Dijo además que no se dejaba amedrantar por las críticas, tras dar explicaciones del por qué no votó las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hecho que la tiene en las críticas de algunos sectores del Congreso y la opinión nacional.
La senadora Martínez Aristizábal forma parte de la bancada de la U que había decidido votar en bloque en contra de los reparos del presidente Iván Duque, pero como se observó, antes de que se iniciara la votación, la congresista se retiró del recinto.
La siguiente es la constancia de la congresista llanera Maritza Martínez:
Desde hace dos años, cuando comenzó la discusión de este proyecto de ley estatutaria, he venido planteando la inconveniencia de permitir penas alternativas frente al más atroz de los delitos como es el abuso sexual contra los niños y niñas, crimen que en mi criterio no guarda relación alguna con el conflicto armado interno.
Soporté toda clase de presiones e insultos por presentar y defender este artículo. Incluso dentro de mi partido fuí acusada de querer hundir la paz con esta iniciativa. Nada de eso me amilanó logrando al final un amplio respaldo en el Congreso que permitió su aprobación dentro de la ley estatutaria de la JEP. Hoy se repite la misma estrategia encaminada a descalificar mis posturas y convicciones, y en esta ocasión tampoco me dejaré atemorizar.
Ayer no se me permitió intervenir en la plenaria, solo logré una corta participación acudiendo a una moción de orden, y en ella expuse mi malestar por impedirme hacer uso de la palabra pese a llevar dos días escuchando con respeto a todos los senadores. Así mismo indiqué que aunque apoyo con firmeza la paz, respetando la directriz de mi partido no votaría las objeciones presidenciales en esas condiciones.
Soy abogada, tengo un criterio jurídico que me permite hacer un análisis propio del tema y no simplemente tener que plegarme a la argumentación de quienes logran el privilegio de intervenir. No creo exagerado exigir el derecho a hablar por quienes
me eligieron y a plantear unas inquietudes que desde mi formación, conocimiento y experiencia considero válidas. Tampoco creo improcedente pretender que esas consideraciones consten en el acta de la plenaria y que cumplan el objetivo de aclarar el espíritu de la ley, para que ante un posterior problema de interpretación se consulte cuál era la voluntad del legislador, y de esta manera salvar la responsabilidad ante un tema tan álgido como el que contempla el artículo 153 en materia de extradición, en el que persisten las dudas de muchos colombianos, incluyéndome.
Cuando planteé el tema de los menores, dos voces muy autorizadas de colegas consideraron innecesario hacer claridad sobre las penas por estos delitos asegurándome que estos crímenes estaban excluidos de la JEP. Seguramente lo hicieron de buena fe, pero el estudio que con la UTL adelantamos nos dio la certeza de que era necesario incluir este tema y el tiempo y los colombianos nos dieron la razón.
Por esta razón, considero que era necesario dejar constancia de que en mi caso persistían dudas frente a los efectos del artículo 153 del proyecto de ley estatutaria, y de esta manera consignar de manera expresa en las actas de la Plenaria que el condicionamiento de la extradición de cualquier persona que esté ofreciendo verdad en el marco de la JEP no puede entenderse como un mecanismo a través del cual delincuentes eludan sus responsabilidades ante la justicia de terceros Estados, atentando contra la propia justicia transicional y la cooperación judicial internacional.
El narcotráfico ha sido el peor flagelo y el principal combustible para la guerra. Cualquier esfuerzo dentro del recinto para generar seguridad y confianza en torno a un tema fundamental como este no solo es válido sino indispensable. En el Senado saben que cumplo mis funciones con seriedad, con dignidad y con firmes principios. Saben también que, aunque no grito ni descalifico, sí me hago escuchar y hago respetar las causas que defiendo, por lo cual anuncio que continuaré haciéndolo porque los niños y niñas abusados sexualmente por actores del conflicto tienen derecho a que exista una voz que siga exigiendo justicia y que impida que sean olvidados.
Las agresiones de algunos colegas y de sus seguidores en las redes que tratan de convertir mis convicciones en sospechas, no me amedrentan. Siempre he estado convencida de que las posiciones extremistas y radicales no llevan a ninguna parte y sí limitan el espacio para debatir las consideraciones y preocupaciones de la gran mayoría de los colombianos, las cuales se expresan en una variedad de matices que difícilmente pueden explicarse desde una perspectiva de “blanco o negro” o “amigos o enemigos”, tal y como pretenden demostrarlo algunos sectores políticos.
Para quienes califican de indispensable mi voto, espero que entiendan que también lo es mi derecho a expresar mis opiniones como Senadora y que de ninguna manera voy a renunciar a él.
Maritza Martínez Aristizábal
Senadora de la República
Bogotá, D. C, 21 de mayo de 2019
Por Luis Fernando García Forrero.
