Por Luis Fernando García Forero.- La COVID-19 puso a prueba la capacidad de los gobiernos para brindar ayuda financiera y otros tipos de asistencia a las personas vulnerables.
Aunque 200 países y territorios han planeado o implementado medidas de protección social en respuesta a la Pandemia, muchos gobiernos tuvieron dificultades para identificar a los trabajadores informales que no estaban cubiertos por los programas de asistencia o seguridad social disponibles para los empleados del sector formal.
Las normas de distanciamiento social y las cuarentenas complicaron aún más la tarea de ayudar a quienes lo necesitan.
Pero en algunos países los sistemas de Identidad Digital permitieron que las autoridades identificaran en forma confiable y remota a las poblaciones, e hicieran transferencias en efectivo de emergencia a los grupos vulnerables como mujeres y niñas, personas pobres, trabajadores informales e inmigrantes, habitantes de áreas remotas y refugiados.
Por ejemplo, un sistema de Identidad Digital permitió a Chile preinscribir rápidamente a millones de nuevos beneficiarios a los programas de asistencia social y que la gente pudiera verificar en línea su situación y, en caso necesario, solicitar cambios.
Pero los sistemas de Identidad Digital por sí solos no son la panacea para llegar a los grupo vulnerables, sobre todo, esos esquemas requieren el acceso asequible a la infraestructura digital. Cuando eso existe, la Identidad Digital brinda los cimientos sobre los cuales construir otras aplicaciones y sistemas importantes.
Como los sistemas de Identidad Digital permiten que las personas efectúen transacciones de manera remota, también pueden facilitar los pagos digitales (a través de transacciones sin efectivo) y una mejor gobernanza de datos (permitiendo transacciones sin papel y protegiendo simultáneamente la privacidad).
Las identificaciones digitales, los pagos digitales y la gobernanza de datos tienen importancia en sí mismos; juntos constituyen un poderoso bien público.
Esta combinación es tan fundamental para las economías actuales como lo fueron los caminos y ferrocarriles para las economías del siglo XX.
Por ejemplo, países como Estonia y Singapur cuentan con ecosistemas digitales avanzados que permiten a la gente acceder a servicios gubernamentales y empresariales completamente en línea, mitigando así en parte las perturbaciones económicas causadas por la COVID-19.
A medida que la digitalización avanza, las actitudes relacionadas con la protección de los datos están experimentando un profundo cambio. Las violaciones de alto perfil a la seguridad de los datos y el mal uso de la información han llevado a que la gente, con razón, sea más consciente de las amenazas a su privacidad.
Los sistemas de Identidad Digital también deben estar diseñados considerando la inclusión y la confianza.
La inclusión no solo implica garantizar que todos puedan inscribirse, sino también que todos puedan usar sus identificaciones digitales para recibir asistencia y empoderarse económicamente, incluso quienes están poco alfabetizados y tienen un acceso limitado a la tecnología.
Además, es fundamental que las personas tengan confianza en la integridad del sistema, incluida su capacidad para resguardar la privacidad y los derechos individuales. Esto requiere mecanismos de transparencia y responsabilidad eficaces.
Los buenos sistemas de Identidad Digital no solo aumentan la capacidad de los gobiernos y las empresas para funcionar, sino que además benefician y protegen al público.
Independientemente de la forma que adopten, esos sistemas se necesitan con urgencia. Mil millones de personas en el mundo todavía carecen de una identidad oficial, lo que les impide acceder a los sistemas financieros y los servicios sociales.
Este un importante tema para la Agenda Política Global a muy corto plazo.
Bogotá, D. C, 23 de febrero de 2020
Fuente: Project Syndicate/BM.
