Jorge Enrique Robledo

Por: Jorge Enrique Robledo*.- Es difícil encontrar un ministro de Hacienda peor que Alberto Carrasquilla, tanto por sus ejecutorias en el gobierno de Álvaro Uribe, como por los negocios que montó luego, con grandes ganancias para él y enormes pérdidas para otros, usando las leyes que había promovido desde su Ministerio. ¡La tan perniciosa puerta giratoria entre los asuntos públicos los negocios privados! Iván Duque debe explicar por qué, entre sus muchos amigos neoliberales, tenía que escoger a Carrasquilla, quien no gana, por abusivo, para decir lo menos, el examen para ese cargo, como lo demostraré en el debate en el Senado que espero no me impidan realizar.

La naturaleza retardataria y plutocrática de la gestión de Carrasquilla en el gobierno de Álvaro Uribe salta a la vista. Se aumentó su sueldo y el de la alta burocracia oficial y a la par les eliminó la mesada catorce a los futuros pensionados, les subió los impuestos a los sectores populares y a las clases medias y se los bajó a los magnates extranjeros. En una sola de las gabelas que les dio, se eliminó el impuesto de remesas a las trasnacionales, a un costo fiscal de 25 billones de pesos. Liquidó a menosprecio a Telecom, empresa a la que, ya privatizada y con otro nombre, el Estado le ha invertido 4,7 billones de pesos. Mención aparte merece que el desastre de Reficar lo inició su decisión de privatizarla a favor de la trasnacional Glencore, que carecía de experiencia en construcción de refinerías y que se mamó del negocio, no sin antes dejarla enrumbada hacia sus enormes corruptelas.

Pero lo que más lo inhabilita no son sus ejecutorias rabiosamente neoliberales como ministro, porque gobernar así, por muy equivocado que fuera, era el derecho de quienes ganaron la Presidencia en 2002 y 2006. Lo que lo descalifica para ser parte del gabinete de Duque es haber usado su poder en el Estado para promover los cambios legales a favor de la empresa que Carrasquilla montaría luego, como exministro, y que esas normas y sus actos llevaran a que 117 municipios y muchos colombianos perdieran grandes sumas, en tanto él y sus socios se echaron al bolsillo 70 mil millones de pesos.

Esta es la historia. La Ley 358/97, con buen criterio, no permitía que la plata de los municipios proveniente del Situado Fiscal –luego Sistema General de Participaciones (SGP)– se pignorara para operaciones financieras de futuros. Pero el ministro Carrasquilla, muy acucioso, tramitó en el Congreso una reforma constitucional que ordenó lo que sería la ley 1176/07, estableciendo que en adelante sí se podría. Y una vez salió del Ministerio, se asoció con Andrés Flórez, exdirector de Fogafin y exsubalterno suyo, y crearon Konfigura, la empresa con la que recorrieron el país cuadrando alcaldes para que endeudaran a sus municipios, utilizando de carnada que esas deudas no las pagarían ellos sino los burgomaestres siguientes. Bonos de Agua los llamaron al emitirlos, pero el ingenio ciudadano con acierto los bautizó Bonos Carrasquilla, el creador, vendedor y comisionista.

En la operación se colocaron bonos por 400 mil millones de pesos, pagándoles a los prestamistas la atractiva tasa de UVR+8%, en tanto a los municipios les cobraron la muy alta de UVR+11%, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el tres por ciento, unos 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años, cuando el Ministerio de Hacienda tuvo que intervenir el negocio porque los municipios se reventaron. Pues además de las tasas leoninas que les clavaron, el crédito era a 20 años y no podía pagarse por anticipado. Y la ley que permitió estas operaciones de especulación financiera no definió ninguna política seria anticorrupción y desgreño administrativo que garantizara que las obras sí se construirían, hasta el punto de que solo 30 municipios, de 117, las ejecutaron. Además de lo que perdieron los entes territoriales, también cayeron los tenedores de los bonos -y principalmente los trabajadores, víctimas a través de las inversiones de los fondos privados de pensiones–, que se encartaron con ellos, pues nadie los recompraba dado su alto riesgo, y porque al final tuvieron que aceptar que el gobierno les empeorara las condiciones pactadas. Para más detalles, ver este excelente artículo de Alberto Donadío: Enlace 1.

En el debate además veremos a Carrasquilla en los Papeles de Panamá y en sus negocios con Saludcoop y Cafesalud, sobre los cuales seguramente también dirá que actuó dentro de la ley, como afirma de los bonos bautizados con su nombre. Pero ese día también explicaré cómo la corrupción nacional ha evolucionado de “hecha la ley, hecha la trampa” a la muy contemporánea de cambiar las leyes para enriquecerse con la plata del Estado.

Bogotá, D.C, 6 de agosto de 2018.

Write comment (0 Comments)
Giovanni Décola

Por Giovanni Décola*.- El Presidente electo Iván Duque, se posesionará este 7 de agosto, sin tener claras sus mayorías legislativas. Lo que parecía una simple operación aritmética, se ha convertido en su primer dolor de cabeza. 

La alianza de las fuerzas congresionales de los partidos de la U y Cambio Radical, obligó a sus escuderos a emplearse a fondo, para que estos partidos no se sumaran a la oposición y definieran las mesas directivas en el Congreso. 

Luego de varias concesiones a estos dos Partidos, puede decirse, que el primer pulso, quedó en tablas. Pero no nos llamemos a engaños. Una cosa es la mayoría para elegir las dignidades en el Congreso, y otra para aprobar los principales proyectos del Gobierno. 

Se equivoca palmariamente el Presidente Duque, si pretende hacer un Gobierno, donde solo quepan, quienes profesan el credo del Centro Democrático. Ellos representan, tan solo el 18.3 % del legislativo, bastante lejos de las mayorías necesarias para sacar adelante sus pretendidas reformas. 

Una cosa es repartirse a pedazos la Nación, para satisfacer intereses contrarios al bien común, y otra muy distinta, es darles la participación justa y necesaria a las colectividades que no solo, fueron vitales para el triunfo de Duque en la segunda vuelta, sino que serían imprescindibles para sacar adelante la agenda del Gobierno del Centro Democrático en el templo de la Democracia, como serían los casos de los Partidos Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical, y los minoritarios Mira y Justa Libres. 

El País espera que los mejores hombres de dichas colectividades sean quienes ocupen las principales dignidades del Gobierno, pero para servirles a la Nación y no, para representar oscuros intereses que consagren el clientelismo. No obstante, el nuevo Gobierno, cree que podrá formar mayorías en el Congreso, sin repartir canonjías a los Partidos Políticos aliados. Mucho trecho hay entre el deseo y la realidad, o entre la utopía y la praxis política. 

Ya la U y Cambio Radical, mostraron sus dientes, y visto está que, sin ellos, el Gobierno pierde automáticamente las mayorías en la Comisión Primera del Senado, la más importante de todas.  Y no demorará en hacerlo el Liberalismo, si Duque cree que con recordarles el pasado de su padre y el suyo en la militancia Liberal, es suficiente para mantenerlos cohesionados en su apoyo. 

Si el Gobierno, no se mueve hábilmente en el próximo mes, difícilmente hará elegir un Contralor de sus afectos y se quedará en minoría ante la elección de los nuevos Magistrados del Consejo Nacional Electoral, donde solo tendrían garantizados dos cupos de los nueve escaños. 

No solo, de burocracia se trata. El Nuevo Gobierno deberá extraer lo mejor de las propuestas de los candidatos presidenciales derrotados, muchas de las cuales, no son ambivalentes a lo planteado por Duque en su campaña. Eso le dará un aire de sinceridad y sensatez a su anhelo de unir al país. 

César Gaviria, si fue capaz de alzar su voz en el Gobierno Santos, teniendo cuantiosas cuotas burocráticas a nombre del liberalismo, no le temblará el pulso, para apartar su Partido del Gobierno, sino se siente representado y respetado. Sabe de sobra que los 14 votos en el Senado y los 35 de la Cámara, son vitales para el Gobierno y los sabrá hacer valer. Es un viejo zorro y tal vez, el mejor negociador político del País, y sabe leer los momentos políticos. En alguno en especial, alzará su voz. 

Germán Vargas Lleras, quién lo creyera, después de salir chamuscado de las elecciones, con la jugada maestra de unir a la U y Cambio Radical, es una especie de péndulo en el nuevo Congreso y el Gobierno lo sabe. Se le complace o se desplazará a la oposición. 

Los Conservadores, es sabido su apego por el Gobierno, pero eso tiene su precio, y no es la Vicepresidencia de Martha Lucia. 

La oposición con Petro, Mockus y Robledo a la cabeza, no se la hará fácil al Gobierno, pero saben que su dicha será total, si a Duque se le desbarata la coalición que lo llevó al poder. 

Sólo esta oposición y el Centro Democrático, tienen sus cartas jugadas. Las demás colectividades, esperan el son del Gobierno, de ahí dependerá el ritmo que le pongan al baile. 

Barranquilla 6 de agosto de 2018. 

*Abogado y Periodista.

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Los recientes problemas operativos de Avianca han vuelto a poner sobre el tapete el tema de los precios de los pasajes aéreos pues con la cancelación de un número considerable de vuelos de esa aerolínea aumentó la demanda de pasajes en otras y los precios se dispararon. Un trayecto Bogotá Cali podía costar más de $700.000.

Se justifican las aerolíneas diciendo que este es un comportamiento acorde con las reglas del mercado, pues si hay más demanda que oferta los precios suben y, por el contrario, bajan cuando hay exceso de oferta. Lo mismo pasó en la huelga de los pilotos de Avianca cuando fueron los precios y no los aviones los que se fueron a las nubes.

Es el episodio de la huelga el que plantea un interrogante de fondo, pues esa huelga fue declarada ilegal porque se argumentó que el transporte aéreo era un servicio público esencial en los que, de acuerdo al artículo 56 de la Constitución, no están permitidas las huelgas.

La pregunta que se plantea un lego en la materia es ¿por qué los precios de un servicio público esencial como el transporte aéreo, no están regulados por el Estado? Estos servicios no son como cualquier mercancía que se puede comprar y vender en el mercado libre, ni sus precios fluctuar al arbitrio de la oferta y la demanda, sino que por ser esenciales su prestación debe ser garantizada por el Estado con criterios de universalidad, obligatoriedad, calidad, continuidad y permanencia. La protesta pública serían monumental si ante una epidemia que aumente el número de pacientes los médicos y los hospitales cobraran más por atenderlos, o si en una gran sequía subieran sin control las tarifas del agua o la energía. En el caso concreto de los servicios públicos domiciliarios existen detalladas reglamentaciones que regulan las fluctuaciones que pueden tener los precios en situaciones de restricciones a la oferta. ¿Por qué no existe un control similar para los tiquetes aéreos?

Este debate lo planteó el año pasado en el Congreso el entonces senador Juan Manuel Galán con ocasión de la huelga de Avianca el año pasado, pero no hubo reacción alguna de parte de la Aeronáutica Civil y todo volvió a su estado “normal”: Avianca despidió a los huelguistas por ser ilegal el paro y todas las aerolíneas siguieron manejando a su antojo los precios de los tiquetes.

Bogotá, D. C, 5 de agosto de 2018

Write comment (0 Comments)
Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.-Hace 28 años en la ciudad de Tunja (Boyacá) nació Nairo Quintana o “Naironman” como es apodado, en referencia al mítico súper héroe “Iron Man”. Hijo de Luis Quintana y Eloísa Reyes, tuvo que empezar a trabajar a la edad de siete años junto con sus hermanos Esperanza y Dayer, debido a que su papá sufrió un terrible accidente que no le permitió seguir sosteniendo por su cuenta a su familia.

De esta manera transcurrieron los años, cuando un día su padre le regaló una bicicleta para que se pudiera desplazar con mayor facilidad hasta el colegio que se encontraba en el municipio de Arcabuco a dieciséis kilómetros de distancia. Es allí, en ese recorrido que Nairo, pedalazo tras pedalazo, le ganaba a jóvenes que contaban con la “pinta” y con una bicicleta de mejor calidad que la que él tenía. Por este motivo, don Luis no sólo vio que disfrutaba montando, sino que también tenía un gran potencial como deportista, por lo que decidió comprarle un “caballito de acero” con el cual también pudiera entrenar.

Posteriormente, luego de tres años de mucha disciplina, esfuerzo y dedicación como miembro de dos equipos colombianos, llegó al “Movistar Team” de España en el año 2012. De ahí en adelante, el apellido Quintana es sinónimo de éxito y gloria, tanto para su carrera como deportista de alto rendimiento como para nuestro país. Así, es pertinente resaltar que Nairo ha sido subcampeón en dos ocasiones del Tour de Francia, Campeón de la Vuelta al País Vasco, de la Vuelta a España y del Giro de Italia, entre otros, dejando en alto el nombre de Colombia, enorgulleciéndonos día tras día de ser colombianos.

Por este motivo, en esta ocasión quiero hacerle este sentido homenaje a “Naironman”, representante del campesino digno, trabajador, luchador, humilde, que no acepta un no como respuesta, que se despierta todos los días con una sonrisa para trabajar por los suyos “que hace el bien sin mirar a quien”. Por eso Nairo, GRACIAS! Siempre recuerde que es el mejor ciclista colombiano de la historia y a mi criterio, el mejor deportista que ha tenido nuestro país. Los contratiempos de este año se superarán y vendrán tiempos mejores, por eso ¡jamás te dejáremos solo! ¡Siempre adelante, ni un paso atrás!

Bogotá, D. C, 4 de agosto de 2018.

* Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.

Write comment (0 Comments)
Gabriel Ortíz

Por Gabriel Ortíz*.-“Me siento moralmente impedido para ser senador”, sentenció con mucha fuerza e hidalguía el expresidente Uribe, cuando la Corte Suprema de Justicia lo citó a indagatoria por soborno y fraude procesal. Tras seis eternos días dio marcha atrás y ordenó al presidente del Senado retener “sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la CSJ deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”.

Previa a esta determinación, había convocado la “corte de rionegro”, en su flamante finca privada para analizar lo que la Corte Suprema de Justicia había ordenado: ¡indagatoria!

Lo más granado y “Granados” de la defensa penal en Colombia se reunió en tan airoso concierto, durante el cual se debía calificar, clasificar y pontificar sobre la decisión de la CSJ. Salieron a relucir muchos alias: tusos, manoleches, caliches, Hamilton, el viejo, chaparrudo y tantos representantes del bajo mundo, el paramilitarismo y el hampa, que se encuentran referidos en el proceso.

Al final de la reunión de la “corte de rionegro”, se conocieron los epítetos, adjetivos, descalificaciones y agravios contra la justicia colombiana. Según ellos, todas las actuaciones de la justicia obedecen a persecuciones políticas.

El “injuriado” expresidente descalificó a tal punto a la Corte Suprema, que recusó a los tres Magistrados encargados de su negocio. No se escapó ninguno. Inclusive consideró que uno de ellos, es indigno para juzgarlo, porque cuando estudiaban, era amigo de un contrincante de Uribe.

Los abogados hicieron coro a las acusaciones del expresidente, para descalificar una vez más a la justicia colombiana. “Muchos miembros de la rama son corruptos, venales, indeseables para la sociedad”.

El hasta ese momento renunciado Senador, actuó como lo ha hecho a lo largo de los ocho años del mandato de quien dicen sus áulicos, fue un traidor. Durante los cuales torpedeó, saboteó, descreditó y calumnió aquí y allá cuanto se hacía en Colombia, sin importarle las consecuencias. Hipnotizó malignamente a los compatriotas de aquí y del exterior a través de falsas noticias, mensajes maléficos en las redes, foros y conferencias.

Esto puede sucederle a Duque, joven figura que puede constituirse en el respiro que esta patria espera, necesita y reclama para salir de la polarización y de la dependencia de quien consideran, algunos, “el político más importante del siglo XXI”.

Afortunadamente no hay mal que dure cien años. Hay una Corte Suprema de Justicia que sin lugar a dudas actuará con la ecuanimidad y absolverá o condenará al doctor Uribe, actuando con toda rectitud.

En buena hora el expresidente, como persona de bien, resolvió retirar su renuncia, someterse al veredicto que como lo advierte, “por razones de honor, nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria”. Excelente decisión.

BLANCO: La legalidad de los títulos académicos del alcalde Peñalosa.

NEGRO: El torpedo que algunos uribistas aplicaron al nombramiento de embajador a Rodrigo Rivera. ¿Empezó el revanchismo?

Bogotá, D.C, 3 de agosto de 2018.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   

*Periodista y exdirector del Noticiero Nacional y Radio Super.

Write comment (0 Comments)
José G. Hernández

Por José G. Hernández *.-El próximo 7 de agosto toma posesión como presidente de la República el Dr. Iván Duque, a quien conocemos como persona honesta y vertical que -esperamos- sin perjuicio de los derechos de la oposición, sea apoyado por los partidos, por el Congreso y por la ciudadanía, respecto a los grandes problemas nacionales –que a todos nos afectan-, para brindar al país eficaces fórmulas de solución que permitan cristalizar los propósitos del Estado Social y Democrático de Derecho.

Es indispensable que -sin necesidad de destruir, desconocer o incumplir lo acordado por el actual gobierno en desarrollo del proceso de paz-, se proyecte e introduzca los correctivos que merecen varias normas dictadas en desarrollo del Acuerdo Final. Como todo se aprobó bajo el apremio y la presión del Ejecutivo,  en virtud de un procedimiento acelerado (“fast track”) y sin independencia del Congreso -porque el objetivo oficial, más que en la realidad y sostenibilidad de la paz, estaba puesto en la apariencia de éxito ante la comunidad internacional-, se provocó un caos normativo que ha conducido a la gran inseguridad jurídica hoy existente, particularmente en materia de justicia y en lo relativo a la necesaria satisfacción de los derechos de las víctimas y de muchos desmovilizados.

 Asuntos como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los linderos de su competencia -que no puede ser omnímoda-, las reglas de juego claras acerca de los procedimientos y de los sujetos sometidos a ella, así como su aconsejable integración a la jurisdicción ordinaria, deben ser cuidadosamente examinados,  con criterio jurídico coherente y debidamente informado.

Pero ese no es el único asunto -muy complejo- que debe enfrentar el nuevo jefe del Estado. El territorio está infestado de coca, y los erróneos y permisivos criterios judiciales acerca de la dosis personal han dejado libre el camino a los narcotraficantes para que sigan corrompiendo a la niñez y a la juventud.

Por otro lado, el Gobierno debe enfrentar la realidad en materia económica –que no es tan buena como nos dicen- y superar el engañoso sistema informativo oficial en materias como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, las cárceles y el orden público, que están lejos del paraíso descrito por el Gobierno.

Igualmente, nos deben decir la verdad acerca de las equívocas cifras gubernamentales en el campo laboral, pues -entre otras cosas- pretenden mostrar como halagüeña y real una tasa de disminución del desempleo real sobre conceptos formales o aparentes, como el denominado “empleo no remunerado”.

Muchas fueron las equivocaciones gubernamentales y legislativas en materia tributaria; la enorme carga que soportan las empresas, los profesionales independientes, la clase media y las familias, tiene que ser objeto de estudio, para proyectar unas reformas de trascendencia, que sean democráticas y razonables.

Al desear al gobierno entrante los mayores éxitos en su gestión, le aconsejamos que la emprenda con base en los valores y principios de la democracia, con enfoque realista, en beneficio de los más pobres y de las regiones abandonadas.

Bogotá, D. C, 2 de agosto del 2018

* Ex presidente de la Corte Constitucional 

Write comment (0 Comments)
Juan Fernando Londoño

Por Juan Fernando Londoño*.- Culmina el gobierno Santos y con él dos ochenios que han cambiado la historia de Colombia. Para quienes lo hemos vivido, este período ha sido intenso y convulsivo,tanto que hemos quedado divididos en dos bandos, los partidarios de Uribe y su ochenio de la guerra y los partidarios de Santos y su ochenio de la paz.

Pero cuando la historia decante lo que Colombia ha vivido en esta época, es probable que se encuentren más continuidades que rupturas entre uno y otro presidente, al tiempo que se reconozca el tema de fondo: el cierre de un ciclo histórico y los albores de uno nuevo.

La polarización hace muy difíciles los análisis serenos, pero no sobra intentar una mirada más desapasionada a lo que ha significado este período con el cual finalmente termina el siglo XX colombiano.  Del mismo modo que los historiadores marcaron el final del siglo XIX en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en Colombia el siglo XX terminó en 2016 con la firma del acuerdo de paz con las Farc y el cierre de la violencia política que caracterizó la anterior centuria iniciada con la guerra de los mil días.

El ascenso de Álvaro Uribe al poder fue producto tanto del fracaso de las negociaciones de paz de Pastrana, como del cambio de paradigma mundial en la lucha contra el terrorismo luego de los ataques a las torres gemelas. Uribe fue presidente y comandante, aglutinó al país en la lucha contra las Farc y recuperó la iniciativa militar del Estado. Como líder militar identificó al enemigo y le endilgó todos los males del país. Quien no estaba de acuerdo con su concepción del mundo era un aliado de los enemigos de la patria. Los matices y las críticas que su gobierno recibía eran simples argucias de los idiotas útiles de la guerrilla. Su visión emocionó a grandes capas urbanas de la población y se convirtió en el portaestandarte de los poderosos.

Su exitoso ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue elegido para continuar su obra de gobierno y terminar con la guerra. Pero la forma como Santos concebía el fin de la confrontación armada no era la misma que Uribe tenía en mente. Para Uribe, la guerra se podía terminar con una negociación, pero lo único que se debía negociar era el desarme del enemigo. Si para lograrlo era necesario hacer unas concesiones estas no debían afectar el statu quo, pues mantener el orden prevaleciente fue siempre la razón por la cual el establecimiento hizo la guerra.

El problema de la visión de Uribe era que requería un enemigo derrotado y sin capacidad de exigir condiciones. En su hábil narrativa, la victoria militar era cuestión de meses, no de años. Por eso se hizo reelegir en 2014 e intentó lo mismo en 2018. Una guerrilla derrotada tendría que aceptar la generosidad del bando triunfador, dispuesto a conceder incluso impunidad a los guerrilleros pero jamás a aceptar las propias responsabilidades durante los años de guerra. Uribe, el mejor político colombiano de la historia reciente, convenció a la opinión pública de que terminar la guerra sin reconocer responsabilidades no sólo era posible, sino lo políticamente correcto, pues no se podía comparar a las fuerzas armadas, que siempre defendieron a los buenos, con la guerrilla, que solo representaba una causa criminal.

Santos sabía que detrás de esta narrativa solo se ocultaba la prolongación de la guerra. Las Farc no estaban derrotadas ni dispuestas a aceptar una oferta limitada a discutir la dejación de las armas. El dilema real era continuar la guerra o abrir la puerta para una negociación. Santos, el estadista, prefirió acelerar la finalización de la confrontación abriendo la puerta a una negociación que fuese más allá del desarme de la guerrilla. El fin de la violencia política debía ocuparse también de ayudar a remover las condiciones que hacen de Colombia una tierra fértil  para resolver los conflictos con las armas.

La gran estrategia de Santos consistía en cerrar el siglo XX  y abrir la puerta a una etapa de transformaciones institucionales. Lo que nunca logró fue conectar esa visión con el imaginario popular. Al frente suyo, Uribe, el político, permanentemente recordaba a la opinión que las guerrillas eran simples organizaciones criminales y que cualquier concesión era una claudicación. Detrás de Uribe, un poderoso establecimiento, sin ninguna intención de renunciar a sus privilegios, estuvo siempre dispuesto a apoyarlo en su lucha contra los contenidos del acuerdo firmado con las Farc.

Sin Uribe, el político, no hubiese sido posible que Santos, el estadista, hubiese cerrado el conflicto armado para terminar con la historia de la violencia política en Colombia. Pero Santos, el estadista, nunca tuvo la capacidad de convencer a la mayoría de la sociedad de la bondad y la pertinencia de un acuerdo de paz que no solo desarmaba a las Farc sino que abría la puerta a una era de transformaciones. Por eso, luego de dos ochenios, el estadista se va, mientras el político se queda para evitar que el acuerdo de paz afecte el statu quo por el cual el establecimiento libró la guerra.

Bogotá, D.C, 1 de agosto de 2018.

*Exviceministro del Interior

Write comment (0 Comments)
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.-Es peligroso subestimar el poder del odio ahora que desde la orilla del uribismo, en confabulación con un arsenal de columnistas, se pretenda acorralar a la Justicia tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de llamar a indagatoria al máximo líder del Centro Democrático (CD), Álvaro Uribe Vélez.

Toda clase de epítetos se han lanzado contra los tres magistrados a quienes se les acusa de ejercer la “justicia espectáculo” y de “perseguir” al senador del CD. Uribe fue por lana y salió trasquilado. Su estrategia fracasó. Quiso avasallar a su adversario político y aniquilarlo - el senador Iván Cepeda- y no pudo. Un debate que era nítidamente político lo judicializó y buscó por todos los medios abatir jurídicamente a su contradictor. Cometió un craso error: prefirió ignorar la confrontación dialéctica, la de los argumentos, para, cautivado por el odio, dar una batalla en los tribunales, que va a perder. Él mismo, Uribe, judicializó su vida política. Al parecer, las pruebas en su contra son contundentes y por ello debe responder. “El que la hace la paga”, dijo en campaña su pupilo y hoy presidente electo, Iván Duque.

No se trata de una “revancha judicial” como lo han querido presentar los seguidores del exmandatario, se trata de que la CSJ le devuelva la dignidad a la administración de justicia y acabe con el mito de que “la justicia es pa´ los de ruana”. Seguramente muchos de los simpatizantes, arropados por los parlamentarios del CD y sus aliados en los medios de comunicación, se movilizarán instigando el odio contra la corte para propagar una matriz de opinión virulenta y atiborrada de desprestigio; acción que debe censurarse porque la justicia, en cualquier caso, debe actuar sin presión y con independencia.

Tal vez nada de esto debiera sorprendernos. No le achaco a la llamada polarización el comportamiento de ciertos sectores que hoy se solazan lanzando toda clase de epítetos contra la corte, responsabilizo de esto a quienes prohíjan el paradigma de que el jefe hace cuanto quiere; se mofa, deshonra y humilla a quien quiere y cuando quiere. Esa es la retórica que buscan vender; una retórica que tiene un amplio mercado y la gente lo compra sin chistar. Escenario peligroso; es como jugar con candela.

No se trata de “al caído caerle”, pero este hecho debe servir para aplicar justicia genuina, sin miramiento alguno y más allá del poder que pueda ostentar el sindicado. Esa justicia es el verdadero sustento de una democracia; de una sociedad decente.

Por supuesto, el senador Uribe, como cualquier otro colombiano que afronta problemas judiciales debe contar con todas las garantías procesales y recurrir a los argumentos de ley para controvertir a la corte, pero lo que no puede es deslegitimar institucionalmente a su juez natural renunciando a su investidura como senador, para evitar, supuestamente, esa instancia judicial.

La Constitución del 91 es un estatuto garantista que se fundamenta en el Estados social de derecho, ahí encontrarán el senador Uribe y sus abogados las herramientas adecuadas para salir del laberinto judicial que lo tiene contra las cuerdas o aceptar, como debe ser, la decisión de los tribunales se esté o no de acuerdo. 

Bogotá, D.C, 31 de julio de 2028

*Periodista

@jairotevi 

Write comment (0 Comments)
Amylkar Acosta

Por Amylkar Acosta.- “Conocí también las retroexcavadoras que cargaron de lodo y mercurio las aguas cristalinas y cargadas de peces hoy envenenados en los ríos Yanacué, el Bogue, el Támara y el Ité”: Padre Francisco de Roux.

A partir del día 16 de julio, queda terminantemente prohibido el uso del mercurio en a actividad minera en Colombia, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1658 de 2013, conocida como la Ley del Mercurio y el Decreto 2133 de 2016, que así lo dispuso. Con base en esta normatividad  se estableció el Plan Único Nacional de Mercurio con el fin de articular el accionar de siete ministerios para su implementación, al tiempo que  se establecieron mecanismos de control así a la importación como a la comercialización del mercurio, a través de un Registro único, al igual que los productos que lo contengan. El propósito era uno sólo eliminar paulatinamente su utilización hasta erradicarlo. Lo propio deberá darse en la industria que lo utiliza en sus procesos productivos para fabricar baterías, bombillas eléctricas, equipos electrónicos, tales como monitores LCD, así como instrumental que se utiliza tanto para los procedimientos médicos como odontológicos, a partir del 2023.

El mercurio es una sustancia química tóxica, líquido como el agua y brillante como la plata, supremamente nociva para la salud y dañina para el medio ambiente, afecta los pulmones de quienes están expuestos a su inhalación al evaporarse mientras se manipula, liberándolo y causando estragos neurológicos a quienes consumen pescado contaminado con mercurio, el cual se transforma por bacterias en metil-mercurio en el lecho de los ríos y quebradas. De hecho, según cifras oficiales, entre los años 2007 y 2011 se registraron 666 casos graves de intoxicación a causa del mercurio, de los cuales 511 en Antioquia. Por ello el mercurio es catalogado por  la Organización Mundial de la Salud como uno de los diez productos químicos más críticos para la salud pública. Y no es para menos, dado que su afectación se extiende a toda la cadena trófica (peces, fauna, flora y seres humanos) y a toda la cadena alimentaria, de especie en especie, con un impacto devastador. La mayor afectación recae sobre las mujeres embarazadas, lactantes y la niñez, pues provoca malformación del feto, así como trastornos irreversibles a temprana edad.

En Colombia se utiliza el mercurio fundamentalmente en la extracción del oro, ya sea de veta o de aluvión y sirve para separar el Oro de la escoria. No deja de ser curioso el hecho de que el mercurio (Hg) es vecino del oro en la tabla periódica. En las principales regiones mineras (Antioquia, Nariño, y Chocó) se concentran las mayores emisiones de este letal mineral, con 318 puntos identificados. Esta es parte de las malas prácticas de la extracción ilícita de los minerales en Colombia, que no es menor si tenemos en cuenta que para el 2017 de una producción de 41.06 toneladas, equivalentes a 1’349.000 onzas de oro troy, solo el 19.93 % de ellas provino de explotaciones formales. De allí la preocupación en el sentido que con la entrada en vigor dispuesta por la norma legal, esta sólo se aplique únicamente a la minería formal, mientras la extracción ilícita de los minerales continúe fuera del radar de las autoridades y por ello mismo fuera de control. También se utiliza para la aleación del oro con otros metales y por muchos años se empleó en la odontología para las amalgamas, para las famosas calzas en la dentadura, práctica esta que se abandonó por razones de salud.

Colombia llegó a ocupar el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo, después de China, en el uso del mercurio (180 toneladas/año). Con la fiebre del oro que despertó la escalada alcista de su cotización en los mercados internacionales, pasando de US $260 la onza en marzo de 2001 a US $1.739 en 2011, se acrecentó la actividad para extraerlo a como diera lugar. Según cifras del IDEAM, en el sólo año 2014 se arrojaron a las fuentes hídricas, ríos y sus afluentes, quebradas, contaminando el agua y el suelo, alrededor de 200 toneladas.

El efecto inmediato de esta medida será el cierre a la importación legal de 95 toneladas/año, aproximadamente, que ya se había reducido a sólo 5 toneladas/año, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), pero se teme que la entrada de contrabando a través de la frontera del mercurio al país siga desenfrenada. Según el experto en el sector minero Mauricio Cabrera “lo que ha sucedido es que el mercurio proveniente del mercado negro se ha encarecido. Antes un kilo costaba $150 mil y este momento está bordeando los $800 mil”. Como corolario, la contundencia de la Ley en la proscripción del empleo del mercurio en Colombia dependerá de la eficacia con que se combata a las estructuras criminales ligadas a la actividad extractiva depredadora y del éxito de los programas de formalización y reconversión de la pequeña minería, tradicional y ancestral, que pulula en el país, las cuales se procuran el letal elemento con el remoquete de “azogue”, para utilizarlo en sus rudimentarios procesos.

La mayor reticencia para el cumplimiento de la Ley ha sido que la prohibición de la importación y uso del mercurio puede significar la parálisis de la actividad minera, así como la pérdida de empleos e ingresos. Pero, está demostrado que sin mercurio también hay paraíso. Hace rato, desde la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, se han venido planteando métodos alternativos de separación y atrapamiento del oro, amigables con el medio ambiente, mediante técnicas gravitacionales, las cuales incluso permiten mejorar la eficiencia de la extracción, pasando de un 45 por ciento de recuperación del precioso metal (con mercurio) a un mínimo de 95 por ciento. Según Óscar Jaime Restrepo, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, “esa técnica limpia, basada en la utilización de la densidad del oro como propiedad, se basa en la separación usando la gravedad. Procesos gravitacionales. También hay flotación”. Restrepo aseguró, además, que “mediante estas técnicas los mineros van a conseguir más oro y no van a contaminar el ambiente. Asimismo, indicó que con la socialización de ese tipo de técnicas gravitacionales se ha logrado reducir el uso del mercurio”.

Además del imperativo de la Ley, Colombia es signataria del Convenio de Minamata, cobijado por Naciones Unidas, suscrito en octubre de 2013 en Japón y ratificado por el Congreso de la República, mediante 1892 del 11 de mayo de 2018, la cual sigue pendiente del pronunciamiento de la Corte Constitucional, por tratarse de la ratificación de un Convenio internacional. Se espera que para el 19 de noviembre, cuando tendrá lugar la segunda Conferencia de las Partes se haya surtido dicho trámite con el fin de que Colombia pueda participar en la misma con voz y voto tanto en las negociaciones como en las determinaciones que se habrán de tomar tendientes a su reglamentación e implementación. Al suscribirlo el país adquirió el compromiso con la comunidad internacional de “proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”. Como lo manifestó el titular del MADS Luis Gilberto Murillo, “el país supera las exigencias internacionales del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que no estableció una fecha de erradicación del uso de este elemento en la minería a nivel mundial”. Esta, por lo demás, es una muestra palmaria del compromiso y adhesión de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

Sólo con la aplicación de medidas tan drásticas como las que ha tomado Colombia, de prohibir su uso en la minería y el tráfico ilegal del mercurio,  se podrán evitar mayores estragos de los que ya ha causado el uso y el abuso del mercurio y sus secuelas. Ahora lo que sigue es que el Gobierno se proponga y lo logre erradicar la extracción ilícita de minerales, a las que están vinculados grupos armados al margen de la ley, que tienen en esta actividad una de sus principales fuentes de financiamiento.

Concomitantemente se debe proseguir con los programas que buscan su erradicación voluntaria, de la mano de los pequeños mineros, sus cooperativas y de los consejos comunitarios, tal como se va venido avanzando en Antioquia. En agosto de 2017 fue expedida la Ordenanza número 24 que propende por las buenas prácticas en la actividad aurífera mediante el fortalecimiento institucional, gestión del conocimiento e investigación aplicada, gestión para el cambio y, lo que es más importante, la educación y sensibilización de las comunidades. El Plan Andes Cero Mercurio, aupado por el Municipio de Andes y la Universidad de Antioquia a través de un Convenio para erradicar el uso del mercurio en la minería ha servido de piloto. Participan de él 110 mineros, todos ellos reciben además de la capacitación el financiamiento para que accedan a usar tecnologías para una minería amigable con el medio ambiente. Ha sido tan exitoso que ninguna de las 12 plantas artesanales que operan en el municipio de Andes se usa mercurio en este momento. Este es un ejemplo digno de imitar.

Bogotá, D. C, 31 de julio de 2018

*Exministro de Minas y Energía de Colombia

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Por octava vez hizo su ingreso el pasado 20 de julio al salón Elíptico del Capitolio Nacional el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, era su última intervención frente al Congreso Pleno.

Todo el legislativo estaba atento a las palabras de despedida del primer mandatario, palabras que aprovecho para hacer un resumen generalizado de su obra de Gobierno basada en los ejes del fin del conflicto con las FARC, empleo, disminución de la pobreza y los avances en materia educativa.

Sin duda, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, el cual concluye este próximo siete de agosto, ha sido uno de los más acertados en diversos campos. Santos logró neutralizar a la guerrilla más vieja del continente y lograr un acuerdo de Paz con las FARC, ahora convertidas en partido político. Para muchos este fue el principal tema para que la popularidad del mandatario fuera baja casi durante todos sus períodos de gobierno, pero como él mismo lo decía en su discurso de despedida “la popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar… ¡a cambio de una sola de esas vidas salvadas!”, frase que comparto plenamente. Nada está por encima de la vida de seres humanos.

Este fue un gobierno reformista y de derechos que brindó todas las garantías a las minorías, a la oposición, a las etnias, en fin fue un gobierno incluyente, por algo este actual Congreso es de los más diversos, pluralistas, participativos de los últimos 208 años de vida Republicana de nuestro país. Este es un Congreso multicolor, donde una decena de partidos hoy están representados con diversos matices ideológicos, con voz y con voto y como verdaderos voceros del pueblo colombiano.

Uno de los mejores legados que le deja el Presidente saliente a nuestro país, es la Paz con las FARC, hecho que ha permitido salvar miles de vidas de nuestros policías y militares, hoy las camas del Hospital Militar en Bogotá, están vacías, ya no llegan nuestros héroes heridos o en el peor de los casos mutilados por el accionar de la guerra.

Hoy las FARC están disparando ideas, propuestas y no balas que cegué la vida de colombianos inocentes, y yo sí prefiero este escenario y no el de la violencia y el de la hostil guerra.

En materia de seguridad aún quedan muchos retos por delante, nos espera avanzar en diálogos de Paz también con el ELN, acoger en el marco de la Ley de sometimiento a la justicia  al Clan del Golfo y a otras bandas criminales que siguen generando violencia en nuestras regiones, neutralizar las disidencias, minimizar los fenómenos de inseguridad ciudadana, el boleteo y la extorsión que aún afecta a varias regiones del país. En este frente no podemos bajar la guardia y se requiere un esfuerzo conjunto de todos los colombianos para rodear a nuestras instituciones y apoyarlas en su lucha también contra el narcotráfico, ese grave flagelo que no sólo afecta a Colombia, sino al hemisferio y a otros muchos países.

La muerte sistemática de nuestros líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos es de un cuidado supremo, el nuevo Gobierno debe ofrecer todas las garantías para prevenir este exterminio que sigue enlutando cada vez más a humildes familias de compatriotas.

En la parte laboral, hoy tenemos a 22 millones 500 mil colombianos con trabajo formal, aún quedan dos millones sin trabajo y ese tiene que ser otro de los grandes retos por  superar en el corto y mediano plazo. En los últimos seis años consecutivos se cumplió con la meta de reducir el desempleo a un dígito.

El otro eje referente a la disminución de la pobreza superó todas las expectativas, durante el Gobierno del Presidente Santos, 5 millones 400 mil colombianos salieron de la pobreza, la tarea es seguir combatiendo este fenómeno social para sacar de esta penosa situación a más colombianos, sobre todos aquellos que habitan en las periferias de nuestro país.

En materia educativa, las metas se cumplieron también a cabalidad, el Gobierno garantizó gratuidad en la educación desde cero hasta el grado once, 40 mil jóvenes pudieron ingresar a las mejores universidades del país gracias al programa “Ser Pilo Paga”, se mejoró la infraestructura educativa y se logró más cobertura en informática, antes la cifra era de 24 estudiantes por computador, ahora es de 4 estudiantes por computador, lo que mejora la calidad educativa y el aprendizaje. Se logró dar cobertura también en internet de banda ancha a todos los municipios del país.

En salud, la mortalidad infantil cayó, se regularon los precios de más de 2600 medicamentos, aunque falta seguir combatiendo a fondo la corrupción del sistema y optimizar el servicio.

En vivienda también fueron evidentes los logros de Santos, un millón 800 mil familias lograron el sueño de tener casa propia, de esa cifra 275 mil viviendas fueron bajo la modalidad del programa de Casas Gratis, más de 14 millones de colombianos lograron acceder a agua potable y saneamiento básico y otros tres millones lograron el servicio de gas domiciliario.

La lista aún es larga, pero con satisfacción puedo decir y soy testigo que éste Gobierno también le cumplió al país en vías e infraestructura, en el cuidado y la protección del Medio Ambiente, en lograr que en el mundo nos vean con otros ojos, las relaciones internacionales fueron inmejorables, ahora los colombianos podemos visitar 91 países sin que noes exijan visa, logramos ingresar al selecto grupo de la OCDE, nos convertimos en aliados de la OTAN y conformamos la Alianza del Pacífico, junto a México, Perú y Chile.

En términos generales el legado del Presidente Juan Manuel Santos, es histórico, un Presidente que se jugó todo su capital político para alcanzar la Paz con las FARC y para darle niveles de sostenibilidad al país merece ser recordado siempre, ojalá al término de un par de años no nos haga falta.

Bogotá, D. C, 29 de julio de 2018.

*Senador Liberal de Colombia

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)