Frenar la fuga de dinero público es la reforma fiscal más efectiva contra la corrupción en el país.
Por Luis Fernando García Forero. - Mientras Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano al 5,6% del PIB y la corrupción devora más de 50 billones de pesos al año, el nuevo Contralor General de la República, Jorge Laverde, asume el reto de convocar una Cumbre Nacional para blindar la contratación pública que oriente el erario público hacia las obras que demanda la ciudadanía y mejore la calidad de vida de los colombianos, principalmente la población más desfavorecida.
La llegada de Jorge Laverde a la Contraloría General de la República se produce en uno de los momentos más críticos para las finanzas del país. Con un hueco fiscal en niveles preocupantes y necesidades apremiantes en las regiones, el control fiscal en Colombia debe intensificarse y ejercerse con mayor rigurosidad como una herramienta preventiva y contundente, contra la corrupción.
Estimaciones del sector económico y de la propia Contraloría señalan que la corrupción cuesta a los colombianos más de 50 billones de pesos anuales, una cifra equivalente a casi tres reformas tributarias. Estos recursos extraviados representan las vías terciarias que nunca se pavimentaron, las viviendas de interés social que quedaron a medio construir y las oportunidades de empleo formal que no se generaron, entre otras falencias, que frenan el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Infraestructura rural y empleo: Urge en la Colombia profunda y olvidada
Para que la economía colombiana alcance estabilidad fiscal, el gasto público debe traducirse en productividad. La infraestructura vial rural —fundamental para la competitividad del sector agropecuario y la seguridad alimentaria— hoy sufre el azote de las adiciones presupuestales injustificadas y las obras inconclusas, denominadas ‘Elefantes Blancos’, como bien lo describía el periodista, jefe y maestro, Yamit Amad en los noticieros que dirigía.
Es imperativo manejar con rigor los recursos destinados a la malla vial secundaria y terciaria porque es directamente proporcional en conectar a los campesinos con los centros urbanos, reduciendo los costos de transporte y reactivando las economías regionales y locales.
Los proyectos de vivienda digna garantizan el acceso a techo propio con transparencia en los subsidios y en la ejecución de los constructores.
La generación de empleo e inversión social aseguran, que cada peso, inyectado a los programas estatales, reactive de forma efectiva la mano de obra local.
Cumbre Nacional
Para lograr esos objetivos, quién más que el contralor general de la república, Jorge Laverde, tenga la iniciativa de liderar una Cumbre Nacional contra la Corrupción, como alternativa institucional y camino para lograrlo.
La lucha contra el desfalco del erario supera el alcance de una sola entidad. Por ello, el nuevo Contralor General tiene la oportunidad histórica de liderar un llamado al diálogo institucional unificado, convocando a dicha Cumbre Nacional contra la Corrupción que reúna a las tres ramas del poder público: Ejecutivo (Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores), Legislativo (Congreso de la República, Diputados, concejales) y Judicial (Tribunales y Altas Cortes).
También incluir a organismos de control y vigilancia, el sector privado, gremios económicos, la academia, empresas contratistas y cámaras de comercio, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y veedurías ciudadanas.
Reforma integral
El objetivo central de este encuentro debe ser la construcción de un documento base consensual, insumo indispensable para diseñar una herramienta legal moderna que reforme de manera integral el sistema de contratación pública en Colombia.
Se establecería un nuevo estatuto de contratación pública con responsabilidad compartida. La actual Ley de Contratación (Ley 80 y sus reformas) presenta vacíos por donde se filtran los carruseles de contratación y los pliegos "hechos a la medida".
La nueva legislación, que surja de esta iniciativa para que el Congreso la delibere y apruebe, debe abarcar la responsabilidad penal y fiscal en dos frentes claros:
El sector público: Sanciones penales y pecuniarias fuertes, e inhabilitaciones inmediatas para funcionarios desde el nivel nacional hasta el orden local a quienes incurran en direccionamiento de contratos o sobrecostos.
El sector privado: Rigor legal, multas severas y veto permanente a contratistas, consorcios y firmas privadas que participen en redes de sobrefacturación o manipulación de licitaciones.
Frenar la fuga de dinero público es la reforma fiscal más efectiva que debe tener Colombia. Con liderazgo institucional y una reforma integral al modelo de contratación, el Contralor Jorge Laverde tiene en sus manos la posibilidad de sentar las bases para la protección efectiva del patrimonio de todos los colombianos.
Laverde tiene la gran oportunidad de convocar y liderar la ruta que frene el desfalco fiscal y erradicar la corrupción, uno de los problemas estructurales que afecta a todos los niveles del Estado.
Bogotá, D. C, 11 de octubre 2027
