Es la realidad que vive el país y las cifras no mienten: además de los fallecimientos diarios por el contagio del coronavirus, cada 41 horas asesinan a un líder político o social y cada 5 días a un exguerrillero de las Farc, ahora partido los Comunes. Todo ello  demuestra que al cierre del mes de enero del 2021, ha sido el más violento desde la firma del fin del conflicto.

Por Luis Fernando García Forero.-Esa es la realidad, las cifras no mienten: además de los fallecimientos diarios por el contagio del coronavirus, cada 41 horas asesinan a un líder político o social y cada 5 días a un exguerrillero de las Farc, ahora partido los Comunes. Todo ello demuestra que al cierre del mes de enero del 2021, ha sido el más violento desde la firma del fin del conflicto.

Así lo revela el Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando registró 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc, 14 homicidios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales.

Revela la JEP que cada cuatro días se reconoce una masacre desde que se inició el 2021 y los señala según la territorialidad: Betania, en el departamento de  Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca. También El Catatumbo en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

En medio de una pandemia que azota fuertemente a la humanidad y de la que Colombia no se escapa por el considerable número de contagios y de fallecimientos, vemos cómo la fuerza bruta de los violentos sigue y quiere seguir ensangrentando el territorio nacional, ante la mirada atónita de las mismas autoridades y del Gobierno Nacional, que destaca con contundencia, y no está lejos de la realidad, que es el narcotráfico, que persiste en generar más violencia.

Ante los hechos no se ve solución. La ausencia de Estado en muchas regiones del país ha sido inferior a la toma de posesión de territorios que dejaron las Farc y que ahora son espacios que han ocupado los narcotraficantes que no piensan dejar de patrocinar los cultivos de coca y laboratorios para seguir con el narcotráfico. A eso se le suma la minería ilegal y los disidentes de las Farc.

Colombia sigue condenada a ese fenómeno y lo peor del caso es que las víctimas siempre son los campesinos y trabajadores rurales vulnerables que están en medio de los enfrentamientos, que lo único que les queda es dejar el campo o estar condenados a las repetidas masacres, que no las perdonan a quienes son colaboradores de la Fuerza Pública.

A pesar de las voces de dirigentes del mundo incluyendo a colombianos como los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos para que se revisen, a nivel de organismos multilaterales como la ONU, OEA o la UE, las políticas de la lucha contra el narcotrafico, estas han sido sordas, mientras que Colombia ha puesto y sigue poniendo, de una u otra forma, los muertos.   

Qué decir de las acciones del ELN, grupo subversivo que desde los inicios de la década de los 60 ha estado atacando al Estado, sin que se logre avanzar en diálogos para un fin del conflicto.

El flagelo de la corrupción, no se queda atrás. Colombia es 92 entre países con mayor corrupción según Transparencia Internacional, un tema desesperanzador que frustra el horizonte de una mejor vida para los ciudadanos de bien. Es un exterminio social que conduce a más pobreza e inequidad y subdesarrollo, patrocinado por los ladrones de cuello blanco.  

El panorama del país no es el mejor, cuando además nos preparamos este año para la campaña de elección de un nuevo Congreso en marzo del 2022 y al próximo Presidente de la República en mayo del mismo año.

Como están las cosas en Colombia, no solo por los efectos de la pandemia del coronavirus, sino por el aumento de la violencia,  no hay duda que el futuro es lúgubre y sombrío, peor aún, si continua la polarización que hubiese desaparecido al menos si nos unimos contra el azote del Covid19, pero no, la misma persiste.

Así las cosas, el proceso electoral que se avecina y que prima como fuerza legítima, para el desarrollo de la maltratada democracia, es un camino que está lleno de espinas y esquirlas, que pone en aprietos al Gobierno para garantizar el Estado Social de Derecho consignado en nuestra constitución nacional.

Colombia merece vivir en paz. Ojalá la Democracia nos de la solución.

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2021.

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