El Gobierno dispuso retirar todo símbolo alusivo a Carlos Pizarro y reformar el Ministerio de Cultura, abriendo una dura controversia sobre el relato del conflicto armado, el duelo de las víctimas y las garantías de la memoria para los excombatientes.
Por Luis Fernando García Forero. El presidente Abelardo De la Espriella impartió una contundente instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín: erradicar de todos los espacios públicos e instituciones dependientes del Gobierno cualquier imagen o elemento alusivo a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial asesinado en 1990 tras firmar la paz.
Bajo la premisa de impulsar lo que el mandatario calificó como una "contrarrevolución cultural", el Ejecutivo justificó la medida argumentando la necesidad de impedir la exaltación de antiguos insurgentes. “No vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, aseveró el jefe de Estado, quien además ordenó revertir el nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para retomar su denominación de Ministerio de Cultura y Patrimonio.
La pugna por el Museo Nacional y el símbolo del sombrero
La determinación gubernamental encendió de inmediato las alarmas en el sector cultural y patrimonial. Como parte de los primeros movimientos en aplicación de esta directiva, se reportó el desmonte de piezas del Museo Nacional y la reevaluación sobre la exhibición del icónico sombrero de tejido natural que lució Pizarro durante la firma de los acuerdos de paz de 1990.
Dicha prenda —que había sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación durante el gobierno de Gustavo Petro como un hito de reconciliación y que recientemente enfrentaba medidas cautelares de suspensión por parte del Consejo de Estado— se ha convertido en el epicentro simbólico del choque de narrativas.
A la par del desmonte de elementos ligados al M-19, sectores académicos cuestionaron que la medida también alcance de forma colateral exposiciones históricas referentes al exterminio de la Unión Patriótica, a las dinámicas de las víctimas del conflicto y a las luchas de las poblaciones LGBTIQ+ y de organizaciones de mujeres que estaban representadas en el museo.
Rechazo de María José Pizarro
La reacción de la exsenadora María José Pizarro, hija del asesinado líder político, representó uno de los señalamientos más duros contra la postura de la Casa de Nariño. Pizarro calificó la medida como un intento deliberado por invisibilizar la historia de quienes apostaron por la dejación de armas:
“Es asesinar dos veces a mi padre. ¿Qué debemos entender los colombianos? No solamente yo, como su hija, sino de parte de esta historia sangrienta que ha habido en nuestro país, dónde queda la paz que fue retirada del Museo Nacional, junto con Bernardo Jaramillo Osa, junto con elementos de la población LGBTI, de las organizaciones que lucharon por los derechos de las mujeres. Para mí, básicamente es un rasgo fascista”, destacó la exsenadora en entrevista en Caracol Radio.
Memoria histórica y dirigencia política
La decisión sienta un precedente complejo sobre las garantías de memoria para los procesos de paz en Colombia. Para analistas, familiares de víctimas e integrantes de antiguos movimientos armados que se reincorporaron a la vida civil, la purga de símbolos asociados a pactos de paz debilita el principio de no repetición y envía un mensaje restrictivo sobre la construcción de una memoria plural e incluyente.
Entre tanto, para sectores afines al Gobierno y asociaciones de víctimas de la insurgencia, la medida supone un paso necesario para evitar la legitimación institucional de las armas.
El debate dividió de inmediato al estamento político e historiográfico. Sectores de oposición al Gobierno e historiadores coincidieron en señalar que el “El Estado no puede administrar la memoria histórica eliminando de un plumazo los símbolos de los procesos de paz formalizados. Ocultar el sombrero de Pizarro o la memoria de la violencia política vulnera el derecho de la sociedad a conocer su pasado, por doloroso que sea”.
“Gracias, presidente, por la rápida respuesta. Usted y la ministra Paola Holguín cuentan con todo nuestro respaldo. Ni un peso público más para limpiarles la cara a terroristas y convertirlos en héroes”, expresó el concejal Andrés Barrios Bernal.
La medida deja abierto un profundo dilema institucional en Colombia: si los museos y espacios públicos del Gobierno deben reflejar el registro integral del conflicto armado y sus acuerdos de paz, o si, por el contrario, el Estado debe fijar límites éticos sobre qué figuras pueden o no figurar en el patrimonio del país.
Bogotá, D. C, 16 de octubre 2026
