Opinión

Por José G. Hernández*.- En Colombia -una democracia, si atendemos al texto constitucional- el derecho a protestar lo tiene toda persona. Protestar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, entre otras acepciones, “aseverar con ahínco y con firmeza”, y también “expresar la oposición a alguien o a algo”. Y presenta como ejemplo: “Protestar contra una injusticia”.

Quien protesta, entonces, declara, manifiesta, expone, y por definición, expresa algo. Deja constancia. Y no se puede pretender que siempre proteste a favor. Lo normal es que proteste contra algo o contra alguien, y en oposición. Ese es, además, un derecho inalienable, desde la más tierna infancia. El bebé protesta. El niño menor lo hace. El adolescente protesta. El estudiante protesta. Y ante los gobernantes, tanto el hombre como la mujer mayor, protestan. Un gobierno o una institución que pretenda que en su contra o contra sus decisiones nadie proteste, está fuera de la mínima inteligencia.

Nuestra Constitución consagra la democracia participativa, en cuya virtud todos tenemos el derecho y el deber de tomar parte en la adopción de decisiones que nos afecten -de manera individual o colectiva- y en la vida política, económica, social y ecológica de la Nación, del Departamento, del Municipio, del Distrito, del barrio, de la escuela, del colegio, de la Universidad, de la empresa, del sindicato, del club, de la asociación o sociedad a la que pertenezcamos. Y tanto la Carta Política como los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos consagran la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el estatuto y el derecho a oponerse.

Así que, si estamos ante un conjunto de derechos -todos fundamentales- no cabe prohibir o impedir la protesta, las reuniones, las marchas, las manifestaciones. Sería antidemocrático, inconstitucional y muy dañino.

Como todo derecho, desde luego, el de protestar no es absoluto, porque, como señala el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades. A lo cual agrega que el primer deber de toda persona consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Ello, en cuanto, como ocurre con todo derecho, este es relativo, y llega hasta donde pueda afectar o dañar los derechos de otros o la integridad y vigencia del orden jurídico. De modo que protestar no es dañar, atacar con violencia, herir o matar.

Y al respecto, la función de las autoridades consiste en asegurar que los derechos a la protesta, a la oposición, a la reunión y a la expresión tengan lugar de manera pacífica y sin causar daño a las personas, ni a los bienes públicos o privados.

Por su parte, la autoridad tampoco puede abusar, ni excederse. Debe resguardar y garantizar el ejercicio de tales derechos, impedir los excesos y proteger. No abusar de sus armas, torturar, ni matar. Ha de respetar los derechos humanos y tener en cuenta que en Colombia está prohibida la pena de muerte, y que la Policía no está llamada a aplicarla de facto, como ha venido ocurriendo. Debe actuar dentro de los principios de respeto, razonabilidad y proporcionalidad. Y según las órdenes superiores, que a su vez deben ser legítimas y tienen los mismos límites.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- El glifosato es un producto que ha rondado nuestro campo durante décadas, pues es desde los años 80 que éste se ha venido usando ampliamente en Colombia. En todas las regiones del país el glifosato ha estado presente; los trabajadores del campo lo han manipulado; los suelos lo han asimilado; las poblaciones han convivido con él en el ambiente; incluso sus trazas se han encontrado presentes en alimentos que hemos consumido.

Ahora, el glifosato es un producto tóxico, tal como lo son otros herbicidas, plaguicidas y similares; y es de entender que se deben tener regulaciones para estos productos y que en Colombia hay que buscar reducir su uso en la medida de lo posible.

No obstante, para el caso del glifosato en Colombia, este tema debe analizarse con cuidado, pues en él existen ciertas variables, que no necesariamente tienen que ver con lo agrícola. Primero, la controversia de su uso se da cuando el glifosato es parte de la erradicación de los cultivos ilícitos. Segundo, la controversia se centra justamente en su uso frente a los cultivos ilícitos, más que en las prácticas agrícolas (en donde el uso del glifosato sigue vigente).

Aquí es importante hacer un balance justo de las cosas, pues no se puede desconocer que detrás de este asunto, hay muchos intereses ocultos. Los grupos armados ilegales por ejemplo, tienen gran interés en eliminar la erradicación aérea, en donde sus campos minados y francotiradores, no son tan efectivos para asesinar y mutilar a los erradicadores, tal como ha vuelto a suceder en el país. La erradicación aérea tampoco ayuda a que comunidades campesinas, de manera obligada, entorpezcan los trabajos de erradicación, como ocurre en la actualidad.

Como argumento para eliminar el glifosato como opción de erradicación se tiene el efecto que éste causa en la salud de las personas que viven alrededor de los cultivos ilícitos. No obstante, aquí empiezan a aparecer cosas que no encajan del todo dentro de la lógica.

Es interesante ver como nadie habla de la afectación que causan los laboratorios de procesamiento de coca, los cuales están presentes en todas las regiones donde existen estos cultivos ilícitos. Nadie habla de las sustancias peligrosas que en ellos se manejan sin ningún tipo de control y que se vierten directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Si, insumos como Ácido sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Tolueno, Éter, Kerosén, Permanganato de Potasio, entre muchos otros, son usados en el procesamiento de la coca, y estos afectan gravemente al medio ambiente, y a la salud de las personas (varios de ellos cancerígenos); ¿Por qué no se tienen en cuenta a la hora de analizar las causas que están afectando la salud de las personas que viven en estas regiones con presencia de coca?

Ahora, la erradicación aérea con glifosato por sí sola no es la solución. Pero tampoco podemos condenar herramientas de erradicación, en dirección a lo que los mismos grupos ilegales quieren promover, con el objeto de reducir la presión sobre sus fuentes de financiación.

Hay que sopesar todos los pros y los contras de cada una de las opciones que tenemos a la mano, antes de descartarla, pues lo que se ha demostrado es que es el narcotráfico es el que más ha contaminado, deforestado y amenazado la vida de las personas en el campo colombiano.

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz

Por: Guilllermo García Realpe*.- Como en tiempos de la Colonia donde el poder político representado por los emisarios de la corona española, somete a los indígenas para que les entregaran sus territorios y bienes, abusando de su posición dominante, hoy la historia se repite tal cual con las nuevas circunstancias por las que atravesamos los colombianos, pero sobre todo la clase trabajadora. 

En Colombia tenemos una serie de reyezuelos representados en los bancos, en todo el sector financiero, en las empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones que se aprovechan de su poderío y riqueza para ejercer una posición dominante y malévola con los usuarios, incluso con actitudes inhumanas como las sucedidas recientemente en Santa Marta, con la empresa Electricaribe que, le cortó el servicio de energía a un ciudadano que necesitaba con urgencia estar conectado a un respirador, acto que conllevó a la muerte de un reconocido médico de esa ciudad. 

De La Colonia hacia acá nada ha cambiado, son situaciones idénticas, pero con otros actores que heredaron esas tradiciones de dominio y persecución contra los más débiles. Hoy los colombianos trabajamos para los bancos, para pagar impuestos, en algunos casos onerosos recibos de servicios públicos y miles y miles de compatriotas vinculados mediante la modalidad de tercerización laboral, hacen que sean precarizados, de la misma forma la pérdida de poder adquisitivo de las familias y la poca capacidad de ahorro de los colombianos hacen que el país este yendo en caída libre. 

En el caso por ejemplo de los taxistas y del gremio transportador, solo trabajan para pagar las obligaciones con las aseguradoras o con las empresas de tránsito, o para el pago de las grúas cuando le inmovilizan sus vehículos, todo eso se ha convertido en un negocio millonario que lucra a un puñado de empresas que siguen reinando a costillas del pueblo trabajador. Destronar esa serie de situaciones ha sido bastante complicado, pues hacen parte y conviven del poder político, que las protege y les da gabelas para seguir en el trono.

En conclusión, estamos trabajando para los ricos de este país, son ellos, quienes nos tienen clavados por un lado y por el otro, el gobierno que con esa cascada de impuestos tiene ahogados a los colombianos. 

Toda esa serie de situaciones ha generado un inconformismo generalizado que se ha convertido en una verdadera bomba social que pronto va a estallar y que ya se ha evidenciado en diferentes momentos en los últimos meses y días sobre todo en las principales ciudades del país. 

No es un secreto que la clase trabajadora está inconforme, pero también los sectores productivos, el campesinado, los pueblos indígenas y afros, los jóvenes, en fin, la Colombia profunda marginada y excluida, todos piden a gritos un cambio y una transformación social. 

Lo sucedido recientemente en Popayán, donde la imagen de su fundador Sebastián de Belalcázar cae a manos de un grupo de indígenas pertenecientes al pueblo Misak y Nasa es apenas un detonante de todo el inconformismo social que vive el país desde diversos sectores, desde diversos frentes. 

Ese hecho, calificado como un acto de dignidad de los pueblos indígenas en mención, también fue catalogado por algunos sectores como vandalismo y hasta el propio alcalde de la ciudad anunció demandas por considerar daño al patrimonio histórico. Lo cierto, es que para quienes apoyamos la causa de los pueblos indígenas, este acto simbólico; pero valeroso de los nativos saco a flote el sentimiento más profundo de rechazo, indignación y al tiempo el de resarcir la memoria de los pueblos indígenas que fueron y siguen siendo oprimidos por los grandes terratenientes y por un Estado indolente que poco o nada le interesa lo que ocurra en los territorios ancestrales. 

Los Misak afirman que Belalcázar, quien también fundó a Cali, era un genocida que durante La Conquista fue responsable de desapariciones forzadas, despojo y acaparamiento de grandes extensiones de tierras que ya eran parte de la Confederación Pubenence, actual suelo de la ciudad de Popayán. Hoy el pueblo Pubense aún sobrevive con poco más de dos mil integrantes, en el resguardo del Alto del Rey en El Tambo, Cauca. 

Pero lo que denuncian los indígenas durante La Conquista con Belalcázar, es una radiografía idéntica a lo que hoy tenemos. En Colombia, esa historia parece repetirse a lo largo de los siglos, unos terratenientes que quieren arrinconar al débil, despojar sus tierras, acabar con sus cultivos para instalar la gran industria en los territorios y desplazar a las comunidades indígenas que luchan por hacerle frente a las pretensiones de los grandes, pero que por el otro lado también resisten al exterminio y al genocidio del cual son víctimas. Es decir, la violencia de La Conquista sigue más vigente que nunca. 

Hoy los pueblos indígenas reclaman garantías de vida, a sus derechos humanos, claman para que sus líderes no sigan siendo asesinados, pero también su lucha es por el territorio, la justicia y su autonomía; reclamaciones que han venido haciendo durante décadas. 

Ya cayó Belalcázar, entonces, ¿seremos capaces como sociedad de destronar a los poderosos de este país y que sea el pueblo legítimo quien llegue a reinar? Amanecerá y veremos y ese amanecer está cerca.

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- En una posición unánime, el Consejo Gremial Nacional, que representa a los sectores que generan la mayoría del empleo formal y la riqueza del país, le envió una carta al presidente Duque solicitando adelantar gestiones para que no se ratifique el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, sobre todo cuando es prioritario construir políticas públicas “…que permitan la reactivación económica, el fomento del empleo y el desarrollo sostenible”.

Escazú es la ciudad costarricense donde se firmó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, al final suscrito por 22 países, el último de ellos Colombia en diciembre de 2019, en una decisión que sorprendió, pues el Gobierno había manifestado, pocos meses antes, que ya existen instrumentos nacionales e internacionales que permiten cumplir con los objetivos del Acuerdo.

Resumo las contundentes razones del CGN:

Primero: Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos que el país necesita.

Segundo: La protección del ambiente está ampliamente garantizada por licencias ambientales, planes de manejo ambiental, guías ambientales, etc., además de las veedurías y la consulta previa, entre otros mecanismos.

Tercero: El acceso a la información pública también está garantizado por la Ley.

Cuarto: Se amplía el campo de acción hacia cualquier actividad económica, lo que representa el advenimiento de una nueva justicia: la ambiental.

Quinto: No solo se pondría en entredicho la legislación ambiental interna, sino que implicaría el control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental. Baste notar lo que significaría añadirle argumentos ambientales a la Corte Internacional de Justicia, activada para estos temas por Escazú, frente al litigio territorial con Nicaragua, uno de los firmantes.

Por ello, el CGN recomienda que el Gobierno y el Congreso se concentren en afinar los medios existentes hacia “…un justo equilibrio entre la participación de la comunidad y la protección del ambiente, de un lado, y el ejercicio de la actividad económica, del otro.

El acuerdo es una intromisión a la soberanía de los países, negociada por los que ayer eran de izquierda y hoy se desmarcaron del Socialismo del siglo XXI. Para entrar en vigencia debe ser ratificado por 11 países y hoy cuenta con nueve pequeños, incluido Bolivia, que lo ratificó en tiempos de Evo; pero los grandes de la región: Brasil, Argentina, Perú y, más recientemente, Chile, ya “escurrieron el bulto”, no solo porque ya existen instrumentos internos, sino por el riesgo de “judicializar” las decisiones ambientales, principalmente sobre recursos minero energéticos. Hasta Venezuela se ha hecho a un lado, seguramente presionada por el capital ruso y chino que controla su petróleo.

Ya mencioné que el Acuerdo amplia el campo de acción judicial ambiental a todas las actividades, incluida la ganadería, ya amenazada por la “extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica”, que desempolvó la reforma rural fariana. Con el acuerdo Escazú el asunto se vuelve “judicial” y un propietario no solo puede ser llevado ante un juez local, sino ante instancias internacionales con sesgos ideológicos. ¿Por qué, si no, la izquierda es defensora entusiasta del Proyecto de ratificación presentado por el Gobierno?

El debate está abierto. Hay que proteger la naturaleza, pero la realidad no es tan sencilla como pretenden los ambientalistas extremos, la izquierda y el “farcsantismo”. La solución apunta a la sensata recomendación del CGN, que esperamos acoja el Gobierno, de buscar en casa, sin injerencias externas, el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo.

Bogotá, D. C, 20 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Por qué en Colombia con la cuarentena más larga del mundo, y malos resultados en recesión y desempleo, se tienen cifras de muertes y contagios que están entre las más altas del mundo? Esta pregunta que planteé la semana pasada suscitó interesantes respuestas de pacientes lectores.

Los hechos y datos que motivan la pregunta son conocidos. En lo económico, una tasa de desempleo superior al 20%, que es la más alta de Latinoamérica y de todos los países de la OECD; una caída del PIB del 15.7% en el segundo trimestre, que en la región solo fue peor en Argentina (-20.1%) y México (-18.9%). Cabe notar que este último país tuvo medidas de confinamiento mucho menos restrictivas que Colombia.

En materia de salud los resultados no son satisfactorios: la cuarentena más larga del mundo con 163 días de Aislamiento obligatorio –aunque con 42 excepciones- no impidió que Colombia sea hoy el sexto país con más contagios y el once en número de muertos, ni que en el mes de agosto tuviera el mayor número de muertes por millón de habitantes, según la Comisión Lancet.

¿Qué nos pasó? La respuesta no es fácil ni pretendo tenerla, pero si se pueden plantear algunas hipótesis de factores que han incidido en estos resultados.

El primero es la situación inicial del sistema de salud que no estaba preparado para afrontar una pandemia, lo que fue la razón que llevó a las autoridades a decretar la cuarentena total muy temprano, a los 17 días del primer caso, cuando solo había 30 contagiados y 1 fallecido. En Italia, por ejemplo, el cierre total fue decretado a los 44 días del primer contagio, ya con 53.600 casos y 4.825 muertos.

La decisión fue acertada para aumentar las UCIs y evitar el colapso del sistema de salud con muchos más muertos, como sí sucedió en Italia. Sin embargo, y es el segundo factor, no se aprovechó la ventaja del control tempranero para evitar la propagación del virus por el bajo número de pruebas que se realizó en los primeros meses, lo que impidió las estrategias de seguimiento y cercos epidemiológicos que fueron exitosas en países como Corea o Taiwan.

En tercer lugar está la insostenibilidad de la cuarentena y la imposibilidad de hacerla cumplir. Al haberla decretado tan temprano, el gobierno tuvo que relajarla y permitir una apertura gradual de la economía a los 35 días de haberla impuesto, cuando apenas iniciaba el crecimiento exponencial de la pandemia, y solo se tenían 5.500 contagios y 253 muertos. En Italia se empezó la apertura gradual a los 44 días, pero ya había pasado el pico y el número de contagios diarios se había reducido en un 80%.

La cuarentena total era insostenible por las condiciones de informalidad, pobreza y hacinamiento en que vive la mayoría de la población, en un contexto de escasa cultura ciudadana y hasta incredulidad sobre la peligrosidad del virus. Sin temor y acosados por la necesidad, la gente volvió a las calles y explotaron los contagios. A esto ayudaron también decisiones oficiales como el día sin IVA, así como el reducido tamaño de las ayudas para los más vulnerables o para proteger el empleo, que además llegaron tarde.

Para que no seamos también los más demorados en la recuperación, se requiere una acción más decidida del Estado que impulse la demanda y reduzca el hambre y la pobreza.

Cali, 20 de septiembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Amylkar D. Acosta M*.-A la presión de las regiones productoras para que se mejorar su participación en los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se vino a sumar la de las empresas mineras y petroleras que venían enfrentando la hostilidad y el rechazo a su presencia y actividad en las regiones. Como lo dijo claramente la ex directora del DNP Gloria Alonso, “si no les hacemos ver a las regiones productoras los beneficios que puede traer la explotación de los recursos naturales no renovables, ni los productores ni los no productores van a ver las regalías”. De allí la necesidad de barajar para volver a repartir las regalías, la que originó la tan anhelada y aplazada reforma de la reforma del SGR, la cual se adelantó mediante el Acto legislativo 05 de 2019. En cierto modo, se hizo borrón y cuenta nueva.

Ciertamente, este Acto legislativo le dio un vuelco total al SGR, tanto en lo relativo a la distribución de sus recursos como en la gestión de los mismos. En primer lugar, se incrementó el ingreso tanto a los departamentos como a los municipios productores y portuarios, cuya asignación directa pasó del 11% al 20%, más un 5% adicional para los municipios productores. Podemos decir que con esta reforma se le mejoraron ostensiblemente sus ingresos, pero no lo suficiente, razón por la cual hemos insistido en nuestra propuesta de hacerles extensiva la norma mediante la cual las empresas que operan en sus territorios puedan invertir parte de lo que deben tributar a la Nación en proyectos priorizados por los entes territoriales bajo la modalidad de obras por impuestos.

Pero, como se trataba, según lo dijo la ex ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez de disponer de “más plata para los productores de manera importante y para los no productores también”, se terminó sacrificando el ahorro de los recursos del SGR, tanto en el FAE como en el FONPET. De los dos sólo el FAE sobrevive y eso con sólo el 5%.  Un 34% de los recursos del SGR corresponderá a la Asignación para el Desarrollo Regional, en el cual se fusionan el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional, para proyectos de mayor impacto. De otra parte, se prevé que un 12.68% se le asignará a los municipios más pobres del país a título de Asignación para Inversión Local, tomando como criterio el índice de necesidades básicas insatisfechas, con lo cual se busca contribuir al cierre de brechas. El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación pasará de recibir el 9.45% al 10%, de estos dos puntos porcentuales deberán enfocarse a la financiación de proyectos que tengan que ver con innovaciones que favorezcan el medioambiente, el fomento de las fuentes no convencionales de energías renovables, la transición energética y la reducción de la huella de carbono.

Hay tres aspectos relevantes y novedosos en la Ley que reglamenta este Acto legislativo expedida por el Congreso de la República dignos de destacarse. En primer lugar se garantiza la asignación de los recursos para la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC, base fundamental para garantizar el financiamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los 170 municipios priorizados, bajo la responsabilidad del Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila.

De otra parte, se les garantiza a los pueblos indígenas un punto porcentual de la inversión de la Asignación para la inversión local. Además, de manera explícita, se establece que lo que destinan los municipios y departamentos de sus ingresos corrientes por concepto de asignaciones directas, pasan del 3% al 4.5% y del 1% al 2% de su presupuesto bienal, respectivamente, para proyectos de inversión con enfoque diferencial en los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentados en sus territorios.

Otro aspecto de primordial importancia es el tocante con el medioambiente. Se prevé el 1% de los recursos del SGR corresponderán a la Asignación Ambiental, la cual tendrá por objeto “la conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación”. Adicionalmente, el 20% del mayor recaudo tendrá esta misma destinación, entre tanto no menos de dos puntos de la Asignación para Inversión Local se deberá invertir en medioambiente y desarrollo sostenible. Adicionalmente, por lo menos dos puntos porcentuales del Fondo de Ciencia y Tecnología “se destinarán a investigación o inversión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, recursos que se denominarán Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental”.

Finalmente, a la hora de la priorización y aprobación de los proyectos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional” se destacan los “proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación de ecosistemas”. Por su parte el OCAD de Ciencia y Tecnología  deberá realizar convocatorias particulares que beneficien a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras orientadas a proyectos relacionados con el medioambiente y el desarrollo sostenible.

Se puede concluir que el medioambiente salió muy bien librado de esta reforma. Por lo demás, el Sistema Nacional Ambiental (SINA) integrado por las corporaciones autónomas regionales y bajo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del DNP, tendrá la responsabilidad de trazar y coordinar la estrategia nacional de protección de las áreas ambientales estratégicas.

Cota, septiembre 20 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Jairo Gómez*.- Preguntan, desde hace más de diez años, las madres de los cerca de diez mil muchachos asesinados extrajudicialmente (@MAFAPO), quién dio la orden y nada que encuentran una respuesta a su clamor. Temo que con el asesinato de los trece jóvenes que murieron bajo las balas de la Policía el pasado 10S tampoco sabremos quién dio la orden, por una sencilla razón: el proceder de los uniformados, en estos casos, siempre ha quedado en la absoluta impunidad.

Es muy seguro que tratar de judicializar a los policías que ejecutaron la acción violenta, es decir individualizar el crimen, no va a suceder, por otra sencilla razón: porque, de acuerdo con los videos que hemos visto a través de las redes sociales, los uniformados que dispararon nunca se quitaron el casco, mantuvieron su tapabocas, y se pusieron sus sacos al revés o sobre su dotación oficial para encubrir sus actos.  

Es un horror ver imágenes de policías con civiles compartiendo sus actos criminales y disparando indiscriminadamente. Sin titubeo alguno se puede afirmar que esto fue un hecho premeditado y auspiciado desde adentro mismo de la policía; no fue aislado y los agentes no lo hicieron por decisión propia, alguien dio la orden.

Se lanzó el mensaje, en connivencia con un poder superior o un personaje intensamente perturbador, no necesariamente el presidencial, de que toda marcha o protesta social será reprimida a bala. Es una subyacente advertencia de aterrorizar al pueblo y preparar el terreno para introducir medidas más radicales. Una maniobra peligrosa. En Chile hicieron lo mismo, pero allá el tiro les salió por la culata. La represión policial multiplicó la inconformidad y, desafiando el coronavirus, la sociedad se fue a las calles. Aquí ocurrirá lo mismo, sin duda.  

Hizo bien la alcaldesa Claudia López, en llevar las dos o tres horas de video como evidencia a la Procuraduría, porque las que reposan en el despacho presidencial dormirá el sueño de los justos. Ni en Venezuela, gobierno que tanto critica Duque por violar los Derechos Humanos e irrespetar los principios democráticos, asesinan a mansalva a su propio pueblo como lo hace la policía en Colombia. ¿Quién es el dictador?

A falta de respuestas serias y explicaciones convincentes, cabe preguntarse: ¿Quién está dando las órdenes a la policía? ¿A quién le obedecen? Las preguntas son pertinentes, porque evidentemente, en el caso de Bogotá y Soacha (donde asesinaron trece jóvenes y un estudiante de derecho) nadie acató las órdenes de los alcaldes.

La frívola arrogancia del aprendiz no le alcanza para dimensionar la gravedad de estos hechos que hoy horrorizan al mundo; es tal la desfachatez de Duque, que en un abierto desafío a los familiares de las víctimas, se puso la camiseta de los victimarios para decir “el Estado somos ustedes y yo”. Y qué decir del retórico Ministro de Defensa que, rebosante de frases huecas, dice que “hubo un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso contra la Policía Nacional”. Sin embargo, los hechos muestran cosa distinta: que el ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado fue el de la Policía contra los inermes ciudadanos (trece jóvenes asesinados).  

Ahora bien, esto definitivamente, huele mal. Los hechos demuestran que se puede estar fraguando una cruzada de sometimiento a la doctrina del shok, como diría Naomi Klein en su libro “La Doctrina del Shok: el auge del capitalismo del desastre”. El escenario no da para pensar otra cosa: El colapso de la  economía generada por la pandemia, la inconformidad social en los estratos medios y bajos, el Congreso cerrado, la Justicia desprestigiada y las supuestas amenazas terroristas son el caldo de cultivo para que de ello se alimente un proyecto político que navega a sus anchas en esta crisis para controlar cualquier vestigio de rebeldía y consolidar su poder; y algo más grave, a la luz de esa estrategia, cuentan con la complicidad de los Medios de Comunicación del statu quo.

La Policía es un eslabón muy fuerte en este contexto por su capacidad represora y casi impune con que actúa (también lo es el Ejército, la Armada y la FAC). Esa fuerza cohesionada, como lo hizo Hitler para consolidar su proyecto político en 1933, es necesaria. Por ello, surgen, entre otras, preguntas como éstas: ¿Quién está detrás de estos hechos graves y violentos que dejaron 13 muertos en la capital del país? ¿A quién le conviene este caos y que la gente, inmersa en el miedo evite, a futuro, manifestarse? “. Domina la espada y tendrás la tierra”, decían los promotores de las cruzadas siglos atrás.

 LEED: Se lanzó el mensaje, en connivencia con un poder superior o un personaje intensamente perturbador, no necesariamente el presidencial, de que toda marcha o protesta social será reprimida a bala.

Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2020

*Periodista. Analista Político

@jairotevi  

Por Gabriel Ortíz*.- Durante mucho tiempo los colombianos esperaron, unos con rabia, otros con esperanza y la generalidad con el deseo de encontrar en Colombia un cambio, un nuevo camino, o una dirigencia que trajera la paz y la convivencia, para parar el desangre en que nos encontramos desde hace 60 años.

Ingrid Betancur, una mujer que ingresó desde muy joven a la política, respiraba libertad y la quería para todos… para los pacíficos, para los tibios, para los violentos, para los respetuosos de la ley, para los que están por fuera de ella, para guerrilleros, para ciudadanos, para las  convivir y paracos, es decir para la generalidad de un país que todo lo tiene, menos la convivencia, la paz, la justicia y la equidad.

Esta mujer repleta de ilusiones, fortalecidas en la ciudad luz, al lado de sus padres, quiso impregnar a Colombia de fraternidad, libertad e igualdad. Fue su tarea durante años, hasta un día en que se internó en terrenos prohibidos que la privaron de la libertad, a la que tienen pleno derecho quienes, viviendo en democracia, respeten la ley y se sometan a ella.

Una larga vara de guadua envejecida frenó su marcha, y un grupo insurgente la capturó y la internó selva adentro con algunos de sus seguidores. Sus ilusiones quedaron recluidas y encadenadas por sus captores, que nada sabían de libertades o derechos humanos. Otros eran sus objetivos, que reales o equivocados, pregonaban como libertad, equidad y “principios políticos”.

“La rabia en el corazón” como tituló su libro, la mantuvo viva y erguida, valiente y pensante, y con el firme propósito de alcanzar el viejo y vivo anhelo de los colombianos por alcanzar la paz, que aún no llega, porque la mantienen caminando hacia las trizas.

En lo profundo del Guaviare las cadenas laceraban su cuello y sus manos, tenía que disputarse un espacio en la manigua para sus necesidades íntimas, o para ganarse un chorro de agua que descendía de las montañas.

Su corazón se volvió mal consejero. Odiaba todo. Inclusive al maldito tiempo que avanzaba sin notoriedad.

Nunca creyó que existiera la última jugada del ajedrez, que se planificaba en un hangar militar, bajo la supervisión del ministro Juan Manuel Santos. La Cruz Roja, ni era cruz, ni roja, hasta que el jaque le anunció la libertad.

Mucho tiempo tardó Ingrid en descubrir su nuevo estado, pero el tiempo va madurando y moldeando al ser humano. Hoy Ingrid piensa diferente: descubrió el corazón de las farc, entiende su actitud y considera que todos los colombianos, deberíamos descubrirlo en nosotros mismos. Son muy pocos los que quieren perdonar, aunque se ruegue ese perdón.

Ingrid es hoy ese ser humano que necesita Colombia, que descubra los corazones y encuentre la mejor manera de perdonar…  no solamente las farc tienen corazón… esa es la clave de la paz.

BLANCO: La reanudación de las operaciones aéreas.

NEGRO: El lamentable fallecimiento de José Blackburn, fundador del Nuevo Liberalismo, con Galán.

Bogotá, D. C, 19 de septiembre de 2020

Por José G. Hernández*.- Muchos de los problemas que afectan a los colombianos provienen de la falta de conocimiento acerca de sus derechos, deberes y obligaciones, y también sobre las facultades, límites y responsabilidad de los servidores públicos. Todo el mundo cree que “esas son cosas de abogados”, cuando en verdad interesan a toda persona.

Por eso, con muy buen sentido, el artículo 41 de la Carta indica que “en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Esa disposición no se cumple, o la cumplen muy pocas instituciones, y en cuanto a los gobiernos, no solamente no enseñan, no divulgan la Constitución -como es su obligación-, sino que muchas veces la vulneran, la ignoran olímpicamente o tergiversan y malinterpretan sus reglas.

Ejemplos recientes de ese incumplimiento hay muchos, pero resaltamos los siguientes:

-La Constitución, en su artículo 137-4 señala como una de las atribuciones del Senado la de “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Traen de los Estados Unidos a unos soldados -los soldados son tropas y los estadounidenses son extranjeros, lo que indica que son tropas extranjeras que no solamente transitan por nuestro territorio, sino que se quedan. El Gobierno aduce que la decisión del Senado no se necesita porque esos soldados vienen a asesorar al Ejército colombiano en la lucha contra el narcotráfico -esfuerzo que nos parece loable- , y con ese pretexto desobedece la norma constitucional. Un tribunal le imparte la orden de suspender las actividades de esos soldados mientras el Senado se pronuncia, y el Ejecutivo desacata el fallo, diciendo que ya el Senado se pronunció mediante carta, sin que el asunto haya sido sometido a decisión.

-El artículo 2 constitucional señala que las autoridades de la República están instituidas, entre otras finalidades, “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”. Y el 218 dice que “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Pero unos agentes torturan y matan en Bogotá a un abogado.

-El artículo 315 de la Constitución establece que es atribución de los alcaldes la de ejercer como “la primera autoridad de policía del municipio”, y agrega que “la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”. Pero el 9 de septiembre, ante las protestas por aquel crimen, la alcaldesa de Bogotá ordena controlar el orden público, pero sin necesidad de disparar. No obstante, se disparó y murieron varios jóvenes.

Según el artículo 37 de la Carta, “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Pero las protestas siempre terminan en violencia.

Bogotá, D. C, 17 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia

Por Clara López*.- Los inadmisibles actos de violencia de estos días dejan al descubierto que la ciudadanía se encuentra inerme ante los atropellos de la delincuencia y los abusos de la Policía. Los videos de los desórdenes en Bogotá y Soacha muestran a manifestantes y policiales totalmente fuera de control. Pero que la Policía haya protagonizado semejante uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados es indefendible y lo más grave es que los altos mandos, incluidos el presidente Duque y el ministro Trujillo, se han abstenido de responder con la contundencia que la situación amerita.

Los disturbios motivados por la tortura y homicidio de Javier Ordóñez revelan un panorama devastador. A la condenable participación de quienes atropellan la protesta con su violencia se suma la acción indiscriminada de bandas de 20 y 30 policías, motorizados y a pie, actuando como los vándalos que están llamados a contener. Muchos de sus cascos no llevaban el número de identificación. Lo más peligroso es que en por lo menos cuatro localidades de Bogotá los policiales dispararon contra manifestantes inermes y entregaron armas de fuego a personal de civil. En Teusaquillo, se vio a un ciudadano reclamando sensatez de un agente que apuntaba y disparaba un rifle calibre 12.

Lo sucedido permitió constatar que la Policía sale a las protestas armadas y dispuesta a disolverlas en vez de brindarles la protección debida, que incluye tácticas muy conocidas de contención quirúrgica de desmanes, sin atropellar a los manifestantes pacíficos que son la mayoría. El alcalde de Cartagena evitó un desmán policial porque acompañaba la marcha que los uniformados se disponían a disolver.

La Policía que conocí como secretaria de gobierno y alcaldesa de Bogotá era un cuerpo disciplinado a lo militar, jerárquico y con una cadena de mando que ninguno osaría desconocer. Un caso aislado puede atribuirse a insubordinación, pero el uso de armas de fuego registrado en múltiples escenarios no puede ser tratado como expresión de indisciplina. En la Policía esa no es una opción. Alguien tuvo que dar la orden o dejar de darla. Si ello resulta no ser cierto como reclaman los altos mandos, el deterioro institucional es tan grande que amerita guardar la Policía hasta que se tomen medidas de fondo en los lugares donde los subalternos, como aseveró el general Penilla, dispararon sus armas siguiendo “su propio criterio”.

Con todo, el tema de las órdenes debe ser investigado por la gravedad que encierra para la democracia. Ya sea por acción u omisión, el camino al totalitarismo empieza con situaciones ambiguas sobre quién debe responder por el uso abusivo, desproporcionado e indiscriminado de las armas del Estado. En las circunstancias de deterioro de la cadena de mando registrada, deben responder por las vidas cobradas de ciudadanos inermes, los más altos eslabones de responsabilidad política e institucional y no solo los policiales involucrados como se ha vuelto costumbre. Sin renuncias y con impunidad, la poca contención democrática que subsiste en nuestros gobernantes puede derivar en la tentación de los autogolpes, al estilo Fujimori.

La realidad es que para tener la Policía civilista, defensora de los derechos ciudadanos y guardiana de la convivencia pacífica que vislumbró la constituyente de 1991, no bastarán las reformitas. Para erradicar esa cultura militarista del enemigo interno, inculcada y arraigada a fondo durante el conflicto armado, se hace necesario arrancar de cero para crear una nueva Policía, esa sí defensora de los derechos humanos, de las comunidades, de los débiles, de la población LGBT, de las mujeres y de los jóvenes, que tanto modelo de buen padre de familia necesitan.

Respecto de los alcaldes, es indispensable hacer un direccionamiento y seguimiento permanente de la Policía a través de los consejos de seguridad. Con todo, esa instancia puede resultar inocua mientras no se resuelva la dualidad constitucional que hace de los alcaldes, jefes de policía, pero a los comandantes totalmente dependientes de sus superiores para prosperar en la línea de mando y al presidente, prevalente sobre las decisiones locales. Es un mal arreglo institucional que hoy nos deja sin saber quién manda a la Policía.

Bogotá, D. C, 16 de septiembre de 2020

*Ex alcaldesa de Bogotá, Ex ministra de Trabajo.