Por Giovanni Décola*.- En Colombia ha tomado carrera, aquel adagio que dice: “el que escruta elige”. Algunos lo han reevaluado por “el que encuesta elige”. La verdad es que nuestro sistema electoral es tan frágil, que para nadie es un misterio, que en la organización electoral se ganan y se pierden elecciones. Aunque ello, no es culpa absoluta del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aparte de ellos, en los debates electorales intervienen los Partidos y Movimientos Políticos, grupos significativos de ciudadanos y lógicamente sus candidatos, como actores principales.
Adicionalmente encontramos los jurados de votación propuestos por las entidades del Estado, empresas privadas, universidades y los mismos partidos. Ellos son ciudadanos que representan a la sociedad civil, atienden a los sufragantes que se acercan a votar el día de las elecciones y hacen el escrutinio de las mesas de votación, ante la vista de los testigos, apoderados, candidatos, observadores y uno que otro miembro del Ministerio Público.
Luego los escrutinios continúan a través de las comisiones auxiliares y/o municipales, cuyos miembros son designados por los Tribunales Superiores de Justicia, que tienen el deber de convertir el acta de escrutinio E-14 que elaboran los jurados de votación, en E-24 y E-26, atendiendo las reclamaciones electorales conforme al artículo 192 del desueto Código Electoral y dándole trámite a los recursos, que serán resueltos por la comisión escrutadora departamental conformada por los delegados del CNE, y por último, el CNE tendría la última palabra en vía gubernativa.
Unos y otros hacen sus correspondientes declaraciones de elección, las cuales deberían ser el resultado de la verdadera voluntad popular, pero en Colombia, esto sigue siendo una quimera.
Los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral por contrarrestar fenómenos como la propaganda política extemporánea, la transhumancia, la violación de los topes electorales, debida inspección en la adquisición de los softwares de jurados de votación y conteos de los guarismos, para que sean confiables, han sido hasta ahora inanes.
La Registraduría Nacional del Estado Civil debe esmerarse en una mayor transparencia en la contratación de servicios vitales para la salvaguarda de la democracia y capacitar mejor a su personal.
La justicia ha sido hasta ahora incapaz de enfrentar con éxito los delitos contra el sufragio, que se cometen antes, durante y después de las elecciones, cuyos autores intelectuales y materiales son de autos conocidos por la ciudadanía, pero inexplicablemente ignorados por las agencias de inteligencia, contrainteligencia y de justicia del Estado. Igual ocurre con la doble militancia política, que sin desparpajo y pese a ser causal de nulidad electoral, la siguen cometiendo numerosos actores políticos a la vista de unos y otros.
Al Congreso le ha faltado voluntad política para reformar un código electoral desactualizado, y cuyas normas muchas han sido derogadas expresa o tácitamente por otras, cuando no, por sentencias de control de constitucionalidad.
En esta contienda, se observa cómo muchos candidatos buscan con afán el favor de la ciudadanía para traducirlo en votos, pero descuidan el control a los resultados electorales, dándole una importancia residual. Muchos creen que es suficiente con unos testigos electorales, que pudiendo cumplir con sus funciones desde las 7:30 am en las mesas de votación, solo llegan a éstas, al filo de las 4:00 pm, cuando ya varias irregularidades, seguramente estarían consumadas, convirtiéndose esos testigos en unos simples notarios del presunto fraude.
Aparte de los delitos contra el sufragio y los certámenes democráticos, cuya función de repelerlos, compete más a las autoridades de policía y organismos de control, los partidos y movimientos políticos a través de sus candidatos, apoderados y testigos electorales, sí tienen mucho por hacer, para minimizar las maniobras fraudulentas que perturban la pureza del sufragio.
Entre las muchas modalidades de fraudes, hay unos como la composición de mesas homogéneas, suplantación de jurados o sufragantes, voto en cadena o carrusel, grabación y/o fotografía de los tarjetones, el plumero envenenado, embarazo de urnas, clonación o adulteración de actas electorales, el campanero, “gemeleo” de mesas de votación, caída del sistema, voto cantado vs anotado y manipulación de software, que son perfectamente evitables, si los partidos y candidatos se concientizaran que el fraude electoral en Colombia no es un mito sino una realidad, y por lo tanto deben conformar e instruir un grupo de control electoral al interior de sus respectivas campañas, con el fin, no solo de prevenir los fraudes electorales, sino también, hacer en debida forma una reclamación electoral ante los jurados de votación o comisiones escrutadoras.
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2019
*Abogado Administrativista y Consultor en Derecho Electoral.
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