El senador Roy Barreras dijo que los colombianos tienen derecho a saber cómo se han manejado los recursos de la pandemia “en momentos donde el pueblo perdió su empleo, sus ingresos, tiene miedo, incertidumbre, y donde ha habido una feria de $117 billones que hipoteca el presente y futuro de la siguiente generación ya que se han ido a los intermediarios financieros”.

Por Luis Fernando García Forero.- En rueda de Prensa senadores de las bancadas de oposición e independientes, coincidieron en señalar que “el Gobierno está eludiendo el control político y que los colombianos asisten a un golpe legislativo”, por los 164 decretos de la Emergencia y donde el senador Roy Barreras fue contundente en señalar que “El Gobierno miente, oculta y se equivoca”, al preguntarse ¿A dónde se fue la plata de la emergencia?

Ocho senadores participaron de la rueda de prensa virtual, donde reclamaron que no se llevó a cabo el verdadero control político sobre los decretos dictados en la emergencia ocasionada por el coronavirus. 

El senador Roy Barreras dijo que los colombianos tienen derecho a saber cómo se han manejado los recursos de la pandemia “en momentos donde el pueblo perdió su empleo, sus ingresos, tiene miedo, incertidumbre, y donde ha habido una feria de $117 billones que hipoteca el presente y futuro de la siguiente generación ya que se han ido a los intermediarios financieros”.

Agregó que “La oscuridad sobre las cifras es tal que los senadores de una docena de partidos le pedimos al contralor general de la república que nos cuente si al menos a él le han dado información clara para que pueda hacer el análisis que Colombia requiere en medio de una crisis y de un Estado de Excepción donde parece que están jugando monopolio con los recursos de los colombianos”.

Desmintió que el Gobierno haya invertido $6.8 en la salud. “De esa cifra $5.7 billones fueron a dar a las  EPS, intermediarios financieros cuyos empresarios son los dueños de los bancos. Y de esos $5.7 billones, $2 billones fue para pagarle las incapacidades que debieron hacerlo las EPS, que de paso se ahorraron todo el capital de ingreso de marzo, abril y mayo. Así que en vez de haberle mandado esa plata a los hospitales la enviaron fue para pagarles a las EPS”.

Danza de billones

Aseguró el congresista valluno de la U que nadie sabe si el recurso destinado para la emergencia fue de $25 billones o de $43 billones, o de $117 billones, cifras que ha manifestado el titular de la cartera de hacienda.

Destacó el senador Barreras que la única medida que tomo el Gobierno para proteger los trabajadores de la salud fue destinar $26.000 millones de las ARL para bioseguridad. “Una cifra irrisoria, estas compañías que también hacen parte del sector financiero ganaron en los últimos tres años $5 billones” tras señalar que cobran el 23 % por administrar los recursos que son de los empleadores colombianos y recursos públicos.

Agregó que las medidas que han tomado no reactivan la economía porque “le están inyectando plata al sector financiero especulativo, lo que se convierte en una trampa de liquidez”.

¿Ya derogaron decreto?

El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, se refirió a su denuncia del decreto 811 de 4 de junio de 2020 de este año, donde el “Gobierno se auto habilita para vender absolutamente todas las empresas en las cuales el Ejecutivo tiene participación y cotizan en la bolsa, es decir directamente a Ecopetrol, entre otras”.

Preguntó Velasco: “Qué quiere comprar el Gobierno, por qué además se habilita para comprar y para vender, qué quiere vender, qué tiburón está atrás de Cenit y Ecopetrol. Cuéntenle al país, por qué se auto habilitan, por qué  un tema tan complejo como es la venta del patrimonio del estado no lo llevan a un debate público y al Congreso”, ¿Ya derogaron ese decreto?”.

Dijo que es una decisión completamente antidemocrática, “tan antidemocrática, que es el único elemento en donde todo el Senado logró un consenso cuando aprobó una proposición donde todas las bancadas, sin excepción, le pidieron al Gobierno derogar ese decreto”.

Ocultan Información

Por su parte el senador Iván Cepeda del Polo dijo que “Hemos tenido una seria limitación y grave restricción del derecho a  la información de los congresistas y que el Gobierno no presentó un balance serio y detallado sobre las medidas que ha tomado “que son numerosas y que tocan distintas aspectos esenciales no solamente de la situación sanitaria, sino de la social y económica.

Dijo que se elude el control político sobre asuntos fundamentales. Un asunto grave es que el gobierno haya tomado hacer medidas de orden público no por la vía excepcional sino por decretos ordinarios, la cual tiene una grave implicación para hacer un control político.

“Estamos asistiendo a un golpe legislativo contra el ordenamiento constitucional y legal a través de los decretos de emergencia”, puntualizó Cepeda.

Consenso para Renta Básica

El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda se refirió a la Renta Básica Universal, al destacar que 54 senadores y senadoras prepararon un proyecto de ley y un programa para entregarle una renta básica de emergencia a 9 millones de hogares de colombianos con un salario mínimo mensual de $877.000 durante tres meses para atender sus necesidades inmediatas de supervivencia en condiciones de dignidad”.

“Esto es una obligación del Estado, de proteger a la población en condiciones de indefensión para poder garantizarles el derecho a la vida y a una vida digna. Le presentamos este proyecto al Gobierno y no lo aceptó. Luego lo tramitamos en el congreso y seguimos en la construcción de un consenso dentro para que legislemos, emitamos la ley de Renta Básica de Emergencia”, destacó el senador Marulanda.

Vigilancia organismos de control

El senador del Polo, Jorge Robledo, dijo que “el Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) se creó con dos meses de retraso (y ya con 5 millones de empleos perdidos) que ofrecía $350.000 mensuales por trabajador a las empresas que hubieran perdido el 20% o más de sus ingresos. Aunque su objetivo era llegar a 6 millones de trabajadores, a la fecha solo se habían validado unos 800.000, es decir menos del 15%. O sea que en ese sentido el fracaso es rotundo”.

“Le pido a la Contraloría y Procuraduría una vigilancia en detalle, no solo de la corrupción sino de la eficacia del gasto. Porque el Gobierno debe ser eficiente a la hora de gastar. Si el Gobierno anuncia plata y cacarea y cacarea plata y la plata no llega, no estamos haciendo nada”.

Superar tercerización

“Continuamos luchado por la dignidad de los trabajadores de la salud. De todo ese sector. Ellos están en la primera línea de contagio” afirmó la senadora Aida Avello quien rechazó el acoso, la discriminación que son objeto muchos de los trabajadores de la salud.

Dijo que de los 164 decretos que sacó el Gobierno solo cinco se ocuparon de los trabajadores de la salud, “ninguno garantizó su formalización ni la estabilidad laboral. Por eso necesitamos que se supere la tercerización, que se haga un contrato formal, se dignifiquen.

Agregó que la ley 100 no ha funcionado y que por eso hay que cambiarla.

Piñata del presupuesto público

El senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde advirtió que se puede estar presentando una verdadera piñata del presupuesto público en medio de la pandemia.

“Es decir que los bonos de agua que también fueron vendidos por Carrasquilla, son apenas el prekinder del festín que se va a hacer en este periodo de la emergencia en cabeza de Carrasquilla”, señaló el senador Sanguino.

Por su parte el senador de Cambio Radical Temistocles Ortega afirmo que en Colombia hay un profundo déficit democrático, “si eso existe en un Congreso presencial, imagínense lo que ocurre con un congreso actuando virtualmente”, destacó.

Dijo que sigue insistiendo en insistiendo en las sesiones presenciales. “Esperamos que a partir del 20 de julio o inclusive antes, ejerzamos el control constitucional de manera presencial porque hay un grave déficit democrático, institucional y jurídico. El Congreso tiene la obligación de alguna manera compensar para evitar que el gobierno siga actuando por fuera de las normas constitucionales y legales”.

Bogotá, D. C, 23 de junio de 2020

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