Las manifestaciones opositoras pusieron a prueba las nuevas reglas del Gobierno para la protesta social, dejando una mezcla de masivas concentraciones pacíficas en las regiones, serias afectaciones a la movilidad, disturbios focalizados y una abierta controversia política.
Por Luis Fernando García Forero. - La jornada de movilización nacional del miércoles 14 de octubre marcó la prueba de fuego en territorio colombiano para el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, norma expedida por la administración del presidente Abelardo De la Espriella para modificar y reestructurar el protocolo de actuación de la Fuerza Pública y autoridades locales durante manifestaciones.
Desde las primeras horas del día, el jefe de Estado permaneció al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá, acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la cúpula militar y los mandos directivos de la Policía Nacional. A través de las pantallas de monitoreo, el Ejecutivo siguió en tiempo real el desplazamiento de las marchas y el comportamiento de los corredores viales prioritarios.
"El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz. A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías; a los violentos, todo el peso de la ley. ¡Se acabó la guachafita!", enfatizó De la Espriella desde la central de control policial.
Radiografía de la jornada
A pesar de los fuertes aguaceros que se registraron en la capital y en diversos puntos de la geografía nacional, miles de manifestantes salieron a las calles convocados por el Pacto Histórico, centrales obreras como la CUT y sindicatos de la educación.
En la capital del país, la multitud avanzó por las carreras Séptima y Décima hacia el centro histórico. Bajo un intenso torrencial, la Plaza de Bolívar se colmó para escuchar la intervención del líder del Pacto Histórico y expresidente Gustavo Petro, sin embargo, no habló debido a la lluvia, pero el recibimiento del líder de la izquierda colombiana estuvo rodeada de arengas contra la gestión del presidente De la Espriella, cuestionando las medidas económicas planteadas y criticando la regulación de las protestas en el nuevo decreto que, según la oposición, establece restricciones al derecho fundamental a la movilización.
Avances cívicos vs choques focalizados
En general las jornadas fueron pacíficas. En capitales como Medellín, Barranquilla, Cali y Manizales, las marchas se desarrollaron con pancartas y arengas en completa normalidad, acompañadas por gestores de convivencia y bajo la supervisión remota de la fuerza pública a más de cuatro metros de distancia, respetando el margen estipulado en la norma.
La otra cara de la moneda se vivió en localidades de Ibagué y sectores del centro de Bogotá. Grupos minoritarios encapuchados protagonizaron altercados, bloqueos permanentes de vías e intento de afectación a la infraestructura de transporte. En este caso, TransMilenio reportó más de 329.000 usuarios impactados por la suspensión de estaciones del Eje Ambiental.
Ante el colapso de vías y agresiones puntuales a bienes públicos, las unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD) aplicaron el protocolo de dispersión en los puntos de alteración, dando como resultado la aprehensión de varios manifestantes que fueron conducidos ante la Fiscalía General por daños a bien ajeno y obstrucción en vía pública.
Reacciones encontradas frente al Decreto 1525
El uso práctico del decreto dejó posiciones sumamente divididas en el ámbito político e institucional:
Partidarios del Gobierno y Gremios destacaron la efectividad de la fuerza pública para impedir bloqueos prolongados en las arterias del país y en la Vía Panamericana. Argumentaron que las garantías para los comerciantes y ciudadanos en general se mantuvieron gracias a la presencia preventiva de la policía.
Líderes de Oposición y Organismos Sociales calificaron la norma como restrictiva, señalando que la presencia policial y la fijación de distancias o prohibición estricta de cierres viales desnaturalizan la protesta. Asimismo, advirtieron que mantendrán la veeduría ciudadana sobre las actuaciones del UNDMO.
¿Qué pasará de ahora en adelante?
Con la aplicación del Decreto 1525, las pautas para futuras manifestaciones en Colombia quedan sujetas a condiciones más estrictas en el marco procedimental:
Rendición de cuentas obligatoria, es decir, las alcaldías y gobernaciones del país disponen de un plazo máximo de 72 horas posteriores a cada movilización para publicar un balance oficial sobre personas lesionadas, afectaciones, capturas y denuncias respecto al proceder de la Fuerza Pública.
Protección a infraestructura crítica. Queda prohibido de forma tajante el bloqueo total a corredores viales que impidan el tránsito de transporte público, cargas, insumos, ambulancias o servicios esenciales como salud y educación.
Escalamiento del uso de la fuerza: El protocolo establece cinco niveles jerárquicos de actuación que exigen documentación previa en las bitácoras del PMU antes de autorizar el ingreso del UNDMO, garantizando la trazabilidad jurídica de los procedimientos.
Las organizaciones sociales han anunciado que continuarán convocando a jornadas de protestas en los meses venideros, mientras que el Gobierno nacional ratificó que mantendrá los PMU activos para aplicar la normativa de manera sistemática en cualquier punto del país.
Bogotá, D. C, 15 de octubre 2026
Fuente: Resumen medios de comunicación.
