Opinión

Por Gabriel Ortiz*.-Tremendo lio el que está por sorprender al presidente Trump, si insiste en mantener su política de deportaciones masivas, que hacen parte de la campaña electoral para su reelección.

Su última amenaza económica a China, no fue madurada suficientemente, antes de hacerla pública.

En él son muy frecuentes sus salidas, unas en firme y otras en falso. Unas reales y otras a manera de globos de ensayo. Lo tienen sin cuidado rectificar sus posiciones, metas y anuncios. Es tal la cantidad de twitter, mensajes, declaraciones y anuncios que emite por hora, que a él y a muchos norteamericanos les resbalan.

La guerra económica que mantiene con el gigante asiático, ha trastornado la economía global a tal extremo que muchas naciones están en dificultades, entre ellas Méjico, Argentina y Colombia en este continente. Lo nuestro se refleja en el precio del dólar, que de paso no sirve para nada, porque es muy poco lo que tenemos para exportar. Y para completar, ha alejado la inversión extranjera.

Pues bien: la guerra económica que pisa a Europa y al resto del orbe, fustiga a Trump y a su economía. Frenará su afán opresor a los inmigrantes, que llegaban a los Estados Unidos a fortalecer la economía y sosegará su poderío soberano y el afán por imponer su poderío. Y no solamente en su patio trasero del sur del continente. A Norteamérica han llegado emigrantes de Europa y de las diferentes naciones de mundo para engrandecerlo y al que nadie se le había ocurrido antes, construir muros, expedir leyes o barreras para aislarlo de la laboriosidad, la tecnología, la riqueza, la fama, el pensamiento, los ideales y el buen vivir.

Trump quiere ahora aplicar de nuevo más aranceles y castigos económicos a los Chinos, arreciar las deportaciones de familias -especialmente hispanas- encarcelar niños documentados e indocumentados, obligar a las empresas gringas a reestablecerse en su territorio, o soportar medidas internas extremas. Las épocas electorales calientan cabezas y pensamientos, e impiden hasta, a los más sagaces, audaces, astutos, ladinos e inteligentes, actuar con la cordura que demandan dramáticas o elementales decisiones.

Si de atraer u obligar a sus empresarios a regresar con sus fábricas a Estados Unidos, se trata, debe pensarlo con sensatez y prudencia. Primero que todo, proceder a levantar todas las normas que mancillan a los inmigrantes. Debe atraerlos, si en realidad ha pensado en competir con los Chinos. Solo con esa fuerza laboral y esa mano de obra pude recuperar los mercados locales e internacionales.

Y qué decir de la reacción de las naciones que tienen fuerza laboral barata, abajo del Rio Grande… esos también se pellizcarán y aprovecharán la guerra económica USA-China, para conquistar los mercados del mundo.

Trump, tendrá que pensar más en cómo afrontar esta guerra económica y abandonar su feudalismo, porque el tiempo se acaba económica y electoralmente.

BLANCO: Falló la venganza de Ricardo Ferro.

NEGRO: No se puede jugar con Avianca. Financieramente se deben usar las palabras exactas.  

Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Por Lorena Rubiano Fajardo.- Dar fe pública es el mejor negocio que crearon en nuestro país. El nombre de la industria de certificados “Notaría”, es responsable de hacer nuevos multimillonarios a costa de los colombianos que tienen que pagar exorbitantes sumas por cada trámite, que aumentan su costo cada año, para no menguar los ingresos de los señores notarios. Ellos no dan Fe, la cobran. Es un  trabajo  tenue y excesivamente costoso.

Estos señores, cerca de mil en el país, deberían ser vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y la actividad debería también ser nacionalizada para que el país se beneficie en algo de este servicio público, manejado como si fuera privado. Ponerles, si quieren, un sueldo superior al del Presidente o los ministros, pero con límite en gastos para que giren los excedentes al Estado.

Todos estos privilegios se vienen enquistando en nuestra sociedad y después no hay poder humano para restablecer los derechos de los ciudadanos. Así son Fedegan, Federación de Cafeteros, las Cámaras de Comercio,  Sayco- Acimpro y  Federación de Fútbol, entre otros, que son manejados como negocios privados.

En alguna ocasión el senador del partido de La U, Armando Benedetti, propuso un proyecto de ley que buscaba eliminar las notarías en el país y encargar personas que hagan las veces de notario. Según él ya no es necesario hacer tantos trámites en estas oficinas y ante las nuevas tecnologías estas entidades sobran. “La gente ya no va a las notarías, porque no las necesita”, aseguró en su momento el congresista. Pero hasta ahí llegó el ímpetu, la iniciativa murió en el intento.

Considero que no hay que eliminarlas sino volverlas un servicio público del Estado, con altos sueldos si quieren y excelentes calidades jurídicas y éticas, pero retribuyendo a los departamentos, para aplicar la descentralización.

Es tan bueno el negocio, que cada gobierno para pagar favores crea más y más notarías. En Bogotá ya son cerca de 80.

Registrar un matrimonio civil, autenticar una firma, registrar ventas, compras, etc… son algunos de los ítems que usufructúan a manos llenas los señores y señoras notarias.

De manera que sería importante y oportuno reestructurar este servicio público. Por ejemplo, en Colombia hay cerca de 140.000 personas privadas de la libertad que tienen derechos y las notarías no les prestan un servicio adecuado. Tienen que esperar unos turnos para unas notarias que no van a las cárceles y tienen que esperar hasta un mes para autenticar un documento. Causándoles perjuicios y una agravación de su situación. Inclusive para matrimonios y reconocimientos de hijos tienen que esperar semanas.

Señor superintendente, Rubén Silva Gómez, ayude a corregir esta falla de los servicios notariales en las cárceles.

Las notarías producen entre treinta  y cien millones de pesos diarios,  por dar fe, o sea que es un negocio pulpo y eso las convierte en el instrumento para transferir dineros que son del Estado a los particulares.

Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2019

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Por José G. Hernández*.-  Como lo decíamos en “La Voz del Derecho”, el Congreso sigue incumpliendo la perentoria orden impartida por la Constitución (art. 53): expedir una ley que adopte el Estatuto del Trabajo. Si bien la Corte Constitucional ha sostenido que ella carece de competencia para declarar una omisión legislativa absoluta, en esta materia es clara la desobediencia en que han incurrido gobernantes y legisladores.

La norma fundamental establece que esa ley -que ha debido ser expedida de manera inmediata, tras la promulgación de la Carta Política de 1991- tendrá que contemplar y desarrollar unos principios fundamentales mínimos, que la propia Constitución enuncia. Según el precepto superior -que consagra un verdadero mandato y no simplemente una facultad, lo que significa que es imperativo- establece que "la ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos principios mínimos fundamentales, como igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.

Reglas constitucionales claras y determinantes. Sin embargo, aunque han sido expedidas algunas normas aisladas en materia laboral, y se proyectan otras, lo cierto es que en estos 28 años se ha perdido el tiempo, y ni congresos o gobiernos se han ocupado de elaborar un proyecto serio, coherente, integral y completo, que consagre el Estatuto del Trabajo, o que procure que lo establecido en la Constitución sea efectivo y real.

Mucho hizo en sus primeros años la jurisprudencia de la Corte Constitucional -que últimamente ha venido en retroceso-, pero, desde luego, expedir la ley estatutaria no es de su competencia. Ello corresponde exclusivamente al Congreso, por su iniciativa o la del Gobierno.

Es evidente que los derechos de los trabajadores no están siendo adecuadamente protegidos, como debería ocurrir en un Estado Social de Derecho.

En cuanto a normas legales, seguimos con las de los años cincuenta. Y no existe un solo régimen, que cobije -como debe ser- a todos los trabajadores, con unas garantías generales y en condiciones de igualdad, que pongan a tono la legislación con la Constitución. Lo que encontramos es un trato diferente: para trabajadores al servicio de particulares, para empleados públicos, para trabajadores oficiales, para servidores del orden nacional, para servidores del orden departamental y municipal, y para servicio doméstico. Véase, por otra parte, que las madres comunitarias han venido siendo excluidas de los derechos laborales, como si no fueran trabajadoras. Todo lo cual implica menores garantías; genera incertidumbre y es fuente de discriminaciones y ambigüedades, dando lugar a un sistema inequitativo, contrario al orden justo que proclama el preámbulo constitucional.

Es necesario volver a los principios fundamentales sobre el trabajo, uno de los valores esenciales en que se funda nuestro sistema jurídico.

Bogotá, D. C, agosto 28 de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- Mucho daño le están causando a las Fuerzas Militares de Colombia las innumerables publicaciones y noticias sobre las múltiples denuncias en distintos batallones, divisiones y hasta en el propio comando del Ejército. En algunos casos estas denuncias se dan por malos manejos de los dineros públicos, en otros por extralimitación de funciones, también por conocerse órdenes o instrucciones y conversaciones en términos que no solo se alejan de la buena actuación de los servidores públicos, sino que además pueden configurar un delito grave por los alcances y consecuencias que ellas tienen.

Si algo debemos cuidar los colombianos son nuestra Fuerzas Armadas, pero también debemos cuidar que los miembros de las mismas se comporten y actúen en el marco del estado de derecho, bajo los valores éticos y principios morales que deben caracterizar a los colombianos.

Por ello, se consideran muy graves los hechos denunciados y más graves aún porque afectan la credibilidad y respeto a las instituciones, que se demoran más de lo realmente necesario en tomar medidas correctivas.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones, las autoridades y el alto Gobierno deben suspender a los investigados, de tal manera que tengan el tiempo adecuado para defenderse y presentar los descargos a que haya lugar, sin permitir que la opinión pública pierda confianza y capacidad de apoyo a sus Fuerzas Armadas, que son mucho más importantes que las faltas cometidas por unos pocos.

Ahora bien: si los investigados resultan inocentes, el Gobierno los debe de reintegrar a sus cargos, pero mientras tanto no debe permitir que las instituciones salgan lesionadas.

Nadie entiende ni comprende que de la boca de un alto oficial de las Fuerzas Militares puedan salir frases que señalen y hagan referencia a que ‘el fin justifica los medios’, mencionando que si es necesario aliarse con delincuentes en el objetivo de atacar a un grupo alzado en armas y, por lo tanto, al margen de la ley, entonces hay que hacerlo. Tampoco es entendible escuchar que si hay que pagar dinero o sicariar, entonces lo harán.

Las entidades de vigilancia y control, es decir la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, deberían actuar con la mayor urgencia y rapidez para poder establecer la verdad de todas las denuncias que tanto en los últimos días como tiempo atrás se han venido dando. Hay que establecer la responsabilidad en estos casos.

Para Colombia es muy importante, tanto a nivel de opinión pública local como internacional, que haya absoluta claridad de los hechos. Nada más grave que día tras día los inculpados sigan en sus cargos sin establecer si son responsables o no; por dignidad, si es que el Gobierno no toma decisiones de este orden, los altos oficiales deberían pedir que provisionalmente los aparten de sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones y se conoce la verdad. De lo contrario, lesionarán las instituciones que representan y que, todos sabemos, deben estar por encima de cualquier interés personal.

Bogotá, D. C, agosto 28 de 2019

*Excomisionado de Paz

Por Jairo Gómez*.-El trabajador periodista en los medios, el carga-ladrillos, el lleva-y-trae noticias, en muchos casos anónimo, siempre ha sido un tema tabú; de su situación y condición laboral poco se habla, es como si fuera una especie de otro planeta a quien no se le permite, ni siquiera, ejercer el derecho constitucional a sindicalizarse para hacer respetar sus merecimientos laborales.

Pues bien, porqué hago este relato; por la siguiente razón: la semana anterior la periodista y presentadora Mabel Lara, puso el dedo en la llaga y denunció vía Twitter que “este año van 700 periodistas que salen (echados) de los medios de comunicación tradicionales en Colombia. El debate es gigantesco y los periodistas que se quedan en las salas de redacción, dicen estar “mamados trabajando el doble”.

No se trata de una denuncia novedosa, es una práctica secular en los medios de comunicación dominantes y el gremio, inexplicablemente, calla. Nadie, ningún periodista denuncia o revela  los desafueros que a diario se le imponen, tampoco es de hablar sobre la precarización laboral manifiesta en contratos basura que no tienen una duración superior a los tres o cuatro meses. Una práctica sistemática de la cual el propio estado es cómplice; desde que implantó la tal flexibilización laboral, mira para otro lado.

Además de la denuncia, resultó interesante el hilo de conversación en la red social en el que la gente no dudó en recomendar acciones como el derecho a la sindicalización para garantizar el respeto laboral y evitar esos despidos masivos sin justificación alguna; sin embargo, esa posibilidad es una quimera en un gremio ausente de unión, solidaridad y organización, lo que se traduce en un silencio cómplice u obligatorio; es como si los periodistas se autocensuraran.

Se tragan el sapo sin hacer ningún gesto, acción contraria a lo que exige la profesión, que implica cuestionar a fondo, justamente, las injusticias. Se desconectan de la realidad que a diario transmiten como si no cayeran en cuenta de que también dependen de un salario que favorece, igualmente, a su entorno familiar. No son conscientes de que esas decisiones empresariales, en muchos casos arbitrarias, provocan desigualdades laborales que también tocan a la puerta y la calidad de vida se marchita.

Lo anterior nos pide abordar otro supersticioso asunto del cual tampoco se habla: la desigualdad salarial en los medios de comunicación, realidad obscena e indecente; de jefe a reportero las diferencias son enormes. Me dicen, por ejemplo, que en el Grupo Prisa (dueños de Caracol Radio) se asombran de los salarios que se pagan en Colombia, incomparables a los que, en euros, se les paga a los periodistas-directores españoles.

Corrobora este ejemplo el ficticio mundo de bienestar y comodidad en que muelen los periodistas; es una realidad virtual construida en los medios en que trabajan la que los separa, increíblemente, de su propia verdad: la cruda realidad que a diario transmiten a sus lectores, oyentes o televidentes.

Es hora de reclamar derechos y de bajarse de la nube del supuesto poder que les da la pluma o un micrófono; el periodista debe entender su efímera trascendencia y dejar a un lado la condescendencia; hacer periodismo es un hermoso oficio, pero al mismo tiempo es un trabajo que se sustenta en unos derechos contractuales muy particulares por los sacrificios que implica ejercerlo, hecho éste que lo hace merecedor de ser pensado de otra manera en estos tiempos digitales.  

Qué paradoja, mientras la actualidad que se está construyendo en los medios de comunicación como The New York Times y el Washington Post busca fortalecer su oferta digital creciendo la planta de periodistas para mejorar la calidad de la información y de sus contenidos, la decisión de los medios de comunicación dominantes en Colombia es cerrar plazas de trabajo y precarizar las condiciones laborales de los periodistas, portadores diarios de buenas y malas noticias.

Queridos reporteros, como decía el maestro Kapuscinski, son cinco los sentidos del periodista: “estar, ver, oír, compartir, pensar”; pónganlas en práctica no solo en su ejercicio profesional, sino también para hacer valer sus derechos.   

Bogoá, D C, 27 de agosto de 2019

Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Guillermo García Realpe*.- Terminó con éxito en Bogotá el II Congreso Internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y tuve la oportunidad de participar en el panel “Políticas Públicas hacia combustibles limpios” junto a expertos nacionales e internacionales. Sobre este interesante tema hay mucho por destacar.

En primer lugar, en Colombia hemos avanzado y sobre todo en los últimos años alrededor del GLP en hacer interesar al Gobierno a dirigir la mirada hacia el gas propano, porque hace veinte o treinta años ha estado consentido el gas natural y qué bueno que así sea porque también tiene sus propiedades. Todos sabemos que hay más de $700 mil millones en subsidios para el gas natural y solamente tenemos $60 o 70 mil millones para ese mismo fin en el GLP, eso demuestra la tendencia y la dimensión de preferir el gas natural, más todo un esquema de fondos de infraestructura y desarrollo de gas natural.

Pero, el último Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019 trae ya varios artículos, por ejemplo, en materia de fomento, promoción, consumo y distribución de gas propano, instalación de redes y demás, aspectos que se le debe básicamente a una gestión y trabajo de todo el gremio que ha estado haciendo la tarea para estos grandes avances.

Podemos decir también que este es un Plan de Desarrollo muy cargado en temas de GLP, el artículo 293 establece el fomento de proyectos de expansión de redes, donde el Ministerio de Minas y Energía promoverá la promoción y cofinanciación de proyectos de expansión de redes de GLP para conectar a los usuarios donde sea técnica y económicamente viable y priorizará los municipios con niveles altos e intermedios de Necesidades Básicas Insatisfechas, zonas rurales y zonas de difícil acceso.

Asimismo el Artículo 294. Gestión del servicio público domiciliario de gas combustible en zonas apartadas sin servicio para extender el uso de gas natural distribuido por redes y/o gas licuado de petróleo distribuido por redes a cabeceras municipales que no cuenten con el servicio respectivo y/o a centros poblados diferentes a la cabecera municipal, como por ejemplo las veredas, los corregimientos, caseríos y/o inspecciones de policía, que no cuenten con el servicio respectivo. Es decir, posibilita la asociatividad entre las empresas públicas e inversionistas.

También los Artículos 295, 296 y 297 que se relacionan con Subsidios para combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, matriz energética complementaria, y comprometida con la reducción de emisiones de carbono, y la prolongación de los subsidios de energía eléctrica y gas respectivamente.

Ahora bien, en términos de subsidios al GLP para mantener esta conquista social que hoy benefician a 260 mil familias del sur del país, de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, tenemos dificultades porque en el presupuesto de la vigencia 2020, sólo se han proyectado poco más de $30 mil millones, cuando se requieren más del doble de estos recursos para seguir financiando esta urgente necesidad de las gentes del Macizo Colombiano, principal fábrica de agua que produce más del 70% del agua dulce del país.

Por otro lado, tenemos demandas, como la que ocurrió recientemente contra el Decreto 2195 de 2013 por parte de un empresario interesado en que se caiga ese subsidio porque es una competencia para el gas natural, menos mal que el primer fallo del Consejo de Estado fue favorable a mantener esos subsidios, pero esos subsidios tienen que extenderse en Colombia siquiera a otras 250 mil familias más, en eso tenemos que persistir, porque definitivamente el tema de la deforestación en el mundo, en la Amazonia y especialmente en Colombia es un propósito nacional y nosotros podemos aportar desde el punto de vista del uso de éste combustible amigable con la naturaleza, por supuesto, también contribuir a la no deforestación en nuestro país porque sustituye la leña y el carbón.

En temas de políticas públicas hoy tenemos nuevas leyes en los últimos dos años, como la Ley 1972 de 2019  sobre regulación de gases contaminantes y de efecto invernadero en nuestro país, quiere decir que el diésel, la gasolina tienen que entrar a regularse dentro de los estándares internacionales. También la Ley 1931 de 2018 de lucha contra el Calentamiento Global, hoy tenemos un marco legal de política pública muy estricto y que nos va a obligar a un tránsito hacia una canasta energética amigable con la naturaleza y por supuesto totalmente sostenible.

Así que el GLP debe convertirse en el mediano plazo en una alternativa energética para Colombia.

Bogotá, D. C, 27 de agosto

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por José G. Hernández*-. El control político, una de las más importantes funciones del Congreso, resulta esencial para asegurar la efectiva vigencia de un sistema democrático en el que tenga lugar un sano equilibrio entre las ramas del poder público para lograr los fines del Estado y la prevalencia del interés general.

A ello se agrega que los partidos de oposición tienen derecho, de orden constitucional, a preguntar y a examinar y controvertir lo que se hace y lo que se pretende hacer en cuanto pueda afectar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, en especial si las actitudes y resoluciones de la administración no son del todo claras o si en las actuaciones no hay la suficiente transparencia.

Un ejemplo es el caso del contrato sobre la Ruta del Sol 2 -declarado nulo en decisión arbitral por objeto y causa ilícitos-, toda vez que ha faltado claridad  respecto a lo que se proponía el Ejecutivo, y acerca de las diferencias entre el monto de lo que se debe reconocer según el laudo y la muy superior suma que se iba a pagar a instituciones financieras. Las explicaciones oficiales no han sido convincentes.

Se requiere mayor claridad. La ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud lo que ocurrió y a establecer sin duda alguna si se pretendió o no favorecer a los bancos a costa del tesoro público, y el fundamento jurídico de las propuestas. También a que se definan las correspondientes responsabilidades, tanto las de orden jurídico como la responsabilidad política.

Es un tema de interés general y el típico asunto que se debe dilucidar en desarrollo del control político que ejerce el Congreso sobre el Gobierno y la administración.

Infortunadamente, la intervención de la Ministra de Transporte en el Senado, este 13 de agosto, se produjo en el marco de un debate completamente distinto (el de transporte aéreo), y por tanto sigue pendiente el ejercicio de ese control por parte de la rama legislativa en el caso del mencionado contrato, cuyo objeto y causa fueron encontrados ilícitos.

Nos limitamos a recordar lo establecido de manera perentoria por el artículo 209 de la Constitución, a cuyo tenor “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. La norma parte del supuesto del papel constitucional de las autoridades administrativas, que “deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, lo que significa predominio del interés general sobre el particular ¿Si había un proceso en curso y se avecinaba un laudo, había razón para promover e intentar un acuerdo con los bancos?

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Víctor G. Ricardo*.- En el mundo Accenture es de las principales firmas de consultoría. Su importancia radica no solo en el gran portafolio de servicios que puede ofrecer, sino en su portafolio de clientes, su experiencia y su know-how que con los años se ha visto fortalecido.

Se le reconoce por ser experta en tecnología, inteligencia artificial, conocimiento y reingeniería de empresa, no solo haciendo sus estudios de readecuación sino también -si se quiere- en su ejecutoria, llegando incluso a ofrecer su participación tanto en los riesgos como en sus resultados.

Accenture cuenta con cerca de 460 mil funcionarios y unas ventas cercanas a los 34 billones de dólares.

Una muy buena noticia es que desde hace dos años esta reconocida consultora decidió incrementar su presencia y participación en Colombia. Como parte de esta nueva política montó el Centro de Cuarta Revolución Industrial, un centro de tecnología en Ruta N de Medellín, vinculando a más de 600 nuevos empleados, que llegarán a 1.200, con su política de enganche equitativo de hombres y mujeres, y convirtiendo esta iniciativa en un centro regional de referencia. El Centro de la Cuarta Revolución Industrial es un hito en la historia de Colombia.

Pero la mejor noticia de todas es que, en vista del liderazgo apasionado y el entendimiento que el Gobierno ha demostrado sobre los temas que están revolucionando el mundo en el que vivimos, Accenture ha tomado la decisión de seguir creyendo en Colombia. Gracias a la labor que en el ámbito internacional ha venido realizando el gobierno del presidente Iván Duque, se espera crear en Medellín un Nano Lab, un laboratorio tecnológico, conectado a la red global de laboratorios de Accenture y el cual esperan inaugurar en octubre de este año. Este nuevo laboratorio contaría con una nueva inversión económica muy importante y una nueva generación de empleo de 2.000 personas.

Este laboratorio, por otra parte, pone a nuestro país como exportador de servicios de tecnología no solo para los países latinoamericanos sino para el mundo entero. En Accenture Labs el entorno de Start ups y la conexión con la academia serán parte esencial del engranaje y la forma en cómo opera esta Consultora en el país. Accenture está poniendo la tecnología al alcance de todos y, así, contribuyendo al desarrollo de Colombia, mediante la generación de oportunidades, impulso al talento humano y ofreciendo al pueblo colombiano las herramientas para seguirse apasionando por la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

Por último vale la pena resaltar el papel de los ministros de Comercio y de las TIC en este éxito, así como del alcalde de Medellín  Federico Gutiérrez; su capacidad, entusiasmo, inteligencia y capacidad de liderazgo han hecho posible que hoy Medellín sea la capital del emprendimiento y de la tecnología en Colombia y la región.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

*Excomisionado de Paz

Por: Guillermo García Realpe*.– Con verdadera sorpresa pero a la vez con preocupación recibimos el bajonazo presupuestal al Ministerio de Agricultura para la vigencia fiscal 2020, asignada por el Ministerio de Hacienda, el cual disminuye en 21,6%. 

No puede ser que uno de los sectores más importantes, que tanto le aporta a la economía nacional y que garantiza la seguridad alimentaria de toda una nación, sea mirado con poco interés en la asignación de las partidas, ¡eso realmente es injusto! 

En la sustentación de esta decisión, nos dice el Ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, que hubo cambios metodológicos y que algunos sectores que dependían del Ministerio de Agricultura, como el de vivienda rural pasará a ser manejado por el Ministerio de Vivienda con un rubro de 200 mil millones, la Agencia para la renovación del Territorio será manejada ahora por la Presidencia de la República con un presupuesto de 150 mil millones y que otros150 mil millones, que recibía el sector cafetero para contrarrestar los bajonazos en el precio internacional del grano serán trasladados directamente al ya creado Fondo de Estabilización de Precios del Café, eso de cierta manera es entendible. 

Pero sí nos sigue preocupando la difícil situación en general del Ministerio de Agricultura en otros frentes, por ejemplo, los recursos propios del sector como los del ICA, como la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, como la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, pues se reducen de forma notable. En estas tres entidades y en otras del sector, el presupuesto se disminuye en más de $200 mil millones.

No se entiende como al ICA, se le recorta de manera significativa sus ingresos, una entidad tan importante encargada de realizar los controles sanitarios y fitosanitarios, y más ahora con la amenaza de tantos brotes, como la fiebre aftosa que ingresa al país por tantas fronteras, especialmente la venezolana o la frontera sur con Ecuador, y lo mismo con el reciente brote en los cultivos de banano en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Para hacerle frente a esas situaciones tan delicadas se necesitan de recursos, y sin ellos, será muy difícil que la labor misional de la entidad llegue a feliz término.

Lo mismo ocurre con la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, que tiene la gran responsabilidad de desarrollar los proyectos agropecuarios del país y sobre todo compromisos que tiene el gobierno nacional que ha suscrito, éste y anteriores, por ejemplo en Nariño, es el documento CONPES Agropecuario, es el documento CONPES lechero, es el documento CONPES del sector indígena y lo propio en departamentos como el Cauca. Además que se pone en riesgo  el cumplimiento de los programas de consolidación de la Paz.

Y ni qué decir de la Agencia Nacional de Pesca y Acuicultura, un país que tiene dos mares, que tiene un Pacífico, un Atlántico donde hay mucha gente y sobre todo pescadores artesanales que están esperando un presupuesto que les permita ser un soporte para realizar sus actividades pesqueras de una forma exitosa y rentable.

Sumado todos estos recortes a estás tres entidades, tenemos una disminución estimada en unos $200 mil millones, y esperamos, que en próximas discusiones logremos reacomodar la asignación de esas partidas y se normalice, porque es urgente hacerlo.

En segundo lugar nos preocupa mucho también el presupuesto deficitario para los subsidios de gas y energía, para los estratos 1,2 y 3. En la actual vigencia tenemos cerca de dos billones de pesos para tal fin, pero para 2020 tendremos menos de un billón, alrededor de $840 mil millones, ¡algo realmente alarmante!, hay una explicación y es la depuración del SISBÉN, pero yo no creo que esa depuración llegue a que reduzcan más del 50% de los recursos para atender esos requerimientos.

Ya el Ministro de hacienda, en la Comisión Quinta del Senado reconoció esta situación y dio un parte de tranquilidad, al comprometerse que el tema de recursos de los subsidios a los servicios públicos, gas natural y al gas GLP serán garantizados y que es una situación que se tendrá que resolver. De todas formas estaremos muy vigilantes a que eso se cumpla y que se garanticen también los recursos para mantener los precios especiales de los combustibles en la frontera.

Asimismo no votaremos el Presupuesto General de la Nación del próximo año, hasta tanto no se rediseñe y se reorienten los rubros al sector de agricultura, no es posible sacar adelante un renglón tan importante de la economía y cercenarle el derecho a una mejor calidad de vida a más de doce millones de hombres y mujeres campesinos que hoy a sol y agua labran el campo colombiano.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2019

Senador de la República

@GGarciaRealpe

Por Amylkar D Acosta M*.- Hace rato la actividad extractiva se viene debatiendo en medio de la inseguridad jurídica por cuenta del “activismo” judicial, el cual se deriva de las acciones legales a tutiplén impetradas ante los tribunales de la justicia y las altas cortes, a propósito de la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales en relación a la exclusión de áreas del territorio de dicha actividad.

Todo comenzó con el intento de excluir la actividad minera en la jurisdicción del Distrito de Bogotá por parte del Alcalde Gustavo Petro, al cual le salió al paso el Ministerio de Minas y Energía, expidiendo el Decreto 934 de 2013, amparándose en el artículo 37 de la Ley 685 (Código de Minas), el cual preveía que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, reservándole dicha competencia a la Autoridad Nacional Minera.

Primero se demandó el Decreto 934 y posteriormente el artículo 37 de la Ley 685, por considerarlos contrarios al principio constitucional que consagra la autonomía territorial. El Consejo de Estado, al suspender la vigencia del Decreto 934 (Sección 3ª, Auto de septiembre 3 de 2014), manifestó que al “excluir de forma absoluta la participación  de los municipios y distritos en la decisión sobre si en su territorio se realiza o no una exploración o explotación minera contraría el principio de autonomía territorial…La imposibilidad de excluir zonas del territorio municipal de la exploración y explotación minera, priva a las autoridades locales de la posibilidad de decidir sobre la realización o no de una actividad que tiene gran impacto en muy distintos aspectos…”.

Por su parte, la Corte Constitucional, en cuatro fallos sucesivos declaró la constitucionalidad del artículo 37. No obstante en el último de ellos, aunque ratificó su constitucionalidad, dejó en claro que la ANM “deberá acordar” con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de Manejo Ambiental, bajo los principios de concurrencia, complementación y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política. En un fallo posterior, la Corte Constitucional fue más lejos y en su providencia T -445 de 2016 dejó sentado que “los territorios poseen competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa termina prohibiendo la actividad minera”. Más tarde la Corte Constitucional cambiaría su jurisprudencia  y mediante la Sentencia C – 035 de 2016 declaró inconstitucional el artículo 37 de la ley 685 de 2001 y eso enredó más la pita.

Estos fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional alentaron la proliferación de las consultas populares en muchos municipios del país tendientes a prohibir la actividad extractiva en sus territorios y la expedición de acuerdos municipales en la misma dirección.

El año anterior, la Corte Constitucional  “determinó que de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política a la nación y a las entidades territoriales, las decisiones relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables del subsuelo, deben ser adoptadas de manera concurrente y coordinada por las autoridades nacionales, con la participación de las autoridades territoriales, mediante los mecanismos que establezca la ley”. Con ello, la Corte Constitucional se retrotrae a lo que dispuso en su Sentencia C–123 de 2014.

En el mismo fallo, la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que cumpla con su tarea “para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio y en igual sentido”, hizo lo propio con las autoridades nacionales competentes. El Gobierno presentó este proyecto, pero este no está entre sus prioridades en la agenda legislativa, lo cual es preocupante.

En su más reciente fallo la Corte Constitucional le trata de poner punto final a la querella en torno a la colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, al determinar las áreas del territorio que pueden excluirse de la actividad extractiva. Según este fallo (T-342 de 2019), los entes territoriales no pueden vetar la actividad extractiva en sus territorios de manera unilateral por medio de acuerdos municipales o instrumentos de ordenamiento territorial, sin aplicar los principios constitucionales de coordinación y concurrencia. En el mismo fallo, se ratifica la jurisprudencia de la misma Corte (Sentencia de unificación SU – 095 de 2018), en el sentido que “ningún ente territorial en el país puede vetar o prohibir las actividades de exploración y producción de los recursos naturales que se hallan en el subsuelo”. Se impone, entonces, el diálogo y la concertación entre la Nación y las entidades territoriales para desatar este nudo gordiano!

Ya va siendo hora que el Congreso asuma con responsabilidad su tarea de expedir tanto la Ley que regule los mecanismos de coordinación y concurrencia entre la Nación y las entidades territoriales, como la que debe establecer el marco normativo para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares y así evitar que las actividades de las empresas en los territorios estén del timbo al tambo, sin saber cuáles son las reglas de juego o que las mismas se le cambien en la mitad del juego. Para luego es tarde.

Bogotá, agosto 19 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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