Opinión

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- ¿Cómo puede un virus respiratorio contagiar a la economía mundial? ¿Por qué se dice que la propagación del coronavirus es la amenaza más fuerte para el crecimiento de la economía mundial? ¿Por qué la preocupación es hoy mucho más grande que frente a otras epidemias como el Ébola o el SARS, cuya tasa de mortalidad era mayor que el coronavirus?

La primera razón es el tamaño de la epidemia. El Ébola fue mucho más mortal: en dos años mató a 11.300 personas que eran casi el 40% de las 30.000 infectadas. El SARS infectó a 8.000 personas en seis meses, de las cuales murieron 800, es decir el 10%. El coronavirus es menos letal, solo ha muerto menos del 3% de los infectados, pero mucho más extendido pues ya hay 77.000 casos en 27 países.

Pero no es solo el tamaño, sino la globalización. La pandemia más mortal de la historia reciente es la llamada “gripa española” que al final de la primera guerra mundial mató unos 50 millones de personas, que se estima eran cerca del 30% de los infectados, pero era un mundo menos globalizado y con economías más aisladas. En China se calcula que murieron 30 millones, pero era una país sin fuertes vínculos económicos con el resto del mundo.

Entonces, el coronavirus crea pánico económico porque es un virus que se contagia fácilmente, porque no se tiene todavía vacuna ni cura establecida, pero sobre todo porque la economía mundial está tan interconectada y es tanta la dependencia entre los países, que un estornudo en China sacude la Bolsa de Nueva York.

Son muchos los canales para que un virus infecte a la economía. El más directo, es el de los costos de la atención médica a los infectados, pero es pequeño. El otro directo son las restricciones a la movilidad desde y hacia Wuhan, para tratar de reducir la propagación del virus.

El problema se agrandó cuando el temor se extendió a toda la China y, aunque no haya prohibiciones explícitas para todo el país, el solo temor al contagio ha llevado a que la gente no quiera salir de sus casas.

El pánico es tan grande que el Banco de China se metió al lavado de dinero: literalmente, está lavando y desinfectando los billetes.

Y finalmente, el impacto internacional: Se afecta el turismo mundial, pero sobre todo las fábricas chinas dejan de demandar materias primas de otros países y también dejan de surtir con sus productos a empresas de todo el mundo. El impacto de la infección es enorme: para el 2020, el FMI ha reducido sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial en 0.1%, que son 900.000 millones de dólares que se perderían, es decir casi 3 veces lo que Colombia produce en un año.

Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2020

*Filósofo Y Economista. Consultor.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Estamos llegando, por fin, al final del proceso de venta de los activos de ELECTRICARIBE a la empresa que resulte ganadora de la subasta, que en dos ocasiones había sido aplazada, para seleccionar un nuevo operador de red en los 7 departamentos de la región Caribe, cuyos usuarios del servicio de energía eléctrica, en número de 2.7 millones, que representan el 21.7% del mercado nacional, han soportado con estoicismo por espacio de dos décadas una verdadera calamidad por cuenta del pésimo servicio que les presta. ELECTRICARIBE se convirtió en la empresa más abominable y abominada en la región y goza de una pésima e insuperable reputación. 

ELECTRICARIBE venía bajo el control de la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy. La Ley eléctrica establece claramente que estos se deben prestar con sujeción de los principio esenciales de “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. La empresa prestadora de este servicio en la región Caribe no cumplía, lamentablemente, con ninguno de ellos.

En tales circunstancias no había otro camino distinto a la intervención, habida cuenta que la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio es del Estado, así lo manda la Constitución Política, se procedió a la intervención y posesión de ELECTRICARIBE, primero con fines de administración el 14 de noviembre de 2016 y a la postre con fines de liquidación el 14 de marzo de 2017.

Se procedió, entonces, a iniciar un proceso de búsqueda de un nuevo operador que venga a ocupar el lugar de ELECTRICARIBE. Ímproba tarea esta en la que se ha empeñado el Presidente Iván Duque, consciente como lo es que de llegarse a un apagón en la región Caribe el efecto dominó que provocaría llevaría a una crisis sistémica que comprometería la prestación del servicio de energía en todo el país. De allí que en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se incorporara como capítulo especial, un Plan de salvamento que permitiera salir de esta encrucijada, el cual fue complementado posteriormente en la Ley 2010 de 2019 de crecimiento aprobada recientemente.

Había dos escollos a superar para hacer viable el proceso de la subasta y despertar el apetito por la operación de este mercado, la regulación y el pesado fardo de los pasivos que arrastraba ELECTRICARIBE. Con tal fin la CREG expidió la Resolución 010 el pasado 30 de enero “por la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”. Por lo demás, el Gobierno se dió la pela asumiendo el pasivo de la empresa, empezando por el pasivo pensional que supera los $1.5 billones. Se dejó en claro que “para viabilizar la sostenibilidad de las nuevas empresas prestadoras de servicio público” en la región Caribe, “la Nación será el único deudor frente a los acreedores de las deudas asumidas”. Y, de contera, a través del Fondo empresarial se han invertido $4.2 billones, aproximadamente, en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan5Caribe.

En síntesis, están dadas las condiciones para que esta subasta permita ponerle fin a esta pesadilla que agobia a la región Caribe, ya que las fallas en la prestación del servicio se han convertido en un freno de mano a su desarrollo económico y social, en momentos en los que se viene dando a marcha forzada la relocalización de muchas empresas, para estar cerca de los puertos y así ganar en competitividad. Ello explica que mientras el aumento de la demanda de energía a nivel nacional creció en 2018 a un ritmo de 1.3%, en el Caribe creció el 4.4%. Esta subasta contempla dos fases, el 26 de febrero se subastará el mercado completo y de no dar con un sólo operador para este, se procedería a abrir la subasta en dos, segmentando dicho mercado.  

Huelga decir que la empresa o las empresas que asuman la operación deberán contar con la idoneidad y el músculo financiero suficiente para acometer, a la mayor brevedad, la ejecución de los proyectos pendientes, los cuales demandarán inversiones del orden de los $5 billones en Caribe Mar y $3.7 billones en Caribe Sol. Aunque, según ha trascendido Caribe Mar ha despertado más interés que Caribe Sol, la Superintendente de Servicios Públicos Natasha Avendaño, quien ha estado al frente de este proceso, es optimista y augura que “dados los perfiles de los precalificados existe la posibilidad de que uno pudiera ofertar por el mercado completo”. Ojalá!

La suerte está echada y sólo resta cruzar los dedos para que esta subasta tenga un final feliz, que le devuelva la esperanza a los 10 millones de resignados usuarios del servicio de electricidad en la región Caribe de que se este será el principio del fin de este tortuoso y torticero embrollo. En todo caso, quien asuma la operación de estos dos mercados tiene el inmenso reto de ganarse su confianza y demostrar que el esfuerzo que está haciendo el Estado y todos los colombianos, estos últimos con el pago de la sobretasa de $4 por kilovatio/hora consumido, ha valido la pena. 

Bogotá, febrero 22 de 2010

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- En la preocupación obsesiva por buscarle mercados a nuestra carne, hoy más posible que nunca gracias a la recuperación del estatus sanitario, regreso de asistir en Dubái al Gulfood 2020, la mayor feria alimenticia de Oriente Medio, con 5.000 expositores de 120 países, entre los cuales me topé, con satisfacción, con un estand con carne colombiana, despachada desde Frigosinú en Montería; una avanzada comercial que demuestra algo importante: ¡Sí se puede! 

Colombia es un “iniciado” en el mercado internacional, con exportaciones en pie a Irak y Líbano por 55 millones de dólares en 2019, y de carne a una docena de países, con Rusia a la cabeza, por más de 76 millones. De hecho, la balanza comercial de carne, al igual que la agropecuaria, ha sido superavitaria durante la última década, mientras que la balanza total dejó de serlo desde 2013, con un déficit de 10.769 millones de dólares. 

El futuro económico del país está en el campo como generador de riqueza exportadora, pero hacen falta instrumentos adecuados, a los que se oponen los interesados en promover narrativas demagógicas sobre la tierra y ahuyentar la inversión empresarial. En 2019, las importaciones agropecuarias, a las que se les hace tanto escándalo, alcanzaron 3.620 millones de dólares, mientras las exportaciones, con poca propaganda, sumaron 5.500 millones. 

Las exportaciones de carne sumaron 132 millones de dólares, frente a importaciones por 33 millones, pero a partir del pico de 511 millones de dólares en 2013, y precisamente porque ya lo hicimos, le hemos propuesto repetir esa meta al Gobierno Nacional para 2022. 

Las puertas de 18 mercados están abiertas. El ruso crece con la recuperación del estatus sanitario. El chino, con 1.400 millones de consumidores, está afectado por los estragos de la peste porcina y, ahora mismo, por las exigencias de inocuidad en el consumo de proteína animal, derivadas de los temores que despertó el COVID-19, lo cual disparará la demanda de carne bovina. Los de Oriente Medio y el norte de África, concentrados en el Gulfood, suman 2.000 millones de consumidores. 

Se requiere, eso sí, de una agenda pública exportadora, liderada por los ministerios de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores, con el concurso de la institucionalidad gremial bajo el liderazgo de FEDEGÁN. 

1.- Ordenamiento de la producción, con regiones exportadoras próximas a los puertos, trazabilidad y estrictos controles sanitarios; y regiones orientadas al mercado interno, sin que ello se interprete como una condición inferior. 

2.- Diferenciación de producto: los mercados internacionales exigen “cortes especializados” y un país exportador debe atender esa demanda. Argentina, por ejemplo, fomenta el consumo de cortes como el famoso “asado de tira”, lo cual, sin sacrificar calidad, ofrece al mercado interno cortes de menor precio y reserva los solicitados por los mercados internacionales, permitiendo, además, una máxima rentabilidad del animal. 

3.- Formalización: Si Colombia quiere dinamizar sus exportaciones, debe aprovechar el esfuerzo del gobierno que modificó el Decreto 1500, para avanzar en la formalización de sus canales internos de distribución, hoy con niveles de informalidad del 70 %. 

4.- Trazabilidad y movilización de animales: Son dos frentes cruciales en una agenda exportadora, que deben salir del estancamiento en que los sumió el gobierno Santos por decisiones malintencionadas, dictadas por su ánimo persecutorio contra FEDEGÁN. 

Colombia tiene un camino amplio como exportador de carne. ¡SÍ SE PUEDE!, pero es hora de las decisiones y las acciones. 

*Nota bene*. Los lecheros de Cundinamarca, Boyacá y demás departamentos afectados por las heladas, en su mayoría pequeños ganaderos, no solo tienen nuestra solidaridad, sino nuestra gestión ante el Gobierno por medidas efectivas para superar la crisis.

Bogotá, febrero 22 de 2020

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Gabriel Ortiz*.- Fue mucho el tiempo transcurrido entre la llegada de Luis Miguel Morelli a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la destitución del funcionario. El propio Presidente Duque, tuvo que actuar, porque era un funcionario inamovible para el Centro Democrático.

Las investigaciones dejan al descubierto clientelismo, corrupción y poder excesivo de una contratista que manejaba, actuaba y acomodaba las cosas dentro de la institución con, o sin la autorización de Morelli.

Fueron muchos los meses durante los cuales Morelli y, Slendy Clavijo, su ¨intima asesora¨, hicieron y deshicieron en la ANH. Ella, según se ha conocido era autónoma. Actuaba por su cuenta. Sus decisiones se producían con o sin el beneplácito del Jefe. Según las investigaciones, publicadas por los medios, era tal la confianza que le depositaba a la subalterna, que en una ocasión, le ocasionó serios problemas conyugales.

Clavijo era autónoma, porque su jefe no salía de los pasillos del Congreso y de las oficinas del Centro Democrático, partido que le brindaba todo respaldo político a cambio de ¨favores¨ y ¨prebendas¨. 

Ella, entre tanto, organizaba hasta los cuadros directivos de la institución. Nombraba y promovía vicepresidentes, ordenaba aumentos de salarios injustificados y asignaba ¨a dedo¨, contratos.

La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, se abstenía de participar en las Juntas. Sospechaba de las actuaciones de Morelli y Clavijo, pero sentía las presiones de ciertos miembros del Centro Democrático para sostenerlos y obtener beneficios de la Agencia encargada de administrar y regular nuestros recursos hidrocarburíferos.  

Hubo los acostumbrados desplantes del senador José Obdulio Gaviría, cuando la ministra quiso aplicar controles. Algo parecido a lo ocurrido con el colega Alvaro García, a quien Gaviria le pidió la renuncia, para acomodar sus fichas. Esa salida se produjo. La de la ministra aún no y posiblemente se enmochile ante la decisión del Presidente Duque de declarar la insubsistencia de Morelli.

Los desafueros en la ANH han sido incontables y los despilfarros millonarios. La Contraloría adelantó investigaciones que fueron depositadas en las manos del Presidente Duque, que por fortuna actuó, a pesar de las gestiones que hicieron los miembros de su bancada para impedirlo.

A juzgar por declaraciones radiales de algunos parlamentarios de la bancada uribista, muchos estaban en contra de las actuaciones de Morelli y sus muchachas, pero lo grave es que la corrupción sí fue aprovechada.

Ese es el actuar de muchos de los políticos que manejan nuestro país. Cada vez se conocen más excesos de dirigentes deshonestos que quieren llegar a como de lugar a las altas esferas del poder. La compra de votos es moneda común, lo mismo que los contratos a ¨dedo¨ y los ríos de dinero que se reparten para compensar los gastos de las campañas. Esa la razón para que tengamos en trofeo internacional de la corrupción.

BLANCO: El libro ¨Los susurros de Kiko¨, se lanzó en Cali, y ya se agotó.

NEGRO: Dizque somos país desarrollado. ¿A dónde nos llevan?

Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

Por Juan Camilo Restrepo*.- La polémica que se ha planteado recientemente entre la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Medellín, a saber, si la policía puede ingresar a los campus universitarios cuando existan indicios serios de que se está delinquiendo al interior de estos recintos, sirve para reflexionar sobre un tema que estará a flor de piel en las semanas venideras.

En primer lugar, cabe preguntar si se está sobre dimensionando el concepto de “autonomía universitaria”. Nadie ha dicho -y menos la Constitución Nacional- que por “autonomía universitaria” deba entenderse una especie de patente de corso para delinquir impunemente al interior de los claustros universitarios. Todo lo contrario. En los campus, como en cualquier fragmento del territorio nacional, tiene que imperar en su plenitud en respeto de la ley. Y no puede haber ningún tipo de veto o restricción para la fuerza pública, cuando esté cumpliendo con su deber de reprimir el delito.

El artículo 69 de la Constitución es muy claro sobre lo que es, y por tanto sobre lo que no es la “autonomía universitaria”. “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos”, dice el artículo citado de la Carta Política.

O sea, lo que garantiza la “autonomía universitaria” es que los cuerpos de educación superior pueden, sin interferencia del gobierno central, nombrar sus propias directivas y adoptar de acuerdo con la ley sus propios estatutos.

Este alcance de lo que deba entenderse por “autonomía universitaria” está muy lejos de la manera como algunos la entienden. Que no es otra cosa que identificar a los claustros universitarios con una especie de mini republiquetas sin ley ni orden, fuera de todo control por parte de las autoridades policivas. Y al interior de las cuales o en sus vecindarios se puedan cometer cualquier tipo de tropelías como el manejo de explosivos, la preparación de las llamadas papas bombas o la pedrea y el incendio de particulares o de sus comercios. Nada más alejado de la realidad.

Por eso me sorprendieron las declaraciones de la nueva alcaldesa de Bogotá la semana pasada diciendo que ella nunca violaría la “autonomía universitaria” autorizando el ingreso de la fuerza pública a los campus, a no ser que se lo solicitaran los rectores o rectoras universitarias. Creo que en esta polémica le asiste toda la razón al alcalde de Medellín quien afirmó que si había indicios que al interior de los campus universitarios se estaba delinquiendo, la policía estaba en el deber de ingresar a investigar y a reprimir el delito si fuere necesario.

El país está ingresando en un tiempo que estará marcado por una alta conflictividad social, donde se está convocando a varias marchas e inclusive a un paro nacional para el 25 de marzo. El mejor programa para manejar esta compleja situación es lo que el expresidente francés Francois Mitterand llamaba la “autoridad serena”.

Y la mayor serenidad y el mejor programa para manejar esta compleja coyuntura es la que proporciona la propia Constitución.

Nuestra Constitución dispone que ni los campus universitarios pueden entenderse como santuarios de impunidad ni quienes convocan a los paros están revestidos de una especie de prerrogativa, como la que se está reclamando el comité organizador del paro convocado para el 25 de marzo, en virtud el cual el gobierno estaría obligado a negociar con dicho comité. Una cosa es respetar el derecho a la protestar ordenada y pacífica. Y otra bien distinta que el gobierno tenga la obligación, que por supuesto no la tiene, de negociar delicadísimos asuntos de política pública con todo aquel que convoque un paro.

Como tampoco existe obligación alguna por parte de la fuerza pública de tolerar desmanes de encapuchados, ya sea al interior de los campus universitarios o en sus alrededores. Su deber es actuar con prudencia pero con firmeza. Y para ello no necesitan de permiso alguno de las autoridades municipales. No hay que mal interpretar el alcance de lo que es el correcto sentido de la “autonomía universitaria”.

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2020

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Los hechos son tozudos. En contra de la opinión de algunos economistas que parece que se han convertido en escritores de ciencia ficción, y afirman sin sonrojarse que la economía colombiana está hoy igual de cerrada que antes de la apertura de los 90, las estadísticas oficiales muestran que las importaciones siguen desplazando a los productores nacionales, y que lo que se hizo en Colombia fue una apertura hacia adentro.

Veamos el comportamiento del PIB en 2019. Creció 3,3% jalonado por un mayor crecimiento del 4,5% de la Demanda Interna, es decir los gastos de consumo de las familias y del Gobierno junto con la inversión.

La pregunta es obvia: ¿por qué crecen más las compras internas que lo que se produce en el país? La respuesta es aún más obvia: porque una buena parte de las compras corresponden a bienes importados. Por eso el año pasado las importaciones crecieron 9,2%, es decir más del doble que la demanda interna y casi el triple que el PIB.

No es un fenómeno nuevo, ni reciente. Entre el 2000 y el 2014 el PIB creció 86% y las importaciones 241%, es decir, casi tres veces más. A partir de 2014 la devaluación inducida por la crisis de los precios del petróleo frenó la tendencia y las tasas de crecimiento fueron similares por cuatro años, pero ya vimos que en el 2019 volvimos a las andadas.

Uno de los indicadores más utilizados para medir el grado de apertura de una economía es el peso relativo de las importaciones, que se mide como la relación entre las importaciones y el PIB. En 1990 era el 8% y el año pasado llegó a un poco más del 23%, es decir, que se triplicó. ¿Estamos igual de cerrados que antes de la apertura?

Otras cifra del Dane que contradicen la ciencia ficción y demuestran el impacto de la apertura es el comportamiento de la industria y el comercio. El año pasado las ventas reales del comercio minorista, excluyendo vehículos, motos y combustibles, crecieron 8,7%, mientras que la industria manufacturera solo creció 1,5% y la agricultura, sin contar el café, 0,2%.

Si los productores colombianos no pueden vender más de sus productos pero los consumidores si aumentan sus compras, es evidente que están comprando mucho más productos importados. Y de nuevo es una tendencia de años: desde el 2000 la producción industrial ha crecido 50%, mientras que las ventas del comercio minorista 115%, es decir, más del doble.

Unos de los sectores más golpeados por esa apertura, que no existió en la imaginación de algunos, son los textileros, y los productores de calzado. El año pasado las ventas de prendas de vestir y textiles en el comercio crecieron 7,7%, y las de calzado 6,8%. Al mismo tiempo la producción nacional de telas solo creció 0,3%, la de confecciones 3,7% y la de calzado cayó 7%.

Cali 16 de febrero de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor

Por Amylkar D. Acosta M*.-La falta de continuidad entre una administración y otra, tanto en el orden nacional como departamental y municipal, han convertido a Colombia en escenario para interpretar la sinfonía de obras inconclusas, al punto que acaba de aprobar el Congreso de la República una Ley que obliga al Gobierno a establecer un registro de los que se han dado en llamar “elefantes blancos”. A la falta de continuidad se ha venido a sumar la imprevisión y la improvisación que prevalecen en la gestión pública a lo largo y ancho del país. El caso del Túnel de La línea es emblemático en este sentido.

Durante más de 50 años la construcción del Túnel de la Línea se había convertido en una verdadera obsesión y en un proyecto estratégico para el país largamente aplazado. Se trata de reducir el trayecto y mejorar la movilidad desde el centro del país con el Eje cafetero, Cali, a través de la Ruta nacional 40 y el puerto de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Una vez que esta imponente obra, por fin, entre en operación se podrá reducir hasta en 80 minutos el tiempo del recorrido de los vehículos de carga y en 40 minutos el de los vehículos livianos.

En el año 2008 se le adjudicó la ejecución del proyecto, con un costo de $629.000 millones, bajo la modalidad llave en mano, al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario y se iniciaron obras en diciembre de 2009, teniendo como fecha de entrega del Túnel en julio de 2013. Sin embargo, la Unión temporal, alegando mayores fallas geológicas de las contempladas originalmente e imprevistos no cumplió con el plazo de entrega de la obra y demandaba del Estado reajustes para cubrir sus mayores costos. El entonces Vicepresidente de la República Germán Vargas amenazó con declarar la caducidad del contrato, al “constatar…que hay muy poco frente de obra trabajando. Desde hace varios meses se viene reduciendo el personal”.

Dicho y hecho, aunque la Unión temporal prometía que la obra se concluiría en noviembre de 2016,  se veía cada vez más lejos la luz al final del Túnel. Por ello, no obstante que la constructora insistió en sentarse a negociar con el INVÍAS para negociar los términos de lo que sería un nuevo acuerdo para concluirla, se procedió a la declaratoria de la caducidad del contrato el 26 de enero de 2015 y se le impuso además al Consorcio una multa por valor de $60.300 millones, correspondiente a la cláusula penal del contrato.

La decisión del INVÍAS fue recurrida y al final no se hizo efectiva, en cambio se amplió, una vez más, el plazo de entrega y se reprogramaron las obras. Para completar lo que restaba del Túnel de La Línea, el Gobierno junto al consorcio acordaron usar 327.000 millones de pesos, los cuales provendrían de la aseguradora del contrato, recursos propios del contratista y aportes que incluyen maquinaria, formaleta de revestimiento y plantas de trituración, asfalto y concreto, aportes del Gobierno.

Definitivamente este último plazo tampoco se cumpliría, el Gobierno decidió entonces no prorrogar más el contrato, este se dio por terminado y se procedió a su liquidación. Se dispuso, a partir de ese momento, iniciar un nuevo proceso express de licitación para contratar la conclusión de la obra, la cual le fue adjudicada a un nuevo contratista integrado por CONCONCRETO y CSS. Este proyecto que lo contrató e inició su ejecución el ex presidente Alvaro Uribe, que lo continuó el ex presidente Juan Manuel Santos, ahora lo asumió el Presidente Iván Duque, quien en las primeras de cambio en enero de 2019 y tras inspeccionar el avance de las obras anunció que la puesta en funcionamiento del Túnel de la Línea será en diciembre de este año.

El hecho cierto e incontrovertible es que después de 10 años de iniciado el Túnel  de la Línea y 7 años de atraso, en concepto del Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, “el costo del Túnel de la Línea creció 546%, al pasar de $464.000 millones a $3 billones, sin que aún esté concluido”. Y, según la Ministra de Transporte Ángela María Orozco, se requieren $600.000 millones más para terminarlo.

Llama poderosamente la atención que no obstante que se esperaba que la entrega del Túnel se hiciera efectiva en el 2016, sólo un año después se percataron que no se había previsto la construcción de la doble calzada desde la boca del túnel hasta Calarcá y tuvieron que salir en volandas a estructurar y diseñar dicho proyecto. De modo que de haberse cumplido con la entrega del Túnel este no habría conducido a ninguna parte, hubiera sido un túnel ciego. Craso error.

Pero, definitivamente,  la tapa de esta triste y descorazonadora historia es como para no creer: como ya dijimos, nos demoramos más de 50 años en tomar la decisión de adelantar este proyecto, para poder así ganar en competitividad, aproximando el centro industrial del país con el puerto de Buenaventura, reduciendo los costos del transporte y el flete, resulta que se contrató la ejecución del Túnel de la Línea en una sola dirección. Tendremos que esperar otros 50 años para acometer la construcción del túnel de retorno. Increíble, pero cierto, cuando se vea la luz al final del Túnel en diciembre, Dios mediante, tendremos un Túnel unidireccional (¡!).

Bogotá, D. C, febrero 16 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El país está en “modo paro”, y el paro, por definición, es extorsivo; y la extorsión, también por definición, es atemorizante.

A una persona conocida de tiempo atrás, de a pie, correcta, egresada de “La Nacho” y ya jubilada, a quien siempre he percibido como “de izquierda”, le pedí su opinión sobre los paros armados de las disidencias farianas y del ELN, y específicamente, si consideraba que habría que negociar con estos últimos.

Se tomó su tiempo y me respondió: Lo que pasa es que ya no reconozco eso que, hace 40 años, nos hiso entronizar la imagen de “El Che” en la plazoleta de la Universidad –y de ahí no la han podido sacar, me aclaró–. Lo que ahora veo no me gusta, pero… –dudó–, mucha gente sufre y muere, y si las negociaciones detienen eso, pues valen la pena.

De inmediato asocié la respuesta con las peroratas de los defensores de la negociación con las Farc y de los que hoy presionan una con los elenos: Si se salva la vida de un solo colombiano, vale la pena. Con profundo respeto por el derecho a la vida, fundamental entre los fundamentales, pero si así hubieran pensado los aliados hace setenta años, hoy medio mundo sería el “paraíso nacionalsocialista” de Hitler.

Una negociación con los elenos sería extorsiva, como fue la de las Farc. Si el Gobierno no negocia, seguimos explotando el tubo –la naturaleza no es problema nuestro; el pueblo tampoco, diría yo–, seguimos secuestrando, extorsionando, matando y reclutando menores. ¡Ah!, y seguimos organizándolo todo a buen resguardo desde Cuba y nuestros cuarteles en Venezuela. Si el Gobierno no negocia, hay paro armado.

Hay más aristas de esta charla de ocasión. Si el Gobierno se deja extorsionar, que espero no lo haga –en eso ha sido enfático el presidente Duque–, qué carajos –perdón por la expresión– podría negociar con el ELN que no haya negociado el de Santos con las Farc.

¿Qué buscan las disidencias farianas con su paro armado? ¿Acaso solidarizarse con sus compadres? Nooo…, si bala es lo que se dan. ¿Acaso otra negociación? Sería un mal chiste. Buscan consolidar su dominio narcoterrorista sobre mafias y elenos; buscan resucitar su “grandeza terrorista” con el apoyo del sátrapa de la vecindad; buscan hacer su papel de brazo armado de quienes acá suspiran por el Socialismo Bolivariano; buscan sumarse, desde el campo martirizado, al otro “paro nacional”, el de las marchas pacíficas que nunca lo son; tan extorsivo como los “paros armados”.

El país está en “modo paro”, y el paro, por definición, es extorsivo; y la extorsión, también por definición, es atemorizante. Paro armado de elenos y disidencias. Paro nacional en las ciudades, con marchas extorsivas lideradas por Fecode. Paran los camioneros, paran los estudiantes, paran los profesores…

Y todo esto sucede mientras la izquierda, el “santocentrismo” y las iglesias, presionan al Gobierno para que negocie con el ELN y, también, con el comité de paro las 13 “exigencias” que se convirtieron en 104.

Negociación extorsiva: Si no hay negociación, seguimos en la calle, con todo y vándalos. Mientras escribo, están, literalmente, destruyendo la tradicional Avenida Chile en Bogotá.

Basta ya. Hay que hacer un llamado al orden y al ejercicio legítimo de la fuerza para garantizarlo; un llamado a desempantanar la mil veces enterrada reforma a la justicia, desde la magistratura al juez municipal y el sistema penitenciario.

Sin justicia no hay orden, hay caos. Sin orden no hay libertad efectiva, hay temor permanente; como el que a diario sentimos en campos y ciudades. Sin libertades efectivas no hay democracia real; y sin democracia real andamos el camino del vecindario.

Colombia no para…, rechaza el terror extorsivo…, quiere esperanza.

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

Por Jorge Enrique Robledo*.-  Es tan absurdo lo que pasa en Colombia, que cabe la pregunta del titular de este artículo. Lo absurdo lo demuestran el gran subdesarrollo industrial y agropecuario, la insistencia en estrangular a ambos sectores, el gran poder de los voceros de los importadores y los productores extranjeros y cómo actúa, demagogias aparte, Iván Duque. También cabe la pregunta porque nos han condenado a tener que vivir del petróleo y otros minerales, incluso a costa de graves daños ambientales.

Además del desastre industrial y agropecuario de los últimos treinta años, en los que terminamos importando una porción enorme de los bienes industriales y agropecuarios que se producían y pueden producirse en el país, hoy por hoy están en problemas lo que queda de las confecciones, los textiles y el calzado, entre otros. Y en el agro ya desaparecieron los productos víctimas de cerca de 14 millones de toneladas de importaciones, se encuentran al borde de la quiebra el arroz y los lácteos y están amenazados la caña de azúcar, ya golpeada por el alcohol carburante estadounidense, y la palma aceitera, que además también pueden desaparecer si se concretan tratados como el TPP.

En un país menos confundido que este, en el que la política económica no puede ni discutirse porque nos la imponen desde afuera con la ayuda de tres o cuatro intermediarios nativos, este sería un debate de importancia nacional y de primeras planas. Pero no. Aquí, con toda impunidad, el gobierno y sus corifeos sientan cátedra a pesar de que las cifras les contradicen sus falacias, al tiempo que echan carreta sobre lo mucho que desean generar empleo. ¿Trabajo en serio sin desarrollo industrial y agropecuario, y reduciendo más el ingreso de los empleados, de modo que los productores no tengan ni a quién venderle?

Es tal la desfachatez con la que gobiernan, que actúan sin importarles que desaparezcan la industria y el agro porque consideran al petróleo y la minería suficientes para pagar la deuda externa y las importaciones hasta de lo que podemos producir, posición que no es la política económica y social que asumen los países que dicen imitar. No es que no pueda haber petróleo y minería si se explotan adecuadamente, cuidando el ambiente y con otras condiciones, pero eso no les quita su carácter de no renovables, lo que significa que están condenados a desaparecer, en tanto agro e industria pueden servirnos para siempre. Y cuando se da una bonanza petrolera como la última, se despilfarra en politiquería y corrupción y sirve, como sirvió, como ariete contra la producción industrial y agropecuaria, empeorando también la inmensa debilidad exportadora del país.

Y nos toca padecer a los voceros de los importadores pavoneándose como sabios y hasta maltratando a los productores urbanos y rurales porque no logran competir, en tanto, astutos, callan que quienes producen aquí pierden en la competencia internacional, no por su culpa, sino porque el costo-país de Colombia es altísimo, por lo caro del crédito bancario, cuando se consigue, y de la electricidad, los combustibles y el impuesto de renta de las pequeñas y medianas empresas, entre otras razones. Y además los arruina un contrabando financiado con la plata del narcotráfico que el Estado solo persigue en los sainetes con los que engatusa a la gente.

Es ese mismo alto costo-país el que no permite exportar más allá de lo que se despachaba antes de la apertura y los TLC. Atérrense ustedes, treinta años después, más del 70 por ciento de lo que hoy se exporta son los mismos productos básicos que se exportaban en 1990 y que no necesitaban de libre comercio para haberse seguido vendiendo en el exterior (bit.ly/37qdjRa). La estafa del libre comercio ha sido descarada, sin miramiento alguno.

Coletilla 1. El candidato Duque les prometió a confeccionistas y textileros que elevaría los aranceles a los productos asiáticos que invadían a Colombia, pero como Presidente les puso conejo. Y una vez una ley del Congreso los elevó, Duque, en el colmo de la desfachatez, se unió con los importadores y hundió dichas normas en la Corte Constitucional.

Coletilla 2. La feria del calzado y la marroquinería nacional que acaba de darse en Bogotá me dejó un sentimiento agridulce. Dulce porque se trata de producción de excelente calidad. Felicitaciones a trabajadores y empresarios. Pero agrio porque están entre arrinconados y quebrados por las importaciones y el alto “costo-país” con el que les toca producir.

Bogotá, 14 de febrero de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Por Lorena Rubiano.- Nuestros derechos van hasta donde inician los derechos de los demás. Nuestros derechos no pueden sobrepasar los límites que tenemos para respetar y acatar las leyes y las normas de convivencia. Nuestro derecho a la vida especialmente, a poder morir de viejos, tiene que ser respetado y acatado por todos los ciudadanos. 

Y ese derecho a la vida y a respetar los derechos de los demás se sigue perdiendo en nuestra querida Colombia. Que dolor nos produce ver como un joven de tan solo quince años, asesina a otros por el solo hecho de portar una camiseta del equipo de fútbol contrario. Qué dolor oírlo, después diciendo que no lo quería matar, pero le propino una certera puñalada en el cuello. Qué dolor escuchar que nuestros soldados y policías caen en diferentes sitios cumpliendo con su deber, en atentados, francotiradores y sicarios, que dolor de patria escuchar a diario el asesinato de líderes sociales comunales, defensores de derechos humanos y profesores, defensores de restitución de tierras o líderes de sustitución de cultivos ilícitos por cacao, café o aguacate. Qué dolor que perdamos la cultura, el respeto por la vida, así de fácil. 

Nos falta educación, control policial y ciudadano; nos falta Estado y decisión gubernamental, nos falta justicia para enfrentar este fenómeno criminal que sigue creciendo en nuestra nación, cuyas tierras y campos se siguen bañando de sangre. 

Y qué decir de los vándalos, asaltantes y atracadores que se infiltran en las marchas pacíficas, para desdibujarlas y aprovechar para robar y asaltar a la gente. 

Las autoridades se ven en serios apuros para judicializar a los vándalos que quieren descarrilar las protestas con violencia. La clave para que esto no ocurra está allí mismo, entre la gente que colabora para desenmascarar a los criminales agazapados en los manifestantes inconformes. 

Ya vienen nuevas marchas, paros y protestas, y es el momento de mostrar cultura ciudadana, y fortaleza de las autoridades para hacer respetar el derecho a la protesta y evitar el caos la violencia y la destrucción de los bienes de los ciudadanos que inermes ven como se pierden a manos de encapuchados su patrimonio, logrado y construido con muchos años de esfuerzo y trabajo. 

A raíz de todos estos desmanes se abre la discusión de la autorización para que en casos estrictamente necesario las autoridades entren a los predios universitarios cuando haya la percepción que desde allí se ataca a la ciudadana y se preparan ataques con artefactos explosivos contra las autoridades y el otro tema es prohibir la presencia de encapuchados en las manifestaciones. Hay que redactar bien las normas para evitar excesos y que sea como la actuación del Esmad en extrema necesidad, para proteger a la ciudadanía y que no sea con armas letales. 

Necesitamos mejor actuación de la Policía y la Fiscalía general para que los jueces puedan actuar y judicializar a los vándalos, sin menoscabo del derecho a la protesta.

Bogotá, D. C 14 de febrero de 2020

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