Opinión
Por Amylkar D. Acosta M*. - Entre las medidas tomadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto - ley 1276, expedido al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica, social y ecológica, está la de que dispone que los “contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las subastas asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025”.
Como es bien sabido estos proyectos acusan un notorio retraso en el cronograma de su ejecución, sólo 2 de ellos avanzan de conformidad con el mismo. Según el Decreto en mención, “esto pone en riesgo la subsistencia de las familias y sus niños por la falta de oportunidades que implica la pérdida de demanda de bienes, servicios y empleo que resultan del desarrollo de los proyectos de transición energética en la región”.
Se dice, además, que el retraso de estos proyectos trae consigo “el aumento de las situaciones de conflictividad social en las regiones con vocación extractiva”, cuando en este caso es al revés, son las “situaciones de conflictividad social” mal gestionadas por parte de los gobiernos anterior y este, la que ha retrasado la marcha de los mismos. No se puede, entonces confundir la causa con el efecto. Es cuestionable que “para hacerle frente a esta situación se requieren medidas dirigidas aliviar, mediante la suspensión de contratos de suministro de energía para generadores de FNCER en el Departamento de La Guajira”. Sí, se trata de “aliviar” a una de las partes de un contrato bilateral, a los generadores, a expensas de la otra, los comercializadores.
Ello ha sido muy controvertido, porque al llevarse de calle la seguridad jurídica inmanente a toda relación contractual entre particulares, como en este caso, de acuerdo con el artículo 868 del Código de comercio la parte afectada podrá interponer una demanda de restablecimiento del equilibrio económico alterado por la intromisión del Estado en una clara extralimitación de sus funciones y competencias, al terciar a favor de una de las partes, los generadores. Y si prospera esta acción legal ante los tribunales, podría derivar, según lo prevé el artículo 90 de la Constitución Política, en que el Estado responda patrimonialmente “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados” a las empresas comercializadoras.
Además, con esta medida que, según el Gobierno, busca “legitimar la intervención del Estado en estos contratos para suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato”, contraviene lo estipulado en el artículo 1602 del Código civil en el sentido que “los contratos son ley para las partes”. Será, entonces la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra con respecto a la constitucionalidad y a la legalidad de la misma. En medio de semejante embrollo, armado por el entrometimiento del Estado en una relación contractual consentida entre particulares, el sector eléctrico está en ascuas.
Es la propia Asociación de energías renovables – SER Colombia que las representa, la que al reaccionar frente a esta medida se pronunció en los siguientes términos: “reconocemos la buena intención del Gobierno. Quizá si no se hubiesen tomado esta medidas no tendrían un buen futuro algunos proyectos. Es una situación coyuntural y puntual, pero la prioridad es el respeto al mercado y a la estabilidad jurídica”. En medio de semejante embrollo el sector eléctrico está en ascuas.
Ante semejante dislate, XM, pese a sus reservas y reparos a esta medida, no tuvo otra opción que darle cumplimiento, pues al fin y al cabo como dice el aforismo “dura lex, sed lex” y dicho Decreto tiene fuerza de Ley. XM, entonces, terminó disponiendo “suspender temporalmente las obligaciones de suministro de energía” y de contera “las garantías de cumplimiento actuales no son exigibles”.
La consecuencia inmediata es que las comercializadoras tendrán que salir a adquirir la energía contratada en la Bolsa, quedando ahora más expuestas a los altos precios a los que se cotiza la energía (por encima de los ya pactados con las empresas generadoras) a consecuencia tanto del stress a que está sometido el SIN por el atraso de la ejecución de los proyectos como por la llegada del fenómeno de El Niño. Se estima que por cada $100 que sube el precio en Bolsa impacta la tarifa al usuario final entre 1 y 2%. Y según cifras de XM, mientras el precio promedio del KWH en los contratos para abril de este año era de $281.09, el precio en Bolsa para junio alcanzó los $469.55.
Según el Director de ASOCODIS José Camilo Manzur, “hoy el precio de la energía en Bolsa puede estar 2.5 veces por encima del precio al que se adjudicaron las subastas”. Y este mayor precio repercutirá, según la experta Carmenza Chahín, en un incremento promedio de la tarifa del 5%. Los usuarios de La Guajira que, según los considerandos del Decreto in comento, supuestamente se busca favorecer, no escapa a esta escalada alcista de las tarifas, que puede ser del orden del 7%. Según Manzur, el efecto de esta medida le significará a los usuarios, que son los paganinis, sobrecostos del orden de los $170.000 millones mensuales hasta diciembre de este año.
Bogotá, agosto 26 de 2023
Economista. ex presidente del Congreso, ex ministro de Minas y Energía.
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Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - No me refiero a la extinción JUDICIAL sobre bienes adquiridos ilícitamente, conocida por la opinión pública, sino a otra figura de nuestro ordenamiento jurídico, a todas luces excesiva: la extinción de dominio ADMINISTRATIVA sobre la tierra legalmente adquirida, por el presunto incumplimiento de su función social y ecológica.
Pues bien; la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, título engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria”.
Gravísimo, pues lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.
Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”.
Para entonces, manifesté que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.
Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.
Si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?
Bogotá, D. C, 27 de agosto de 2023
*Presidente de Fedegan
Por José Manuel Restrepo*. - Una de las frases más exitosas durante la campaña política del expresidente Bill Clinton, en USA, fue la que pegó el asesor James Carville en la sede central de campaña, “es la economía, estúpido”.
Hoy, ya en Colombia, valdría la pena que alguien financiara un cartel similar para colgarlo públicamente, con un título menos ambicioso pero urgente: “¡Es la inversión, estúpido!”. Y no es para menos a la luz de las cifras de crecimiento del 2023 de nuestro país, que de persistir como van nos llevarán a terreno negativo en el siguiente trimestre, a menos que alguien reaccione y prendamos ese motor de crecimiento.
La caída de la formación bruta de capital, que corresponde al aumento en activos de la nación representado en mejoramientos de terrenos, adquisiciones de tecnología, planta y equipos, la construcción de carreteras, puertos, aeropuertos y similares, la vivienda e infraestructura social como hospitales y escuelas, o en general la disposición de inventarios de producción, viene en barrena. Triste decirlo que, con esto, nuestra capacidad de crecimiento a mediano plazo queda bastante limitada.
¡Las cifras alarman! En el primer trimestre de 2023 dicho dato de inversión caía un 8% y en el segundo trimestre del año vuelve y cae en un 24%. Entre el primer y segundo trimestre esto le quito al crecimiento entre 2 y 5 puntos porcentuales y es uno de los factores que más pesa en el PIB del país. Y aunque ha sido un dato golpeado por la pandemia, en 2022 creció en todos los trimestres en su comparación anual entre el 18 y el 21%.
Pero qué asuntos pueden estar influyendo en este resultado. Dicen los estudios que hay tres: ingresos, costos y expectativas. Yo le sumaría voluntad política y seguridad, asuntos que se resumen en la palabra confianza. Si bien las tasas de interés tendrán que reducirse, cuando sea prudente por la inflación, el costo más significativo para la inversión calculado desde el II semestre de 2022, fue el aumento en el costo de capital por la reforma tributaria que, según investigaciones económicas en cabeza de José Ignacio López, oscila entre 7 y 10 puntos porcentuales adicionales, disminuyendo la inversión privada en 2 puntos porcentuales del PIB. A lo anterior súmele el efecto de aranceles “inteligentes” que fueron acordados en el plan de desarrollo.
Mientras tanto, en confianza y expectativas, flaco favor genera las dificultades de seguridad que tienen tan enervados a gobernadores y alcaldes, el bajo nivel de ejecución pública, y las incertidumbres de múltiples declaraciones del gobierno como las de energía, así como las preocupaciones de reformas como la laboral, pensional o de salud que según ANDI reducirán la inversión con relación al PIB cuatro veces más del impacto de la última reforma tributaria.
Para reaccionar, el primer paso es voluntad política para corregir el rumbo y hacerlo de la mano del sector empresarial que es el que sufre en carne propia los estragos de políticas que trimestre tras trimestre reducen la inversión. Aún hay tiempo para construir un acuerdo nacional para aumentar la inversión privada y la reunión con el consejo gremial debe ser el punto de partida.
*Rector Universidad EIA
Por Gabriel Ortiz *. - Hace años un comercial de televisión, popularizo aquello de que “el tubo tuvo la culpa”, para enjuiciar a los responsables de las inundaciones.
Eso parece estar ocurriendo en esta época, en la cual vivimos en un país en el que la corrupción se ha apoderado de todo y de todos.
Nadie llegó a imaginar que, en un grupo tan respetable y respetado como Aval, se utilizaran, indebida o ilícitamente, maniobras en provecho de sus gestores. La red que procedió, con estos hechos, involucra desde dueños, asesores, consultores, directivos y demás personajes vinculados a tan importante corporación empresarial: la más acaudala de Colombia.
Todo empezó hace varios años cuando se inculpó al ex ministro del trabajo y exsuperintendente bancario, José Elías Melo, quien era alto funcionario de Corficolombiana, la importante dependencia de Aval, que participó en negocios de infraestructura en los cuales estuvo involucrado Odebrech, empresa brasilera experta en licitaciones con varios países del continente.
Al filtrarse los primeros detalles del negociado, Aval, aconsejado por su asesor, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, presentó como único inculpado a Melo, quien desde entonces padece el calvario que lo mantiene encarcelado.
Las investigaciones han seguido su curso, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Una estruendosa decisión se produjo en el país del norte, cuando se multó, no a Melo, sino a Aval, con 80 millones de dólares, que días después se redujo a 70 millones por acción de uno de los grupos de abogaos más experimentados del Norte, pero que suma una cuantía casi igual a la multa inicial.
Melo habló a la revista Cambio y soltó verdades sorprendentes: El negocio con Obredech, tenía la aprobación de Sarmiento Gutiérrez, hijo y presidente del consorcio Aval, más el de la Junta Directiva de ese conglomerado financiero.
A estas alturas, la justicia norteamericana tiene en sus manos el negociado y sigue en averiguaciones que darán más luces a lo ocurrido con el Grupo Aval, con Corficolombiana, con Odebrech, con Melo y con todos los que participaron en uno de los negociados corruptos más grandes, que se conozcan en el país.
Todo esto nos lleva a pensar que ya en Colombia, prácticamente ninguna negociación con el Estado, con la empresa privada, o con cualquier sector de nuestra grande, mediana o pequeña economía, esté libre del “CVY”, que traduce: “cómo voy yo?”.
Se de casos como el de una vendedora de aguacates en el norte de Bogotá, que debe entregar diariamente $10.000 al policía, o los policías que tratan de impedirle montar su carretilla con este producto, en una esquina. Los vendedores de artículos en calles y semáforos, están en poder de mafias que los explotan. Cualquier negocio, cualquier contrato incluye su CVY. Hasta la guerrilla se nutre del secuestro y la extorsión para “sostenerse”.
BLANCO: En el número 700 de El Muro, el colega Carlos Ruiz, propone un tribunal de ética del periodismo colombiano y “un gran debate sobre la prensa, su independencia y el control de los grupos económicos o políticos”. Responde así a Matador.
BLANCO: Bienvenido el regreso de Yilber Vega al periodismo colombiano, tras su triunfal paso por CNN.
Bogotá, D. C, 25 de agosto de 2023
Periodista. Ex director del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por José G. Hernández *. -El primer fundamento de nuestra organización democrática, como lo declara la Constitución de 1991, es el respeto a la dignidad de la persona humana. La preservación, promoción y garantía de los derechos inherentes a la persona -los derechos fundamentales- resultan ser funciones y obligaciones primordiales de nuestras autoridades públicas.
De conformidad con el artículo 2 de la Constitución, uno de los fines esenciales del Estado consiste precisamente en asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y, como dice la misma norma, “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Como lo proclama el artículo 5, “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”.
La Corte Constitucional, desde 1992, ha reiterado: “Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano”. (Sentencia T-571/92)
Para la Corte, “los derechos humanos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales y universales, de suerte que no es admisible que se desconozcan unos derechos so pretexto de salvaguardar otros”. (Sentencia C.251/97).
El artículo 93 de la Constitución estipula que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación -inclusive en los estados de excepción-, “prevalecen en el orden interno”. Añade que los derechos y deberes “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Colombia ha ratificado tratados internacionales sobre Derechos Humanos y sobre Derecho Internacional Humanitario. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) de 1969 y el Tratado de Roma de 1998 -que creó la Corte Penal Internacional-.
La Convención Americana se pactó, como dice su texto, sobre la base de que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.
Colombia está obligada por la Convención, en defensa de los Derechos Humanos, y el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana cuando -por acción u omisión- ha violado los Derechos Humanos.
Sin embargo, no faltan quienes, sin importarles el respeto que merecen los Derechos Humanos, ni la esencia de nuestra Constitución, proponen que Colombia se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque les parece que sus fallos han resultado “muy costosos”. ¿Prefieren que el Estado -por acción u omisión- vulnere los Derechos Humanos y no responda, para ahorrar recursos? Corta visión.
Las aludidas son propuestas irresponsables, incoherentes e inadmisibles, en las cuales no vale la pena que se ocupe nuestro Gobierno.
Bogotá, D. C, 24 de agosto de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional
Víctor G. Ricardo*. -Para nadie en un secreto que los valores éticos y los principios morales están en crisis en Colombia desde hace muchos años y que se debe a que estamos fallando en la formación que estamos ofreciendo a nuestros hijos en los hogares, los centros educativos y en nuestro accionar social.
Recuerdo cómo mis padres con frecuencia me decían que veían llegar una triste descomposición del país porque los valores cada día perdían más importancia y, como el dinero tristemente estaba acabando con nuestros buenos sentimientos, con los valores de las personas, nuestro adecuado comportamiento, las buenas maneras, el respeto por la vida, el respeto por los demás, la búsqueda del bien común, entre otros, ya que lo importante estaba siendo reemplazado por la avaricia, el dinero fácil, la envidia, la corrupción tanto, la falsedad, el aprovechamiento en especial de lo ajeno, el individualismo, el egoísmo y en general la maldad.
Todos estos calificativos despreciables en una sociedad han encontrado mayor ascendencia por la influencia del narcotráfico que ha transformado los valores dándole mayor importancia al dinero que al respeto por la vida, la búsqueda del dinero fácil y todo lo que él mismo llama y conlleva y en general la violencia y la delincuencia que, en conjunto, nos están destruyendo, hasta el punto que hoy en día es normal criticar a la víctima por haber dado papaya en lugar de condenar al delincuente por sus acciones o celebrar como sociedad a quien resulta exitoso por “vivo” o “avispado” por encima del ciudadano, trabajador o emprendedor disciplinado respetuoso de los valores sociales.
El tema de mayor preocupación hoy en día es la corrupción, que ha llevado a tocar a las máximas instancias del poder tanto públicas como privadas. Antes se hablaba de actos de corrupción en instituciones como las aduanas o la policía de tránsito. Hoy en día estamos hablando de corrupción en todos los niveles e instancias del país, y estamos frente a una enfermedad que ha afectado campañas políticas, empresas insignia, servidores públicos y ciudadanos de todos los niveles.
Actualmente es muy difícil saber qué elección o decisión es sincera y guiada por el interés general o se encuentra viciada o incentivada por dineros corruptos. Las influencias de recursos ilegítimos a las principales campañas políticas y agencias del Estado cada vez resuenan más en las noticias, generando zozobra.
Para sorpresa de la ciudadanía, los mayores casos de corrupción se han conocido por conducto de las agencias de inteligencia americanas o de las decisiones de entidades judiciales en el exterior divulgadas por los medios y no por el accionar de nuestras autoridades, como es el caso Odebrecht. Y a dicho vacío se suma la creciente impunidad, que termina cerrando el ciclo negativo de reafirmación de que ser corrupto paga.
Definitivamente están temblando las estructuras. Como sociedad tenemos inmensos retos sociales y económicos a los que me refiero permanentemente en mis columnas, pero la base de todo y el pilar de nuestro accionar serán siempre los valores y si no le prestamos atención inmediata y contundente a esta crisis moral, lo demás no tendrá cimientos sólidos y colapsará.
Hago un llamado a todos los padres de familia, educadores, ciudadanos, funcionarios y empresarios de bien, para que reconozcamos que la crisis en valores en nuestro país es nuestra agenda prioritaria nacional y que juntos reforcemos las estructuras de nuestra sociedad para que Colombia sea un país fuerte y sólido por su estructura ética y moral, que es la base esencial de nuestra aspiración al desarrollo con justicia social.
Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2023
*Ex comisionado de Paz
Por Fernando Cepeda Ulloa *. - La Policía es, realmente, el símbolo más presente del Estado frente a la ciudadanía. Su relación con el ciudadano, su acción preventiva y su eficacia reflejan la naturaleza del Estado, que el ciudadano espera que sea equilibrada, decente, justa, inteligente.
Es que lo primero que un ciudadano busca a su alrededor cuando percibe una situación de desorden o de afectación de sus derechos o de los derechos de otras personas es: ¿dónde está la Policía? Llamen la Policía. Busquen un policía. Y ello para asuntos que pueden tener un potencial de gravedad o para cuestiones que se pueden considerar banales pero que son las que constituyen el sentimiento de orden y de seguridad para un buen ciudadano.
Si la Policía abusa, no aparece, es ineficaz, el ciudadano siente que el Estado abusa, es incompetente, no cumple con su función. Una excelente Policía, nada fácil, transmite la idea de un Estado eficaz, serio, responsable.
Hace unas semanas un grupo de gobernadores recordó la importancia y el significado del lema de nuestro Escudo. Libertad y Orden. Es que el policía representa exactamente eso. El policía es el que protege el ejercicio de nuestras libertades y es el que garantiza el orden que permite ese ejercicio. Y esa es, en esencia, la función primordial del Estado. Lo demás que la educación, que la vivienda, que la salud, que las carreteras, que los puentes, etc. son muy necesarios, tienen sentido, pero el presupuesto de su utilidad es la existencia de la libertad y del Orden. ¿De qué sirven las carreteras cuando proliferan el secuestro, la extorsión, los asaltos? Y así de los demás temas.
Por eso el sentimiento de inseguridad que se dice está creciendo por todas partes, ciudades, municipios y territorios transmite inmediatamente la idea de que el Estado no está funcionando, no cumple con su deber, no responde a su primera función que es la de proteger al ciudadano. Sí. Protección. Eso era para los filósofos políticos de la antigüedad un tema central. Por eso algún experto en la materia denominó la Policía como "Ejército de derechos". No es cualquier cosa. Es lo que nos permite llevar una vida digna, tranquila. Ellos, los policías, son los custodios de esos derechos. Y desde tiempo (qui custodes).
Permitir que la Policía se contamine de los vicios y dolencias que se van presentando en una sociedad es arriesgar la legitimidad misma del Estado.
Algunos estudiosos del tema recomiendan que la Policía sea sometida a un revolcón cada diez o quince años para purificarla de los efectos negativos que la van deformando. La corrupción es el más notorio, pero quizás no el más desastroso de todos los males que la pueden enlodar. Es que la Policía está en un contacto diario con la criminalidad, desde la menor hasta la más organizada. Y sería absolutamente milagroso que esas conductas criminales y despreciables no la tocaran, no la afectaran, no la untaran, no la contaminaran.
Se trata de un tema vital en la organización política del Estado. Que requiere un cuidado diario. Que no permite deslices ni conductas ambiguas. Frente a ella tiene que haber ojos y oídos abiertos.
Es indispensable replantear el tema de los Servicios Privados de Seguridad y su relación formal e informal con la Policía Institucional. Es posible que en dos cuadras encontremos por lo menos ocho guardianes que forman parte de estos servicios de seguridad. Normalmente, fueron miembros de la fuerza pública. ¿Qué tanto cooperan en esas ocho cuadras entre ellos? ¿Qué tanto colaboran con la Policía Institucional? Es un servicio que pagan los ciudadanos. Merece tanta atención como la misma Policía. Debería ser un refuerzo muy apreciado. Difícil reclamar más servicio de protección para un espacio de doscientos o trescientos metros ¿Y esa protección sí es cabalmente efectiva?
Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Amylkar D. Acosta M *. - En el Decreto – ley 1976, expedido al amparo de la emergencia económica decretada por el Presidente Gustavo Petrp, se dispuso la “financiación de GECELCA para la transformación de las termoeléctricas de carbón Guajira 1 y Guajira 2 a un modelo de generación de cero emisiones netas de CO2”. Y da un plazo de 3 meses para que “la regulación ambiental se ajuste a un esquema de generación eléctrica de cero emisiones netas de CO2”. Así de tajante y perentorio es este artículo.
Entre los considerandos de este Decreto se aduce que “los ingresos de distintas carboeléctricas se reducirían hasta en un 100% al año 2030”, de lo cual se seguiría “una posible reducción acelerada de la rentabilidad de TERMOGUAJIRA en la próxima década”. En auxilio de su argumentación trae a colación el hecho de que en 2022 los precios internacionales del carbón llegaron a superar coyunturalmente los US $400 la tonelada, a consecuencia del conflicto en Ucrania. Añade, además que el impuesto al carbono encarecerá aún más su operación. Se pasa por alto el hecho de que estas plantas son duales y por ende pueden operar con gas natural que es mucho menos contaminante.
Como es bien sabido el parque térmico en Colombia, está llamado a servir de respaldo al Sistema interconectado nacional (SIN), sobre todo para atender los picos de demanda, de tal suerte que no se puede pensar con el deseo de prescindir de ellas súbitamente, poniendo en riesgo su confiabilidad y firmeza. Tanto más en tratándose de la región Caribe en la que debido al cuello de botella que, según XM, enfrenta el transporte de la energía por “agotamiento de las redes de transmisión”, la energía que se deje de generar por estas plantas no habría manera de suplirla por otra proveniente del interior del país y así pasaríamos del actual racionamiento a un apagón en toda la región Caribe.
Por lo demás, GECELCA, que es del Estado, tiene vendida la energía que genera por los próximo años, cabe preguntarse si el Estado va a responder honrando sus compromisos prestando garantía de la Nación para su reconversión, por el prurito de que “el Departamento de La guajira sea el primero en alcanzar la generación eléctrica carbono-cero neto…a partir del horizonte 2024-2028”, sosteniendo falazmente que la confiabilidad del SIN, que descansa en el respaldo que le brinda el parque térmico, ahora “sería suplida por distintas tecnologías de almacenamiento. Se pretende utilizar a TERMOGUAJIRA como conejillo de Indias. No hay derecho.
Es de anotar que si de lo que se trata es de reemplazar vis a vis (pelo a pelo) la capacidad de generación térmica de TERMOGUAJIRA (290 MW) por fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), ello implicaría instalar 4 veces dicha capacidad (1.160 MW) si se trata de energía eólica y 6 veces (1.740 MW) en solar – fotovoltaica. Si este es sólo el comienzo de la reconversión de todo el parque térmico a renovables el costo de la inversión en que se incurriría para lograrlo sería de aproximadamente $168 billones (¡!).
Y no lo decimos a humo de paja, es que el propio Presidente Petro manifestó que “es que se tienen que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira” ya que, según él TERMOGUAJIRA “es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera”, lo cual no es cierto, el Presidente Petro ha sido mal informado, sus asesores de cabecera están faltando a la verdad. Esto podría terminar en que, al final, nos quedemos en el peor de los mundos, sin la soga y sin la ternera.
A todas esas, vale la pena preguntarse qué relación tiene este ensayo de laboratorio de una política más inspirada en la ideología que fundamentada en la técnica y del sentido común, con la declaratoria de la Emergencia económica, motivada por la crisis humanitaria que asola a La Guajira, con la cual se trata de “conjurar la situación de crisis y evitar la extensión de sus efectos”. Para mi ninguna, cuando se alude al supuesto cumplimiento con esta medida de la Sentencia de la Corte Constitucional T-302, que declaró el Estado de cosas inconstitucional, ese es sólo el pretexto.
La aún incipiente Transición energética justa, bandera de este gobierno no se puede adelantar a los trompicones, chamboneando, improvisando, sino de una manera gradual, paulatina, inteligente y responsable, con una gran dosis de realismo y pragmatismo. Es tal su importancia y trascendencia que la misma debería estar como primer punto en la Agenda del Acuerdo nacional enhorabuena propuesto por el Presidente Petro.
Hay que entender y persuadirse que, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, como bien dijo John Maynard Keynes a Franklin Delano Roosevelt en una carta abierta que le dirigió en 1933, en momentos en los que el mundo apenas estaba empezando a levantar cabeza después de la Gran depresión de 1929 – 1932 “las reformas pueden ser urgentes, pero apresurarse sería dañino cuando lograr la meta de largo plazo es más importante que el resultado inmediato…Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos de su acción”. Más claro, el agua!
Barranquilla, agosto 22 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
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Por José Manuel Restrepo *. - Cuenta la historia que, en los 80s, el presidente de la Andi, Fabio Echeverri, viendo la situación del país de aquel entonces identificaba una economía con buen comportamiento y alentadores indicadores de impacto en el bienestar, pero simultáneamente severos problemas de violencia, indisciplina social, integridad y narcotráfico. La conclusión a la que llegaba es que mientras al “país le iba mal, a la economía le iba bien”.
Algo similar sucedió en los 70s, cuando el presidente de Fedemetal, Carlos del Castillo afirmaba que “el gobierno va bien pero el país va mal”. Y más recientemente en editorial de Fernando Quijano y para resumir un año de gobierno, se hablaba como viendo las dificultades en seguridad, ejecución y gobernabilidad y reconociendo avances macroeconómicos, “la economía va regular y el país va mal”
Nuestra nación en muchos momentos ha estado signada por estas contradicciones entre el mundo político y el mundo económico. Bipolaridades que se suman a otras como las de ser uno de los países más felices del mundo, pero uno de los menos optimistas, viviendo esa especie de “fracasomanía” que describió en los 50s Albert O. Hirschman y que lleva a desesperanza e incredulidades en la política y con eventuales impactos en lo económico.
Hoy Colombia vive una situación delicada y desafiante en su institucionalidad frente a los hechos conocidos por la Fiscalía, donde el único camino de salida debe ser el respeto profundo a las instituciones democráticas y sus actuaciones. Como nación el norte debe ser el la defensa y apego a la verdad, al derecho legítimo a la defensa y al estado social del derecho.
En el entretanto, dichos hechos inevitablemente golpean la gobernabilidad de la nación y querámoslo o no afectan la imagen internacional. Pero retomando nuestra bipolaridad, lo único que no puede suceder es que perdamos el ritmo de la dinámica económica y empresarial. El peor de los mundos siempre será un país con líos políticos y una economía postrada.
¿Cómo entonces enfrentar este dilema? Una salida conocida y exitosa es la que ha tenido el Perú que ha enfrentado sinnúmero de problemas de gobernabilidad e institucionales, pero ha logrado siempre tener a raya esos hechos de su dinámica productiva. La salida ha sido “blindar” el modelo de desarrollo y crecimiento sin importar lo que sucede en el poder y eso lo han logrado con fundamentales macroeconómicos claros, apostándose a fondo por el comercio internacional para generar nuevas divisas más allá de las fronteras, facilitando la dinámica de la inversión privada, respetando la independencia de la banca central, y apoyando al sector privado sin sesgo alguno. Mejor dicho, manejando con finura la economía en modalidad “compartimento estanco”, aislando la economía para que no pase el agua en caso de inundación.
Hacer esto es cuidar nuestro mediano y largo plazo y garantizar que la lucha contra la pobreza y la inequidad, no se perderá y que seguirá siendo nuestra resiliencia la que nos habrá de permitir crecer más y mantener una dinámica empresarial favorable.
Creciendo más y siguiendo el caso del Perú, en lo que sí debemos acertar es en cuidar esos medios de blindaje y no ceder en ellos.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023
*Exministro de Hacienda y de Comercio. *Rector Universidad EIA
Por Gabriel Ortiz *. - Empiezan a conocerse cifras dramáticas de una economía en apuros, agravada por los escándalos y corrupciones que recaen a diario sobre sectores público y privado.
Los medios han dejado al descubierto tenebrosas maniobras que se registran con mayor encono en estos primeros meses del 2023. Dineros sucios en las campañas debilitan al Estado, mientras corrupciones que alcanzan dimensiones internacionales, desacreditan -hasta ahora- respetables organizaciones financieras. A esto se agregan las tradicionales perversiones políticas, que con los años crecen como la espuma a lo largo y ancho del país.
Los medios que se atreven a investigar y acusar reciben garroteras de todos los lados. La Flip, por fortuna no desmaya en su misión de apoyo a medios y periodistas que se atreven a penetrar en lo oculto.
Ni la venalidad, ni la deshonestidad tienen límites en este país en el que poder y dinero manejan todo a su antojo.
Vale la pena echar una ojeada a lo que ocurre a nuestra economía, porque se nos está cayendo la estantería.
Terminado el gobierno Duque, se armó una tremolina sobre el deterioro en que se dejó al país en términos financieros. Se habló de la olla rapada, por la inexistencia de fondos públicos. Era necesaria una reforma tributaria que con ímpetu defendió y saco adelante el ministro Ocampo. Con ella las cosas serían más llevaderas, decían los nuevos gobernantes.
Pero hoy se entrevé otro panorama debido a la falta de gestión de Petro y sus muchachos. En un año y 11 días, no han sido capaces de manejar el fogoso presupuesto de 405 billones de pesos que les dejaron Duque y la reforma.
Increíble que no se haya logrado utilizar más que un 14% de ese dinero, por ineficiencia, según lo advirtió el Mininterior, Luis Fernando Velasco. Por esa razón, Petro prepara otra remoción de ministros. Habrá caras nuevas en los carros oficiales.
Es increíble que la plata del Estado se encuentre en los bancos y corporaciones beneficiando al sector financiero y al parecer, a quienes escogen las instituciones a las que van esos fondos.
Las altas tasas de interés que fija el Emisor, para controlar la inflación, frenaron la inversión y bajaron la ejecución del presupuesto. Mientras los fondos del Estado duermen, el país soporta una desaceleración en su economía y una baja inversión empresarial y gubernamental. Así se impide la reactivación que Colombia requiere con urgencia para que la construcción y demás actividades como el comercio, la industria y la agricultura, nos devuelvan la tranquilidad y controlen la inflación.
Nadie sabe si la viajadera del presidente, está impidiendo el manejo del gigantesco equipo que lo acompaña. Es decir: tenemos plata, pero guardada o lucrando a otros intereses. El escaparate va al suelo.
BLANCO: Por fin Petro anuncia medidas que controlen los precios de la carne. Freno a exportaciones de carne en pie y ojalá a los hatos que destruyen la selva.
NEGRO: Difícil entender cómo Trump, con 91 inculpaciones criminales, puede seguir aspirando a la presidencia en Estados Unidos, país líder en democracia.
Bogotá, D. C, 17 de agosto de 2023
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
