La violación de los derechos humanos de los colombianos en Venezuela, persiste. Continua el éxodo de connacionales deportados o retornados forzadamente, producto del cierre de la frontera y la declaración del Estado de Excepción, por parte del Gobierno del vecino país, así como nuevos y graves hechos de violencia.
Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo de Colombia, en un informe radicado ante el Congreso de la República, donde destaca que ha tenido conocimiento de nuevos y graves hechos de violencia verificados, en contra de nuestros connacionales por parte de presuntos miembros de la fuerza pública venezolana.
Los hechos presentados apuntan a tres homicidios en el Estado de Táchira y en La Guajira , así mismo como graves lesiones por impacto de bala contra dos ciudadanos colombianos y la presunta incursión del Ejército venezolano en territorio de La Guajira, donde hubo agresiones a una indígena wayuu y un hurto calificado.
De acuerdo con las informaciones obtenidas por la Defensoría del Pueblo, hubo un procedimiento de deportación por parte del Estado venezolano donde se violaban las leyes internas y los estándares internacionales, ya que imperaron acciones de hecho amparadas en el Estado de Excepción para violar los derechos al debido proceso y a la defensa.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le notificó al Congreso que la defensoría viene haciendo un ejercicio riguroso para la protección de los derechos de los connacionales con el objeto de exigir la afiliación al régimen subsidiado de salud, la libre escogencia de las EPS del régimen subsidiado, la inscripción al programa Más Familias en Acción, la focalización como población en pobreza extrema, la priorización del gasto social para la atención, exoneraciones de los permisos especiales de ingreso y permanencia de conyuges o compañeros permanentes, solicitud de adopción de nacionalidad, emisión de cédulas, así como la eliminación del requisito de tener definida la situación militar o de presentación de la tarjeta de reservista, entre otros.
Hasta el momento las estadísticas señalan a 18.770 colombianos afectados, de las cuales 10.000 están cobijados por el Sisben; 600 están afiliados a una EPS en Colombia; 160 están inscritos en la Red Unidos; 48 postulados para ser beneficiados de las 100.000 viviendas gratis y 950 cuentan con registro ante catastro.
"La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando desde el nivel central y regional, la evolución para el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas afectadas en esta crisis", aseveró el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, en el informe presentado a consideración del Congreso y que fue conocido por Ecos.
