Redacción Ecos. Foto: Ambito Juridico.- Mientras el Congreso de Colombia se presta a analizar y discutir los proyectos sobre la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, la ONU hizo un llamado de alerta para tener presente que dichas iniciativas que ponen en marcha el programa de “amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, debe respetar plenamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia puso de presente que las medidas que se plantean y que permitirán conceder la libertad a guerrilleros, agentes del Estado y otras personas privadas de libertad, por al menos cinco años, deben responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho internacional, aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz.
“Los beneficios que se otorguen tienen que ser el resultado del cumplimiento de compromisos por parte de los eventuales beneficiarios de las medidas, no pueden ser el punto de partida ni convertirse en un fin en sí mismos”, expresó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien fue certero en señalar que de lo contrario las amnistías y los indultos pierden su valor estratégico y se convierten en concesiones, que pueden implicar el incumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano.
El objeto principal del Proyecto, que tendrá como ponente al senador Armando Benedetti, “es regular las amnistías e indultos por los delitos políticos conexos con estos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
El proyecto ya a consideración del Congreso, establece que “la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva a cada una de ellas cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas de conformidad con el cronograma y la correspondiente certificación acordados para tal efecto. Se les concederá́ también por las conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento del proceso de dejación de armas”.
La amnistía es el proyecto de ley más urgente que el Gobierno nacional necesita para darle tranquilidad a los miembros de las Farc que inician su concentración en las zonas de concentración y permitirá ampliar los beneficios a sanciones disciplinarias o administrativas, dando extensión a sentencias impuestas con anterioridad por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado.
Sobre la propuesta el senador Roy Barreras, del Partido de La U, fue contundente en señalar que “la importancia de ley es que estamos a pocos días de lograr lo que todos anhelamos y es el desarme definitivo de las Farc, y su llegada a las zonas de concentración, una condición indispensable para darle la seguridad jurídica de los combatientes que han de llegar a las zonas, es lo que va a ofrecer la ley de amnistía, y es lo que espero que aprobemos el mismo lunes en las comisiones primeras conjuntas”.
Según explicó el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, con esta radicación se espera que el 29 de diciembre se vote la iniciativa por lo que trabajarían hasta el 30 de este mes.
Los otros proyectos que se radicarán este lunes 19 de diciembre tiene que ver con el Acto Legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, otro para la creación del nuevo partido político que surja de la desmovilización y el desarme de las Farc, la creación mediante ley de la Unidad Especial para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, el Acto Legislativo que incorpora un artículo transitorio en la Constitución estableciendo la obligación del Estado de cumplir con los acuerdos de paz. El que regula el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
