Opinión
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Históricamente no pocos reyes sufrieron atentados o fueron objeto de pena de muerte. Es que al llegar a las más encumbradas alturas del poder se desatan odios, envidias, venganzas que no se satisfacen sino con la eliminación de la figura más poderosa.
En los tiempos republicanos la situación no ha sido muy diferente. Si miramos la principal democracia del mundo, Estados Unidos, encontramos que figuras tan eminentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy fueron asesinados en espacios públicos, en presencia de sus esposas y del público. También fueron asesinados otros presidentes y por fortuna no hay que añadir a la lista los que sufrieron atentados que no lograron su propósito letal como los de Roosevelt, Truman, Gerald Ford, James A. Garfield, William McKinley.
En nuestro tiempo el problema parece ser de otra naturaleza. La seguridad para los gobernantes, por fortuna ha mejorado significativamente.
A raíz de esta situación algunos han hecho recuento de los expresidentes que han recibido tratamiento similar y se ha establecido que desde el año 2000 por lo menos 78 exjefes de gobiernos han sido procesados criminalmente. Ahora, los judicializan. Contra el expresidente Trump hay varios procesos judiciales en marcha. Recientemente fue notificado que pronto recibirá una acusación formal. Se menciona la reciente condena del presidente Sarkozy en Francia, la de Berlusconi en Italia, la de Lula en Brasil, la de los Kirchner en Argentina y no se escapan países que se consideran modelos como Uruguay y Costa Rica. Algunos han sido absueltos, otros condenados. Tantos ejemplos son indicador notorio de los riesgos del poder. Muchos de ellos tienen que ver con el tema de corrupción. No puede excluirse que en no pocos casos se trata de persecución política.
De todas maneras, un repertorio tan numeroso de investigaciones criminales contra personas que ejercieron la Presidencia o el cargo de Primer Ministro genera desencanto en la ciudadanía, no solamente en la del país de ese exgobernante sino en el mundo entero que reafirma así su desconfianza en los políticos y en el ejercicio del poder.
La transparencia es requisito indispensable en el manejo de los asuntos públicos. Es un ámbito en el cual no solamente la realidad sino las apariencias tienen que indicarle a la ciudadanía, sin lugar a dudas ni sospechas, que sus gobernantes son impecables. Cuando se pierde esa credibilidad con respecto al más alto nivel del poder político se genera un daño casi irreparable. Son diferentes los procedimientos que se utilizan cuando un dirigente ejerce una alta función oficial con respecto a los que se le aplican cuando ya no lleva la investidura que lo protege. En algunos países existen tribunales especiales para el juzgamiento de los más altos funcionarios. En otros existen procedimientos especiales ante el Congreso, Asamblea o Parlamento pero, entonces, es inevitable que lo que debería ser un juicio conforme al Derecho se convierta en un juicio político en el cual son las mayorías las que hacen el pronunciamiento final. Otro es el caso cuando no existen estos privilegios y el asunto va a la justicia ordinaria. Nada fácil. No creo que exista un país que haya encontrado la fórmula óptima para el manejo de estas situaciones. El riesgo para los gobernantes es muy grande. Y el riesgo para la vigencia de la democracia es aún mayor.
La denuncia o acusación es un recurso necesario que evita mayores males.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por Juan Camilo Restrepo*-. Los abigarrados nueve protocolos que se divulgaron en La Habana, y que habrán de orientar las negociaciones con el Eln en adelante, merecen varias consideraciones.
Al momento de escribir este artículo aún no se ha concretado con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su participación en el proceso de seguimiento y verificación. Es indispensable que esto se precise pronto, pues sin la participación de la ONU es utópico que el cese al fuego entre en vigor, efectivamente, el 3 de agosto.
El atiborrado protocolo que se refiere a la manera como se adelantará la “participación ciudadana” es a mi entender el que mayores interrogantes plantea. Resumo algunos de ellos:
El proceso de consulta con la sociedad civil durará hasta mayo de 2025, tal como se lo había precisado no hace mucho Antonio García al presidente Petro. Así está escrito en este protocolo con todas las letras: las consultas con la sociedad civil se prolongarán hasta mayo de 2025.
En el complejo mecanismo de consultas con la ciudadanía que se ha acordado habrá nueve encuentros regionales y quince grandes reuniones de carácter nacional, clasificadas temáticamente.
En estas abigarradas consultas se despacharán los primeros puntos de la agenda acordada en Méjico. La negociación sobre los demás temas solo estaría comenzando a partir de mayo del 2025. Hasta entonces nos iremos de foros en foros itinerantes a lo largo y ancho del país.
Del gran “Comité Nacional de Participación” (conformado por 81 miembros) saldrán recomendaciones que se pondrán a consideración de la mesa de diálogos.
Queda también claro que en el proceso consultivo con la ciudadanía se abordarán solamente los puntos 1,2 y 3 de la agenda. Pero que los otros complejos asuntos, como los contemplados en los puntos 4 y5 de la agenda entre los que se encuentran la entrega de armas y la desmovilización del Eln, solamente se empezarían a discutir a partir de mayo del 2025.
No queda en claro, aunque ha habido declaraciones ambiguas de los miembros de la mesa al respecto, si las recomendaciones del “comité nacional de participación” tendrán carácter “vinculante” o si serán meros insumos para la mesa.
Si se llega a pretender que las conclusiones del Comité Nacional de Participación tienen carácter “vinculante”, ello equivaldría a montar ni más ni menos una asamblea constituyente por la puerta de atrás. Este es quizás el punto más oscuro e intrigante de los protocolos divulgados. ¿Será que lo han dejado ambiguo a propósito?
El proceso consultivo con la ciudadanía concluye con la elaboración de un gran “plan nacional de la consulta ciudadana” que tampoco queda en claro ni cómo se elaborará ni qué uso se le dará.
La conclusión a la que se llega es que -si se cumple el itinerario señalado en los protocolos divulgados la semana anterior en La Habana- los diálogos con el Eln no estarán concluidos en lo que queda del periodo constitucional de Gustavo Petro.
Prácticamente todo el tiempo de ahora en adelante estará dedicado al complejísimo proceso que se ha diseñado de consultas con la ciudadanía. El próximo año y medio se nos irá en foros.
Vamos a entrar, entonces, a partir de ahora y hasta mayo del 2025, en lo que Álvaro Gómez denominaba un “estado dialogante”, en vez de una negociación de paz propiamente dicha con el Eln, que muy improbablemente concluirá durante el mandato de Gustavo Petro.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - En Agroexpo 2023 presentamos con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural un proyecto enmarcado en el convenio de venta de tierras ganaderas para reforma agraria, al que también hizo alusión el presidente Petro en su discurso de instalación de la nueva legislatura, como un camino para avanzar en su compromiso de gobierno con la Reforma Rural Integral.
El proyecto se basa en dos realidades:
La primera: que hay ganaderos con tierras subutilizadas en ganadería extensiva, y la segunda: que no lo hacen por “engorde ocioso”, como predican las narrativas contra la ganadería, sino porque la conversión de esas tierras a sistemas más productivos, como los silvopastoriles, exige inversiones que el ganadero no puede asumir.
Ahora, la solución del Proyecto:
Primero: el ganadero vende al Gobierno el 40% de su tierra. Segundo: con otra fórmula ganadora (capital de venta + crédito de fomento + asistencia técnica), el ganadero reconvierte su 60% restante a Sistemas Silvopastoriles Intensivos. Tercero: el terreno comprado es adjudicado a beneficiarios de reforma agraria, acompañado de un proyecto productivo de la Agencia de Desarrollo Rural, ya sea en ganadería sostenible, con lo cual se aprovechan las sinergias de la vecindad y la asistencia de FEDEGÁN, o en otros renglones productivos.
¿Quién gana?
El Gobierno, no solo porque impulsa su programa de Reforma Agraria hacia la nueva meta que formuló el presidente, de un millón y medio de hectáreas durante su periodo, sino porque avanza en su programa contra el cambio climático, gracias a la capacidad restauradora de los Sistemas Silvopastoriles.
El beneficiario de reforma agraria, pero solo si el gobierno marca realmente una diferencia con la INTEGRALIDAD (riego, crédito, asistencia, asociatividad y un largo etcétera); si no lo hace, algunos miles más de pobres sin tierra pasarán a ser pobres con tierra y el campo sufrirá una nueva frustración…, otra de tantas.
El ganadero, pues los Sistemas Silvopastoriles Intensivos le permiten mayor productividad y rentabilidad, con potreros, literalmente, convertidos en bosque con pasturas mejoradas, especies forrajeras y árboles, para que las vacas coman “mirando p’arriba” como explicó coloquialmente el presidente en su discurso.
Las ventajas de este sistema son todas: una capacidad de carga hasta cinco veces mayor, es decir, más animales en menos tierra y, por ende, mayor producción de carne y leche; mayor bienestar y menores problemas de salud animal; mayor captura de carbono y menor emisión de gases de efecto invernadero; mayor fijación de nitrógeno en el suelo y menor utilización de químicos; y quizás las más importante desde el punto de vista ambiental: la recuperación de las cuencas hídricas y de la biodiversidad.
Finalmente, gana la ganadería como actividad económica, con un mayor y mejor aporte a la seguridad alimentaria y a las exportaciones, a partir de productos orgánicos altamente demandados por los mercados, por sus mayores valores en elementos nutracéuticos, como el Omega 3.
En 2006, en nuestro Plan Estratégico 2019, planteamos que la ganadería podría devolver a la naturaleza y a la producción de otros alimentos 10 millones de hectáreas, hasta triplicando su producción en los restantes 20 millones, en los que podría albergar hasta 90 millones de animales en condiciones de sostenibilidad, lo que nos llevaría a los primeros lugares de la ganadería mundial y, de paso, a convertirnos también en paradigma de reconversión productiva sostenible.
Lo seguimos afirmando, pero no lo podemos lograr solos. Que el Gobierno así lo haya entendido es un primer paso hacia una gran revolución agraria. Es cuestión de replantear la meta y avanzar, porque la ganadería sostenible es una forma de paz social y de paz.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Gabriel Ortiz*. - A Colombia nada la conmueve. La polarización a la que hemos llegado conduce a 50 millones de habitantes, a pasar por encima de cualquier acontecimiento por importante o trascendente que sea.
Ni los más encumbrados personajes reaccionan, cuando los hechos nacionales o internacionales tienen que ver con la soberanía, la independencia, la vida de las gentes, la seguridad y la economía.
Que se recuerde, el último acontecimiento que movió masas fue la visita del Papa Francisco, que congregó físicamente a gentes en todas las ciudades, campos y regiones.
Otras, muy pocas reacciones localizadas, obedecen a rechazos a la inseguridad que parece no tener fin, porque una comunidad frágil, temerosa y escondida lo permite.
Los que no pierden la oportunidad para mostrarse y expresarse pública y violentamente, son los hinchas de ciertos equipos, cuando les resultan contrarios los resultados de los encuentros.
Es decir: somos el país indolente que apreciamos el jueves 13 de julio, cuando Colombia alcanzó quizás, el mayor triunfo diplomático y territorial de su historia. El litigio marítimo, que teníamos con Nicaragua desapareció de una vez por todas. No habrá posibilidad para que ese país, pueda volver a meter sus narices en nuestro mar. ¡Este mar es nuestro! Como dice la canción.
Infortunadamente hubo demoras. Una de ellas, cuando el expresidente López Michelsen pidió ser recibido por el entonces mandatario Uribe Vélez, para exponerle la fórmula salvadora del litigio, como la renuncia al Pacto de Bogotá. Su colega no lo recibió, pero le envió a su canciller Fernando Araujo, a quien le fue explicada la solución. Nadie sabe si Araujo no transmitió el tema a Uribe, o que a este poco le interesó el tema, y prefirió seguir en La Haya.
En el 2012, el Nobel Juan Manuel Santos, siendo presidente, con su Canciller Holguín, asumieron un fallo que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero afectaba 70.000 kilómetros de mar territorial. Santos fue enfático en desconocer la pretensión de Nicaragua, porque “los límites de Colombia solo pueden ser fijados o modificados por la Constitución”, ¡y punto!
Así las cosas, Santos y sus sucesores continuaron afrontando el litigio, hasta este 13 de julio, cuando todo quedó resuelto a favor de Colombia y sin apelaciones, ni reclamaciones. La generalidad de la población no entendido, lo sucedido. Tímidamente recibió la noticia. Ni siquiera Petro, quien anunció que esperaría el fallo en las Islas, cumplió la cita. Tardíamente twiteo el hecho sin decirle al país que era el mayor triunfo diplomático. La verdad, verdadera a pocos les interesó. Otra nación, se hubiera tomado plazas, calles y avenidas para celebrar.
Somos un pueblo inmerso en la polarización, al que solo lo motivan orientaciones, colores, tendencias de manipuladores de opinión.
El Oh Gloria y demás explosiones de júbilo y alegría, desaparecieron, al igual que la historia y la geografía del pensum escolar.
BLANCO: La caída del dólar: ¿seguirá, subirá, o continuará igual?
NEGRO: Nadie reacciona a nada: se censuró el libro de la periodista Laura Ardila y nada ha pasado.
Bogotá, D. C, 23 de julio de 2023
Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Por Mauricio Cabrera Galvis *. - La Guajira es el departamento con el mayor número de personas viviendo en situación de pobreza y de miseria, sin acceso a agua potable y otros servicios básicos. Lo increíble es que esta dramática situación no se debe a la falta de plata, pues el departamento ha recibido mucha, sino a la debilidad institucional, y, sobre todo, a la corrupción que ha desviado los cuantiosos recursos de regalías que ha recibido a unos cuantos bolsillos privados, en lugar de beneficiar a toda la población.
La situación de pobreza es apabullante: dos terceras partes de la población del departamento (67.4%) vivían con ingresos mensuales inferiores a $354.000, que es el mínimo que estima el DANE para definir la pobreza monetaria. En contraste el promedio de pobreza nacional es de 39%.
La situación de pobreza extrema, o miseria, es la de aquellas personas que no tienen ni siquiera para la alimentación básica, pues sus ingresos mensuales en 2021 eran inferiores a $161.000. De nuevo la Guajira tiene el deshonroso primer lugar con un 40.4% de su población en esas condiciones, que es más de 3 veces el promedio del resto del país, y nueve veces más que el departamento con mejores condiciones que es Risaralda con el 4.8%
Como consecuencia la calidad de vida de la mayoría de los guajiros es deplorable. Para enfrentar esta situación el presidente Petro y todo su gabinete se movilizaron a ese departamento, desde donde despacharon por una semana, anunciando un plan de choque con proyectos prioritarios para atender las necesidades más urgentes, y decretando una emergencia económica para desarrollar soluciones estructurales.
Lo inexplicable es que se mantenga esa situación inhumana en un departamento que ha recibido cuantiosos recursos por concepto de regalías del carbón y el gas. En efecto, desde 1994, la Guajira ha recibido más 15 billones de pesos (de 2023), que deberían haber sido suficientes por lo menos para dotar de agua potable a todos sus habitantes, o para conectarlos a las redes de energía.
En realidad si se han adelantado múltiples proyectos, pero muchos han quedado inconclusos, o se culminan pero no se les da continuidad ni mantenimiento. Por ejemplo, en el caso del suministro de agua se han construido 6.400 pozos y jagueyes, pero la mayor parte de estos sistemas se encuentran fuera de servicio debido a fallas en los esquemas organizativos que permitan responder frente al mantenimiento, operación y sostenibilidad.
Una de las explicaciones de este desperdicio de recursos es sin duda la debilidad institucional. En 12 años la Guajira ha tenido 15 gobernadores distintos, algunos que solo han durado unos cuantos meses y la mayoría destituidos al ser vinculados a casos de corrupción, delitos electorales y otros procesos penales abiertos.
Lo peor es la impunidad sistemática. Según la secretaría de Transparencia de la Presidencia, entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. En consecuencia, el 86% delitos relacionados con hechos de corrupción en la región está en inminente riesgo de prescripción, mientras que el 11% por ciento ya han prescrito.
Para que la Emergencia Económica y Social decretada por el Gobierno para la Guajira tenga éxito, debe incluir medidas de emergencia judicial contra la corrupción.
Cali, 8 de julio de 2023
Filósofo y economista. Consultor.
Por José Felix Lafaurie Rivera*. - Leí un artículo sobre los dos policías asesinados en El Zulia, presuntamente por el ELN, en el que se anotaba que el cese al fuego, acordado a partir del 3 de agosto, se cumplirá “siempre y cuando no surjan contratiempos”.
Nos acostumbramos tanto a la violencia y la muerte, que Renzo y Gersón son “contratiempos”, como Samir, el patrullero asesinado en Tibú, o Karina, la sargento secuestrada en Arauca con sus hijos, al parecer también por el ELN, o los 22 cadetes que fueron “contratiempos” a la paz en 2019.
Habría querido escuchar a Nicolás Rodríguez negando esas autorías, pues hace unos días reiteraba el compromiso de acatar el cese “de manera sagrada, responsable y decidida”. Si, por el contrario, el ELN reivindica su responsabilidad con el argumento de que, en el marco del Acuerdo -no de la justicia-, pueden atacar a la Fuerza Pública sin consecuencias hasta el 3 de agosto, sería una macabra despedida y un mal mensaje a la sociedad, que anhela una paz realista y posible.
Sin embargo, ese “legalismo a su manera” del ELN, que les permite asesinar y secuestrar hasta el último día en que puedan hacerlo, da algo de confianza hacia delante, porque, como ellos mismos reconocen, nunca habían “firmado” un compromiso con gobierno alguno y, por ello, cumplirán lo firmado.
Extorsión: El impuesto oculto
Atrás hablé de realismo, porque la paz, como todas las categorías utópicas, como la justicia y la equidad, nunca será total, pero, como en la canción de Milanés a su amada, puede “acercarse a lo que simplemente soñamos”: vivir la paz.
Llegó la hora del realismo, pero también de la grandeza, que inspiraron a Álvaro Gómez Hurtado, cuando planteó su “Acuerdo sobre lo fundamental”; llegó la hora de poner sobre la mesa lo que ofrece y exige el ELN, y lo que ofrecen y exigen el Gobierno y la sociedad. De eso se trata.
Llegó la hora de generar condiciones efectivas para la participación de las comunidades y de todos los colombianos en la construcción de paz; de entender que si no logramos un mínimo de seguridad -la seguridad total es también utopía-, la participación a la que el ELN le otorga tanta importancia no será posible; y esa seguridad pasa por no asesinar, no secuestrar, no extorsionar, porque la libertad es la esencia de la participación y no se puede participar bajo amenaza. Llegó la hora de asumir que secuestrar y extorsionar son también “contratiempos” para la paz.
Es momento de reconocer, en la mesa inclusive, que tras la inseguridad y la violencia está el narcotráfico, que destruye naturaleza y valores; que corrompe; el narcotráfico proveedor de las bandas que se toman ciudades y, por ese camino, amenazan ¡a nuestros hijos!, al futuro de Colombia, a niños y jóvenes enfrentados al riesgo del consumo.
Para encarar la difícil situación colombiana necesitamos realismo y grandeza; sin ellos, no lograremos acercarnos a una paz posible y seguiremos teniendo “contratiempos”.
Bogotá, D. C, 9 de julio de 2023
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Por Amylkar D. Acosta M*. -La seguridad alimentaria consta de tres elementos esenciales: el primero es la disponibilidad de los alimentos, el segundo el acceso a los mismos y tercero la estabilidad o sustentabilidad, entendida esta como la garantía del primero y el segundo a lo largo del tiempo, que no sea intermitente. Como lo veremos la seguridad alimentaria, más que un problema de disponibilidad de alimentos es un problema de acceso a los mismos y este está determinado por el nivel de ingresos, el cual a su vez está correlacionado con el empleo.
Según el director del Programa mundial de alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Colombia Carlos Scaramella, “en Colombia el 30% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, 15.5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición”.
Aquí hagamos una digresión para subrayar el hecho de que la soberanía alimentaria de Colombia es muy precaria, habida cuenta que el 35% de los alimentos que se consumen en Colombia son importados y los que se producen en el país tienen una alta dependencia de la importación de insumos agropecuarios. Y lo más grave es que esa dependencia es creciente: de 700 mil toneladas de alimentos que se importaron en 1991 se pasó a importar 14 millones de toneladas el año anterior. En ello ha influido mucho la apertura hacia adentro que se decretó por aquellas calendas en la administración de Cesar Gaviria (1990 – 1994), que llevó a reducir el área sembrada entre 1990 a 1999 en 936.255 hectáreas (25%). Esta situación se agravó con la negociación atolondrada de los tratados de libre comercio (TLC), dejando desguarnecido el campo colombiano.
Al desagregar las cifras se observa que los departamentos con mayor prevalencia de los altos índices de inseguridad alimentaria son los de la región Caribe, encabezados por Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%). Las dos regiones del país en las que se concentra el mayor número de hogares en condición de inseguridad alimentaria son el Caribe y el Pacífico con el 40% en promedio. No es coincidencia que sean estas dos regiones las que registran los más altos índices de pobreza, desempleo e informalidad laboral. Ello en razón de que el desempleo y la informalidad se traducen en la precariedad del ingreso y esta afecta el poder adquisitivo y en consecuencia el acceso a los alimentos.
La violencia, los conflictos sociales y sus secuelas, como el desplazamiento forzado y el confinamiento, también han contribuido a exacerbar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre en el país. 50% de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria, en contraste con el promedio del 28% de aquellos que no lo han padecido. Lo propio puede afirmarse de los migrantes, que en una proporción que oscila entre el 52% y el 73% se ven afectados por la inseguridad alimentaria y de contera también en tratándose de las etnias indígenas y afrodescendientes.
La tendencia de esta tragedia humanitaria es hacia el agravamiento, dada la constatación de que el 35% de los hogares en Colombia disminuyeron sus ingresos en los últimos 12 meses, que casi la mitad de estos (46%) tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza nacional, al tiempo que el 51% de las familias tuvieron que reducir el tamaño de las porciones de alimentos y otro 42% el número de comidas al día. Según la última medición de la Encuesta Pulso social del DANE, en diciembre de 2022, el 73.5% de los hogares colombianos (6.2 millones) comen en promedio 3 veces al día, 15.4 puntos porcentuales por debajo de diciembre de 2019. De hecho, según el mismo Informe del PMA, en Colombia el 40% de la población consume dos o menos comidas al día, más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre”.
El colmo de esta preocupante situación es que la inseguridad alimentaria, la malnutrición, la desnutrición y el hambre en Colombia se han ensañado en la niñez. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2022 se presentaron 21.337 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años y 309 niños murieron a consecuencia de la desnutrición, 111 más que los registrados en 2021.
La afectación de la niñez por la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la malnutrición y el hambre es tanto más preocupante en cuanto que en esta etapa, los primeros mil días de existencia de la niñez son críticos, lo que se haga o se deje de hacer durante esta fase de su crecimiento es decisivo para su formación y desarrollo posterior, de ello debemos ser conscientes. El mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano se dan justo en esta etapa, que es irrepetible. Lo que se quiera hacer después, tratando de suplir lo que se dejó de hacer ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Según la Fundación Éxito, “los estudios evidencian que un niño con desnutrición crónica antes de los 5 años pueden tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54% menos de salario que uno que no padeció la enfermedad. En otras palabras, será un adulto con grandes desventajas”. Así empieza y se perpetúa la desigualdad de trayectoria.
Riohacha, julio 8 de 2023
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Es bien conocida mi obsesión con el tema de la financiación de la vida política. En las últimas semanas hemos quedado expuestos al conocimiento de la violación del marco jurídico que la regula, el de la campaña del presidente Petro de 2022 y la de 2014 la reelección de Juan Manuel Santos desafiada por Oscar Iván Zuluaga. Y me cuesta mucho trabajo guardar silencio al respecto. Es que se trata del gobierno y de la oposición. O sea, las dos expresiones fundamentales del sistema político y que ambas estén en tela de juicio, por razón de testimonios desde la intimidad misma de las campañas le da una relevancia aún más significativa.
En la columna que publicó ayer El País de Cali “No Más” hice una primera aproximación y hoy en esta columna quiero hacer una segunda reflexión recogiendo opiniones que publiqué en mi libro “Narcotráfico, financiación política y corrupción” (ECOE ediciones 2011), particularmente del capítulo sexto “El debate internacional sobre la financiación de partidos y de campañas políticas”. Todavía no entiendo cómo Colombia no se ha convertido en un modelo en esta materia sino que, por el contrario, escándalos surgen una y otra vez.
La cita más reveladora sobre el tema la encontré en la página 208 y es tomada de un libro de la profesora Donatella Della Porta e Yves Meny. Dice así: “la monetización de la política y de los políticos ha llevado al “intercambio clandestino entre dos mercados; el mercado político y/o administrativo y el mercado económico y social. Este intercambio es oculto porque viola normas públicas jurídicas y éticas y sacrifica el interés general en beneficio de los intereses privados. En fin, esta transacción que permite a actores privados tener acceso a recursos públicos (contratos, financiación, decisiones…), de manera privilegiada y prejuiciada; (ausencia de transparencia, de competencia) les proporciona a los actores públicos corrompidos, beneficios materiales presentes o futuros para ellos mismos o para la organización de la cual son miembros”.
En la misma página recordaba la afirmación muy conocida del senador norteamericano Everett Dirksen: las tres cosas más importantes en política son dinero, dinero y dinero. Es, comentaba en el mismo párrafo, exponer a la política a quedar secuestrada por los grandes intereses económicos. Y ni hablemos si el dinero proviene de un origen mafioso. Una tentación fácil y un chantaje inescapable.
Otro senador, Warren Rudman, hablaba así: “nadie debe hacerse ilusiones idílicas acerca del papel del dinero en la política”; lo que he descrito en los parágrafos precedentes es inherentemente, endémicamente y sin esperanza, corruptor.
“Usted no puede nadar en el océano sin mojarse; usted no puede ser parte de este sistema sin ensuciarse”. El periódico The New York Times del 27 de diciembre de 1998 reclamaba en su editorial una reforma del sistema; hablaba de la “anulación virtual de las leyes que durante casi un siglo han buscado limitar las contribuciones de campañas”. La conclusión era bien dura: “como resultado los dos grandes partidos políticos de la nación han completado su transformación y han pasado de representar distritos electorales del pueblo a convertirse en maquinarias que consiguen dinero para favorecer intereses particulares”. Las citas que he identificado desbordan el espacio de esta columna y son tan dicientes como las que he recogido.
Es que lo que se debate, así lo recuerdo (pg. 143), es el grado de competencia que existe en una democracia; la naturaleza del juego democrático; la integridad del proceso político; la calidad del sistema representativo. Está más que pasada la hora de tomar muy en serio este tema.
Bogotá, D. C, 9 de julio de 2023
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Por José G. Hernández*. - Algunos acontecimientos, actos y discursos recientes sugieren la necesidad de hacer precisiones, con miras a evitar equívocos y confusiones que perjudican a la sociedad:
- Muy dolorosa, como lo es todo cuanto está ocurriendo en Ucrania, la noticia de la muerte de la escritora Victoria Amelina y doce personas civiles más, víctimas del bombardeo ruso sobre la ciudad de Kramatorsk -grave violación del Derecho Internacional Humanitario-. Milagrosamente, no perecieron nuestros compatriotas Héctor Abad, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez.
A propósito de ese trágico episodio, debemos reflexionar sobre la manera como asuntos tan graves se tratan en las redes sociales. Es verdad que ellas son importantes canales que la tecnología nos brinda para una mayor libertad de expresión, información y comunicación, y que cada uno de sus usuarios es libre de manifestar sus opiniones y enfoques sobre los más variados acontecimientos y asuntos, pero hemos de recordar que no hay derechos absolutos, que los demás usuarios también tienen sus derechos y que, en ese uso de la libre expresión, se requiere un mínimo respeto a las personas y a las instituciones.
Por tanto, no todo es chiste. Burlas como las que se vieron en las redes sobre el aludido bombardeo y acerca del enorme peligro que corrieron nuestros compatriotas son inadmisibles y deben ser rechazadas.
- La presunción de inocencia es un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Es elemento insustituible del derecho fundamental al debido proceso. Según el artículo 29 de la Constitución, “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Y, de conformidad con el artículo 248, “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”.
Son los jueces y tribunales de la República, no las redes sociales, los llamados a condenar o absolver a las personas, previo debido proceso. Aquéllas no pueden ser utilizadas, so pretexto de la libertad de expresión, para tratar a personas no condenadas como si fueran delincuentes. NI esa libertad de expresión llega hasta el extremo de afectar de manera irresponsable la honra y el buen nombre, que son derechos fundamentales de toda persona.
- Una precisión necesaria, a partir de algún discurso de Claudia López, es la que toca con la responsabilidad de los alcaldes ante la inseguridad, que es enorme en la capital de la República. Es verdad que, a nivel nacional, el presidente de la República es el supremo comandante de la fuerza pública, pero no se lo puede responsabilizar por asuntos propios de la competencia asignada a los mandatarios locales. El artículo 315.2 de la Constitución es claro al respecto: “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.
- Los símbolos patrios, a los que alude la Ley 12 de 1984, representan la nacionalidad, la soberanía y las instituciones colombianas. Nos representan a todos los colombianos, no a un grupo o sector determinado, por respetable que sea. Sus características, consagradas de manera expresa en la ley, no pueden ser modificadas ni disfrazadas arbitrariamente.
Bogotá, D, C, 7 de julio de 2023
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Por Gabriel Ortiz *. - Empezaron a lanzarse los sucesores de Petro. Unos creen que terminará antes, otros que habrá cansancio, y los aventajados esperan el cambio prometido.
Hay exceso de aspirantes que empiezan a mostrarse en público y en privado fabricando coaliciones o montando campañas para desprestigiar a quienes tengan posibilidades.
Germán Vargas Lleras y Claudia López tomaron la delantera para lograr mayorías de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en las elecciones del 29 de octubre.
Ninguno de ellos reconoce afortunadas gestiones en quienes hoy manejan la cosa pública. Menos duro ha sido el exvicepresidente, porque la alcaldesa se ha venido con todas.
Claudia tiene desesperada ansiedad. Ataca a Petro y quien se cruce en su camino. Con afán sepulta su la primera parte de su alcaldía.
Sus dos primeros años fueron vacantes que ocasionaron el deterioro de una capital que reclamaba reformas, seguridad, obras, progreso y desarrollo. Inició su tercer año desbaratando y paralizando lo poco que funcionaba. No existe vía, calle o avenida que no haya estropeado, ocasionando un caos que hizo florecer la inseguridad. Atracos, robos, extorsiones, atropellos, microtráfico, asesinatos y modalidades de secuestro, fueron moneda corriente. La movilidad contribuyó a todo lo anterior, porque la parálisis benefició al hampa. Todo se lo ha endilgado a la policía, quién según ella, le “raponeó” un grupo de agentes preparados por el Distrito. La institución dice lo contrario.
La ciudad está en poder de la delincuencia, pero la alcaldesa con viveza la ubicó en la 7 con 98 -su predio-, para eludir sus responsabilidades. Los centenares de cámaras que solo controlan una velocidad que nadie conoce en Bogotá, debería dedicarlas a reforzar la seguridad.
En su último año y medio la alcaldesa no puede ver una calle en buen o regular estado. De inmediato la llena de maletines y pone a dos obreros a intervenirla. Esa parálisis dura meses.
Esa, a grandes rasgos, ha sido la “brillante” labor de una alcaldesa que ahora acusa a otros de su discutible gestión. Es su forma de llegar a la Casa de Nariño en el 26.
Nadie sabe qué sucederá con el flamante presupuesto de la capital durante la “ley de garantías”, ni con la repartija que se hará en los 1.100 municipios, los departamentos y el gobierno nacional, para incrustar los candidatos que favorezcan las pretensiones de los actuales gobernantes.
Regularmente llegan a sus nuevos cargos super endeudados con los contratistas que financian las campañas y que al final son quienes manejan los presupuestos. Ahí también figuran los grupos subversivos que permiten la realización de las elecciones.
Estos cuatro meses son cruciales y altamente preocupantes para un país que no ha podido librarse del caos inagotable en que lo mantiene la corrupción.
BLANCO: El libro de Orlando Supelano sobre Colombia, un país herido por guerras y conflictos, que hasta se reciclan.
NEGRO: Hace 25 años el ElN ofreció acabar con el secuestro y la extorsión, durante los acuerdos de Viana y Mainz. ¡Lo mismo que ahora!
MUY NEGRO: El asesinato de la escritora Victoria Amelia por Putin, el Hitler moderno que acosa al mundo.
Bogotá, D. C, 8 de julio de 2023
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
