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Al menos 21 periodistas han sido reportados como desaparecidos en México desde el año 2003, dice la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que aseguró que este dato supone un "récord en el continente americano".
De algunos de estos periodistas "no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años", indicó RSF en un comunicado emitido por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este 30 de agosto.
Los Estados de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, señaló RSF, están "gangrenados por el crimen organizado y la corrupción" y son los que registran más asesinatos de periodistas y desapariciones de comunicadores. Entre las víctimas de este último delito están Jesús Mejía Lechuga (desaparecido en 2003 en Veracruz), María Esther Aguilar Cansimbe (2009, Michoacán), Marco Antonio López (2011, Guerrero) y Zane Plemmons (2012, Tamaulipas).
"Las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)", indicó RSF.
En México, agregó, en los casos de desaparición se suele mencionar como responsables a los cárteles de las drogas, pero "a menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno podrían estar implicados".
"Medidas simbólicas ya no bastan”
Asimismo, la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, impulsada por la actual Administración de Enrique Peña Nieto, "no ha estado acompañada de ningún plan de acción estratégico concreto en el caso de periodistas" para evitar los crímenes contra el gremio.
"Frente a la magnitud de este fenómeno, las medidas simbólicas no son suficientes", dijo el Director del Despacho de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié. Además, instó al nuevo Gobierno, que estará encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, debe "redoblar esfuerzos" para que las investigaciones de desapariciones de periodistas den resultados.
Por último, RSF lamentó que no exista información pública detallada sobre los avances de las investigaciones ni un plan integral de resarcimiento para las familias, como recomendó la Comisión Nacional de DD.HH. (CNDH) en 2016.
México, D.F. 30 de agosto de 2018.-
Por Luis Fernando García Forero.
La senadora Nadia Blel propuso en el Congreso de la República una Audiencia Pública con el objeto de analizar y verificar el proceso de las obras para la realización de los Juegos Nacionales Bolívar 2019.
La Audiencia Pública que contará con la presencia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla quien fue citado por iniciativa de la congresista Blel y que fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, para que en detalle se refiera al presupuesto asignado para dichos juegos y si tiene conocimiento como se están gastando esos recursos.
En la Audiencia Pública, que aún falta por definir fecha, están citados igualmente el director de Coldeportes, director del Comité Olímpico y del Comité Paraolímpico, el Alcalde de Cartagena y el Gobernador de Bolívar.
El presupuesto para la ejecución de obras de los XXI Juegos Nacionales está estimado en $146.000 millones, dinero que aportan Coldeportes, el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena. Con ello se construirán seis nuevos escenarios en Cartagena, Turbaco y Magangué; se remodelarán 20 recintos deportivos y se adecuarán otros ocho, tanto en la capital de Bolívar como en los municipios subsede, y se alquilarán nueve en Cartagena.
“Con todas estas acciones buscamos que los próximos juegos, sean los mejores de toda la historia del país” puntualizó la senadora Nadia Blel quien asumió el control político para lograr el mejor resultado en los Juegos Nacionales 2019.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
Con el objeto de brindar mejores condiciones de vida a los adultos mayores, el Congreso de la República inició el estudio de un proyecto de ley que pretende darle un auxilio a la población de la tercera edad en situación de discapacidad, vulnerabilidad o pobreza que no cuente con pensión de vejez, o a quienes no cotizaron las semanas necesarias para acceder a ella.
La iniciativa fue presentada a consideración de la Cámara de Representantes por el congresista tolimense José Elver Hernández Casas, quien aseveró que se debe saldar la deuda que el Estado tiene con el adulto mayor en Colombia.
El congresista conservador Hernández destacó que la propuesta beneficiaría a más de 2 millones de habitantes de la tercera edad y dijo que la iniciativa cuenta con el respaldo del Presidente Duque, toda vez que está incluido dentro de su programa de Gobierno.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
El juez federal Claudio Bonadio que investiga "los Cuadernos de la Corrupción" sostuvo que en Argentina funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo (Néstor Kirchner y Cristina Fernández)".
El Centro de Información Judicial (CIJ) publicó un informe del juzgado de Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa basada en los cuadernos de un chofer del desaparecido Ministerio de Planificación Federal, que revelaron una supuesta trama de sobornos de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
En el mismo, confirma "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos-" ex altos funcionarios "efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
El informe señala que "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios (...), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.
En ellos, el chofer registró fechas, direcciones, nombres y montos de dinero de los supuestos pagos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional.
La Corte Suprema de Chile ordenó decomisar bienes por más de 1,6 millones de dólares propiedad del fallecido exdictador Augusto Pinochet y condenó a tres militares en retiro por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado "Caso Riggs".
Los militares en cuestión son Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cadiz, sentenciados a penas de cuatro años de prisión con el beneficio de libertad vigilada por su responsabilidad en los delitos económicos.
En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.
La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de EE.UU. revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de ese país y otras entidades financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.
Al morir en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el "Caso Riggs" por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido exdictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.
El pleno de la Corte Suprema decidió luego, en octubre de 2008, reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.
El nuevo juez cerró en 2013 una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con los que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.
Con este fallo y después de 14 años de que estallara el escándalo de las cuentas del Banco Riggs, el alto tribunal cerró definitivamente el caso.
Santiago de Chile, 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional
El Gobierno de Ecuador manifestó su frustración "por la falta de voluntad política, en primer lugar, del Gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática". Por ello, anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela y al consecuente éxodo de venezolanos que, según su juicio, requiere "una solución de todas las naciones" de la región.
"Ecuador no continuará su participación dentro de la ALBA", informó el Ministro de Exteriores, José Valencia, ante los medios donde explicó que con ello su país quiere "reforzar" la búsqueda de una solución al problema de Venezuela.
Explicó Valencia que Ecuador mantiene "una posición de principios" y que esta no se alinea con los de "ningún grupo en particular en la propuesta de que el problema de los venezolanos sea resuelto entre ellos, en el marco democrático". Pero expuso la notoria frustración de su país "por la falta de voluntad política, en primer lugar, del Gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática".
El canciller ecuatoriano destacó que el masivo flujo de venezolanos que han llegado al territorio ecuatoriano es un problema que no puede "ser encarado por un país individualmente", sino que exige "una respuesta de todas las naciones de la región", y que la salida de Ecuador de la ALBA lo que trata es de impulsar esa solución.
"La salida de ciudadanos venezolanos de su país es consecuencia de la crisis económica y política de Venezuela. Las repercusiones son regionales, sin embargo, Ecuador será siempre solidario", dijo al calificar de "inhumana" la actuación del Gobierno de Venezuela por permitir que millones de personas salgan del país.
La ALBA nació en 2004 como un mecanismo para la cooperación de los países de América Latina y el Caribe basado en la solidaridad y en la complementariedad de las economías nacionales, en una alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsada en su momento por EE.UU.
Con Venezuela a la cabeza, la pertenencia de Ecuador a esta organización empezó a estar en tela de juicio desde la llegada de Lenín Moreno al poder en mayo de 2017 y, en círculos políticos y diplomáticos, se decía que era una cuestión de tiempo para que la abandonase.
Quito, 23 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional.
El Senador y Expresidente Álvaro Uribe Vélez, fiel a su compromiso con el pueblo de Colombia y cumpliendo lo que prometió en su campaña senador y en la del hoy Presidente de Colombia, Iván Duque, radicó ante la Secretaría General del Congreso de la República, un proyecto de carácter histórico porque pide se le otorgue al primer mandatario facultades extraordinarias para incrementar el salario mínimo.
En este sentido el senador Uribe cumplió con su promesa electoral: “Propusimos al país una economía, cristiana, solidaria, sin confrontación. Un esquema económico y social que genere empleo de calidad de manera estable. Lo propusimos y es lo que venimos a honrar”, señaló ante medios de comunicación.
Uribe manifestó que los motivos de este proyecto surgen como respuesta al deterioro económico y social que ha padecido Colombia en los últimos años, así que le propone al presidente Duque decretar seis acciones concretas para mejorar la economía y el tejido social.
Por ello Uribe en la exposición de motivos de su iniciativa legislativa, pretende crear austeridad y total transparencia en el Estado, así como rebajar los impuestos a los generadores de empleo “porque a Colombia la han convertido en el cuarto país con mayor tributación en el mundo”. Además, propone aumentar el salario mínimo de manera sustancial.
Dijo que se pretende incrementar el salario con un menor impacto inflacionario que no afecte otros indicadores económicos ni las finanzas públicas.
“Nosotros creemos que con unas empresas con confianza, con menos impuestos, y unos trabajadores mejor remunerados se tiene que dinamizar vertiginosamente la economía colombiana; para bien de todos, para la confianza de los generadores de empleo y para la reivindicación en la remuneración de los trabajadores”, aseguró.
La iniciativa ha causado revuelo y controversia en la opinión pública colombiana.
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
Por Leonardo Vargas Mendoza
El candidato y más virtual ganador para Contralor General de la República, Felipe Córdoba, dio a conocer su declaración de renta, documento que anunció ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
Córdoba es el único candidato, de los nueve que están en esa competencia, que ha puesto a consideración pública dicho documento que registra los bienes de los ciudadanos en Colombia.
“Con total transparencia y honrando mi compromiso con la Honorable Representante @MirandaBogota, con @camaraCol, @CongresoCol y la ciudadanía, hago públicas mis declaraciones de renta de los últimos 3 años como persona natural, cumpliendo con la ley y mi deber como ciudadano”, sostuvo en su twitter.
Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2018
Redacción Ecos nacional.
El periodista Mauricio Orjuela, se nos adelantó hacía el más allá. Luego de presentar una apendicitis, que al parecer se convirtió en peritonitis, se lo llevó para siempre, dejando un gran vacío en el periodismo colombiano y dudas sobre la prestación de los servicios de salud por parte de la EPS Medimas, razón por la cual las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación.
El periodista Orjuela fue reportero en Radio Cadena Nacional de Colombia, en RTVC, entre otros medios nacionales y de Villavicencio, donde era oriundo. Se desempeñaba últimamente como asesor de prensa del Ministerio de Agricultura.
Desde el mes de julio empezó con una apendicitis, enfermedad que lo llevó al quirófano. “Después de 13 días de estar en el Hospital de Engativá, dónde me intervinieron por una apendicitis que se complicó; ya estoy en la casa gozando de los cuidados de mí Amada Madre!", escribió Mauricio Orjuela el 23 de julio a través de Facebook donde anunció su mejoría y le agradeció a las personas que estuvieron al tanto de su estado de salud.
Sin embargo no se recuperó y perdió la vida en una segunda cirugía en la madrugada de este sábado.
El sentimiento de pesar por la muerte de Mauricio, no se hizo esperar de parte de los periodistas del país, así como personalidades de la vida nacional, empezando por el Presidente Iván Duque, quien lamentó el fallecimiento y dijo que esperaba los resultados de la investigación por parte de la atención o fallas que hubiese tenido en ese caso con Orjuela.
Los colegas expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y expresamos nuestro sentimiento de tristeza por la partida de Mauri, que además de ser un gran periodista, era un excelente amigo.
También exhortamos a la EPS dar respuesta al hecho y tratamiento que se le dio tras su tratamiento por la apendicitis y sus consecuencias que lo llevaron a su fallecimiento.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez anunció, por medio de su cuenta de Twitter, que desde el Ministerio Público se investigará si hubo alguna negligencia que terminó con la muerte del comunicador. “La muerte de #MauricioOrjuela no puede quedar impune. Iniciamos en la @PGN_COL una investigación inmediata. Reclamamos desde ya las explicaciones por parte de la EPS por presunta negligencia. Solidaridad con sus familiares, colegas y amigos”, se lee en el trino.
Del mismo modo, la Superintendencia Nacional de Salud por medio de la misma red social anunció que iniciaron las acciones correspondientes para determinar la causa del deceso del comunicador de 37 años:"@supersalud informa que inició las acciones de inspección correspondientes para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades en el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela”, dijo la entidad.
La Defensoría del Pueblo pidió celeridad en las investigaciones, "una muerte como la del periodista Mauricio Orjuela, no puede volver a ocurrir en Colombia. Esperamos celeridad en la investigación. Solidaridad con sus familiares, amigos y colegas". Mientras que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también lamentó la muerte del comunicador: "Lamento el fallecimiento del periodista Mauricio Orjuela. Acompaño y hago llegar mis condolencias a su familia y amigos", trinó el mandatario.
Las honras fúnebres se llevarán a cabo en la funeraria los Olivos de la calle 42 y, posteriormente, sus exequias se trasladarán a la ciudad de Villavicencio.
Nuestro sentimiento de pesar y solidaridad a toda su familia. Paz en su tumba Mauricio.
Bogotá, D. C, 18 de agosto de 2018.
Por Luis Fernando García Forero.
Grandes escándalos estallan en Argentina y Perú, mientras expresidentes centroamericanos se enfrentan a la justicia. América Latina es sacudida una vez más por una ola de casos de corrupción que alimenta la percepción de vivir en el cuento de nunca acabar. Aunque hay razones para la esperanza, dicen los expertos.
Una docena de expresidente salpicados
En Argentina, unos cuadernos escolares han sacudido por algunos días a políticos y grandes patrones empresariales. Oscar Centeno, el chofer de un ministro durante las administraciones de la era Kirchner, anotó meticulosamente las decenas de millones de dólares pagados entre 2005 y 2015 a sus gobiernos por ejecutivos privados para obtener contratos públicos, indicó AFP.
Varios funcionarios de alto rango y ejecutivos corporativos están entre rejas y Cristina Kirchner, presidenta de 2007 a 2015 y ahora senadora, está citada por un juez para responder por ese escándalo.
En Perú, la difusión de grabaciones unas grabaciones a principios de julio ha situado al sistema judicial en el ojo del huracán. En los audios se escucha a jueces negociando las sentencias de acusados.
El ministro de Justicia, Salvador Heresi; el Presidente del Tribunal Supremo, Duberli Rodríguez y el Presidente del Consejo de la Judicatura, Orlando Velásquez, quien nombra a los jueces y fiscales, se vieron obligados a renunciar.
En respuesta al escándalo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, lanzó una reforma judicial masiva y anunció un referéndum para legitimarla.
En Centroamérica, el expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009), en prisión desde hace casi dos años, admitió haber desviado más de 300 millones de dólares durante su mandato. Su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), acusado de los mismos delitos, está prófugo en Nicaragua.
El exjefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue extraditado en junio desde EE.UU.: está acusado en una veintena de casos de corrupción.
Desde el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva a los últimos cuatro mandatarios de Perú, actualmente en la región latinoamericana "hay una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados o destituidos" en casos de este tipo, aseguró el abogado peruano José Ugaz, expresidente de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional.
Una parte de estas causas está conectada con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht, en el centro de un gran escándalo de corrupción que socava a la clase política regional.
Dinero y Política
"La relación entre el dinero y la política está en el corazón del tema", explica Gaspard Estrada, Director de Opalc, el observatorio de América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París.
Desde Brasil hasta Argentina "encontramos los mismos mecanismos con empresarios corruptos y políticos que buscan financiar sus campañas", sintetiza.
Para "salir de esta dependencia y romper este círculo vicioso", es necesario un marco más estricto: "Debería haber límites para las donaciones de personas privadas y esto se acompaña de un financiamiento estrictamente público".
"El gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de 'check and balance' (control y equilibrio)", afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
"No hay dudas de que los cuadernos describen con precisión el modo en que el kirchnerismo recaudó ilegalmente fondos durante siete años sin que saltara la alarma de ningún órgano de control", observó recientemente el politólogo argentino Nicolás Solari, radicado en Miami, EEUU.
Cada vez más difícil
"En América Latina tenemos una historia de corrupción. Siempre van a haber casos, está en la naturaleza del ser humano", admite Ferro, que sin embargo se dice "optimista, sin ser ingenuo".
"Lo importante es que cada vez es más difícil hacerlos y cada vez es más fácil denunciarlos. Los escándalos permiten tener pequeños avances", opina.
"El caso 'Lava Jato' (Lavadero de autos) en Brasil ha generado una dinámica en la región a la que se le ha sumado un mecanismo nuevo e interesante que es la ciudadanía. Hemos visto a miles de personas marchar contra la corrupción. Este es un motivo de esperanza", afirmó el abogado José Ugaz.
"Ojalá que no termine como la Primavera Árabe, en un fogonazo. La población tiene que mantenerse alerta", advirtió el abogado.
Montevideo, 18 de agosto de 2018.-
Por AFP.
