Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Enero del año 2020 ha sido un mes marcado por hechos de alto impacto para la política internacional y para nuestra sociedad. Los conflictos en Colombia, Libia y Siria; el plan “unilateral” de Estados Unidos para el oriente medio; los desastres naturales de Australia, Brasil, Indonesia, Turquía, India y Paquistán; el derribo del avión ucraniano por parte de Irán; la muerte de Qasem Soleimani y la epidemia coronavirus.

Sin tregua alguna y para rematar el primer mes del año, el 31 de enero fue un día trágico para los países símbolo de las instituciones democráticas del mundo occidental. En dos de las democracias más avanzadas y antiguas del mundo -Reino Unido y Estados Unidos-, el “todo vale” se abrió paso en un mundo donde el populismo toma fuerza manipulando las emociones de la gente y cabalgando en forma maquiavélica sobre sus miedos y esperanzas a través de un nuevo, poderoso e instantáneo vehículo: las redes sociales. El documental “Nada es privado” de Netflix, hace una descarnada radiografía del mecanismo, la trampa y la mentira para obtener el resultado político deseado cueste lo que cueste.

En primer lugar, a las 18:00 horas (hora colombiana) en una escena dramática que no para de asombrar, fue retirada la bandera del Reino Unido del parlamento de la Unión Europea. Así, luego de 47 años de apostarle a la eliminación de fronteras para que Europa se uniera como una sola, una campaña plagada de manipulaciones y mentiras, donde la desinformación fue la regla, el Brexit se hizo realidad. El arrepentimiento de los ciudadanos al no saber realmente sobre lo que estaban votando no bastó, ya la decisión estaba tomada y no había paso atrás.

Como segundo punto, luego de un juicio sin testigos, en especial sin el testimonio del exfuncionario más poderoso y cercano a los hechos, John Bolton, el Senado de Estados Unidos rechazó el llamado de nuevos testigos para el juicio de “impeachment” contra el presidente Trump. Un duro golpe donde la pugna partidista se impuso sobre el bien general, bastión de cualquier Estado democrático de derecho. Esto deja un mensaje negativo a toda la sociedad: si se tiene el suficiente poder y dinero se puede imponer lo que sea y como sea. La vieja doctrina de Richard Nixon resumida en su respuesta a la famosa entrevista con David Frost se impuso en el caso Trump: “Bueno, cuando el presidente lo hace, significa que no es ilegal”. O aún peor, el complemento de esa doctrina por Alan Dershowitz, abogado del presidente: Cuando un presidente busca la reelección y considera que su aspiración es un asunto de interés público, tiene derecho a abusos de poder (corrupción) para lograr su objetivo.

Si en democracias avanzadas y con sólidas instituciones el populismo hace estragos, Colombia puede ser presa fácil y caer en las fauces del monstruo. Millones de muertos le ha costado a la humanidad dejarse seducir por los cantos de sirena del populismo. El ejemplo histórico más dramático ha sido Adolfo Hitler. Cuando dejamos de cultivar la historia, esta se devuelve implacablemente en contra nuestra. Nada parece más importante para proteger a nuestros ciudadanos contra el populismo que el estudio y conocimiento profundo de la historia. Estudiarla con un espíritu crítico y analítico es un imperativo ético ineludible si queremos preservar nuestras instituciones democráticas.

Bogotá, D. C, 2 de febrero de 2020

*Exsenador Liberal.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- La primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII fue posible gracias a la invención de la máquina a vapor, la cual sirvió para que la manufactura fuera reemplazada y sustituida por la maquinización de los procesos productivos. Y, como era de esperarse la máquina empezó a desplazar la mano de obra, lo cual provocó un movimiento de protesta y de oposición encabezado por los artesanos a su introducción en las fábricas, recurriendo incluso a la destrucción de las máquinas para impedirlo. Ned Ludd, líder de los artesanos por aquellas calendas, que fue el primero en atreverse a volver trizas el telar mecánico a su cargo, terminó gestando un gran movimiento social contra lo que consideraban una amenaza a su estabilidad laboral, el cual tomó el nombre de Ludismo.

La segunda revolución industrial tuvo como protagonista principal la masificación de la generación y el consumo de la electricidad; la tercera, trajo consigo la automatización de los procesos productivos, aparejada con la tecnología de la información. Ya vamos en la cuarta revolución industrial, caracterizada, como lo sostiene el fundador y ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) Klaus Schwab, “por una fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico”. Si bien es cierto el desarrollo de la tecnología no es lineal sino disruptivo, según Schwab nunca antes se había visto, “la velocidad, el alcance y el impacto de los sistemas” que ha traído consigo la revolución industrial 4.0.

Hacemos las disquisiciones anteriores con el propósito de tratar de poner en contexto la controversia que ha suscitado la decisión tomada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de ordenar la suspensión de la plataforma digital de Uber, Uber X y Uber Van. Concomitantemente le ordenó a los operadores de telefonía celular Claro, Movistar, Tigo y ETB “que suspendan la transmisión, alojamiento de datos, acceso a redes de telecomunicaciones…en relación con dicha aplicación”. Uber optó por retirarse, dejando cesantes 88.000 conductores que, según un estudio del BID, el 70% de ellos tienen educación superior y afectará de paso a cerca de un centenar de empleados directos y a 2.2 millones de usuarios de este servicio.

Varios expertos coinciden en que este acto administrativo de la SIC además de impreciso y farragoso tiene muchas inconsistencias. Al aludir a sólo tres de las aplicaciones de Uber, que viene operando en Colombia hace 6 años, cabe preguntarse qué va a pasar con las otras, llámese Uber Pool, Uber Black, Uber Angel, Uber X VIP y Uber Eats, las cuales, no obstante que no las cobija la medida, operan desde la misma plataforma que se ordena deshabilitar. Por qué esta medida se aplica sólo a Uber, siendo que otras plataformas similares, como Didi, Beat o Cabifi, estarían incursas en las mismas causales que motivaron la decisión de la Superintendencia.

Claro está que la Superintendencia dejó abierta una válvula de escape al dejar en claro que “esta orden debe cumplirse siempre y cuando estén en posibilidades  técnicas de hacerlo” los operadores. Y los prestadores del servicio de internet no están en posibilidades de cumplir dicha orden sin transgredir el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, de neutralidad en internet. Como lo afirma el consultor  en telecomunicaciones y TIC Germán Darío Arias, “por la Ley de neutralidad de internet, ningún operador puede bloquear nada que cruce por la red sino está en la norma misma”. Y a nadie se le puede obligar legalmente a lo imposible (¡!). Huelga decir que, en dado caso que los operadores decidan acatar la orden de la SIC, de nada sirve porque al usuario no lo pueden bloquear, puesto que este podría acceder a la aplicación tales como App Store o Play Store.

No hay que perder de vista que en la revolución industrial 4.0 se impone la llamada economía colaborativa, la cual supone un intercambio de bienes y servicios entre particulares sin que el Estado intervenga o interfiera en ello. Por ello pululan por doquier las manifestaciones de esta economía colaborativa: Uber es una de ellas, pero nos topamos con otras como Airbnb, el gigante hotelero que opera sin tener entre sus activos una sóla habitación, Amazon y Alibabá son los mayores comercializadores del mundo sin tener una sóla tienda, Google lidera las búsquedas, la publicidad y el aprendizaje automatizado y Facebook controla gran parte de las noticias y la información que circula en la red.

Como bien dijo el periodista estadounidense, H. L Menken, “para cada problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada” y este es el caso. La SIC tomó su decisión esgrimiendo como argumento principal que Uber incurrió presuntamente en “actos de competencia desleal”, pero llevándose de calle el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, ya citado, el cual justamente tiene por objeto proteger tanto a los consumidores como a la libre competencia. Qué contradicción. Quien entiende este exabrupto jurídico?

Además, llama poderosamente la atención el cambio de opinión tanto del Superintendente Andrés Barreto como de la Ministra de Transporte Angela Orozco; el primero trinó en 2014 diciendo que “hace mucho tiempo no montaba en taxi, hoy recordé por qué. Bienvenido UBER” y posteriormente, en 2016 volvió a trinar “paro taxi vs Uber = paro de mecanógrafos vs Microsoft Word. ¡El siglo XXI ya llegó señores!”. Por su parte, la Ministra de Transporte trinó en 2016 “prohibir Uber es prohibir internet para proteger el fax” (SIC!). Definitivamente el pasado no perdona. Qué o quién los llevó a cambiar de opinión?. Y, a todas esas, la Ministra de las TIC, nada menos que Ministra de las TIC, Sylvia Constain ha hecho mutis por el foro, es como si el tema no le concierne a su cartera, como si el problema se circunscribiera a la movilidad y nada tuviera que ver con las tecnologías de las comunicaciones. Quedamos atónitos! 

Riohacha, enero 31 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Los países exitosos se parecen a los barcos, en los que los pasajeros tienen diferencias entre sí, inclusive profundas, pero viajan acordados en no hacer nada que pueda hundir el buque, porque se ahogan los de todos los camarotes. ¿Recuerdan el Titanic? Y los une también que la carta de navegación y el capitán los lleven a buen puerto. 

Quien estudie a los países que han tenido el mayor éxito en su desarrollo encontrará que en cada uno de ellos, en algún momento de su historia y sin que desaparecieran los desacuerdos, se dio un Gran Pacto Nacional para autodeterminar su destino y desarrollarse a partir de industrializar la ciudad y el campo, la ciencia y las tecnologías complejas, la educación con acceso para todos y de alta calidad, fundamentalmente pública para que pueda ser así, la mejoría de las condiciones laborales y la mayor capacidad de compra de los nacionales, al igual que sistemas tributarios progresivos, entre otros logros. Y se construyeron regímenes más democráticos y se redujo la corrupción política y la desigualdad social. 

Como lo demuestran sus pésimos indicadores económicos, sociales y políticos, eso no ha ocurrido en Colombia. Porque si bien se han hecho coaliciones políticas que hablan de acuerdos nacionales para gobernar, ellos no han tenido como propósito modernizar en serio el país sino solo algunas áreas y sectores, lo que, en lo medular, nos mantiene rezagados frente a los países que van adelante. 

Mi candidatura a la Presidencia apunta entonces a ganar y gobernar dentro de la idea de un Gran Pacto Nacional que siente las bases para que –en un proceso, porque no hay soluciones mágicas– se encarrile a Colombia por los conocidos senderos que han llevado a otras naciones a la modernidad. 

Dentro del Gran Pacto Nacional, que deberá integrarse por un conjunto de pactos parciales, estará, en primer término, porque sin esto no hay nada, una posición de cero tolerancia con la corrupción y los corruptos, incluido enfrentar el abuso del poder en beneficio particular y en contra del nacional, política que dirigiré personalmente y que se dotará de las nuevas normas que sean necesarias y la estricta selección de los funcionarios que la ejecuten. Y será norma de conducta la austeridad en el gasto. 

Crear, crear y crear más empleo formal, estable y bien remunerado, será prioritario, a la par con disminuir la muy irritante desigualdad social, que les arrebata las oportunidades a tantos, en especial a los jóvenes. Para lograrlo, se promoverá crear más riqueza, más riqueza y más riqueza, en todos los sectores y con énfasis en el agro y la industria. ¿Con quiénes? Con los productores menores –campesinos e indígenas, por ejemplo–, los medianos y los mayores. El cuidado y protección del ambiente, tan deteriorado en el país, también será una prioridad. Y al tiempo que no se promoverán privatizaciones, se respetará la propiedad privada, porque este no es un proyecto estatista. 

Si bien se respaldarán las exportaciones, se definirá una estrategia para sustituir las importaciones de bienes que podemos producir en el país. Y entre los pactos estará que el sector financiero y las empresas de servicios públicos domiciliarios le brinden mayor respaldo a la producción nacional, con énfasis en los pequeños y medianos negocios. 

La salud y la educación se concebirán y tratarán, pero de verdad, como derechos y servicios públicos ciudadanos. Se honrarán las determinaciones legales del proceso de paz y, con amplitud de miras y estricto carácter democrático, el Estado deberá recuperar el monopolio sobre la fuerza, de manera que cesen los atropellos y actos violentos de todo tipo contra la ciudadanía y los asesinatos. Y serán cuatro años en los que todo el poder del Estado se pondrá al servicio de una gran campaña que eduque contra el maltrato a las mujeres y demás sectores discriminados y agredidos. 

Esta candidatura se concibió para cumplir su primer trámite dentro del Polo, como es natural, y alcanzar y ganar la segunda vuelta del 2022, salvo que los votos lo impidan. Pero inspirada en los criterios del Gran Pacto Nacional y con sus puertas abiertas para todos aquellos que, sin las cortapisas y confusiones que suelen generar los rótulos políticos, comulguen con los objetivos que acordemos. Bienvenidos. 

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- Uno puede cambiar de opinión frente a circunstancias también cambiantes, más lo que uno nunca puede hacer es cambiar de principios, como quien se quita algo que ayer le acomodaba y hoy le estorba. No es esta una idea nueva; hace casi dos siglos la genialidad de Víctor Hugo sentenciaba: “Cambia tu opinión pero mantén tus principios”. 

Santos pregonaba ampliamente la primera premisa para justificar la traición súbita a sus electores y su claudicante negociación con las Farc, cuando lo que hizo realmente fue abandonar, súbitamente también, sus convicciones sobre la seguridad como bien público y derecho fundamental, sobre el imperio de la ley como sustento del Estado de Derecho, sobre el rechazo al terrorismo y la no impunidad frente a delitos de lesa humanidad, principios que había defendido como ministro de Defensa y candidato presidencial. 

Para Iván Duque podría ser más fácil, siguiendo el ejemplo de su antecesor, declarar, de un momento a otro, al señor Maduro como su nuevo mejor amigo, agacharse para pedir la restauración de unas relaciones que no rompió Colombia sino Venezuela, ceder al chantaje político del dictador y traer a la señora Merlano, reiniciar negociaciones con el ELN y, por qué no, hasta postularse a un segundo Nobel. 

Sin embargo, esta es una comedia que le está saliendo mal al dictadorzuelo de Maduro, al tropezar con la coherencia de Duque. Porque no creo en la captura “por casualidad” de Merlano, en un régimen policivo y sembrado por los cubanos con el cerrado control político del comunismo a la vida diaria de los ciudadanos. Había que hacer el show de la captura ostentosa, el de la burla al presidente Duque y el desprecio a Guaidó, para pasar luego a la “generosidad” de su ofrecimiento envenenado de las relaciones consulares para manejar asuntos como el de la excongresista, pues si bien es cierto que estas no implican el restablecimiento formal de relaciones, sí constituyen el reconocimiento expreso de Maduro como interlocutor legítimo y presidente constitucional de Venezuela. ¡Qué más quisiera! 

Duque no cayó en esa trampa, ni en la del chantaje ladino del temor al ventilador de Merlano, temor que el Gobierno no siente. Ceder iría en contra de las bases –principios– definidas por el Gobierno para su política exterior. Así las cosas, hoy el regreso de Merlano es un asunto de deportación que depende del cumplimiento de Venezuela al convenio sobre la Policía Internacional, Interpol. 

Está de por medio la credibilidad del país ante los más de 60 países que reconocen al presidente Guaidó, y también ante quienes no lo reconocen. Están de por medio el liderazgo continental de Colombia, su dignidad y su prestigio, pues cualquier acercamiento al tirano sería visto como símbolo de debilidad y haría saltar en pedazos la estrategia conjunta del cerco diplomático, que no ha resultado tan rápida como se pronosticaba –es cierto–, pero sigue siendo el camino escogido para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. 

De fronteras para dentro, un cambio de rumbo de Duque representaría, para quienes le votamos, otra traición como la de 2010, mientras que los mismos que hoy le piden claudicar, lo acusarán mañana de claudicante. Es la estrategia de la izquierda: estigmatizar porque sí y estigmatizar porque no. Los mismos que llevan un año exigiéndole que abra el gobierno a la participación programática -no burocrática- de otros sectores, hoy, cuando da pasos en esa dirección, lo acusan de repartir mermelada a cambio de gobernabilidad al estilo Santos.

Es el costo de la coherencia, pero, como decían los abuelos: “primero muerto que descolorido”.

Bogotá, D. C, 1 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

 @jflafaurie.

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Gabriel Ortiz.

Por Gabriel Ortiz*.- El caso Merlano se convierte cada vez más, en un juego niños, en el que seremos los perdedores.

La de “la moto”, se sale una vez más con las suyas, mientras el gobierno y sus “asesores”, tratan de aprovechar, el hecho como un “trofeo” contra Maduro.

La Merlano se burló del Impec, de nuestra seguridad, de la cancillería, de los clanes políticos barranquilleros, de todos nosotros. Perfeccionó en una silla odontológica la mejor de sus sonrisas. Envió luego a su atractiva hija, una “ingenua niña” de portada de Soho, a ampliar su farsa, con cuchufleta carcajada.

La historia de amor y dolor alcanzó a arrancar lágrimas a los ingenuos, y satisfacción a los corruptos que se arroparon con esa cobija para escapar a un castigo por sus fechorías electorales.

Brotaron a lo largo y ancho de este mundo las operaciones de nuestra policía que junto con la Interpol, desplegaron tras Aída, sus temibles “circulares rojas”.

Misteriosamente en una húmeda madrugada, la Fuerza de Acciones Especiales FAES, de Maduro, llegó sigilosamente hasta El Milagro, un exclusivo sitio residencial de Maracaibo, en donde plácidamente dormía a pierna suelta con su amante, la prófuga de la justicia colombiana. Ahí terminó la primera parte de la fuga de Aída Merlano, quien al parecer descansó del asedio, aislamiento y sitio en que vivía. Venezuela era el lugar adecuado, el más seguro, porque le daba otro estatus y otra figuración. Nada mejor que un enclave con dos presidentes a los que pudiera ofrecer valiosa información para chantajear o agraciar. Aída tiene en su poder secretos que sirven para absolver o condenar a adversarios.

Esta puja la ganó Maduro. Aída es de su propiedad. Sabe lo que Nicolás no sabe. Es dueña de muchas confidencias que pueden cambiar el rumbo de la política costeña.

Por ahora, Duque quiere reclamársela a Guaidó, pero ella le pertenece a Maduro. Guidó, solo se enteró por la prensa que Aída estaba “detenida” en su interino país.

Como Colombia se la reclama a quien no la tiene, vendrán muchas mascaradas y comparsas, matizadas de murmullos, facke news, trolas y ficciones que aprovecharán Guaidó, Duque y Maduro. Será un remedo de guerra fría con insultos y amenazas.

La Merlano, sin cordel ni  rappimoto, será la reina del cuento y la protagonista de una disputa entre dos gobernantes que solo buscan las extremas políticas.

Lo cierto, es que Maduro utilizará a Aída como estandarte para mostrarnos la lengua cada que necesite sacarse los clavos que lo atormentan.

Si hay que reclamar a Aída, hay que pedir la extradición a quien la tiene. ¡Guaidó, no es la vía! No volvamos a equivocarnos, no hagamos más el oso internacional. Duque patina con los asesores que hoy le hablan al oído. ¡Nos están sacando la lengua!

BLANCO: La mano que nos dan los colombianos del exterior con las remesas.

NEGRO: La lastimera salida de la ¿exministra? del interior con la paz que no fue capaz de lograr.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Alonso Ojeda Awad*.-

Por Alonso Ojeda Awad*.- Con el respeto de usanza, al decir del inolvidable maestro de la Universidad Nacional de Colombia, Eduardo Umaña Luna me permito, presidente Duque hacerle una serie de recomendaciones que están íntimamente unidas con el normal y positivo avance de nuestra sociedad, que conlleva el principal desafío de construir la nueva sociedad colombiana que debe acompañar a nuestro país, más allá del siglo XXI.

La primera recomendación se refiere a la urgente e inaplazable tarea de orientar sus mayores esfuerzos y decisiones a detener la agobiante sucesión de asesinatos diarios de excombatientes guerrilleros, líderes sociales y de Derechos Humanos que aflige hasta la desesperación a la sociedad colombiana. Nuestra sociedad ha creído en los Acuerdos de Paz firmados entre el presidente Santos (representante del Estado) y la dirigencia de las Farc, en el año de 2017 y donde estamos todos, aun confiados en que usted como hombre de Paz, los ratifique sin ninguna objeción. Esta sociedad no resiste un solo líder más, asesinado.

La segunda recomendación tiene que ser la protección absoluta de nuestras fuentes de agua y por ende la protección de nuestras montañas que son los sitios sagrados donde nace y fluye el agua. No hay mayor riqueza para un pueblo o nación que tener bajos sus manos los incontables torrentes de agua cristalina para mitigar la sed de la familia, de los animales, de las plantas y de las cosechas. Esta es la verdadera riqueza de Colombia y no ninguna otra, recuerde Presidente.

La tercera recomendación es el referido al “Fracking”. No vaya a permitir Presidente por ninguna razón que lo lleven aprobar este “asesino oculto” de las comunidades. La pavorosa experiencia que vive Australia, es digna de tenerse en cuenta. Por la gravedad de “el cambio climático” no solo se incendiaron sus selvas, sus cultivos, sus fincas, sino que se incendiaron los ríos como producto del “Fracking”. Murieron millones de indefensos animales y decenas de seres humanos. Usted, no puede Presidente, condenar a su pueblo a una tragedia de estas dimensiones catastróficas.

La cuarta recomendación es: Dedíquese con sus equipos de gobierno a delinear políticas efectivas que ayuden a solventar las graves situaciones que viven nuestros ríos, reservorios de pesca, para nuestras necesitadas gentes.  El respeto y la conservación del medio ambiente es requisito sine qua non, del Presidente de la república y de todas y todos los colombianos. De ejemplo en estas emergencias que vive Colombia y el mundo.

La quinta recomendación es: Recuerde Presidente que hay más de 6.000.000 de campesinos sin tierra ni medios para cultivarla.  En los Acuerdos firmados el Estado quedó comprometido a entregarles seis millones de hectáreas y ayuda técnica para que la familia campesina pueda trabajar con dignidad, alimentar como se debe a sus hijos, mandarlos a estudiar en planteles educativos y ayudar hacer de esos jóvenes personas de conocimientos y formación para asumir correctamente sus obligaciones ciudadanas.

Una última recomendación sería Presidente, no le falle a Colombia. Los trabajadores, los campesinos, las comunidades afros e indígenas, los estudiantes, las amas de casa, los pensionados aman a su país. Ellos están decididos hacer cualquier sacrificio por esta nación que los vio nacer. Le pido encarecidamente Presidente Duque no ser inferior a estas nobles y positivas aspiraciones.

NOTA LUCTUOSA. Hoy en la capilla Francisco Javier de la Universidad Javeriana se llevó a cabo una misa solemne en recordación del padre Jesuita JAVIER SANIN FONNEGRA, quien falleció a finales del año pasado. Mantuve una excelente relación de amistad con el padre Javier y cuando fue director de la Revista Javeriana, me invitó a participar en varias ediciones, gesto que agradecí con especial cariño.   ¡¡¡PAZ Y HONRA A SU MEMORIA!!!

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020

*Doctor en Medicina y Cirugía. Ex embajador de Colombia en Hungría y Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.

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José G. Hernández

Por José G. Hernández*.- Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, entre cuyos fundamentos están el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general.

Las garantías plasmadas en la Constitución en relación con el trabajo son precisamente eso: garantías adquiridas; conquistas logradas tras años de lucha y, correlativamente, implican obligaciones para el Estado y los empleadores. No pueden desaparecer por decisión unilateral del Ejecutivo o del Congreso. Cualquier proyecto en su detrimento exige reforma constitucional, e incluso no caben, si sustituyen la esencia de la Carta Política.

Ni siquiera durante tiempo de perturbación del orden público económico y social podría el Gobierno expedir normas que implicaran algún retroceso en materia de garantías en materia de trabajo, como lo dice con claridad el artículo 215 de la Constitución: “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”.

Uno no sabe si quienes proponen medidas o normas pensadas con el propósito de mermar, desmejorar o eliminar derechos y garantías laborales, ignoran esos fundamentales principios del sistema jurídico, o si, por el contrario, lo que están buscando es que se inutilice el Estado Social de Derecho en favor del capitalismo salvaje.

Así, sostener que el salario mínimo es demasiado alto -cuando lo cierto es que los pequeños ajustes que se le introducen cada año son rápidamente apabullados por las alzas de productos y servicios- , o proponer que se aumente la edad de jubilación, que los jóvenes devenguen menos, que se supriman los intereses a las cesantías o que se acaben las cajas de compensación y el subsidio familiar, no es otra cosa que proponer la burla de claras disposiciones constitucionales que garantizan a toda persona el derecho a trabajar en condiciones dignas y justas (Art. 25 C.P.), una remuneración mínima, vital y móvil para preservar el poder adquisitivo del salario, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo (Art. 53 C.P.). No demoran en proponer que se suprima la garantía de la salud para los trabajadores y sus familias; que no haya límite a la jornada laboral, o que desaparezca el subsidio de transporte.

Todas ellas son garantías irreversibles, que realizan -aunque no completamente- la justicia social y que la Constitución mantiene en el Estado Social de Derecho.

Digo que no completamente porque el sistema actual de salud y seguridad social, en especial fundado en la Ley 100 de 1993, es verdaderamente deplorable. No es sino observar lo que ocurre con varias EPS, llevadas a la quiebra por la corrupción y el desvío de recursos, y la necesidad de la tutela como único camino para medicamentos, cirugías y debida atención a los pacientes, los trabajadores y sus familias.

Por eso, hemos lamentado de tiempo atrás que la Corte Constitucional haya dejado pasar normas tan negativas como la supresión de las horas extras, o la eliminación de la mesada 14 para las personas de la tercera edad.

Lo peor de todas estas regresivas ideas consiste en que casi siempre "le suenan" al Ministro de Hacienda.

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón.- En las discusiones de la Comisión codificadora de la constituyente a la que asistía como delegada de Jaime Castro, surgió una polémica sobre la utilización del término habeas data para consagrar el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre las personas en bancos de datos y archivos públicos y privados. El exmagistrado Ciro Angarita, llamado a resolver las dudas, desde esa época explicaba que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones exponían al ciudadano como a “un pez en un acuario,” para subrayar la urgencia de consagrar este derecho fundamental.

De ese tiempo para acá han transcurrido casi treinta años y el habeas data se ha quedado corto frente a la manipulación a que están siendo sometidas las personas con las tecnologías invasivas de la privacidad que la profesora emérita de la escuela de negocios de Harvard, Shoshana Zuboff, ha denominado “Capitalismo de vigilancia.” La experiencia viva de las personas se recoge, acumula y empaqueta en productos predictivos del comportamiento humano que son utilizados en actividades comerciales y políticas sin su consentimiento y conocimiento informado.

La materia prima de los productos predictivos consiste en la infinidad de datos sobre los gustos, compras, lecturas, visitas, llamadas, salud, educación y demás preferencias y actividades que se registran en redes sociales, cámaras de vigilancia y celulares con los que se arman dosiers individuales que permiten convertir a cada persona en blanco de manipulación. La experiencia digitalizada del diario vivir se acumula y procesa con algoritmos que perfilan a cada consumidor, votante o blanco de cualquier finalidad ajena a su conocimiento o deseo, al extremo de llegar a predecir e incluso dirigir su conducta para aumentar ventas, votos o el control social.

Para dar una idea de lo invasivo del acuario en que se está convirtiendo la sociedad, analicemos los alcances de la vigilancia a la que nos sometemos con el omnipresente celular. Cada uno de esos aparatos tiene tres dispositivos de ubicación, más cámaras y micrófono. No basta con desconectar el GPS. Los otros dos dispositivos permiten ubicar al portador a centímetros de distancia de cada locación, durante cada segundo de cada hora del día. También recoge el número de pasos, el ritmo cardiaco, las emociones, la huella digital, entre tantos datos que alimentan los apps que nos hacen cómoda la vida.

Un estudio del Massachussetts Institute of Technology (MIT) comprobó que tres meses de información sobre la ubicación de una persona a través de su celular son suficientes para que los algoritmos puedan predecir su accionar diario con un alto grado de confiabilidad. El Gran Hermano contemporáneo de las plataformas digitales de Facebook, Amazon, Microsoft y Google (Alphabet), lo ve, lo oye y lo acumula todo para venderlo procesado al mejor postor.

Las implicaciones para la libertad individual y la democracia son realmente escalofriantes. Quienes manejan la información han descubierto el poder de manipular y modificar el comportamiento humano para garantizar resultados. Se trata de un poder susceptible de abuso que cambia los supuestos mismos de la economía y de la política, al transformar la conexión digital de un medio de liberación, conocimiento y expresión, en un fin de control por parte de terceros cuyas motivaciones, objetivos y métodos nos son ajenos.

La instrumentación económica convierte la información, que desapercibidamente soltamos, en productos predictivos que después nos condicionan a consumir determinados bienes y servicios. La instrumentación política puede condicionar al ciudadano a votar de acuerdo con la voluntad de quien pague por el acceso y procesamiento del big data. Ya sucedió con la empresa Cambridge Analitica contratada para influenciar las elecciones en favor de Trump y del brexit con base en pilotos experimentales realizados previamente en Bogotá con Enrique Peñalosa y en Filipinas con Duharte. Así lo divulgó el documental Nada es privado dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim y difundido en Netflix.

La legislación mundial está en pañales ante tan grave amenaza. Debemos abandonar el espacio de confort, cuidarnos de divulgar nuestros datos y exigir regulaciones adecuadas que nos protejan de esta megamanipulación que atenta contra nuestra autonomía y la democracia. Para mañana es tarde.

Hecatombe humanitaria. Con la muerte de Fernando Quintero Mena el 26 de enero, en Convención, Norte de Santander, van 25 líderes sociales y 6 excombatientes asesinados en 2020. Hace una semana (18 de enero) iban 23 líderes sociales y 3 excombatientes. Sigue el exterminio. Uno es demasiado. (Fuente Indepaz y SEMANA).

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo.- La Capital de la República está estrenando por primera vez una Alcaldesa elegida popularmente.

Fueron muchos los bogotanos que, cuando ella salió elegida, tuvieron momentos de preocupación por el futuro de la ciudad.

Sin embargo, a medida que pasan los días empiezan a tener tranquilidad al ver que la exsenadora de la República no es una persona que tome decisiones a la ligera, sino que por el contrario medita sus propuestas de tal manera que cuando las expone tienen no sólo el valor de ser serias sino que también se han medido sus consecuencias.

Su responsabilidad ha llegado a tener que actuar en contravía de sus propuestas de campaña por decisiones que tomó su antecesor, pues de modificarlas podría causar lesiones económicas a las arcas de la municipalidad.

Son muchos los frentes que le tocará abordar empezando por el mal estado de las calles y las equivocadas medidas que se llevaron a cabo en la Secretaría de la movilidad que han llevado a acciones que han sido demandadas ante los entes judiciales porque fueron expedidos o usurpando ámbitos nacionales o llevando a la ciudad a un caos en la movilidad o a una frenada en la velocidad de la vida normal que llevábamos los residentes en la capital del país.

Por otra parte, la Alcaldesa tendrá que afrontar con medidas extraordinarias, acciones que regresen un poco la seguridad perdida. La ola de inseguridad que estamos viviendo es realmente impresionante.

Hace pocos días salió a la luz pública las cifras de robos de teléfonos celulares en los primeros veinte días y los resultados no podrían haber sido peores. Se han robado, del primero de enero al día veinte del mismo mes, 70.000 celulares de los cuales 46.000 corresponden a hechos sucedidos en Bogotá. Es decir que al día se robaron 2.300 celulares sin que haya control policial para que esto no suceda. Pero lo peor de los robos presentados es que algunas personas resultan acuchilladas y en otros casos heridos a bala o simplemente muertos. Y qué decir del resto de robos a casas, carros, motos, bicicletas o atracos por billeteras, relojes, y joyas entre otras cosas. La Alcaldesa debe exigir de las autoridades uniformadas más protección para los ciudadanos.

Por otro lado, ya pronto conoceremos el plan de Desarrollo que presentará la nueva administración de la capital y es allí donde veremos el verdadero plan de acción que tendremos para el futuro.

Mientras ello sucede, esperemos que la seguridad se mejore y que esta nueva administración tome las medidas necesarias para rescatar la ciudad de los ladrones y el hampa.

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2020

*Excomisionado de Paz

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Oscar Villamizar Meneses

Por Oscar Villamizar Meneses*.- El Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez elevó una solicitud a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz - Canel,  para que extradite a Nicolás Rodríguez, ‘Alias Gabino’, jefe máximo del ELN, condenado por terrorismo a 15 años de prisión, según sentencia de un juzgado del departamento de Antioquia.

Colombia tiene el legítimo derecho de solicitar la extradición de “Alias Gabino” porque el primer paso para alcanzar la justicia es combatir la impunidad.

No hay duda que el comandante del terrorismo en Colombia, ‘Alias Gabino’, se encuentra en esa isla caribeña, donde se iniciaron los diálogos entre la administración Santos y esa insurgencia narcoterrorista; conversaciones que fueron suspendidas por el Presidente Duque después que el ELN cometiera el vil atentado contra la Escuela General Santander en enero del 2019, donde 22 cadetes  perdieron la vida.

Los atentados por parte del ELN no han cesado, lo que pone de presente que no han querido, ni quieren y tampoco están interesados en un diálogo. Al contrario, son continuas sus acciones delincuenciales y terroristas contra los civiles y militares para debilitar unas instituciones que están fortalecidas por la democracia y la defensa de la institución militar.

El Presidente Díaz-Canel no debe dilatar más el tema y responder a la solicitud de Colombia  extraditando al sujeto ‘Alias Gabino’, porque ningún terrorista es intocable. La justicia colombiana lo requiere.

La petición del jefe de Estado de Colombia Iván Duque Márquez, al Gobierno cubano, para extraditarlo,  tiene un fundamento jurídico basado en el derecho internacional: la  firma de un tratado de extradición firmado entre Colombia y Cuba en 1932.

Ningún protocolo, ningún acuerdo es superior al derecho que le asiste al Estado colombiano a someter a los criminales del ELN a los jueces legítimos. No podemos aceptar que los protocolos para unos diálogos frustrados estén por encima de la lucha contra el terrorismo y la impunidad.

Como Representante a la Cámara y Primer Vicepresidente de la Corporación, siento la obligación moral y ética de prender las alarmas sobre este tema.

Gabino es un vil criminal, un trasgresor de la ley y un terrorista que merece todo el peso de la ley.

Bucaramanga 28 de enero de 2020

*Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes

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