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En el marco del primer congreso internacional de gas GLP realizado en Bogotá durante éste jueves y viernes, surgieron voces que respaldan la extensión de los subsidios al gas GLP en cilindro a todo el territorio nacional.
Sin embargo, para ello, se requiere la disponibilidad de millonarios recursos dentro del presupuesto general de la nación que puedan garantizar cobertura a miles de familias vulnerables que hoy no gozan de los subsidios, como sí ocurre en departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y San Andrés y Providencia.
Lograr ese propósito requiere de un esfuerzo fiscal de por lo menos 700 mil millones de pesos, así lo expresó el senador liberal de Nariño, Guillermo García Realpe, al término de su intervención como panelista de dicho evento.
García Realpe, quien impulsó en el Senado los subsidios al GLP para más de 342 mil 464 familias del Macizo Colombiano desde el año 2013, es consciente de la necesidad de llevar estas bondades a todas las familias de nuestro país, “primero porque es un gran alivio para la economía familiar, segundo, porque es un combustible amigable con la naturaleza que permitirá sustituir la leña y el carbón y tercero porque evitará enfermedades respiratorias sobre todo en las mujeres campesinas que diariamente tienen que estar cocinando en medio del humo” manifestó el congresista quien integra la Comisión Quinta del Senado.
Así mismo explicó que durante las discusiones del Presupuesto General de la Nación, dará literalmente la batalla para buscar la asignación de estos recursos y resaltó la voluntad política del Gobierno de apoyar este tipo de iniciativas, al tiempo, todo el impulso dado por la empresa privada para lograrlo.
Actualmente el GLP llega a 922 de los 1107 municipios del país, beneficiando a una población de 12 millones de personas, sobre todo de estratos 1 y 2, la gran meta será reducir el número de familias colombianas que siguen cocinando con leña para cocción, cifra que hoy alcanza 1 millón 500 mil hogares.
Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2018
Fuente : Oficina de Prensa Senador Guillermo García Realpe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en noviembre estará de visita en Colombia después de asistir a la Cumbre del G -20 en Buenos Aires, Argentina, según un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca.
De esa forma se da a conocer el viaje del mandatario norteamericano, que había aplazado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos cuando se celebró en Perú la Cumbre de las Américas y que a última hora se canceló.
“El Presidente también viajará a Colombia, donde espera discutir con la administración de Duque las oportunidades para una mayor colaboración en materia de seguridad, antinarcóticos y asuntos regionales”, se establece en el comunicado.
El Presidente Donald Trump tiene como objetivo en su participación en G-20 avanzar en las “políticas económicas a favor del crecimiento en un escenario internacional y se reúna bilateralmente con otros líderes mundiales claves en su administración”.
Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2018.
Redacción Ecos Internacional.
Al menos 21 periodistas han sido reportados como desaparecidos en México desde el año 2003, dice la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que aseguró que este dato supone un "récord en el continente americano".
De algunos de estos periodistas "no se tiene noticia desde hace por lo menos 15 años", indicó RSF en un comunicado emitido por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este 30 de agosto.
Los Estados de Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, señaló RSF, están "gangrenados por el crimen organizado y la corrupción" y son los que registran más asesinatos de periodistas y desapariciones de comunicadores. Entre las víctimas de este último delito están Jesús Mejía Lechuga (desaparecido en 2003 en Veracruz), María Esther Aguilar Cansimbe (2009, Michoacán), Marco Antonio López (2011, Guerrero) y Zane Plemmons (2012, Tamaulipas).
"Las denuncias de las familias no prosperan y las investigaciones se estancan, incluso las emprendidas a escala federal por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)", indicó RSF.
En México, agregó, en los casos de desaparición se suele mencionar como responsables a los cárteles de las drogas, pero "a menudo los allegados de las víctimas sospechan que funcionarios del Gobierno podrían estar implicados".
"Medidas simbólicas ya no bastan”
Asimismo, la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, impulsada por la actual Administración de Enrique Peña Nieto, "no ha estado acompañada de ningún plan de acción estratégico concreto en el caso de periodistas" para evitar los crímenes contra el gremio.
"Frente a la magnitud de este fenómeno, las medidas simbólicas no son suficientes", dijo el Director del Despacho de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié. Además, instó al nuevo Gobierno, que estará encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, debe "redoblar esfuerzos" para que las investigaciones de desapariciones de periodistas den resultados.
Por último, RSF lamentó que no exista información pública detallada sobre los avances de las investigaciones ni un plan integral de resarcimiento para las familias, como recomendó la Comisión Nacional de DD.HH. (CNDH) en 2016.
México, D.F. 30 de agosto de 2018.-
Por Luis Fernando García Forero.
La senadora Nadia Blel propuso en el Congreso de la República una Audiencia Pública con el objeto de analizar y verificar el proceso de las obras para la realización de los Juegos Nacionales Bolívar 2019.
La Audiencia Pública que contará con la presencia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla quien fue citado por iniciativa de la congresista Blel y que fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, para que en detalle se refiera al presupuesto asignado para dichos juegos y si tiene conocimiento como se están gastando esos recursos.
En la Audiencia Pública, que aún falta por definir fecha, están citados igualmente el director de Coldeportes, director del Comité Olímpico y del Comité Paraolímpico, el Alcalde de Cartagena y el Gobernador de Bolívar.
El presupuesto para la ejecución de obras de los XXI Juegos Nacionales está estimado en $146.000 millones, dinero que aportan Coldeportes, el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena. Con ello se construirán seis nuevos escenarios en Cartagena, Turbaco y Magangué; se remodelarán 20 recintos deportivos y se adecuarán otros ocho, tanto en la capital de Bolívar como en los municipios subsede, y se alquilarán nueve en Cartagena.
“Con todas estas acciones buscamos que los próximos juegos, sean los mejores de toda la historia del país” puntualizó la senadora Nadia Blel quien asumió el control político para lograr el mejor resultado en los Juegos Nacionales 2019.
Bogotá, D. C, 30 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
Con el objeto de brindar mejores condiciones de vida a los adultos mayores, el Congreso de la República inició el estudio de un proyecto de ley que pretende darle un auxilio a la población de la tercera edad en situación de discapacidad, vulnerabilidad o pobreza que no cuente con pensión de vejez, o a quienes no cotizaron las semanas necesarias para acceder a ella.
La iniciativa fue presentada a consideración de la Cámara de Representantes por el congresista tolimense José Elver Hernández Casas, quien aseveró que se debe saldar la deuda que el Estado tiene con el adulto mayor en Colombia.
El congresista conservador Hernández destacó que la propuesta beneficiaría a más de 2 millones de habitantes de la tercera edad y dijo que la iniciativa cuenta con el respaldo del Presidente Duque, toda vez que está incluido dentro de su programa de Gobierno.
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2018
Redacción Ecos Nacional
El juez federal Claudio Bonadio que investiga "los Cuadernos de la Corrupción" sostuvo que en Argentina funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo (Néstor Kirchner y Cristina Fernández)".
El Centro de Información Judicial (CIJ) publicó un informe del juzgado de Bonadio con un detalle en lo actuado hasta ahora en la causa basada en los cuadernos de un chofer del desaparecido Ministerio de Planificación Federal, que revelaron una supuesta trama de sobornos de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas.
En el mismo, confirma "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos-" ex altos funcionarios "efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
El informe señala que "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios (...), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.
En ellos, el chofer registró fechas, direcciones, nombres y montos de dinero de los supuestos pagos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional.
La Corte Suprema de Chile ordenó decomisar bienes por más de 1,6 millones de dólares propiedad del fallecido exdictador Augusto Pinochet y condenó a tres militares en retiro por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado "Caso Riggs".
Los militares en cuestión son Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cadiz, sentenciados a penas de cuatro años de prisión con el beneficio de libertad vigilada por su responsabilidad en los delitos económicos.
En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.
La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de EE.UU. revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de ese país y otras entidades financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.
Al morir en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el "Caso Riggs" por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido exdictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.
El pleno de la Corte Suprema decidió luego, en octubre de 2008, reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.
El nuevo juez cerró en 2013 una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con los que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.
Con este fallo y después de 14 años de que estallara el escándalo de las cuentas del Banco Riggs, el alto tribunal cerró definitivamente el caso.
Santiago de Chile, 26 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional
El Gobierno de Ecuador manifestó su frustración "por la falta de voluntad política, en primer lugar, del Gobierno de Venezuela, para abrir las puertas a una solución democrática". Por ello, anunció su salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en respuesta a la crisis humanitaria en Venezuela y al consecuente éxodo de venezolanos que, según su juicio, requiere "una solución de todas las naciones" de la región.
"Ecuador no continuará su participación dentro de la ALBA", informó el Ministro de Exteriores, José Valencia, ante los medios donde explicó que con ello su país quiere "reforzar" la búsqueda de una solución al problema de Venezuela.
Explicó Valencia que Ecuador mantiene "una posición de principios" y que esta no se alinea con los de "ningún grupo en particular en la propuesta de que el problema de los venezolanos sea resuelto entre ellos, en el marco democrático". Pero expuso la notoria frustración de su país "por la falta de voluntad política, en primer lugar, del Gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática".
El canciller ecuatoriano destacó que el masivo flujo de venezolanos que han llegado al territorio ecuatoriano es un problema que no puede "ser encarado por un país individualmente", sino que exige "una respuesta de todas las naciones de la región", y que la salida de Ecuador de la ALBA lo que trata es de impulsar esa solución.
"La salida de ciudadanos venezolanos de su país es consecuencia de la crisis económica y política de Venezuela. Las repercusiones son regionales, sin embargo, Ecuador será siempre solidario", dijo al calificar de "inhumana" la actuación del Gobierno de Venezuela por permitir que millones de personas salgan del país.
La ALBA nació en 2004 como un mecanismo para la cooperación de los países de América Latina y el Caribe basado en la solidaridad y en la complementariedad de las economías nacionales, en una alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsada en su momento por EE.UU.
Con Venezuela a la cabeza, la pertenencia de Ecuador a esta organización empezó a estar en tela de juicio desde la llegada de Lenín Moreno al poder en mayo de 2017 y, en círculos políticos y diplomáticos, se decía que era una cuestión de tiempo para que la abandonase.
Quito, 23 de agosto de 2018.-
Por Redacción Ecos Internacional.
El Senador y Expresidente Álvaro Uribe Vélez, fiel a su compromiso con el pueblo de Colombia y cumpliendo lo que prometió en su campaña senador y en la del hoy Presidente de Colombia, Iván Duque, radicó ante la Secretaría General del Congreso de la República, un proyecto de carácter histórico porque pide se le otorgue al primer mandatario facultades extraordinarias para incrementar el salario mínimo.
En este sentido el senador Uribe cumplió con su promesa electoral: “Propusimos al país una economía, cristiana, solidaria, sin confrontación. Un esquema económico y social que genere empleo de calidad de manera estable. Lo propusimos y es lo que venimos a honrar”, señaló ante medios de comunicación.
Uribe manifestó que los motivos de este proyecto surgen como respuesta al deterioro económico y social que ha padecido Colombia en los últimos años, así que le propone al presidente Duque decretar seis acciones concretas para mejorar la economía y el tejido social.
Por ello Uribe en la exposición de motivos de su iniciativa legislativa, pretende crear austeridad y total transparencia en el Estado, así como rebajar los impuestos a los generadores de empleo “porque a Colombia la han convertido en el cuarto país con mayor tributación en el mundo”. Además, propone aumentar el salario mínimo de manera sustancial.
Dijo que se pretende incrementar el salario con un menor impacto inflacionario que no afecte otros indicadores económicos ni las finanzas públicas.
“Nosotros creemos que con unas empresas con confianza, con menos impuestos, y unos trabajadores mejor remunerados se tiene que dinamizar vertiginosamente la economía colombiana; para bien de todos, para la confianza de los generadores de empleo y para la reivindicación en la remuneración de los trabajadores”, aseguró.
La iniciativa ha causado revuelo y controversia en la opinión pública colombiana.
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2018
Por Leonardo Vargas Mendoza
El candidato y más virtual ganador para Contralor General de la República, Felipe Córdoba, dio a conocer su declaración de renta, documento que anunció ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
Córdoba es el único candidato, de los nueve que están en esa competencia, que ha puesto a consideración pública dicho documento que registra los bienes de los ciudadanos en Colombia.
“Con total transparencia y honrando mi compromiso con la Honorable Representante @MirandaBogota, con @camaraCol, @CongresoCol y la ciudadanía, hago públicas mis declaraciones de renta de los últimos 3 años como persona natural, cumpliendo con la ley y mi deber como ciudadano”, sostuvo en su twitter.
Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2018
Redacción Ecos nacional.
