubrió que legalmente no era viable.

Y así siguió la fiesta de la plastilina. Anunciando hoy una fórmula mágica para retirarla mañana.

Todos los observadores serios como Fedesarrollo y Anif coinciden en que vendrán nuevas reformas tributarias, pues ésta maltrecha iniciativa no resuelve nada de fondo.

Si bien es cierto contiene algunas tibias y graduales iniciativas animadas en el buen propósito de reactivar la economía, está plagada de exenciones y privilegios tributarios muchos de ellos costosísimos (su costo se estima en más de $10 millones, o sea superior a lo que se va a recaudar); y cuya factura en términos de costos fiscales nos llegará inexorablemente.

Se reestablece un oneroso impuesto al patrimonio del 1.5% sin ninguna progresividad para los patrimonios mayores de $5.000.000.000. Esta tarifa borra con el codo lo que se había intentado en otros apartes de la reforma para estimular el ahorro y avanzar hacia una mayor progresividad en la estructura tributaria del país

Hemos llegado, pues, con esta Reforma de la plastilina a una situación paradójica: se necesitaban $14 billones para equilibrar el presupuesto del año entrante y apenas se recaudarán $7.5 billones. Con lo cual habrá de todas maneras que efectuar recortes al presupuesto del año entrante por $6.5 billones, principalmente en las áreas de inversión social, que había sido la justificación inicial del proyecto.

El resultado no puede ser más melancólico. Esta reforma de la plastilina se recodará en la historia fiscal del país como una de las más desafortunadas.

***

El fallecimiento de Belisario Betancur le deja un gran vacío al país. Pero su vida plena y fructífera le deja también grandes enseñanzas.

Creyó en la paz, en la democracia como ejercicio de convivencia; en la cultura.
Como él mismo lo dijo: "Si no fuí el mejor presidente sí creo haber sido el mejor expresidente". Y, sin duda, lo fue. Siempre miró a Colombia "cara a cara" como tituló uno de sus libros. Y así nos enseñó a mirarla. Esa es la gran enseñanza que nos deja.

Bogotá. D. C, 9 de diciembre de 2018

Abogado, Economista y Exministro de Estado

Alias ‘Aureliano’, Gustavo Petro, le echó al país un cuento sobre su abnegada vida política, sus amores y correrías con “el amigo de vida”, Juan Carlos Montes, y quiso engañarnos con la tal obsesión por “registrar sus hechos”, que todos la tenemos para recordar momentos familiares, pero no la entrega de “un billete”, en una habitación en penumbra y sin contarle al amigo que lo estaba registrando. 

Si esa filmación no fue para extorsionarlo, fue para protegerse, porque Montes sabía que hacían algo indebido y que, además, su amigo no lo era tanto, aunque Petro se exceda en alabanzas para “neutralizarlo”.

Dolido porque su amigo alcalde permitió que lo botaran, ese día de 2015, Montes claramente amenazó a Petro, y lo que este último sintió después de ese episodio no fue depresión; fue susto.

¿Qué pasó entre 2015 y 2018 para que el video terminara en manos inconvenientes para Petro? Montes lo dirá ante la justicia, porque nadie creyó el cuento del hacker, del ingeniero que no sabe de tecnología, del computador viejo; de los “abogados del diablo” adivinos.

Ahora bien, si son ciertas las acusaciones del abogado De la Espriella, la justicia de Estados Unidos intervendrá y el caso será más grave. Hoy el asunto no es si 20 millones es poco frente a 50 millones de dólares de Odebrecht, o si el debate contra el fiscal era el momento para hacer público el video; el asunto es también de “tono moral”, de la posición ética de quien se autoproclama defensor de la transparencia y la moral pública.

Recuerdo a la izquierda alebrestada cuando le montaron a Óscar Iván el escándalo con un video publicado antes de la primera vuelta de 2014. Hoy no veo esa furiosa condena. Para Claudia López es “espantoso”, pero ella está estudiando, y punto. Mockus concluye que le cree a Petro, y punto; mientras Fajardo calla…

Hoy Petro, con investigación abierta, acude a la estrategia de quienes se sienten por encima de la ley: a la movilización, a la acción de facto, como Mussolini en 1922, cuando movilizó a sus camisas negras sobre Roma para arrebatarle el poder al débil Víctor Manuel. Las marchas que pretenden minar la gobernabilidad, ya no serán por la educación o la carestía, sino para salvar a Petro y acorralar al presidente, pero Duque no es Víctor Manuel.

Bogotá, D. C, 9 de diciembre de 2018

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.-Tremendo lío en el que ha introducido el Fiscal Martínez a Colombia, a sus instituciones y lógicamente a la democracia. Cuando hizo parte de la terna para elegir a quien se encargaría de manejar la Fiscalía, los periodistas lo interrogaron específicamente sobre las posibles inhabilidades y conflictos de interés que podría tener, dados sus éxitos profesionales y la cantidad de negocios que su bufete llevaba a prestantes empresas, personas y entidades.

Sus respuestas siempre fueron negativas. Nunca admitió que tendría que declararse impedido en muchos casos. No estimó la posibilidad de tener comprometida la independencia que debe acuñar un funcionario con semejante labor y desmedido poder.

Como los días transitan con mayor velocidad que la “fórmula uno”, más temprano que tarde se llegó la hora en que se empezaron a presentar los conflictos que la gran mayoría de los juristas, estudiosos de la materia y comunidad en general habían previsto. Y fueron los casos de Odebrecht los que pusieron a prueba a Martínez Neira, quien como abogado debió atender los negocios del hombre más rico de Colombia.

La opinión pública fue bombardeada con noticias muy preocupantes, escandalosas podría decirse, ya que daban razón de ciertos sobornos que según se ha sabido, pueden llegar a 50 millones de dólares. Y era precisamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez la que tenía que atender estos casos.

Hasta último momento el titular del ente acusador desestimó la gravedad de semejante delito. Sus declaraciones a la prensa, su olímpica presencia en el Senado, su reacción ante las bien investigadas y documentadas columnas de las colegas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco, se limitaron a negar cualquier conflicto. Utilizó intimidaciones a los periodistas y espíritu burlón, como escudo de defensa.

Ante la evidencia de colisiones, el gobierno procedió a conformar una terna para que la Corte designe un fiscal ad hoc.

Al parecer, según una fotografía, la terna fue confeccionada por el senador Uribe, el fiscal Martínez y el Presidente. Los que conocen a fondo las normas jurídicas para funcionarios ad hoc, han encontrado fallas garrafales que invalidan la terna. Una magistrada no puede desempeñar simultáneamente una fiscalía ad hoc. Una Asesora jurídica de la Presidencia, no puede ser juez y parte, porque eliminaría la división de poderes. Sería Ejecutivo y Judicial. Y aparentemente el único válido sería el Decano de la Sergio Arboleda, pero se supo que tiene nexos con Martínez Neira. Total: la terna perdió validez. Habrá que confeccionar otra, pero ojalá que sea el presidente quien lo haga, sin dejar entrometer al senador Uribe y al fiscal Martínez.

Total: partimos una vez más de cero. Pero hay quienes consideran inocua la labor de un fiscal ad hoc, que solo conocerá de tres negocios de Odebrecht. Los demás los seguirá atendiendo Martínez con su gente y sus conflictos.

BLANCO: El ejemplo de superación que nos entrega Caterine “la grande”. 

NEGRO: Las amenazas de Putin a quienes critican a Maduro: “lo que es con él es conmigo”.

Bogotá, D. C, 7 de diciembre de 2018

*Exdirector del Noticieero Nacional y Notisuper.

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