Bogotá, D. C, 7 de noviembre de 2017.-Por Luis Fernando García Forero. Foto: Oficina de Prensa Cámara.- Luego del puente festivo y de la petición de Urgencia del Gobierno Nacional al Congreso, para que apruebe con la celeridad del caso los proyectos que implementan el Acuerdo de Paz, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la Reforma Política, que además le abre paso y despeja el horizonte con miras a los comisiones electorales del 2018.
La iniciativa, que pasa al Senado de la República, incluye listas cerradas para las corporaciones públicas a partir del 2022 y los controles al financiamiento de las campañas políticas en términos de prohibir las prebendas, los regalos y las donaciones.
Así mismo el texto aprobado dispone que los partidos políticos podrán presentar candidatos o listas propias con coalición a partir del 2018 y el Consejo Nacional Electoral estaría integrado por nueve miembros con periodo de ocho años, elegidos por una convocatoria pública y por decanos de facultades de derecho públicas y privadas, según méritos. El Congreso en pleno seleccionará a los miembros de ese tribunal electoral con el voto favorable de las dos terceras partes.
En cuanto a la Registraduría Nacional, el articulado que será estudiado por la Comisión Primera de la Cámara Alta, estará conformada por quienes pertenezcan a la carrera administrativa especial, según concurso de méritos y establecerá que haya puestos de votación en todas las zonas donde se desarrolló el conflicto armado.
Igualmente incluye que se instalarán nuevos puestos de votación con el objeto de garantizar el derecho al sufragio en todo el territorio nacional.
Lo aprobado por la plenaria de la corporación establece que habrá un senador por cada departamento, incluidos Caquetá y Chocó y la curul se asignará al candidato inscrito en lista cerrada o con mayor número de votos.
Impone el voto obligatorio para acceder a la contratación estatal y al empleo público.
La voluntad de las mayorías de la plenaria de la corporación no acompañó los porcentajes de afiliados exigidos para crear nuevos movimientos, los requisitos que venían en la iniciativa gubernamental para acceder a los medios de comunicación y el financiamiento planteado para el mantenimiento de los nuevos movimientos y partidos políticos.
También se negó la polémica proposición sobre el Tribunal de Aforados para investigar y sancionar a los altos funcionarios del Estado. Otro asunto excluido del articulado se refiere al aumento de la mujer en las listas de candidatos hasta el 50 % a partir del 2026.
