Las  salas plenas de la Corte Suprema de Justicia y El Consejo de Estado instaron al Congreso  constitucionalizar un porcentaje mínimo del Presupuesto Nacional para la Rama Jurisdiccional y consagrar la necesidad de un capítulo especial para la justicia en el Plan Nacional de Desarrollo.
Foto: Ambito Jurídico

Las  salas plenas de la Corte Suprema de Justicia y El Consejo de Estado instaron al Congreso constitucionalizar un porcentaje mínimo del Presupuesto Nacional para la Rama Jurisdiccional y consagrar la necesidad de un capítulo especial para la justicia en el Plan Nacional de Desarrollo.

Exhortaron a los legisladores para que sean oídos en las diferentes observaciones en el trámite de la Reforma que entra a sus dos últimos debates de la primera vuelta en la Cámara, después de haber sido aproada en el Senado.  

Anteriormente habían dado a conocer varias inquietudes en torno a dicha iniciativa separadamente, pero las dos máximas corporaciones se reunieron e instaron a senadores y representantes enderezar el proyecto de Acto Legislativo, cuyo trámite debe pasar 8 debates.

Hasta el momento se habían visto apenas unos reparos por separado del Consejo de Estado y la Corte Suprema, pero ahora conjuntamente sellaron su “máximo interés en que se hagan reformas a la justicia, con el propósito de garantizar pronta y cumplida justicia para cada persona en el país, y sobre la base de respetar la autonomía de la rama y la independencia judicial”.

Los magistrados señalaron que “el mandato constitucional de democracia participativa exige que las dos altas Cortes -amén de otros variados actores-, deban ser oídas como cabeza de las jurisdicciones y conocedoras de la función de administrar justicia. Se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno nacional para que continúe el dialogo interinstitucional que hasta ahora se ha adelantado, así como para que se escuche a otros sectores y personas interesados y expertos en cada tema”.

Fueron contundentes en señalar que las dos altas cortes no hacen “lobby ni negociaciones con otras ramas del poder público. Se guían solo por los altos intereses de la pronta y cumplida justicia y los de la democracia, con sus necesarios frenos y contrapesos”.

Precisaron los magistrados que es necesario “despejar las amenazas de la corte única y la corte electoral, y dilucidar que ni el Consejo Superior de la Judicatura ni la Comisión de Disciplina Judicial son altas Cortes, atendiendo además a que la Nación espera claridad sobre su arquitectura judicial y ha recibido positivamente el planteamiento de ‘Tres Jurisdicciones, Tres altas Cortes’”.

Enfatizaron que la reforma a la justicia debe tener el propósito esencial de la tutela judicial efectiva. “En tal sentido, debe incorporarse en la reforma un programa de descongestión, punto que inexplicablemente fue excluido del articulado” y señalaron que una reforma a la justicia es insustancial si no aborda cambios de fondo a la administración y gobierno en dirección a fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial.

Autonomía y Recursos

Respetando la independencia de los poderes fueron enfáticos en señalar que “la reforma a la justicia debe abordar cambios de fondo al actual diseño organizacional para fortalecer la autonomía real de la Rama Judicial, la eficiencia, la efectividad y la rendición de cuentas. El órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial no debe tener la naturaleza de alta Corte, y en cambio debe prever la participación de las tres altas Cortes que dan clausura al sistema judicial”.

No están de acuerdo con la forma como han aprobado hasta ahora la elección y requisitos para el cargo de magistrado de las alta Corte. Según el proyecto de Acto Legislativo: “las elecciones a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se realizarán por mayoría calificada”.

Dicen los magistrados que “el texto aprobado es inapropiado. El mecanismo de elección de los magistrados debe dejarse al reglamento de la Corporación (sistema actual). No debe tener un desarrollo detallado y ‘petrificado’ en la Constitución”.

Bogotá, D. C, 26 de noviembre de 2018.

Por Luis Fernando García Forero

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