Por Felicia Saturno Hartt.-En Gaceta Oficial Extraordinaria número 40.828 fue aprobado el Decreto 20.184 que aplica el Estado de Emergencia Económica por un lapso de 60 días prorrogables, en todo el territorio nacional. Este decreto fue publicado horas antes de que fuera explicado por el Gabinete Ejecutivo y que se realizara la rendición de la Memoria y Cuenta del Presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional.
Esta normativa de excepción se basa en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela de 1999, que señala: “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.
El decreto publicado se compone de 10 artículos, solicita adoptar medidas económicas extraordinarias para “atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana y que permita asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales, e igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de las divisas, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual generando una grave crisis económica”.
Posteriormente plantea continuar las misiones sociales con los dineros no invertidos en el 2015, asignar recursos extraordinarios en misiones y grandes misiones (programas populistas del chavismo), desarrollar medidas la reducción de la evasión y la alusión fiscal, agilizar compras del estado e importaciones y nacionalización de mercancías y su tránsito, agilizar los trámites bancarios y de divisas para la reactivación productiva, promover la inversión extranjera y las exportaciones.
El Presidente de la República, según este decreto, podrá adoptar medidas orientadas a proteger y garantizar los derechos y el buen vivir de las familias, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Asimismo, clama y convoca a todos los sectores del país haciendo énfasis en la participación de los grupos de la sociedad civil afectos al oficialismo y exige el control de su aplicación a través de “los poderes públicos, órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa y la Fuerza Nacional Bolivariana” quienes “están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a las que se refiere este decreto”.
El vicepresidente de Economía Productiva, el Ministro Luis Salas indicó que dicho decreto fue creado con la finalidad de "construir una Venezuela productiva e independiente como todos queremos" y lo estima “un paso histórico para mejorar la situación actual de la economía”.
Con el objeto de su conocimiento por la Asamblea Nacional, el Vicepresidente Ejecutivo recién nombrado, Aristóbulo Istúriz, lo presentará en la Asamblea Nacional la próxima semana.
Este decreto no reconoce la grave situación económica del país, sobre todo de escasez y desabastecimiento de 87% y de inflación de 141.5%, según el BCV. Es una proposición de emergencia basada en su versión fracasada de socialismo, que incluye los vicios de la gestión socialista como el intervencionismo y la expropiación, eludiendo el control de la AN y otros entes fiscalizadores.
Además, carece de planteamientos claros y específicos de lo que hay que hacer en esta gravísima crisis social; no presenta cifras ni análisis de la situación, ni de la coyuntura. No estima ni lo micro ni lo macroeconómico. Por omisión puede generar más exclusión, mayor violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía y más y peor pobreza.
El gobierno no ha entendido el mensaje del 6D, Venezuela exigió a través del voto un genuino proceso de diálogo democrático, que garantice la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos del país y cuyo objetivo sea la superación de la crisis económica con respeto a los derechos humanos. No es una guerra económica, es una gestión gubernamental mediocre.
La crisis económica es el corolario de más de tres lustros de políticas socialistas de expropiaciones, legislaciones tributarias y laborales no concertadas y controles de cambio y precios, que han hundido la producción nacional y que requieren medidas urgentes: como la unificación cambiaria, la liberación de precios y el aumento de la gasolina más barata del mundo.
El ciudadano de a pié quiere vivir en un país que funcione. Y si alguien duda del contenido del decreto los invito a leerlo. Porque no es hacer un paquetazo neoliberal, pero si es tomar decisiones concretas, que no pierdan el norte y si piense compensar a los que más la sufrirán.
