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Ante la precaria y preocupante presencia del Estado Colombiano y donde no se garantizan los derechos básicos a las comunidades que se sienten abandonadas por el Gobierno Nacional, Regional y Local, integrantes de la Misión Humanitaria urge que se implemente “en la debida forma el Acuerdo de Paz, con enfoque territorial étnico y se acoja el Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó”.
Ante la situación de violación a los Derechos Humanos, el desplazamiento ha sido constante. Foto: elespectador.com

Ante la precaria y preocupante presencia del Estado colombiano y donde no se garantizan los derechos básicos a las comunidades que se sienten abandonadas por el Gobierno Nacional, Regional y Local, integrantes de la Misión Humanitaria urge que se implemente “en la debida forma el Acuerdo de Paz, con enfoque territorial étnico y se acoja el Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó”.

La Misión Humanitaria enumeró las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario:

1.-Control social y territorial por parte de los actores armados.

2.-Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

3.-Instalación de minas antipersonales.

4.-Amenazas y señalamientos a líderes y comunidades.

5.-Asesinatos selectivos y el homicidio de Luz Ayda Conchave Lana en el contexto de enfrentamientos entre actores armados al interior de la comunidad indígena de Miácora.

6.-Violación a los reglamentos internos y a la autonomía de las comunidades.

7.-Limitación de la movilidad y la productividad.

Destacan que los hechos violatorios por parte de los actores armados han generado confinamiento, desplazamiento, hacinamiento, hambre, debilitamiento a los procesos organizativos, miedo, zozobra y sentimiento de abandono. LO anterior está generando un preocupante desplazamiento.

Por todas las anteriores consideraciones, la Misión Humanitaria hizo los siguientes llamados:

Al Gobierno Nacional: Garantizar los derechos humanos a los habitantes del Alto Baudó y no seguir ofreciendo como respuesta privilegiada a la realidad del conflicto armado, la militarización del territorio. Apostar por la solución pacífica al conflicto armado. Garantizar la misión de protección que debe ofrecer la Fuerza Pública, evitando las situaciones de connivencia que se dan entre integrantes de la Fuerza Pública y actores ilegales en el Alto Baudó y otros municipios del Chocó.  

A la Gobernación del Chocó: Atender en la debida forma a las víctimas del conflicto armado. Garantizar el servicio de educación con calidad mediante la permanencia y asignación suficiente de los docentes, dotación de materiales didácticos y mejoramiento de la infraestructura educativa. Que la Secretaría de Salud departamental ejerza la vigilancia y control sobre las EPS, para que éstas brinden con oportunidad la atención que les corresponde a través de personal médico e insumos necesarios. Junto al Ministerio de Salud Nacional, realizar el mejoramiento y construcción de la infraestructura requerida. 

Al Municipio del Alto Baudó: Mayor presencia y acompañamiento al interior de las comunidades. Gestionar proyectos productivos con mayor cobertura y pertinencia. Garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en comunidades que durante largos períodos han estado privadas de este servicio.  

A los líderes políticos y a la clase dirigente del Alto Baudó y el departamento del Chocó: Establecer políticas de continuidad con planes de largo y mediano alcance que permitan superar el rezago histórico en el desarrollo regional. Es absolutamente necesario evitar la egoísta competencia de la política partidista que conlleva enormes gastos en las campañas electorales y dilapidación de recursos en el ejercicio del poder. 

A la Procuraduría y a la Contraloría: Ejercer en debida forma el control disciplinario a los funcionarios públicos que no cumplen con sus responsabilidades y realizar el control fiscal adecuado sobre los recursos públicos de este municipio.

A la Fiscalía: Ofrecer resultados sobre las investigaciones en materia de delitos en los ámbitos del orden público y la corrupción administrativa.

A la Corte Constitucional: Seguimiento más riguroso al cumplimiento de las Sentencias y los Autos emitidos en temas de violación a los derechos humanos y la crisis humanitaria en el Chocó, y particularmente en favor del Alto Baudó. 

A la Comunidad Internacional: Continuar visibilizando la crisis humanitaria, económica, social y ambiental en el Alto Baudó y todo el departamento del Chocó. Para que realmente pueda disminuir la guerra en Colombia, se requiere que los países consumidores de droga hagan esfuerzos serios para que el auge del narcotráfico pueda desaparecer.

A los grupos armados ilegales: Respetar la vida de las personas, abandonar todas las acciones violatorias al derecho internacional humanitario, renunciar a sus acciones ilegales y violentas, y responder positivamente al llamado de la sociedad civil a asumir con sinceridad y decisión procesos de dialogo y sometimiento a la justicia para lograr la superación del conflicto armado. Pedimos nueva mente al ELN la liberación inmediata del señor Tulio Mosquera Asprilla.

Sufrimiento y angustia del pueblo Baudoseño

Lamentan profundamente el dolor que experimentan las comunidades del Alto Baudó y señala que “Más allá de las estadísticas y los titulares de prensa, hemos palpado el sufrimiento y la angustia del pueblo Baudoseño. Seguiremos acompañando la esperanza de los pueblos indígenas y afrodescendientes que claman por un futuro en paz y con calidad de vida. La lucha por un territorio de abundantes riquezas contrasta con el empobrecimiento y abandono de su gente. Imploramos al Dios de la vida la resiliencia necesaria para resistir y la luz del Espíritu para encontrar los caminos anhelados de inclusión social y fraternidad.

La Misión Humanitaria está conformada por las Diócesis de Istmina - Tadó, Quibdó y Apartadó, El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Departamental Indígena, la Asociación de Consejos Comunitarios  del Alto Baudó (ACABA),  la Oficina de la ONU para los DDHH, la Coordinación Regional del Pacífico, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, el Consejo Noruego para Refugiados,  Swefor y delegados de las embajadas de Suecia y Noruega, instaron al estado colombiano para garantizar los DDHH de dicha población, la atención de las víctimas del  conflicto armado, y la militarización del territorio.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

Redacción Ecos Actualidad