Cuando se cumplen dos años del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, el balance no es el mejor, no solo por la pandemia del COVID-19 que azota a todas las naciones del mundo, sino porque la paz, un mandato constitucional que se veía floreciendo, luego de los Acuerdos de La Habana, cada día pierde sus pétalos, mientras los colombianos riegan por los cuatro puntos cardinales del país, más odio y polarización.

Por Luis Fernando García Forero.- Cuando se cumplen dos años del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, el balance no es el mejor, no solo por la pandemia del COVID-19 que azota a todas las naciones del mundo, sino porque la paz, un mandato constitucional que se veía floreciendo, luego de los Acuerdos de La Habana, cada día pierde sus pétalos, mientras los colombianos riegan por los cuatro puntos cardinales del país, más odio y polarización.

Sin lugar a dudas, el jefe de Estado ha puesto todos sus baterías para atender la pandemia, que lleva más de 120 días con un Aislamiento Obligatorio y Decretos de Emergencia, que criticados o no, han permitido hacerle frente, pero no como se esperaba, porque la reapertura de algunos sectores de la economía, antes de tiempo, ha sido criticada por sectores sanitarios y sociales, reflejo de ello, la arremetida del coronavirus en el país, sobrepasa los 12.000 muertos y cerca de 400.00 contagios.

Gracias a la tecnología y al manejo interactivo de las comunicaciones y a la virtualidad, por el esfuerzo del gobierno para aumentar la cobertura en los cuatro puntos cardinales de la Nación, el desarrollo de la institucionalidad de las ramas del poder público ha avanzado, no como se espera, pero no ha sido inferior al reto de las dificultades.

Se queda corto el jefe de Estado de Colombia en lo de seguridad nacional, es nula.  Más de 150 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, principalmente en Cauca, Putumayo, Nariño y en el Catatumbo, en Norte de Santander, entre otras regiones.

La ofensiva violenta de los narcotraficantes, disidencias de las Farc y aún las Bandas Criminales, restos del paramilitarismo, acechan la seguridad de los campesinos, líderes sociales, afros e indígenas, que se encuentran en el sándwich de la lucha del gobierno contra los cultivos ilícitos y la delincuencia organizada cuyo combustible es la producción y tráfico de estupefacientes.

Pese a que el Gobierno colombiano aseguró haber erradicado casi 45.000 hectáreas de coca hasta el mes de julio y que el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo tiene como meta destruir 130.000 hectáreas a diciembre del 2020, dichas acciones son indirectamente proporcionales a soluciones para mejorar la vida de los pobladores de esas regiones y a salvaguardar la vida de los líderes de la comunidad.

En el cumplimiento de los Acuerdos de la Habana, el presidente Duque se ha mostrado indiferente. Más han sido las voces de la bancada del partido de gobierno en el Congreso en contra de la firma de lo acordado en La Habana, principalmente en resquebrajar la Jurisdicción Especial para la Paz, que en cumplir los compromisos legales y constitucionales que llevaron a la firma del fin del conflicto, cuyo corazón y cerebro, tiene un sello: la justicia transicional.

La JEP, según los lineamientos políticos de Gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático, es desaparecerla, a cambio de dejarla funcionar para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, esclarecer la verdad, contribuir a la reparación, no solo por los exguerrilleros que se acogieron a la paz, de los cuales ya han asesinado a más de 200, sino también les da la oportunidad a los militares y agentes del estado, entre otros, que se puedan presentar ante ese alto tribunal. A la JEP hay que dejarla actuar.

La polarización en Colombia precisamente por el Acuerdo de la Habana, es la única que hasta ahora no ha sido tocada por la pandemia. No se ve al jefe de Estado asumir verdaderamente el mandato constitucional de ser la esencia y símbolo de la Unidad Nacional, menos en estos momentos donde la justicia ha decidido dar detención domiciliaria al expresidente de la república y senador Álvaro Uribe Vélez, para avanzar en la investigación por obstrucción a la justicia, tema que según el mandatario de los colombianos, no le impide opinar, porque es un derecho fundamental.

La vacuna contra el coronavirus, no solamente es la esperanza para erradicar la pandemia, sino la que le permite al jefe de Estado concentrarse en buscar enderezar el rumbo del país, convenciéndose que si avanza en el cumplimiento de los acuerdos de paz, en las verdaderas reformas con acuerdos políticos en el Congreso y fortaleciendo la democracia con la defensa de la independencia de las ramas del poder público, no solo va a pasar a la historia como el presidente que unió a Colombia sino que le abrió paso a la reconciliación para permitir la inversión y recuperación de la economía con el objeto de superar la inequidad y disminuir la pobreza.

Eso esperamos todos los colombianos. No queremos que el 7 de agosto del 2022, el jefe de Estado culmine con el ocaso a sus espaldas.

Bogotá, D. C, 7 de agosto de 2020.

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