Opinión
Por Clara López Obregón*.- La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional.
El 24 de noviembre se cumplió el segundo aniversario de la firma del Acuerdo del Colón, el nuevo acuerdo de paz negociado para incorporar las glosas del No que superó por pocos votos al Sí en el Plebiscito. Esa circunstancia explica por qué, en vez de bombos y platillos, la celebración de la efeméride fue lánguida a pesar de tratarse de un hito de la mayor significación.
No solamente se puso fin a un conflicto armado de medio siglo, sino que después de que las Farc entregaran las 42 toneladas de armas, Colombia tuvo en 2018 las elecciones más pacíficas y participativas de la historia, como bien lo resaltaron en comunicado conjunto, Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para la Paz. Mucho cabría esperar de la implementación de los acuerdos en los territorios azotados por el conflicto y de avanzar hacia la normalidad en todas las esferas. Pero la realidad de hoy es otra, en gran medida por la insistente negativa de sus detractores a aceptar los acuerdos, hoy bastante diezmados.
De una parte, sigue en ascenso el homicidio selectivo con más de 360 líderes sociales y 84 excombatientes de las Farc asesinados que dan muestra de la resistencia de grupos ilegales a aceptar la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las antiguas Farc, convertidas en partido político legal con firme voluntad de seguir adelante y afrontar los serios desafíos que les esperan. En el acto de conmemoración convocado por la FARC, su Presidente Rodrigo Londoño, antes Timochenko, reafirmó esa voluntad de paz, repitiendo con firmeza: “¡No volveremos a las armas!”
De otra parte, desde la institucionalidad, los opositores del proceso de paz insisten en erosionar la letra y el espíritu del Acuerdo. La JEP ha sido un blanco reiterado. Primero la Corte Constitucional, en decisión que se apartó de lo pactado, excluyó a los terceros civiles y funcionarios de la obligatoriedad de comparecer a contribuir a la verdad. Mediante, el reglamento el Congreso buscó la insólita salida de prohibir a sus magistrados la práctica de pruebas para el caso del pedido de extradición de Jesús Santrich. Después pretendió armar Sala aparte, con reglas distintas, para los militares, todo ello dirigido a deslegitimar la justicia transicional que el Acuerdo diseñó para abrirle paso a la reconciliación a través de la verdad para las víctimas, todas las víctimas y no solo las de la guerrilla.
El Fondo de Tierras que debe entregar tres millones de hectáreas a campesinos cuenta con apenas 517 mil y el catastro multipropósito para formalizar 7 millones más se hundió en el Congreso. La ley de desarrollo rural integral zozobró desde el anterior gobierno, la reforma política que se discute es un pálido reflejo de la que se proyectó para ampliar los espacios de la participación democrática y las 16 curules transitorias de paz para los territorios subrepresentados, tampoco pudo hacer tránsito.
La sustitución social de cultivos quedó congelada a las 97.084 familias inscritas hasta el 7 de agosto. Dicho programa ha demostrado tener mejores resultados y a menor costo que la fumigación y la erradicación forzosa por las que ha optado el nuevo gobierno, en contravía de lo pactado en el acuerdo de paz.
Las nuevas mayorías parecen olvidar que los acuerdos son para cumplirse, una de las máximas del principio de legalidad que hace parte del eslogan del Gobierno Duque. Lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc es de obligatorio cumplimiento pues se trata de un acuerdo de Estado que fuera ratificado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional y depositado ante la comunidad internacional, tanto en Berna como en las Naciones Unidas.
La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional. Pasamos de tener la paz en nuestras manos a cuestionarnos si se nos va a esfumar como el agua que pretendió cargar Simón el Bobito en un cedazo.
Bogotá, D. C, 28 de noviembre de 2018.
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
Por José G Hernández*.- Si algo caracteriza una democracia es la posibilidad real -para cualquier ciudadano- de acceder a los cargos públicos, en especial los de elección popular. Traducido ese principio esencial a términos jurídicos, tal posibilidad -que debe ser efectiva- se constituye en un derecho inalienable que el Estado debe garantizar y que implica, a la vez, todo un conjunto de derechos que le son conexos e indispensables, como los de conformar partidos y movimientos políticos, entrar y salir de ellos libremente, sufragar, elegir y ser elegido, desempeñar cargos públicos, vigilar y verificar la pureza y transparencia de los procesos electorales, oponerse al gobierno en ejercicio, protestar contra él, ofrecer públicamente alternativas políticas e ideológicas, votar en plebiscitos, referendos, consultas populares, revocatorias del mandato, y en general, en cualquiera de los mecanismos de participación popular. Sin una plena garantía institucional, que de verdad asegure el libre ejercicio de los derechos políticos, no se tiene una auténtica democracia.
Todo eso está garantizado en las constituciones políticas y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque la libertad política hace parte de ellos.
Parte muy importante de las garantías que las instituciones deben ofrecer a los ciudadanos consiste en excluir toda posibilidad de que quien ejerce el poder goce de facultades para obstruir, obstaculizar, bloquear o impedir el libre ejercicio de los derechos políticos. Se quiere evitar que, con el pretexto de imponer el orden, de sancionar transgresiones o de deducir responsabilidades, el gobernante o sus subalternos, prevaliéndose de su autoridad, bloqueen de modo arbitrario las opciones políticas contrarias o diferentes, coartando las libertades. Así que, como principio esencial de la democracia, una persona no puede ser despojada de sus derechos políticos, ni le pueden ser suspendidos por determinaciones de autoridades administrativas. Sólo a los jueces se confía de manera exclusiva la atribución de suspender los derechos políticos, previo un debido proceso y mediante sentencia. Lo dice el artículo 98 de nuestra Constitución, según el cual el ejercicio de la ciudadanía -y por tanto de tales derechos- "se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley".
La Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a Colombia y prevalece en el orden interno (Art. 93 C.P.) establece en su artículo 23 que solamente un juez competente, en proceso penal, puede privar a un ciudadano de sus derechos políticos, entre ellos el de ser elegido en votación popular y el de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El 27 enuncia los derechos políticos entre aquellos que ni siquiera en estado de guerra pueden ser suspendidos, como tampoco las garantías para su protección.
Téngase presente todo ello en el caso del senador Petro, a quien se quiere despojar de su curul -asignada por norma constitucional (Art. 112 C.P.)-, a partir de una multa exorbitante, desproporcionada e impagable.
En una verdadera democracia no son admisibles estos trucos para sacar del juego político a un ciudadano, sea cual fuere su ideología. Las opciones electorales, ni la política, pueden quedar en manos de funcionarios administrativos de segundo o tercer nivel, menos si están sub-judice.
Bogotá, D. C, 28 de noviembre de 2018
*Expresidente de la Corte Constitucional
Por: Guillermo García Realpe*.- Como si fuera poco con la cascada de nuevos impuestos que se ven venir con la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria del gobierno Duque, ahora se pretende, desde otro frente, desde el Plan Nacional de Desarrollo, cercenar varias conquistas sociales logradas por las gentes de nuestro sur del país y por los campesinos del Macizo Colombiano.
En el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del actual gobierno, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en su página 541, capítulo Pacto por la Calidad y la Eficiencia de Servicios Públicos, el gobierno nacional manifiesta que en los próximos cuatro años revisará todo lo relacionado a los subsidios a los combustibles líquidos en Colombia.
También los costos que asume el Estado colombiano en materia de transporte de los combustibles líquidos y también, de manera grave, una conquista de los departamentos del Sur de Colombia, especialmente, los departamentos del Macizo Colombiano que, están en el programa de sustitución de leña y el carbón con gas GLP; para prevenir la grave deforestación de los cinco departamentos como Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y próximamente sur del Huila.
Ante esta grave amenaza y riesgo de las conquistas sociales por pertenecer a zonas de frontera de los departamentos en nuestro país, como Nariño, Putumayo, Amazonas, Arauca, La Guajira, Cesar, y Norte de Santander, tenemos que unir esfuerzos para evitar que se eche para atrás lo ya logrado con tanto esfuerzo.
Por eso, desde ya prendemos las alarmas y hacemos el anuncio para que los movimientos sociales, los movimientos comunitarios, las autoridades regionales y locales nos movilicemos y denunciemos esta grave afectación que va contra la lucha comunitaria de muchos años.
Importantes conquistas sociales han representado el subsidio al gas GLP, el precio especial de frontera a los combustibles, y la compensación de transporte de los combustibles a las zonas fronterizas, por lo tanto, desde nuestra curul, desde el Senado de la República, hoy estamos denunciando ante el país y haciéndole un llamado al gobierno a que retire esta propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, la de revisar los subsidios del GLP y de los combustibles en las zonas fronterizas.
No podemos aceptar que echen para atrás estas importantes conquistas de la gente de las fronteras, de las gentes del Sur de Colombia y de los campesinos del Macizo Colombiano.
No podemos permitir tampoco que se le quite ese derecho, del subsidio al gas GLP, al cilindro de gas que, hoy tienen más de 342 mil familias de estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo.
¿Será que el gobierno nacional quiere que la tala de bosques y la deforestación a gran escala vuelva a aparecer en el Macizo Colombiano, a ese gran territorio donde está el recurso hídrico que aporta el 70% del agua dulce que consumimos los colombianos?, ¿será que prefieren que las enfermedades respiratorias reaparezcan en las familias campesinas y principalmente en las amas de casa prácticamente obligándolas a cocinar con leña y carbón, en medio del humo durante días enteros?
Ya estudios muy serios han venido haciendo un seguimiento estricto desde el año 2013, fecha en la que se empezaron a aplicar los subsidios al GLP en el sur del país, y los resultados más que positivos para nuestro medio ambiente y para la salud de las familias campesinas arrojan cifras bastantes alentadoras al respecto.
Por ejemplo, tan sólo en el año 2017, se deforestaron en Colombia 220 mil hectáreas, algo realmente muy grave, que está acabando con vastas zonas de bosques, sobre todo de la Orinoquía y Amazonía.
En contraste con esto y desde la perspectiva ambiental, se ha demostrado que los subsidios al gas en cilindro, han contribuido a reducir la deforestación en el sur de Colombia, donde el uso de leña pasó de un 25% a 1,14% evidenciándose una reducción significativa, entre tanto el uso de carbón pasó del 4% al 0,04%, algo extraordinario, sobre todo si se tiene en cuenta que beneficia directamente la salud de los usuarios beneficiarios del GLP y por supuesto a la contribución de la protección ambiental.
Todo esto demuestra que la gente más pobre de nuestros centros urbanos y rurales del sur del país, necesitan que el Estado les ayude a mejorar sus condiciones de vida, permitiendo que sigan accediendo a un combustible amigable con el Medio Ambiente que permita seguir reemplazando el uso de leña y carbón en la principal fábrica de agua dulce de nuestro país.
Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2028
*Senador de la República
Por Amylkar D. Acosta M*.- Las polvareda que levantó el sólo anuncio de gravar con la máxima tarifa del IVA a toda la canasta familiar concentró la atención de los expertos y de la opinión pública, distrayendo la atención sobre otros aspectos peliagudos, como lo son la multiplicidad de beneficios contemplados para las empresas que tienen un costo fiscal incalculable. Esta es la procesión que va por dentro. Veamos.
El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se estrenó con este anuncio: “necesitamos darle alivio a la excesiva carga tributaria que tienen las empresas en Colombia”. Consistente con la promesa de campaña del Presidente Iván Duque, el Ministro carrasquilla arguye que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”. La fórmula para “arreglar ese problema” ya la había anticipado el Presidente Duque en campaña, cuando afirmó que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo”.
Cabe preguntarse qué tan “asfixiadas” están las empresas “con tanta carga tributaria”. Recordemos que en los últimos 26 años se han aprobado 14 reformas tributarias y la constante en todas ellas ha sido aliviarle la carga impositiva a las empresas. Huelga decir que lo que dejaron de pagar las empresas fue asumido por parte de la Nación con cargo al Presupuesto General. A guisa de ejemplo sólo por cuenta del beneficio que le reporta el nuevo régimen a las zonas francas el Estado deja de recaudar entre $5 y $8 billones anuales.
Además, reforma tras reforma, se ha venido reduciendo la tasa impositiva sobre la renta de las empresas. Hoy está en el 33% y ahora se propone bajarla aún más, de tal forma que, de prosperar la propuesta del Gobierno, pasarían a pagar 32% en 2019, 31% en 2020 y 30% a partir del 2021. Pero, hasta aquí estamos hablando de la tarifa nominal, de la cual hay que descontar las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios, las cuales, según reporte de la DIAN le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales, de los cuales $13 billones corresponden a impuesto de renta.
No es de extrañar, entonces, el hallazgo de FEDESARROLLO según el cual dicha tasa efectiva es del 29.5% y el de los economistas del banco de la República Martha Delgado Rojas y Hernán Rincón Castro, para quienes la tasa efectiva neta sobre capital es del 21.4%. En uno y otro caso se equiparan con lo que pagan en promedio las empresas en los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 25%. Es una falacia, entonces, comparar la tarifa de impuesto a la renta que pagan las empresas en los demás países con los que compite Colombia con la tarifa nominal, que se ha llegado a tasar en el 69.9% (¡!) al sumar otras contribuciones distintas a las de renta y no con la tarifa real, que es la que en pagan.
Por ello preocupa sobremanera que en el tal Proyecto de ley de financiamiento no sólo se descarta de plano la posibilidad de revisar y hacer más selectivos estos beneficios tributarios, sino que se propone ampliarlos aún más, sin importar las afugias fiscales que agobian al país. En efecto, entre los nuevos beneficios para las empresas se cuentan los siguientes: deducción del IVA que se pague por la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos, disminución gradual de la tarifa de renta presuntiva de 3.5% actual a 3% en 2019, 1.5% en 2020 y 0 en 2021. Además, el descuento de 50% del cobro del Impuesto de Industria y Comercio contra el impuesto de renta a partir del 2020 y un descuento similar del 4 X 1.000 contra el impuesto de renta a partir de 2019, amén de la exención del pago de impuesto de renta a la inversión en el sector agrícola por 10 años y para la inversión en la denominada economía naranja por 5 años. Se estima que de aprobarse estos beneficios, sumados a la reducción del impuesto de renta, tendrían un costo de $10 billones (¡!), sólo por la deducción del IVA se dejarían de recaudar el 0.8% del PIB.
Si se llegara a aprobar esta nueva rebaja de impuestos a favor de las empresas, sobre todo de las grandes, el país asume el riesgo de quedarse con el pecado y sin la gracia, puesto que no está probado que dicha medida se traduzca en mayor competitividad, como alega el Ministro Carrasquilla y en la generación de más y mejor empleo como lo planteó el Presidente Duque, resultados estos que se consideran axiomáticos. No pasa de ser un espejismo afirmar, como se dice en la exposición de motivos, que se baja la tasa impositiva y se le dan todas esa gabelas a las empresas “para volver a una senda de crecimiento económico alto, como el que se dio en el marco del boom minero-energético de la pasada década”, a sabiendas que el boom fue el determinante de ese mayor crecimiento. Concluimos diciendo con Albert Einstein que “locura es hacer lo mismo una y otra vez…y esperar resultados diferentes”. Así de claro!
Bogotá, noviembre 25 de 2018
*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
Por Juan Camilo Restrepo Salazar *.- El melancólico desenlace que está teniendo la Reforma Tributaria demuestra que todo lo que comienza mal termina mal. Veamos.
Se dijo inicialmente que se le iba a presentar al país una Reforma Tributaria que se necesitaba con apremio; después, durante la asamblea de Confecámaras, el Gobierno aclaró que no iba a ser una Reforma Tributara tradicional sino una Ley de Financiamiento de las que trata el Artículo 347 de la Constitución, cuando los presupuestos iniciales se presenten desfinanciados.
Cuando todos creíamos que el gobierno tenía lista la Reforma y que la iba a presentarla desde el mismísimo 7 de agosto, resulta que no la tenía lista; y durante cerca de dos meses comenzó la danza de los anuncios a cuenta gotas sin que nunca se conociera la visión de conjunto.
Después vinieron las informaciones fragmentarias y poco convincentes de cuanto era exactamente el déficit que había que cubrir. Se habló de $25 billones, de $18 billones, y por último se aterrizó en la cifra de $14 billones.
El pecado capital con que nació esta mal diseñada y peor explicada Reforma radica en que se creyó que el país iba a aceptar que de golpe y porrazo se pudiera elevar de 0 al 18% el IVA al 50% de los bienes y servicios hoy exentos o excluidos. Gigantesca ingenuidad. Nunca en la historia fiscal del país se había planteado un alza del IVA con esta desmesura. El único intento que se había hecho, en 2003, para extender el IVA al conjunto de la canasta familiar consistió en elevar pudorosamente la tarifa del 0% al 2%. Pero nunca al 18% de un golpe.
El mecanismo planteado para devolver el IVA a los estratos 1, 2 y 3 era, a ojos vistas, algo improvisado que iba a generar un gigantesco problema administrativo.
Siempre que se habla de una Reforma Tributaria se subraya la importancia de eliminar exenciones y tratamientos de privilegio. El proyecto que agoniza está plagado, por el contrario, de más regímenes de privilegio. Pensemos no más en las llamadas “mega- inversiones” y en los fracasados contratos de estabilidad tributaria, que tanta inflexibilidad le incorporaron al régimen fiscal en el pasado, y que ahora se reviven.
Por todos lados el proyecto está saturado de propuestas de exenciones o minoraciones odiosas, que no se cuantifican.
Sin que se necesitara y sin que nadie lo estuviera pidiendo, se propuso reducir la tarifa general del IVA del 19% al 17%, con un gigantesco costo fiscal.
Se dice querer combatir la evasión, y, sin embargo, se plantea la eliminación de la renta presuntiva, instrumento importantísimo para la lucha contra la evasión. Tal como lo señaló en su momento la misión que entregó sus conclusiones en diciembre de 2015.
Fue tal la descoordinación con que se preparó este proyecto que en el artículo 83 se vuelve a crear el Fondo para la estabilización de los precios de los hidrocarburos que existe hace más de 10 años.
Y hace pocos días, lo que denota también inexcusable improvisación, el presidente Duque tuvo que salir en público (lo cual ya de por sí es sorprendente) a pedirle al Ministro de Hacienda que por favor no olvidara su protegido “sector naranja”, que había quedado gravado con todo tipo de impuestos en la versión original de la disparatada propuesta original.
Como lo han señalado entre otros Fedesarrollo y un reciente estudio de académicos de la Universidad Nacional (“sumas y restas tributarias en el proyecto de ley de financiamiento” de Javier Ávila y Jorge Armando Rodríguez) el proyecto de ley no cubre más allá del 2020 las necesidades fiscales del país. O sea, las orejas de nuevas Reformas Tributarias a partir del 2020 asoman en el horizonte.
En apresuradas reuniones que han tenido lugar esta semana en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios ponentes se le ha hecho una despiadada trasquilada al Proyecto de Ley. El primer mechón que se ha recortado fue el del IVA al 18% a los alimentos, sin que nadie derramara por supuesto una lágrima en su memoria.
Sí, todo lo que comienza mal termina mal.
Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2018
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por Mauricio Cabrera Galvis *.- El segundo argumento ecológico contra el petróleo es que su exploración, producción y transporte causan desastres ambientales. Es más contundente que el primero (su impacto sobre el calentamiento global) porque si bien, como en el caso de las drogas ilícitas, el problema lo causa la demanda y no la oferta y un país pequeño productor no tendría que asumir los costos de suspender la producción, si debería hacerlo si la misma producción causa daños ambientales.
La respuesta es que la producción de petróleo puede hacerse sin generar desastres ambientales. El riesgo existe y hay casos catastróficos como el naufragio del Exxon Valdes en Alaska o la explosión de la plataforma marítima Deep Horizon en el Golfo de México; pero las mismas compañías petroleras cada vez adoptan tecnologías y protocolos más estrictos de seguridad ambiental, y hasta se convierten en activas protectoras del medio ambiente. De otra parte, hay que recordar que hay muchas otras industrias que contribuyen al calentamiento global, como la ganadería, y a nadie se le ocurre prohibirlas.
La industria petrolera ha avanzado mucho en este campo y hoy dedica grandes recursos a prevenir daños ambientales. Diría Adam Smith que no es por su benevolencia sino por su propio egoísmo, porque saben que las prácticas medioambientales limpias les ahorrarán mayores costos de reparación y limpieza.
En Colombia son altos los estándares de mitigación del riesgo ambiental. Ecopetrol opera más de 15.000 pozos en el país, y se cuentan con los dedos de la mano los casos anuales de derrames de petróleo. La percepción puede ser distinta porque los pocos que hay se magnifican como una fake news en los medios y las redes sociales como sucedió con el reciente caso del pozo Lizama, que fue calificado como el mayor desastre ambiental de la historia.
La realidad es que en Lizama afloraron 20.000 barriles de crudo, pero el esfuerzo y la pericia de los técnicos controlaron el daño, recuperaron la mayoría y solo 500 barriles acabaron contaminando el ecosistema. Contrasta este mínimo impacto con el causado por los atentados terroristas contra los oleoductos, que han derramado 3.5 millones de barriles. Ese sí es el mayor desastre ecológico de Colombia, así las redes sociales no lo divulguen.
Cali, D. C, 25 de noviembre de 2018
*Filósofo. Economista y Consultor.
Por Jose Felix Lafaurie *.- Fedegán realizó el 36º Congreso Nacional de Ganaderos en Barranquilla, con la asistencia de cerca de 2.000 personas, entre delegados de todas las regiones, participantes e invitados. Lo primero a resaltar fue el saludo entusiasta de los ganaderos al Presidente y al Gobierno. Como lo manifesté en mi intervención, la última vez que un presidente asistió fue hace cuatro años, cuando Santos se apareció para amenazar a Fedegán por su posición frente a las negociaciones con las Farc. En 2016, Iragorri prohibió cualquier participación de funcionarios o entidades del sector. El Gobierno volvió al Congreso Ganadero. Participaron los ministros de Defensa, de Agricultura; la ministra de Transporte y los de Ambiente y de Comercio, además de los directores y gerentes de las entidades del sector, el Director del SENA y el Gerente del Invima. El Presidente fue generoso con los ganaderos en su intervención; se sentía en el ambiente la intención constructiva de pasar la página.
Lo más importante, sin embargo, fue su aceptación a nuestras propuestas en temas centrales para la ganadería, que concreté en cinco retos con alta incidencia sobre el sector agropecuario, y en tres que impactarían solo a la ganadería.
En el primer grupo planteamos: 1. La urgencia del ordenamiento productivo a partir de un catastro que, a través del predial, incentive su uso adecuado.
2. Vías terciarias a partir de una “alianza de infraestructura” con el aporte del predial rural municipal y los aportes de la Nación. 3. La creación de un “Fondo para el Desarrollo del Sector Agropecuario” alimentado por la inversión de sociedades contribuyentes de renta que recibirían un incentivo tributario; y de un sistema nacional de garantías móviles administrado por Finagro. 4. Una línea de crédito con ICR para la adquisición y montaje de sistemas alternativos de energía en predios rurales. 5. Una estrategia de distritos de riego para la producción rural.
Para impactar la ganadería propusimos: 1. El reto ambiental: un gran fondo de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad por parte de la industria extractiva, cuyos recursos se orienten a implementar un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles.
2. La conquista de los mercados, con una meta de 500 mil dólares en exportaciones, a partir de recuperar el estatus sanitario y lograr admisibilidad sanitaria a los principales mercados.
3. El proyecto de la leche social, con un fondo tripartito con participación de los ganaderos, la industria y el Gobierno, para ampliar el consumo en los estratos 1 y 2 de la población. El Presidente y el Gobierno le cumplieron al Congreso Ganadero. Por eso fueron bienvenidos.
Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2018
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
Por Jorge Enrique Robledo *.- Sobre el caso Odebrecth-Grupo Aval-Fiscal Martínez, dice The Economist que el Fiscal “claramente no está en posición de llevar una investigación imparcial (…) ya que él mismo podría tener que responder” (Enlace 1). ¡Él mismo podría tener que responder en una investigación criminal! Esta gravísima aseveración no la hace el Polo sino una publicación inglesa de alta reputación en los centros de poder del mundo. Y Martínez no terminó en este descrédito porque exista una “conspiración” en su contra, como falazmente alega. No. Ahí llegó por sus propios y repudiables actos, los conocidos antes y los conocidos ahora.
Jorge Enrique Pizano dejó pruebas de sobra para demostrar que en el Consorcio Ruta del Sol II operó un acuerdo para robarse grandes sumas, la forma que usaron para financiar los sobornos por cien mil millones de pesos con los que consiguieron los contratos de las carreteras que explotaron (Enlace 2).
Apoyada en los numerosos documentos que aportó Pizano como auditor del Consorcio Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, la Superintendencia de Industria y Comercio (el delegado Jorge Enrique Sánchez) acusó ante la Fiscalía a Odebrecht y a Episol-Corficolombiana como asociados en las coimas. Según las pruebas, estas empresas del Grupo Aval desatendieron, “incluso de manera sistemática, las advertencias sobre irregularidades que les informaba” Pizano, al igual que se burlaron de la medida que este logró que se tomara para evitarlas, por lo que las pruebas “no dan cuenta de una supuesta condición de víctima de Episol y Corficolombiana, sino más bien resultan indicativas de que tales compañías conocieron, participaron y consintieron pagos de sobornos a través del retiro ilegal de recursos” (Enlace 3).
Las grabaciones demuestran que Néstor Humberto Martínez, antes de ser Fiscal, recibió de Jorge Enrique Pizano pruebas irrefutables sobre la corrupción de ejecutivos de Odebrecht y Episol-Corficolombiana en la Ruta del Sol II (Ver Noticias Uno, El Espectador), pruebas que Martínez se comprometió a entregarle a su jefe en el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, al tiempo que, violando la ley, se las ocultó a la Justicia. Y que Martínez miente cuando dice que no se conocía la gravedad de lo que le informaba Pizano lo comprueba este comentario suyo: “Es claro que es una coima ni la hijueputa”.
Que Néstor Humberto Martínez conociera desde agosto del 2015 la corrupción en la Ruta del Sol II significa que lo supo por lo menos un año antes de hacerse elegir Fiscal General, de donde salen unas acusaciones obvias que la Justicia no ha investigado: Martínez se hizo nombrar Fiscal para proteger y protegerse de las acusaciones de corrupción en la Ruta del Sol II que se sabía que venían, al igual que para cubrir a Juan Manuel Santos y a los demás dirigentes políticos a cuyas campañas electorales llegaron los sobornos.
También lo condenan sus conductas como Fiscal desde cuando estalló el escándalo. Porque lo primero que hizo fue montar el falso positivo de Navelena, con el que, con dolo, absolvió a Odebrecht y ocultó que en ese negocio actuaban Corficolombiana y el propio Martínez Neira, del que además se supo que también había sido contratista de la Ruta del Sol II. Y en incontables veces y con todo cinismo, ha ocultado, manipulado, tergiversado, engañado y mentido en su favor y en el de Sarmiento Angulo, con lo que su caso pasó de ser por violar sus impedimentos al de actuar con una lógica corrupta.
De ahí que haya que repudiar su más reciente engaño, que le respaldan Sarmiento Angulo e Iván Duque: que en vez de renunciar al cargo, le nombren un Fiscal Ad Hoc que lo reemplace en uno solo de los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol II, con lo que engañan al país, Martínez mantiene su gran poder para seguir intrigando y, por su fuero, se asegura su total impunidad de todo cuanto haya hecho y haga durante los cuatro años como Fiscal General.
Coletilla. El próximo martes, desde las 4 de la tarde, con Angélica Lozano y Gustavo Petro, haré mi tercer debate en el Senado sobre Odebrecht-Aval-Fiscal Martínez.
Bogotá, 23 de noviembre de 2018.
*Senador del Polo Democrático Alternativo
@JERobledo
Por Gabriel Ortiz *.-Son muchos los políticos que se disputan con afán la Alcaldía de Bogotá, por ser el segundo cargo en importancia, después de la Presidencia. Brillantes hombres y mujeres se han lanzado tras ese “bombón” y muchos los que se han desempeñado con decoro y eficiencia. Recuerdan con nostalgia a Mazuera Villegas, Virgilio Barco, Luis Prieto, Jaime Castro y Gaitán Cortés. Peñalosa, hizo una buena labor en la alcaldía de 1997. Mostró algunas obras, pero su obsesión por la bicicleta, pudo más que la urgencia que tenía Bogotá de una adecuada movilización. A la 15 que tenía 5 carriles le recortó dos, para ampliar unos andenes mal programados y repletos de trampas humanas. Y no se diga nada del despilfarro con la invasión inútiles bolardos.
Desechó, como algunos de sus antecesores el metro y creyó haber descubierto el agua tibia con un sistema de transporte masivo llamado Transmilenio que ha costado una fortuna porque sus calzadas fueron mal proyectadas y pavimentadas con un tal relleno fluido, que no ofrecía calidad. Aún se están reparando esas rutas. Muchos especulan que ese tipo de vehículos eran promovidos por Peñalosa, cuando hizo parte directiva de la Volvo.
En el 2015 regresó a la Alcaldía para proyectar nuevas ideas que van contra la corriente. Destruir reservas ecológicas, angostar las pocas vías existentes para abrir ciclorutas, comprar -¿o vender?- otra vez buses contaminantes, adjudicar dudosamente licitaciones como la de los semáforos inteligentes, que legalizó con una carta falsificada de la Procuraduría. Y qué tal las de Bocarejo, el del tránsito que limitó la velocidad por ciertas avenidas, haya o no congestión.
La “mermelada peñalosa” repartida a los concejales para asaltar a la ciudadanía con un innecesario impuesto de valorización. Capítulo aparte hay que dedicarle a los abultados presupuestos para una publicidad amañada y engañosa sobre obras irreales. Y el caso de los “maletines amarillos” que a manera de bolardos quieren simular ciclorrutas. Estos los vende la “Empresa de Señalización” que los distribuye, a $150.000, pero al Distrito los compró a $350.000 cada uno.
Por todas estas cosas, Peñalosa tuvo que aplicarle a la sufrida ciudadanía el nuevo impuesto de valorización, que según lo afirmó en una columna periodística el ex vicepresidente Germán Vargas, no se necesitaba. El Distrito cuenta con endeudamiento aprobado por 20 billones de los cuales solo la mitad son para el Metro. Hay 2 billones de la venta de la EEB. Hay dinero suficiente. No se necesita meterle la mano al bolsillo de los bogotanos. Grave que los concejales, cuya lista fue publicada el martes en este diario, hayan aprobado el castigo ciudadano. Por esa lista es por la que no hay que votar en las elecciones que se avecinan. ¿Cómo pretenden salir reelegidos?
Peñalosa con la exuberante publicidad, con la que financia muchos medios, quiere recuperar la extraviada imagen, en su afán por llegar a la Casa de Nari.
BLANCO: No habrá IVA a la canasta familiar.
NEGRO: El IVA que saqueará a los pensionados.
Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2018
* Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.
Por Clara López*.- Entre las explicaciones del desplome del presidente Duque en las encuestas recientes está la cuenta de cobro de la ciudadanía por el incumplimiento de la promesa electoral de no subir el IVA y los impuestos en general.
En promedio, la desaprobación general del presidente se duplicó del 32 al 64,8 por ciento y en regiones como Bogotá y Antioquia se triplicó del 23 al 72 por ciento. El propio Iván Duque buscó inmunizarse de la reconvención al aseverar que no gobierna para conseguir aplausos y que toma decisiones sin pensar en su popularidad.
Así debió ser en la campaña electoral. Nadie se presenta a la primera magistratura sin conocer los indicadores básicos de la Hacienda Pública. La destorcida de los precios del petróleo, el ajuste fiscal en curso y la inflexibilidad del gasto público no eran datos desconocidos. Sin embargo, el candidato Duque prometió que no iba a subir los impuestos y, en concreto planteó: "Tenemos que reducir el IVA o vamos a tener una situación mucho peor"; “Quiero hacer una reforma fiscal para bajar impuestos.” Hasta vallas con mensajes semejantes aparecieron en distintos sitios del país.
Ya posesionado como presidente recogió sus palabras. Cuando el ministro de Hacienda empezó a ablandar el camino de la reforma tributaria en los congresos de los gremios, la opinión pública se alebrestó. Acto seguido, el ministro Carrasquilla anunció que la propuesta de ampliación del IVA a la canasta familiar era de su propia cosecha y que no comprometía al gobierno. Pero no. Parece que “convenció” al primer mandatario y finalmente presentó al Congreso la reforma de marras, vestida de Ley de Financiamiento y en directo incumplimiento de la promesa electoral del presidente. Pero no es el único caso.
También prometió el candidato Duque, ante un foro de estudiantes en Bucaramanga, que en un eventual gobierno suyo no habría fracking. “Tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y riesgos de mayor sismicidad por el tipo de suelo,” explicó para sustentar esa negativa. Sin embargo, su ministra de Minas dice lo contrario. Confrontada, afirma que va a “convencer” al presidente. Por el estilo hay varios temas en los que lo prometido se distancia de lo que terminan siendo las decisiones de gobierno, como el de los proyectos de la consulta anticorrupción.
Cabe entonces la hipótesis que responsabiliza del desplome de la aprobación del presidente Duque, no solo al seguro aumento del IVA, sino al incumplimiento descarado de la promesa de campaña de no subir impuestos. Es algo más sutil que debe empezar a alertar a candidatos nacionales y locales. La gente ya no come cuento y está pasando la cuenta de cobro por las promesas incumplidas de manera inmediata.
En tiempos de populismo y posverdades, el partido de gobierno empieza a recibir las consecuencias de su propia medicina. No es suficiente mimetizar el incumplimiento de promesas de campaña con desacuerdos entre ministros y presidente o entre bancada y gobierno. Ni sirve mucho que todos a una descarguen la responsabilidad sobre el gobierno anterior. Nadie puede llamarse a engaño. Lo que pasa es que las encuestas muestran que el ardid y la pretendida confusión generada sobre quién está detrás de cada propuesta, ya no está funcionando.
Es alentador para la democracia constatar que las promesas incumplidas empiezan a tener consecuencias. Las encuestas recientes son un buen indicio que puede llevar a mejorar el debate público. Los procesos electorales pueden y deben apartarse del populismo barato para promover una deliberación seria y realista sobre los distintos caminos viables y realizables que permitan afrontar las circunstancias de cada coyuntura.
De no enseriarse el debate electoral, cada gobierno encontrará que el incumplimiento de sus promesas contribuirá cada vez más a la falta de legitimidad y de gobernabilidad. Según la reciente encuesta, el que la hace la paga.
Bogotá, D. C, 21 de noviembre de 2018
*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.
