El fenómeno de la trashumancia electoral que se ha denunciado en el actual proceso electoral, donde los colombianos elegirán el 25 de octubre a sus mandatarios regionales y locales, no solamente es un delito, sino que afecta la legitimidad política de los municipios del país.
Según las cifras aportadas por el Concejo Nacional Electoral a finales de septiembre, se han anulado 398.675 inscripciones con miras a las próximas elecciones territoriales. Estas decisiones afectan a 350 municipios del país, de un total de 726 que presentaban denuncias por trasteos de votos.
Felipe García, Vicepresidente del CNE, expresó que “ estas cifras de inscripciones de cédulas anuladas no tiene precedentes en la historia de Colombia y ha sido la denuncia de los ciudadanos el motor de estas decisiones”.
Estos datos son preocupantes. En el Cesar, La Guajira y Sucre, autoridades del CNE comprobaron que más del 50 % de las cédulas inscritas corresponden a trashumantes. En las poblaciones de Puerto Colombia, Candelaria y Tubará, en el Atlántico, quedó sin efecto más del 80 % de la zonificación, por ser fraudulenta.
En el departamento de Santander se revocó el 50.6 % de las cédulas inscritas en 25 municipios, siendo el caso más llamativo, Guabatá, donde se anularon 643 de las 739 cédulas inscritas. En el Valle del Cauca se anularon 112.464 cédulas donde Cali batió el record con 27.514.
Podríamos seguir enumerando las cifras dadas a conocer por el CNE, pero las mismas no sólo sorprenden a las autoridades electorales, sino que revelan que este fenómeno delictivo electoral debilita la autoridad y la función pública porque los naturales y verdaderos residentes de las localidades no eligen de forma justa razonable y equitativa a sus gobernantes legítimos, sino que lo hacen los foráneos.
También es ilegitimo porque la autoridad elegida puede carecer del reconocimiento de los habitantes de cada localidad en los fines de ejercer el poder, mandar y ser obedecido, en la delegación del mandato de los ciudadanos a sus gobernantes.
Razón tiene el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, al expresar que el país le agradece al CNE "que anulen todas esas cédulas que hacen parte de una mafia que carcome la democracia".
De acuerdo al panorama, se requiere que la democracia sea legitimada y que sus gobernantes tengan autoridad para ejercer el poder y cumplir con los mandatos de la ley. Para que esto ocurra, los pensadores y escritores en materia política señalan que para superar ese delito electoral, se debe dejar de ser habitante, y, convertirse en ciudadano.
No en vano los analistas de la política nacional aseveran que ese delito electoral carcome el orden, las instituciones, la aplicación de la ley y la autoridad de los gobernantes, así como el legítimo consenso de los ciudadanos y las naciones.
