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Bogotá, D.C, 18 de octubre de 2018. Redacción Ecos. Foto: Ecos.- El Senado de Colombia exhortó al Presidente de la República Juan Manuel Santos a decretar el Estado de Conmoción Interior debido a que los asesinatos recientes, el aumento de la delincuencia, la falta de políticas públicas y el narcotráfico, “tienen hoy sumido a Tumaco y la costa pacífica nariñense en un callejón sin salida”.

Una proposición aprobada por unanimidad en la plenaria de la corporación y liderada por el senador Manuel Enríquez Rosero y congresistas de Nariño, piden además de manera inmediata que se convoque aun Consejo de Seguridad en el Puerto de Tumaco y se realice  cuanto antes un Consejo de Ministros en esa localidad “con miras a buscar soluciones inmediatas y efectivas que conjuren la problemática que vive nuestra Costa Pacífica Nariñense”.

Señalan los senadores que “es claro que en Tumaco se está evidenciando esa grave perturbación que efectivamente está afectando la estabilidad institucional, la seguridad no solo del Estado, sino también el posconflicto. 

La siguiente es la proposición que inició su trámite hacía la Presidencia de la República:      

PROPOSICIÓN

“Desesperados por la delincuencia y orden público se declaran los habitantes y comerciantes en el Puerto de Tumaco”.

La delincuencia, la falta de políticas públicas y el narcotráfico, tienen hoy sumido a Tumaco y la costa pacífica Nariñense en un callejón sin salida.

El caso más preocupante es el enfrentamiento por la disputa del territorio entre bandas de narcotráfico, grupos ilegales alzados en armas, disidencias de las Farc (donde en 25 de los 48 municipios en los que hacen presencia los disidentes de las Farc se reporta un incremento del homicidio que va en contravía de la tendencia de las demás localidades del país) y lo que es más preocupante hoy se viene presentando el enfrentamiento entre barrios y sus habitantes quienes se han visto involucrados en este desorden público de seguridad que hoy tienen atemorizado al municipio de Tumaco y en si a toda  la Costa Pacífica Nariñense.

Lo anterior no solo afecta la economía y calidad de vida de los habitantes del puerto y de otros municipios; sino que además vienen dejando a su paso decenas de muertes que según la Defensoría del Pueblo, “entreel 1 enero de 2016 y el 1 de marzo pasado fueron asesinados 156 activistasde derechos humanos”, pero esto no para ahí, la situación se viene agudizando cada día más, luego de la masacre de seis campesinos el pasado 5 de octubre, el día de ayer se presentó el asesinato del líder comunitario José Jair Cortés quien era miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, además de la situación que se presentó el fin de semana en el Municipio de El Charco Nariño donde se enfrentaron las disidencias de las farc con bandas criminales que dejando más de 9 muertos.

Lo anterior no solo reafirma lo expresado por medios de comunicación en cuanto  a que “pasamos de los acuerdos de La Habana a la cruda realidad de Tumaco” donde el acuerdo sobre drogas y cultivos ilícitos está desbordado por la realidad Colombiana y en especial en la Costa Pacífica Nariñense. 

La situación de Tumaco y su zona de influencia, no da espera; razón por lo cual los suscritos Senadores de la Republica en representación del Departamento de Nariño, pedimos a la Mesa Directiva de esta Corporación y a todos los Honorables Senadores de Colombia, nos acompañen con su voto aprobando esta proposición, en la cual le solicitamos de manera urgente al Señor Presidente de la Republica Doctor Juan Manuel Santos Calderón y a su gabinete la adopción de las siguientes medidas: 

1. Se convoque a un consejo de seguridad en el Puerto de Tumaco. 

2. Se realice cuanto antes un consejo de Ministros en el Puerto de Tumaco con miras a buscar soluciones inmediatas y efectivas a fin de conjurar la problemática que vive nuestra Costa Pacífica Nariñense. 

3. Se decrete el Estado de Conmoción interior, en virtud del artículo 213 de la Constitución Política y el artículo 34  de la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia” los cuales disponen que: 

Artículo 213 de la Constitución Política: En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”. 

Es claro que en Tumaco se está evidenciando esa grave perturbación que efectivamente está afectando la estabilidad institucional, la seguridad no solo del Estado, sino también de la ciudadanía y afectando sus espacios de convivencia. 

No se puede seguir permitiendo esos actos violentos contra nuestros campesinos, contra la ciudadanía, contra los líderes sociales, que bien ya han sufrido todos los estragos de la guerra, como para que ahora, en un “supuesto” contexto de posconflicto y en el Marco de implementación de un Acuerdo de Paz, sigan presenciando situaciones de este tipo siendo nuevamente victimizados. 

Tanto la Constitución como la Ley Estatutaria correspondiente permiten que el Estado de Excepción de Conmoción Interior sea declarado en un espacio específico del territorio nacional, por lo que nada impide que el Gobierno vaya más allá de sus funciones ordinarias que han resultado ser insuficientes, para frenar las muertes y asesinatos contra el pueblo Tumaqueño. 

Siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional podemos concluir que no estamos siendo discrecionales al proponerle al Presidente que la declare puesto que los presupuestos fácticos efectivamente dan lugar a la declaratoria del estado de excepción, pues los hechos que se exponen tienen tal gravedad que atentan de manera inminente contra la integridad territorial de la Ciudad de Tumaco, su estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. 

Adicionalmente, la Carta exige que para poder acudir a las facultades excepcionales, las circunstancias perturbadoras no puedan ser conjuradas con las atribuciones ordinarias de policía y es evidente que mediante estas vías ordinarias no se han podido frenar los hechos violentos contra la comunidad, contra los campesinos y contra los líderes sociales.