Bogotá, D.C, Octubre 4 de 2017. Redacción Ecos. Foto: pares.com.co.- Otra tema se atravesó en la discusión de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz: la propuesta de que los excombatientes de las Farc deberían pasar primero por ese alto tribunal, pone en aprietos la participación política de los ex combatientes para lograr escaños en las corporaciones públicas.
La iniciativa surgió de la senadora Claudia López, en la discusión del proyecto de la reglamentación de la JEP por parte de las comisiones primeras de senado y cámara, donde se pretende aprobar que los cabecillas de la guerrilla no podrían ser congresistas sin antes ser juzgados por ese tribunal de la justicia transicional.
La propuesta no se votó pero está lista para ser discutida y votada este miércoles en dicha sesión, mientras que una subcomisión que estudió las proposiciones le está dando un tratamiento especial a los afectados por el conflicto e igualmente a las objeciones planteadas por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, a varios artículos de esa propuesta gubernamental.
“Esta es la última vez que tenemos para tomar una determinación de la participación en política de quienes se someten a la JEP. El acuerdo dice claramente que el hecho de someterse a la JEP o incluso de ser condenado en la JEP no vulnera ningún derecho político, porque se trata que quienes se someten ahí pueden recuperar completamente los derechos políticos”.
Agregó que “queremos proponerles a las Comisiones Primeras que tratemos de encontrar un punto medio en el que se sometan a la ley. Primero, se hayan sometido, segundo hayan sido juzgados y su pena se haya impuesto, por lo menos que hayan sido juzgados, y en esa medida progresivamente se recuperen los derechos políticos”. Sostuvo la senadora López.
Sobre la propuesta el ministro del interior, Guillermo Rivera, tomó la palabra y rechazó categóricamente el argumento de Claudia López: “como lo hemos dicho en varias ocasiones en este y en otros recintos el Gobierno nacional está en la obligación de honrar los acuerdos, y en ellos lo que se dijo expresamente es que las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrían afectación en los derechos políticos, así también se señaló expresamente en el acto legislativo”. Señaló que no es conveniente esa propuesta puesto que va en contravía de los acuerdos en La Habana que se suscribió el 24 de noviembre del año anterior”.
Agregó el titular de la cartera política que “si bien las sanciones emanadas por la jurisdicción para la paz, no podrán afectar los derechos políticos a ser elegidos, lo que sí podría ocurrir en la práctica, es que quienes comparezcan ante la JEP y no ofrezcan la verdad y no se comprometan a reparar a las víctimas, corren el riesgo de que sean sancionados bajo la modalidad de las sanciones ordinarias en el marco de la JEP y esas sanciones incluyen privación de la libertad. No podemos decir más de lo que está en el acto legislativo”.
Pese a que el Gobierno ya demostró que tiene las mayorías en las comisiones primeras para sacar adelante la propuesta catalogada como la columna vertebral para la paz, aún se le siguen atravesando proposiciones que complican el desarrollo a buen puerto del proceso de ley estatutario que reglamenta la JEP.
