Por Luis Fernando García Forero.- Ante la inminente necesidad de preservar el único acuerdo exitoso para dar fin a más de 50 años de conflicto armado en Colombia, el debate de las Objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, en el Senado, no pasa de las diferencias.
Los asesinatos de más de 120 líderes sociales y excombatientes reincorporados, en lo que va corrido de este gobierno, así como la demora en el desarrollo de las acciones del Postconflicto, parece no motivar a algunos dirigentes políticos a superar sus diatribas.
Prevalece un ambiente de confrontación que aviva la interminable polarización que rodea a Colombia, que favoreció a Duque como candidato, pero maltrata su gestión a los ojos de la escena global.
No se necesitan más discursos ni diferencias. Los funcionarios públicos que representan al país ante el Senado deben procurar dar una respuesta.
¿Cuántos muertos más tiene que aportar el país para que algunos congresistas dejen de lado sus conveniencias y logren un acuerdo?
Es indudable que no es una decisión fácil. Sus implicaciones tocan el tejido del ordenamiento jurídico de la Paz y dos temas que han sido tabú en Colombia: la extradición y el paramilitarismo.
Ciertamente la dureza de la escena de los actores opuestos en la plenaria de este martes, cuando se celebraba el día del idioma, no sólo nublaron el léxico, sino que dibujaron ante miles de colombianos que los extremos se siguen acrecentando ante la inminente necesidad de sacar adelante la verdadera paz por la vía institucional.
Bogotá, 24 de abril de 2019
Por Luis Fernando García Forero
