Opinión

Por Jairo Gómez*.- Además de la indígena, otra minga le quita el sueño al presidente Duque: la “minga Política” que le armaron en el Congreso.

Este lunes dio su primer resultado: en la Cámara de Representantes derrotó las objeciones palaciegas a la Ley Estatutaria de la JEP. Lo significativo del asunto es que no fueron solo los partidos de la oposición, que de hecho lo cuestionan, sino también aquellos que lo apoyaron en la segunda vuelta y hoy decidieron montar toldo aparte en el espacio legislativo.

Le propinaron un duro golpe al dueto Duque-Uribe por donde más le duele: los comenzaron a desmontar del discurso del soberbio No. Sin duda, este mazazo político los tiró a la lona y los descompuso; no sólo al Gobierno, sino a la bancada del Centro Democrático que, acorralada en su desorganización y falta de liderazgo, quiso ocultar su impotencia parlamentaria pidiendo públicamente la renuncia a la Ministra de Justicia.

Nada más evidente que esta contundente derrota para corroborar que al Gobierno no le sale una: decidió combinar todas las formas de lucha para contener la avalancha mingueropolítica que se les vino encima y fracasó. Recurrió al Embajador de Estados Unidos para que intimidara a los parlamentarios que se oponen a las objeciones y, Withaker que es un culipronto mediático con ínfulas de procónsul, asumió la tarea y, por supuesto, le salió mal; después reculó con los magistrados de la Corte Constitucional a quienes desinvitó a una cena en su mansión rosalina cuando en las redes sociales el rechazo a la indebida intromisión en los asuntos internos del país fue generalizado. Sin embargo, para ser honesto, no creo que las sugerencias del poderoso diplomático queden en el vacío, a muchos les tocará cambiar de destino turístico en breve tiempo.

Otra estrategia, más perversa que la anterior, es escuchar en los pasillos del Congreso a los propios Senadores y Representantes decir que la Fiscalía ha intensificado en los últimos días amenazas de investigaciones contra los parlamentarios o sus familiares para intimidar a quienes rechazan las objeciones presidenciales. Grave la denuncia, pero para nada extraño cuando se trata de definir un pulso político hipertenso.

Para nada sirvieron las presiones mencionadas. Medio cuerpo del Gobierno quedó enterrado en la arena movediza de las objeciones concebidas en función de revivir el triunfo del No en el plebiscito. 110 votos rechazaron la propuesta presidencial, mientras 44 votos la apoyaron. Sólo le queda al Gobierno la instancia del Senado en donde la “minga política” es más fuerte y las decisiones de bancada ya están tomadas.

Los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical optaron por formar un bloque, en el caso del Senado, de 44 parlamentarios con los que buscan liderar una plataforma de reformas en las que el Gobierno, obsesionado con las objeciones y en hacer trizas el Acuerdo de Paz, descuidó flagrantemente las enmiendas necesarias, como la reforma a la justicia.  Presencia constante y permanente ha tenido la ministra del Interior en el recinto del Congreso, pero ineficaz a la hora de hacer un balance legislativo. No es por la puerta de atrás como pretende la administración Duque cambiar el estado de cosas; es a través de un gran consenso nacional y un acuerdo político. Seguir reivindicando el No como punto de partida y decidir hacer trizas la paz birlando la financiación de la implementación del Acuerdo, no mejoran el clima político y lo ponen contra la pared en el concierto internacional.

Repito, duro golpe para el dueto Duque-Uribe: el primero, en su propio laberinto, no logra destrabar la imagen de desgobierno que lo carcome; y el segundo se metió en un callejón sin salida: no logró construir mayorías para la gobernabilidad y en el Congreso ya no le comen cuento.

Bogotá, 9 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

Por Horacio Serpa Uribe*.-Los lectores dirán que solo comento sobre unos pocos temas, especialmente de convivencia, derechos humanos y la Justicia Especial de Paz. Pero es que, ¡increíble!, en este país en el que hay tantos acontecimientos, en el que existen tantas cosas desagradables y buenas para analizar, en el que se deben debatir propósitos, estudiar situaciones, mirar con juicio hasta el fondo de nuestras miserias, consolidar serios compromisos internacionales, solo se comenta sobre Venezuela y la JEP. Por lo menos es la agenda política del gobierno, porque no tiene más, o no se conoce.

¡Qué tristeza! Somos un país que durante dos siglos ha sufrido la violencia infame y hay gente que se resiste a la paz, por odios, por sed de venganza, por clasismo y conveniencias económicas, y por pedestres intereses políticos.  Siempre los mismos, con distintas camisetas, se opusieron a todos los esfuerzos por lograr instancias de reconciliación con los insurrectos o guerrilleros y subversivos, como quiera llamárseles. Por eso nuestro presente es de desigualdad, de ignorancia, de enfermedades, de gran pobreza, de resentidos y delincuencia. Es lo que pasa cuando los recursos de un país se destruyen por la guerra o se tienen que invertir para la guerra, a beneplácito de los que desean quedarse con la riqueza nacional a costillas de los necesitados, que son las víctimas de todas las guerras.

La polarización de la que tanto se habla es de clases, porque unos no quieren dejar pasar a los otros; es cuestión económica porque no hay equidad en la distribución de la riqueza ni de lo que esta produce. Si se facilitara la creación de empleo sin cicatería ni avaricia, podríamos los colombianos pensar que este embrollo tiene salida. Pero ni por esas. Hay que arrasar, hay que acabar, toca eliminar los estorbos.

Como durante el gobierno del Presidente Santos fue posible acabar la acción guerrillera de las Farc, hay que destruir los Acuerdos de Paz. No pudieron con las tergiversaciones y engaños del Plebiscito, entonces toca atajar la Justicia Especial, a como dé lugar. También, ¡increíble!, después de que la Honorable Corte Suprema de Justicia le diera su aprobación. En esa “encomiable” tarea están ahora en el Congreso Nacional, valiéndose de negociaciones, de presiones, de cuanto truco hay en el desarrollo legislativo.

Durante esta semana millones de colombianos estaremos pidiendo a los Partidos Políticos demócratas y a las y los Congresistas de criterio humanitario y social, que rechacen las objeciones gubernamentales al texto de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con el objeto de que los Acuerdos se cumplan y logremos mejores instancias de convivencia.

Esta semana se cumple un nuevo aniversario del asesinato del doctor Jorge Eliecer Gaitán. Nunca hubo justicia para sus asesinos materiales e intelectuales. Tampoco para las atrocidades que se cometieron en ese tsunami de violencia que arrasó a Colombia después del  9 de Abril de 1948. Pensar que ahora lo que se está reclamado es Justicia. ¡Insensatos!

Bogotá, D.C, 8 de abril de 2019

*Abogado, Periodista, Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Con el referendo en que el voto popular aprobó por una escasa mayoría el Brexit, es decir la salida de la Gran Bretaña (GB) de la Unión Europea (UE), los ingleses se metieron en un laberinto donde el Minotauro resultó no ser el monstruo que pintaron las mentiras de los promotores del Brexit, y la salida del laberinto es una caída libre a un precipicio en el que se va a destruir la unidad nacional, quebrar la economía, fragmentar los partidos políticos y hasta revivir la guerra en Irlanda.

En el mito griego Teseo entra al laberinto decidido a acabar con el monstruoso Minotauro que devoraba a los jóvenes atenienses; lo encuentra, lo mata y con la ayuda del hilo de Ariadna vuelve sobre sus pasos hasta salir victorioso por donde había entrado. En la realidad inglesa la primer ministro Theresa May entró sin mucha gana al laberinto de la negociación –ella misma había sido partidaria de permanecer en la UE- se encontró con que era peor matar al Minotauro de la UE que convivir con él y, lo peor de todo, rompió su hilo de Ariadna y perdió el camino de regreso.

El origen del problema está en la campaña de mentiras con que los enemigos de permanecer en la UE lograron engañar a buena parte de la población y así obtener una pequeña mayoría del voto popular en el referendo. Allá también la campaña se hizo para que la gente saliera a votar, y también les funcionó porque muchos se creyeron el cuento de que salirse de la UE era la solución para los problemas de la GB.

Lo que los ingleses han aprendido en más de dos años de duras negociaciones es que pertenecer a la UE tiene costos y sacrifica algunos aspectos de la soberanía nacional, pero que salirse de ella es más costoso y va a agravar los problemas de su país.

Los partidos políticos están divididos y en el Parlamento no han podido acordar una estrategia para salir del laberinto, porque la mayoría de los parlamentarios están en contra del Brexit o no quieren hacerlo en los términos y condiciones impuestos para la UE –que no va a dejar que un país se salga gratis de la unión-.

A pesar de la evidencia del daño que le haría al país el Brexit, la primer ministro May insiste en continuarlo porque se dice que como el No permanecer en la UE ganó el referendo, esa es la voluntad del pueblo expresada en las urnas y no cumplirla seria violar las reglas de la democracia.

Ese argumento no es siempre cierto. Primero, porque es cuestionable la validez de resultados electorales obtenidos con medios fraudulentos.

Un camino para salir del laberinto sería volver a preguntarle al pueblo británico si confirman o cambian su decisión de salir de la UE, es decir un segundo referendo, pero con una pregunta que especifique claramente y sin mentiras los costos y beneficios de hacerlo.

Bogotá. D. C, 7 de abril de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El país rechaza la “politiquería” y el concubinato entre poderes que se dicen autónomos; pero cuando Duque llega a convocar un gran acuerdo para quitarle los “costos” a la gobernabilidad y a recuperar la dignidad de la política, entonces la clase política se une, mas no en defensa del interés general, sino de la preservación de privilegios y corruptelas, a costillas de los impuestos que usted paga y de la institucionalidad como moneda de cambio.

Hoy la noticia política es la “Nueva Coalición” entre Cambio Radical y los partidos Liberal y de la U, que suena a Unidad Nacional, disfrazada de nobleza y con agenda legislativa propia: la paz, el hambre, la salud, la justicia, etc.

Pero ni los medios ni la opinión les creyeron, aunque juran que no son oposición, que no buscan cargos, que no van en contra de nadie, que su intención es “constructiva” y solo pretende “llenar un vacío legislativo”, que le achacan al Gobierno eludiendo sus responsabilidades.

Mientras tanto, Gaviria, Vargas Lleras e Iragorri, tras bambalinas, mueven los hilos para torcerle el brazo a Iván Duque, en un pulso que no es entre Gobierno y oposición, sino entre la preservación de la justicia como institución democrática y la defensa de la impunidad en la JEP, y entre la recuperación de la dignidad en la política y el gobierno y la continuidad de las costumbres que llevaron al país a niveles aberrantes de corrupción.

A pesar del ropaje de legislar para los problemas del pueblo, dejan entrever sus intenciones cuando repiten con arrogancia: “Que el Gobierno se dedique a gobernar”, desconociendo su legítima iniciativa en la formación de las leyes; o cuando confiesan que “Nos une la defensa de la paz y la coincidencia contra las objeciones de la JEP”.

Por ahí va el agua al molino; es una gavilla para minar la confianza ciudadana en el presidente, para no dejar gobernar, para despreciar la invitación al consenso, para bloquear las iniciativas legislativas del Gobierno sin debatirlas siquiera. Frente a las objeciones a la JEP, la orden a las bancadas es oposición sumaria.

Sin embargo, la coalición mostró sus debilidades. La U se acomodó tras su parapeto de “partido de gobierno”, en Cambio Radical no todos aceptan la disciplina del coscorrón, y los liberales muestran el cobre de sus intereses clientelistas, mientras la izquierda promueve paros y, con la mira en las próximas elecciones y en 2022, se ríe de quienes le apuestan al fracaso del Gobierno.

Es un pulso que no se puede perder porque está de por medio el futuro del país. Iván Duque no abandonará su propuesta de un gobierno concertador pero independiente, sin peajes para la gobernabilidad. La historia se lo reconocerá.

Nota bene. Bloqueo legislativo de la Nueva Coalición; bloqueo violento de la minga y reaparición de los estudiantes, también con violencia inusitada. ¿Casualidad?

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2019

*Presidente de Fedegan

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- La comisión asesora de la regla fiscal divulgó su concepto favorable para que se pueda registrar un mayor déficit en el 2019 y en el 2020, manteniendo la meta de llegar al 2021 con un déficit no superior al 1% del PIB. La justificación de esta medida son los enormes gastos que al Estado colombiano le está significando la abrumadora llegada de ciudadanos venezolanos.

En plata blanca este concepto de la comisión de la regla fiscal significa que el Estado podrá endeudarse $ 3 billones más en el 2019, y $ 1 billón en el 2020 sin que ello signifique contrariar las metas fiscales que para el 2019 pasan del 2.4% del PIB al 2.7% y en el 2020 del 2.2% al 2.3%.

Varias preguntas quedan flotando luego de conocer estas modificaciones a la regla fiscal.

Si bien es cierto el mercado ha recibido con cierta tranquilidad estos cambios a las barreras fiscales habrá que ser extremadamente cuidadosos en no volver a agitar el tema, pues de lo contrario se espantarían los mercados y las agencias calificadoras. Por ejemplo, si el costo fiscal que haya que pagar para levantar la minga indígena -porque costo habrá, no nos quepa duda- no está presupuestado habrá que abrirle un espacio fiscal con los recursos disponibles. Sería fatal volver a echar mano de la regla fiscal para buscar autorización de un nuevo endeudamiento, pues en tal caso los mercados interpretarían que la regla fiscal no es más que un figurín de plastilina que se moldea para hacerle frente a las novedades que el día a día nos depara.

Tampoco podrá volverse a echar mano de la fórmula de la regla fiscal para atender los costos que tendrán las exenciones, deducciones y minoraciones fiscales que con una generosidad tan amplia como censurable se han venido otorgando desde la última reforma tributaria, y ahora en el plan de desarrollo en el que Fedesarrollo ha detectado cerca de 7 nuevas iniciativas con un alto costo fiscal.

Es indispensable también que las cifras fiscales se mantengan en un nivel satisfactorio de transparencia, cosa que deja mucho que desear. Por ejemplo, Salomón Kalmanovitz en El Espectador del 1 de abril se formula la siguiente pregunta: “Según el gobierno, su déficit en 2018 fue del 3.1% del PIB, pero una proyección de los datos del Banco de la República lo acercan al 4% del PIB. Para 2019 se aspira a que será 2.7% del PIB, una reducción difícil de lograr. Esto sugiere que el desvío frente a la regla fiscal es bastante mayor al presentado por Carrasquilla y que en 2020, cuando se materialice los regalos del mismo presidente eterno a los grandes contribuyentes, el desequilibrio fiscal se tornará peligroso para la salud de la economía”.

El Ministro de Hacienda ante las turbulencias fiscales que se avizoran para el 2020 dice que de ninguna manera habrá una nueva reforma tributaria. Y que “el problema fiscal colombiano es un problemita, con minúscula”. Ojalá tenga razón el ministro. Sin embargo, infinidad de indicios muestran que las cosas no son tan simples. Tenemos un gigantesco problema de sentencias impagadas contra el Estado que ascienden a la fecha a más de $8 billones. Tenemos entidades con déficit gigantescos que aún no se sabe como se van a cubrir, como es el caso del Fondo de los combustibles, cuyo déficit asciende a la escalofriante cifra de $ 14 billones. Tenemos incertidumbres en los radares judiciales, como por ejemplo: ¿qué va a pasar con la sobretasa nacional a los consumidores de energía eléctrica de los estratos 4, 5 y 6, industriales y comerciales, que siendo claramente inconstitucional ha quedado incluida en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué va a opinar la Corte Constitucional cuando analice esta sobretasa que para los consumidores del interior del país no significa, como siempre lo ha exigido la jurisprudencia para las tasas, la recepción de alguna contraprestación a diferencia de lo que acontece con el impuesto? ¿Cuál va a ser el costo fiscal de la llamada ley del punto final en la salud? Y así sigue la lista.

Son demasiados, pues, los interrogantes que plantea la situación fiscal del país. Pero lo que es evidente es que no los podremos seguir resolviendo a punta de mayores endeudamientos autorizados por nuevas modificaciones a la regla fiscal. Si así se hiciera la credibilidad toda de la política financiera volaría en mil pedazos.

Bogotá, D. C, 7 de abril de 2019

*Abogado y Economista, Exministro de Estado.

Por: Mons. Luis José Rueda Aparicio*. - Diversos signos ponen de manifiesto que existe una degradación del ambiente humano y social, el primero de ellos es la subvaloración de la vida humana, el segundo la perdida de la verdad social, el tercero el crecimiento de una economía sin ética y finalmente pretender un desarrollo social sin espiritualidad.

Estos cuatro signos son generadores de una realidad social compleja y en degradación. Levantamos la voz y hacemos un llamado a hombres y mujeres de toda raza y condición social, al análisis responsable y a la búsqueda de soluciones que sanen las causas profundas de la enfermedad social y no solamente a los síntomas.

En las luchas por la vida, nada contra la vida humana:

En distintas regiones del País, en zonas rurales y urbanas, constatamos con dolor que la vida humana se ha banalizado en extremo. Por tal razón es oportuno que, como seguidores de Jesucristo, promovamos y anunciemos con valentía, el Evangelio de la vida: “Trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien común. En efecto, no es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano. Ni puede tener bases sólidas una sociedad que —mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz— se contradice radicalmente aceptando o tolerando las formas más diversas de desprecio y violación de la vida humana sobre todo si es débil y marginada”. (Evangelium Vitae No. 101)

Cuando la vida de la persona humana está en primer lugar, tanto en la conciencia de los ciudadanos como en las decisiones del Estado, se nos presentan diversos desafíos: Promover y defender la familia como célula vital de la sociedad;  darle importancia al sistema de salud para todos; trabajar para que la educación propenda por la madurez integral de niños, adolescentes y jóvenes; educar en la valoración de la sexualidad humana con responsabilidad; luchar abiertamente contra la trata de personas; defender la vida frente a toda forma de atentados;  prevenir de manera efectiva la drogadicción y las causas del suicidio; cuidar la casa común uniendo a todas las personas en la búsqueda del desarrollo sostenible e integral.

El respeto a la vida de todas las personas, aún de quienes piensan distinto, es el criterio fundamental de cualquier lucha social: “Sólo el respeto de la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz” (Evangelium Vitae No. 101)

La verdad es el fundamento del diálogo social:

Los conflictos sociales generalmente presentan varios componentes políticos, económicos, ambientales, culturales, etc; de esta manera la solución de un conflicto requiere buscar la raíz originarte, discernir las posibles soluciones, y asumir los compromisos del futuro, para no caer una y otra vez en lo mismo. Lo anterior supone la búsqueda social de la verdad. “El desarrollo, el bienestar social, una solución adecuada de los graves problemas socioeconómicos que afligen a la humanidad, necesitan esta verdad. Y necesitan aún más que se estime y dé testimonio de esta verdad”.  (Caritas in veritate No.5)

Existe el grave peligro de confundir la verdad con los poderes, de tal manera que quien tiene más poder, supuestamente es poseedor de la mayor verdad.  “Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores sobre la sociedad, tanto más en una sociedad en vías de globalización, en momentos difíciles como los actuales”. (Caritas in veritate No.5)

Además, las denominadas “verdades a medias” conducen a la soberbia de la ideología, porque no responden a los más profundos interrogantes del ser humano, y muchas veces pretenden ser impuestas como máximas verdades. Buscar la verdad social y vivirla nos hace libres, evita que caigamos en el despotismo, en la manipulación de los medios de comunicación, en la corrupción y en la polarización estéril. La polarización sociopolítica, tiene un alto componente de mentira social presentada como verdad. El único camino para superar la polarización es el esfuerzo permanente de todos por buscar y vivir la verdad social.

Cuando los diálogos sociales o los debates públicos se fundamentan en la verdad, crece la confianza, se valora la parte de verdad que el otro tiene, se vive la cultura de la transparencia, se construye el bien común.

Sólo la economía con ética conduce al desarrollo humano integral:

Cuando la economía va a la par con la ética, se garantiza que la economía sea justa, solidaria y esté al servicio del ser humano, lo libere y no lo esclavice de ninguna manera.

Desafortunadamente la economía infectada por el narcotráfico produce una falsa economía, es una narco – economía, con posibilidad de acumulación rápida. Las mafias mueven el dinero en las regiones, compran servicios de grupos armados ilegales para imponerse a la fuerza en los territorios, se aprovechan de las personas y las explotan, generan una economía falsa y sin ética, que tiende a la satisfacción de necesidades inmediatas, pero que no conduce al progreso integral, ni a responder a las necesidades básicas de las personas y las comunidades.  

Además, la narco – economía, destruye la casa común, desprecia la agricultura limpia, destruye la solidaridad de los pobres, infla los precios en el comercio, y crea una cultura de lo superfluo con una buena dosis de vanidad. El narcotráfico es una de las causas estructurales de la pobreza y subyace en el fondo de muchos conflictos sociales.

El desarrollo integral requiere espiritualidad:

El desarrollo integral requiere la dimensión espiritual como fundamento, sólo así, se garantiza que dicho desarrollo permita el crecimiento de la persona humana en su totalidad. La espiritualidad de comunión, que es la espiritualidad de la Iglesia, es ante todo la conciencia de las relaciones permanentes de la persona: consigo misma, con las demás personas, con Dios y con la creación.

“El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don. Por ello, también en los momentos más difíciles y complejos, además de actuar con sensatez, hemos de volvernos ante todo a su amor. El desarrollo conlleva atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la Misericordia divina, de amor y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de justicia y de paz. Todo esto es indispensable para transformar los «corazones de piedra» en «corazones de carne», y hacer así la vida terrena más «divina» y por tanto más digna del hombre”. (Caritas in veritate No. 79)

La espiritualidad de comunión nos confirma en la misión como servidores del Reino de Dios.  En medio de los difíciles conflictos sociales, seguiremos caminando, sufriendo y orando con nuestras comunidades, porque a pesar de todo, tenemos viva la esperanza en el respeto la vida humana, en el diálogo social fundamentado en la verdad, y en la economía al servicio de la persona humana. Es una esperanza en la vida nueva que Jesucristo nos da y que nosotros estamos llamados a acoger en las relaciones sociales.

Con el aporte sincero y perseverante de todos, podremos salir de nuestros conflictos, creciendo en la calidad de nuestro ambiente humano y social. Saldremos reconciliados y trabajando unidos por el bien común. Nos anima y fortalece Jesucristo el Señor cuando nos dice: “Tengan valor: Yo he vencido, al mundo” (Jn 16,33).

Popayán 7 de abril de 2019 

*Arzobispo de Popayán

Por Gabriel Ortiz*.- Los colombianos seguimos siendo el “patio trasero” de los Estados Unidos, como lo solía advertir el expresidente Belisario Betancur, uno de los mandatarios que con pundonor se atrevió a cantarle esa tabla a los vecinos del norte.

Esta vez, el hostil y arrogante gobernante gringo, la emprendió contra nuestro mandatario Iván Duque, porque –según él- no ha hecho nada para controlar los envíos de droga a su país.

Le sacó en cara la supuesta hospitalidad que le brindó en la Casa Blanca, cuando Duque lo visitó. Con gente como Trump, no se puede tener confianza. Tal vez Iván se mostró dócil, creyéndolo su aliado, su amigo o el aliado de Colombia. No conocía la insolencia, la soberbia y altivez de un anfitrión que más adelante le lanzó un descomedido regaño, pese a considerarlo “un buen tipo” que debería hacer mucho por el dueño del norte.

Colombia, país, en el que vivimos, debería protestar por el irrespeto de Trump. Consideró que le debemos pleitesía, sumisión y reverencia. Que sus deseos son órdenes.

Pero lo más grave, es que el propio gestor de Duque, parecía embelesado y hechizado. Sumiso y opacado aceptó regaño y aún más: reclamó a Trump, una desertificación, aunque tardía, para el anterior gobierno. Quería que Santos se hubiera rendido a sus pies. Que volviéramos a narcotizar nuestras relaciones internacionales.

Hay que recordar a Uribe y a Pastrana, colándose a Mar a Lago, para saludar a Trump durante una reunión privada a la que no habían sido invitados. Querían regaños para Colombia, que no cristalizaron porque no son amigos del magnate y, al menos Uribe, no sabe jugar golf… y Trump no toma tinto cuando cabalga.

Duque debe saber quiénes son sus verdaderos amigos, sus aliados, sus confederados y quienes los que  quieren utilizarlo, exprimirlo y manejarlo.

El expresidente y senador, debe limitar sus ambiciones, debe entender que Duque es el presidente de los colombianos, por el que no solo votó el Centro Democrático.  

Debe liberarse, aunque lo puedan calificar de traidor, infiel o judas. Colombia Necesita un Duque firme y decidido, que no se deje regañar ni de Trump, ni de Rusia. Nada de un “buen tipo”: un buen Presidente, que salve esta patria, se convencido que necesitamos una paz estable y duradera, con verdad, justicia, reparación y no repetición, que impida el resurgimiento del paramilitarismo, la matanza de líderes sociales, que impida problemas como la minga indígena y tantas cosas más que ha tenido que afrontar durante estas últimas semanas.

El presidente debe rechazar estrambóticos consejos que con zalamerías, lisonjas y adulaciones, quieren imponerle, como aquellos del presidente del Senado el día de su posesión.

Duque sabe muy bien que es mejor andar solo que mal acompañado y que hay un país que quiere seguirlo, unírsele y respaldarlo. No más regaños, no malos consejos. En Colombia hay gentes capaces, que lo pueden rodear.

BLANCO: La aparición del nuevo pozo petrolero en Córdoba.

NEGRO: El atropello a la prensa por parte de las milicias venezolanas.

Bogotá, D. C, 4 de abril de 2019

*Exdirectior del Noticieero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

Por Felicia Saturno Hartt*.- Más allá de las perdidas ideologías políticas, hoy depauperadas por la escasa formación intelectual de los hacedores de un oficio, que antaño tenía inspiración en ideas, en paradigmas y en visiones del mundo y tomaban partido de ciertos temas de la agenda política, está el patético escenario de la Corrupción.

Ese monstruo de mil cabezas se ha apoderado de la paz, la esperanza y el futuro de naciones que soñaron con el progreso y la modernidad. Y ahora son escenario de un espectáculo macabro, de una ruina sin límites, de una crisis inédita, que aún los estudiosos del caos y la disfuncionalidad no pueden conceptualizar.

Porque es indudable que la Corrupción no es sólo lo que se percibe. No es el saldo de hospitales sin equipamiento ni especialistas, ni escuelas arruinadas y sin tecnologías y maestros mal pagados, obras públicas maltratando el medio ambiente y obras viales, que sólo son promesas de tribuna.

La Corrupción es un problema de Gobernanza. Ese término que cacarean las organizaciones globales para definir la compleja relación entre los que administran el poder o lo detentan o mantienen y la complicada red de las sociedades humanas. Pero que poco explican a los que ganan elecciones y forman equipos de trabajo donde jamás se han manejado situaciones de conflictividad social.

Ciertamente muchos explican que la Gobernabilidad es lo más importante. El saber cómo gobernar es lo prioritario, pero esto es muy poco si no existe esa conexión que hace que un proyecto, que puede ser prioritario o simplemente esencial para dar pasos a mejor calidad de vida, sea viable.

Precisamente por la escasa gobernanza, los gobiernos de América Latina, en su gran mayoría, han perdido la posibilidad de garantizar administraciones con cierto grado de éxito o han caído en las crisis más absurdas ante el potencial económico de sus riquezas naturales e incluso su capital humano.

La conexión con la ciudadanía ya no tan dirigible desde cadenas por los medios y redes, desde la tribunas políticas y parlamentarias, desde los despachos ministeriales casi no existe. Aunque hacen esfuerzos de hasta ataviarse de personas normales, dar cuenta de sus trabajos en las más remotas poblaciones, la gente no siente que esas propuestas sean suyas.

Muchos disertaran que es imposible llegar a todos en la Era de la Información. Pero también se arguye que los consensos son necesarios. Las redes deben tejerse, porque los proyectos llave en mano, ni en las sociedades donde el acceso a servicios públicos de calidad son cosas cotidianas, se consienten iniciativas que huelen a dolo, malversación o a pérdida de recursos.

La Gobernanza es un proceso que se basa, fundamentalmente, en el respeto de los gobernantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar de las iniciativas, a ser garantes de los recursos utilizados, a exigir prioridades y a poder establecer otras metas a futuro.

Pero un referéndum consultivo, un programa que muestre los costos de una iniciativa por medios y redes, una consulta informática evaluativa es tabú. Es muy costoso que la gente opine y participe. No da votos.

Es más barato reprimir las legítimas protestas, hacer cortinas de humo con denuncias, promover los consensos a punta de realazos…. O criminalizar a los líderes sociales y comunitarios. Y seguir maquillando cifras, subiendo impuestos o vendiendo los activos del estado.

Por ello, la Gobernanza sería un jaque mate contra la Corrupción.

*Politóloga, Poeta y Comunitaria Venezolana.

Por José G Hernández*.- Cualquiera pensaría que, siendo tan importante la irrupción de la tecnología y de las redes sociales en la sociedad actual, éstas -además de constituir vehículos inmejorables para el ejercicio de las libertades de expresión e información-  también podrían ser útiles para el diálogo, el intercambio de ideas y datos, la aclaración de conceptos, la pedagogía o la ilustración, o para  compartir conocimientos, costumbres y expresiones culturales. Es decir, para establecer  una genuina comunicación entre los seres humanos, con independencia de las distancias, las creencias, los estratos sociales, las nacionalidades, las profesiones y oficios  o las tendencias ideológicas.

Infortunadamente, al menos en Colombia y por ahora -mientras subsista la polarización y el uso politiquero que se ha adueñado de tan valiosos instrumentos de comunicación-, ello es imposible, y, a decir verdad, se están perdiendo para muchos fines loables y benéficos.  A tal punto que muchos de quienes participamos en las redes sociales, hemos pensado más de una vez en dejarlas, toda vez que, desde luego con salvedades, se han venido convirtiendo en receptáculos virtuales de bajos instintos y pasiones; en canales de  violencia escrita, verbal y visual,  y en  canales usados para la ofensa, el insulto,  la desorientación, la tergiversación, la desinformación, la calumnia, las faltas de respeto, la amenaza y la vulgaridad.

Da pena decirlo, pero es la verdad. En las redes sociales, por paradoja, el abuso del derecho lleva a que -debiendo ser, por naturaleza, espacios para la libre expresión- son ámbitos en que resulta imposible opinar con libertad. Casi con certeza, el autor de cualquier opinión, así sea imparcial, será  víctima de toda clase de improperios, ataques, sindicaciones y  groseras respuestas provenientes de quienes arbitrariamente lo ubican en el polo opuesto al de ellos. En uno de los dos polos -extrema izquierda o extrema derecha; amigos o enemigos de la paz- en que, desde hace unos años y sin nuestro permiso, hemos sido matriculados los colombianos.

Claro está. Los que sufrimos inmisericordes ataques de lado y lado somos quienes opinamos con objetividad, siguiendo criterios políticos ajenos a los extremos, o señalando principios jurídicos universales y pacíficos aplicables al asunto del que se trata en cada caso. Diga usted cualquier cosa sobre un punto controvertido -por ejemplo, en materia de justicia transicional, sobre la extradición de alias “Jesús Santrich”, las políticas del Gobierno, o la situación de Venezuela-, para que vea lo que es bueno; será calificado, según el sentido de su opinión, de paramilitar o guerrillero -como mínimo-, si es que no acaban con su honor, su honra o su buen nombre. De ninguna manera saldrá indemne de esa aventura virtual. Entonces, es mejor no opinar. ¿Libertad?

No somos partidarios de instaurar la censura, la prohibición ni el delito de opinión, que no deben existir a la luz de la Constitución y de  los Tratados Internacionales. Obviamente,  sin perjuicio de la responsabilidad posterior por el uso de las redes para perpetrar conductas delictivas o violatorias de los derechos fundamentales.

Pero no sobran las campañas educativas -desde los hogares, en los colegios y universidades, en los medios y en las propias redes-, con miras a la formación de los usuarios en el respeto y la prudencia.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Victor G Ricardo*.- Desde que iniciaba este gobierno escribí algunos artículos sobre la avalancha de actos de protesta sociales que vendrían por parte de la oposición para resistir temas del gobierno o exigir soluciones a sus necesidades, al igual que sobre la manera adecuada y responsable como debería ser afrontado este tema.

La denominada Minga de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca ya lleva algunos días y como producto de ésta ha fallecido un agente de la Policía nacional y otros tantos han sido retenidos o secuestrados. La Constitución y las Leyes de la Republica establecen la viabilidad para el ejercicio de la protesta en el marco de un Estado de Derecho, pero no de la barbarie como tampoco de medidas que obstaculicen la libre movilización en todo el territorio nacional de los habitantes de Colombia. Por tanto, quienes así lo hagan están cometiendo una falta grave y, en el caso de los asesinatos, un delito.

Sabemos bien que el conflicto colombiano no ha sido solucionado del todo y por ello aún vemos presencia de grupos ilegales armados, como las disidencias de las Farc, los integrantes del Eln, los grupos de paramilitares y carteles del narcotráfico. Quienes organizan las protestas deben ser conscientes que están creando condiciones para que esos grupos ilegales los infiltren. Pero lo peor de todo es que muy pronto vendrán otras protestas de campesinos, camioneros, paperos, sindicatos, maestros, estudiantes, servicios públicos y algunas otras más. Porque uno de los antecedentes más graves que se han presentado en el pasado es que las protestas se han solucionado pactando lo impactable y asumiendo compromisos ante peticiones irreales, cuando no se han debido comprometer -no porque no sean justas y necesarias- sino porque son económicamente inviables, por no decir imposibles.

El presupuesto público tiene un límite y debe administrarse con responsabilidad y transparencia. Los gobiernos no se pueden comprometer si fiscalmente no hay posibilidades de cumplir, pues crean falsas expectativas que tienen como consecuencia la frustración de los diferentes sectores -como sucede hoy en el Cauca- ante la desesperación de ciudades, comunidades y sectores económicos que se están viendo profundamente perjudicados.

La protesta es legal en la medida que no esté acompañada de actos de barbarie, filtraciones de grupos ilegales alzados en armas o infracciones como las de la obstaculización las vías públicas que impiden la libre locomoción o tránsito, tanto de personas como de vehículos. Qué gran daño le han hecho a Colombia quienes actúan de esa manera y qué graves son las consecuencias que estamos viendo y veremos de los pactos incumplidos. El país recuerda cómo en el gobierno pasado hubo momentos donde en distintos lugares del territorio se presentaban paros y protestas y allí acudían una especie de cuerpo de bomberos, en los que se habían convertido algunos ministros a apagar los incendios y se comprometían con irresponsabilidad en darle solución a los puntos y temas solicitados, aunque ellos mismos sabían no podrían cumplir. Ahora en este gobierno estamos padeciendo las consecuencias.

El gobierno del Presidente Duque tiene que ser serio y no acceder a lo que no puede. Ahora bien, debe y tiene que evaluar las necesidades y darles una solución acorde con nuestras posibilidades y disponibilidades económicas. De lo contrario seguiremos cargando una bomba social que cuando estalle será demoledora.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Excomisionado de Paz